Son las Madres Buscadora víctimas de su propio descrédito
Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le dolió la exhibición que un grupo de madres buscadoras hicieron de la realidad nacional, cuando se expuso que en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, operó durante años un centro de exterminio, bajo las instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación
Por. J. Jesús Lemus
En medio de la crisis de gobernanza que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el segundo piso de la 4T no cuaja a causa de los altos índices de violencia, los cada vez más evidentes escándalos de corrupción e impunidad, y una economía en franco estancamiento a causa de la política arancelaria del presidente Trump, desde Palacio Nacional se ha ideado una estrategia de distracción social.
Ahora el foco de atención, con fines distractivos, serán los grupos de madres buscadoras de personas desaparecidas. Y es que ese sector, el de las buscadoras, es la piedra más incómoda del gobierno de la Cuarta Transformación, debido a la exposición que -con su actuar- hacen de la realidad violenta que vive el país, la que se trata de negar oficialmente.
Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le dolió la exhibición que un grupo de madres buscadoras hicieron de la realidad nacional, cuando se expuso que en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, operó durante años un centro de exterminio, bajo las instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tanto le dolió a Claudia Sheinbaum la exhibición que hizo un grupo de madres buscadoras que oficialmente se tuvo que ordenar al propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que saliera a montar un circo y una sarta de mentiras para establecer una verdad histórica: que “en el Rancho de Teuchitlán no hay evidencia de que haya operado un centro de exterminio”.
En México hoy operan 270 colectivos de personas buscadoras de desaparecidos, la mayoría de esos colectivos están integrados por madres y padres de familia que buscan a sus hijos, a veces los integran mujeres que van tras el rastro de sus esposos, hermanos o padres, que fueron desaparecidos a la fuerza por grupos del crimen organizado o cuerpos policiales o militares regulares.
De acuerdo a datos del Centro Nacional de Inteligencia -vertidos en un informe enviado a la Presidencia de la República apenas en esta semana- de todos los colectivos de personas buscadoras, menos de la mitad -solo 96- de ellos tienen una intención honesta de dar con los restos áridos de sus familiares para darles una (cristiana) sepultura y silenciar el dolor de la pérdida violenta.
Un modus operandi
Según el informe del Centro Nacional de Inteligencia, en medio de la marea de colectivos de buscadores y buscadoras de sus desaparecidos, por lo menos 176 colectivos no cumplen a cabalidad con la finalidad de sus organizaciones o están integrados en ellos personas que han encontrado su modus vivendi o modus operandi en esa labor.
Es una realidad el que hoy muchas personas que supuestamente buscan a sus desaparecidos se hayan alejado de ese honesto fin; hoy muchos y muchas buscadoras utilizan la extorsión oficial, la negociación institucional y las canonjías y prebendas para exhibir o no la violencia evidente a través de la ubicación de fosas clandestinas.
Un estudio de caso -que evidencia la operatividad de algunos grupos colectivos a nivel nacional- es el que se refiere desde el gobierno de Puebla, con el colectivo Voz de los Desaparecidos, que lidera María Luisa Núñez Barojas, la que es observada desde el aparato oficial como una persona que medra con la desgracia de las desapariciones.
Información vertida desde Puebla a funcionarios del CNI refieren que la cabeza del colectivo Voz de los Desaparecidos ha recibido el reclamo de un grupo de personas buscadoras desde adentro del mismo colectivo, porque existe selectividad en la búsqueda de personas desaparecidas.
Por intereses atribuibles solo a Núñez Barojas, se asegura que se abandonó la búsqueda de Sergio Rivera Hernández, activista de la Sierra Negra de Puebla que fue desaparecido el 23 de agosto del 2018, cuando circulaba en su moto sobre el camino de Coyolapa hacia su comunidad en Tepexilotla. Sergio Rivera era parte del grupo opositor al proyecto hidroeléctrico de Coyolapa-Atzatlán.
La dirigente del colectivo Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez Barojas, se dio a la penosa tarea de la búsqueda de personas sin paradero luego que su hijo, de nombre Juan de Dios, fue desaparecido en medio de una relación confusa con integrantes de grupos delictivos que operan en la zona de Palmar de Bravo.
El hijo de María Luisa Núñez fue desaparecido desde hace más de siete años. Su cuerpo fue encontrado hace ya dos años, lo que no ha sido limitante para que María Luisa continúe en su labor de buscadora.
Con esa carta, la de madre buscadora y víctima colateral de la violencia en México, María Luisa Núñez fue postulante para encabezar la Comisión Estatal de Los Derechos Humanos del Estado de Puebla, cargo al que no pudo acceder finalmente.
Con la misma carta con la que se postuló a la presidencia de la CEDH de Puebla, la presidenta del colectivo Voz de los Desaparecidos, presionó al gobernador Sergio Salomón Céspedes en busca de canonjías oficiales, logrando de ese gobierno el financiamiento para lograr estancia en Baja California, al mismo tiempo que el colectivo Voz de los Desaparecidos silenció sus reclamos a ese gobierno estatal por los desaparecidos en Puebla.
Hoy ante la negativa de pacto entre el colectivo Voz de los Desaparecidos y el gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, de nueva cuenta han surgido los reclamos de la buscadora María Luisa Núñez Barojas, los que refieren un abandono oficial a las necesidades de búsqueda de personas desaparecidas.
Casos como éste son los que la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado su ubicación en todo el país. La intención es -con base en el descredito de algunos que se aprovechan de la tragedia de las desaparecidos- desacreditar el trabajo de los colectivos de buscadores y buscadoras, para que no sigan señalando la ola de violencia expuesta en el resultado de las desapariciones.
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