FGR debe publicar en 10 días el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura: PJF

Tras la resolución de un amparo judicial interpuesto por ONGs acompañantes de víctimas de tortura. De 4 mil 595 investigaciones por tortura en México, documentadas en 2023, solo el 0.3% llegó a juicio

image

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene 10 días a partir de este lunes 4 de febrero para publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT) en cumplimiento con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT), tras 7 años de incumplimiento, ordenó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

La Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura se promulgó en 2017 y la FGR tenía 180 días para publicar el PNT e implementarlo en sus investigaciones. Como no lo hizo, organizaciones civiles acompañantes de víctimas de tortura interpusieron un amparo en 2022, que fue resuelto este lunes por un Tribunal Colegiado de la CDMX donde ordenó a la FGR publicar el PNT en un plazo de 10 días a partir de ayer.

Su expedición “es una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República”, de acuerdo con la resolución judicial derivada del juicio de amparo indirecto 568/2022.

Sin el PNT, México no cuenta con política pública para erradicar la tortura

El Tribunal Colegiado de la CDMX reconoce que “la omisión de la FGR no solo constituye una vulneración a los derechos de las víctimas de tortura, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a contar con políticas públicas efectivas que garanticen la erradicación de esta práctica”. Además, reconoce que “las organizaciones cuentan con interés legítimo para exigir el cumplimiento de esta obligación, al representar un interés colectivo en la defensa de los derechos humanos”.

En 2019, Segob, FGR y CNDH reconocieron casos y cifras de tortura en el país

Foto/Elda Montiel/El Mirador


“En México, la tortura continúa siendo una práctica generalizada, por ello es urgente contar con una política pública de prevención, investigación, sanción y erradicación de esta práctica”, señalaron en un comunicado Documenta, el Centro Pro (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Centro de Analisis e Investigación (Fundar).

Estas ONG sostienen que en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) trabajó en conjunto con instituciones y organizaciones de la sociedad civil en un programa que definió una política pública para erradicar la tortura en México.

Se contó con la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)– con diversas autoridades, incluyendo la FGR y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y organismos públicos de derechos humanos.


Para la elaboración del PT, en conjunto con autoridades mexicanas y ONGs, se reconocieron cifras y casos de un diagnóstico donde se expone “la persistente práctica de tortura en el país, así como la definición de propuestas de objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores e instrumentos de seguimiento de evaluación, definidos en un Comité Directivo. Lamentablemente y, a pesar del trabajo conjunto para la conclusión del PNT, al día de hoy éste no se ha publicado”, informaron.

El PNT –conforme a la normativa– “debe de emitirse con base en un diagnóstico que reconozca la incidencia, modalidades, causas y consecuencias de la tortura en el país, el cual se debe de desarrollar con la participación de los sectores involucrados en la prevención y documentación, incluyendo a los tres poderes y órdenes de gobierno, las diversas Instituciones de Procuración de Justicia en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas”.  

De 4 mil 595 investigaciones por tortura, documentadas en 2023, solo el 0.3% llegó a juicio

En 2019, luego de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, organizaciones civiles que acompañan a víctimas de tortura y sus familiares iniciaron el Observatorio contra la Tortura, con el apoyo de la ONU-DH en México.

Hasta el cierre de 2023 se registraron 4 mil 592 investigaciones de tortura, pero solo el 0.3% llegó a juicio, documentados por el Observatorio contra la Tortura .

“Estos datos contrastan con los mensajes de autoridades federales y de organismos públicos de derechos humanos respecto a que en México ya no se violan los derechos humanos y no se comete tortura”, señalan las ONG en un comunicado.

Exhortaron a la FGR a cumplir el mandato judicial y publicar el PNT que elaboraron en conjunto. Recordaron algunos casos de tortura por parte de las autoridades que siguen sin resolverse, como el de Keren Selsy Ordoñez, y otras mujeres sorevivientes de tortura que siguen presas, y en estados como Veracruz y Jalisco siguen documentando casos de tortura.