Cárceles, el negociazo de Felipe Calderón y García Luna

Por. J. Jesús Lemus

Aprovechándose de la revuelta social generada por la Guerra Contra el Narco ¿En dónde no hicieron negocios Felipe Calderón y Genaro García Luna? En todas partes. Incluso, hasta en el sistema penitenciario, donde también vieron la oportunidad de beneficiar económicamente a algunos de sus aliados, a los que les entregaron millonarios contratos no solo para la construcción de nuevas prisiones sino para operar servicios dentro de ellas.

Se ha referido con insistencia que durante la administración del panista Felipe Calderón, por gestión directa de Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos con una sentencia de 38 años de prisión, por el delito de narcotráfico, se entregaron por lo menos nueve contratos a empresas particulares para la construcción de nuevas cárceles en todo el país.

Los contratos irregulares, por estar plagado de vicios de opacidad y sobrecostos, ascienden a más de 226 mil millones de pesos, a los que se suman otros ocho contratos para la prestación de servicios dentro de las prisiones, que tienen que ver con abasto de alimentos, medicinas, uniformes y calzado para los internos, que ascienden a más de 16 mil millones de pesos.

De ese tamaño fue el saqueo al erario que hicieron Felipe Calderón y Genaro García Luna, y en razón de ello ahora se entiende el por qué durante esa administración federal fueron abarrotadas las cárceles con presos inocentes, con lo que además de dar una falsa percepción de un avance en la lucha frontal a la delincuencia, también les significaba una gran negocios.

De acuerdo a la información vertida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las empresas que lograron contratos por la prestación de servicios dentro de las cárceles federales durante el gobierno de Felipe Calderón, cobraron en promedio 3 mil 500 pesos por día por atender las necesidades de alimentación, salud y vestido de cada una de las personas privadas de su libertad.

Pero en la realidad, cada preso era sostenido dentro de la prisión con menos de 100 pesos diarios, al menos así lo evidencian las condiciones de vida de estos internos, los que recibían un uniforme cada año, un par de zapatos cada dos años, no tenían acceso a medicamentos ni servicios de salud, y la alimentación era raquítica, fincada en una dieta de frijoles, arroz y agua de sabores.

Cárceles atestadas de inocentes

Durante el gobierno de Felipe Calderón, como parte de la política pública establecida por Genaro García Luna, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, –ahora se entiende- la reclusión de personas acusadas (por eso se arreció la detención de inocentes bajo cargos falsos) fue un verdadero negocio para unas cuantas empresas.

Por cada persona detenida y encarcelada en prisiones federales, al menos ocho empresas ganaron al día más de 3 mil pesos, lo que significa que los más de 25 mil hombres y mujeres que fueron encarcelados en el periodo de gobierno de Felipe Calderón y que a la fecha permanecen presos, han dejado utilidades por más de 85 millones de pesos al día, lo que en un año suma más de 31 mil millones de pesos a favor de un grupo de empresarios beneficiados por la federación.

Las estadísticas oficiales revelan el grado de negocio que fue el encarcelamiento de los que fueron acusados de diversos delitos durante el gobierno de Felipe Calderón; solo del 2007 al 2009, según lo revelan los datos oficiales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se hizo la detención de 223 mil 883 personas acusadas de delitos contra la salud. En el 2007 se registraron 81 mil 604 detenidos; en 2008 fueron 76 mil 378, y en 2009 la cifra bajó a 65 mil 91 personas acusadas de tráfico de drogas.

La mayoría de estas personas fueron recluidas en cárceles de máxima seguridad. De todos estos detenidos —señalan las estadísticas oficiales—, en 2007 sólo fueron consignados ante un juez un total de 14 mil 893, y de estos, apenas mil 310 recibieron una sentencia condenatoria. Para 2008, únicamente en 15 mil 787 casos los acusados fueron llevados ante un juez y a 8 mil 874 se les dictó sentencia. En 2009 hubo 15 mil 675 consignados, de los cuales mil 96 fueron sentenciados.

Un jugoso negocio para unos cuantos

El negocio que les significó la concesión del sistema carcelario a unos cuantos empresarios, que hoy investiga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo del doctor Santiago Nieto, para ver si hubo sobornos a favor de Genaro García Luna y/o para Felipe Calderón, es ominoso, pues todos los contratos entregados no fueron licitados. Fueron entregados por asignación directa por decisión del Presidente de la República y del secretario de Seguridad Pública.

Así, las empresas Homex y Arendal fueron las encargadas de construir la cárcel federal de Chiapas (CEFERESO No.15); el Grupo Financiero Interacciones tuvo a su cargo la construcción del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria No. 1 de la Ciudad de México; el Grupo Prodemex fue el encargado de la construcción de las cárceles de Durango (CEFERESO No.14) y el de Buenavista Tomatlán, en Michoacán.

Por lo que hace al grupo GIA, a este se le asignó el contrato para construir la cárcel femenil de Oaxaca (CEFERESO No. 13); a la empresa Tradeco Ingeniería, se le asignó la construcción de las cárceles federales de Ramos Arizpe, Coahuila, y la del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria No. 2 de la Ciudad de México. El grupo ICA se benefició con los contratos para la construcción de los penales de Guanajuato (CEFERESO No. 12), y de Sonora (CEFERESO No. 11), mientras que Grupo Carso construyó la cárcel federal femenil de Morelos (CEFERESO No. 16).

En todos estos contratos las empresas constructoras no solo incumplieron con los plazos de entrega de las obras, sino que evidencian sobrecostos que van entre el 30 hasta el 120 por ciento sobre los pagos pactados con el gobierno federal. Incluso, en algunos casos, en los trabajos de obra se empleó material y maquinaria aportada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Por lo que hace a las empresas que recibieron contratos directos para la prestación de servicios (alimentos, vestido y comida) para la población penitenciaria, con cargo directo al erario federal, se encuentran las firmas Exi Quiantium S.A. de C.V., que aun tiene a su cargo los penales federales de Sonora y Guanajuato, y Gia S.A. de C.V. que opera la cárcel federal de Oaxaca.

La firma DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria S.A. de C.V. es la que a la fecha se hace cargo de servicios en la cárcel federal de Durango; Capital Inbursa S.A. de C.V. tiene concesionadas las cárceles de Chiapas y el Centro Femenil Morelos; La Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. opera la cárcel federal de Michoacán, mientras que la empresa Black Rock S.A. de C.V. suministra a los internos de la cárcel federal de Guanajuato.

Cabe señalar que los contratos de servicio para estas prisiones fueron otorgados en forma directa por decisión presidencial, pero los que suscribieron esos acuerdos fueron Gonzalo Villarreal Guerra, ex coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director de Administración de la Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de esa misma dependencia.

Bajo la política de desfalco al erario que se hizo en la administración de Felipe Calderón, el costo de vida de un preso en la cárcel de Sonora, fue tazado en 2 mil 558 pesos al día; en la cárcel federal de Guanajuato se fijó ese costo en un promedio diario de 2 mil 629 pesos; en la cárcel de Oaxaca fue de 3 mil 297 pesos por día por interno; mientras que la cárcel de Durango el costo por día por preso fue de 2 mil 867 pesos.

Por lo que hace a la cárcel de Chiapas, allí se fijó el costo promedio de manutención de un interno por día en 4 mil 243 pesos. En la cárcel femenil de Morelos, el costo fue ubicado en 6 mil 411 pesos por interna. En la cárcel de Michoacán se pagó por cada preso por día la cantidad de 5 mil 69 pesos, mientras que el costo diario cargado a la federación por cada preso de la cárcel de Coahuila, fue de 3 mil 482 pesos.

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