Defensores de la tierra, los otros perseguidos
Los principales agresores de los activistas en México, según lo refiere la organización Human Rights Watch (HRW), son las fuerzas policiales del mismo Estado Mexicano, principalmente miembros del Ejército y de las Policías Preventivas Estatales, a los que se les atribuyen por lo menos 120 de las 210 agresiones que se han documentado en los últimos 3 años
Por. J. Jesús Lemus
En México, solo un sector supera a los periodistas en cuanto a persecución, desplazamientos, homicidios y amenazas. Son los activistas defensores de los derechos humanos; poco se habla de ellos, pero son los que ocupan en mayor medida el Mecanismo Federa de Protección desplegado por el gobierno de la república. Son los otros perseguidos.
Entre las causas principales de persecución a los activistas de derechos humanos en México, según lo refiere la organización Amnistía Internacional, se encuentran la defensa de la tierra; en los estados con mayor actividad minera, es donde se registra el mayor número de agresiones a los defensores de derechos humanos.
Los principales agresores de los activistas en México, según lo refiere la organización Human Rights Watch (HRW), son las fuerzas policiales del mismo Estado Mexicano, principalmente miembros del Ejército y de las Policías Preventivas Estatales, a los que se les atribuyen por lo menos 120 de las 210 agresiones que se han documentado en los últimos 3 años.
En octubre de 2024, México fue sometido al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de allí resultaron recomendaciones que hablan de la necesidad de que se revisen las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, en nuestro país.
De los registros con que cuenta el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los estados, se advierte que en los estados de Chihuahua, Chiapas. Guerrero y Oaxaca, es donde más difícil resulta ser defensor.
Solo entre el 2018 al 2024 en el estado de Chihuahua fueron ejecutadas 11 personas defensoras de derechos humanos, en Guerrero se asesinó a 21 activistas, en tanto que en el estado de Oaxaca fueron 10 los defensores de derechos humanos que fueron víctimas de la violencia. Ninguno de esos homicidios ha sido resuelto a la fecha.
Otro índice que revela el estado de hostigamiento permanente en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en México, es el que habla de las quejas que se han presentado ante la CNDH, por agresiones, las que han ido a la alza desde el 2006, desde que entró en vigor la llamada Guerra Contra el Narco, implementada por el entonces presidente Felipe Calderón.
El número de quejas radicadas en el Programa de Agravios de la CNDH indica que en 2006 se recibieron 18 quejas por agresiones a activistas; en 2007 fueron 14; en el año 2008 la cifra llegó a 15; en el 2009 fueron 18 los activistas que denunciaron agresiones; en el año 2010 fueron 48; en el 2011 fueron 59 defensores de derechos humanos agredidos; en el 2012 se registraron 52 denuncias por agresión; en el 2013 fueron 55; en el año 2014 la cifra llegó a 45, y en el 2015 fueron 56 los activistas perseguidos.
Cifras de la inútil CNDH
En el 2016 el número de quejas ante la CNDH por agravios a defensores fueron 63; en el 2017 se llegó a 81 denuncias; en el 2018 (con la llegada de Andrés Manuel López) misteriosamente disminuyeron las denuncias, no por que no hayan existido, sino porque la CNDH dejó de recibir denuncias. En el 2018 solo se contabilizaron 2 agresiones a defensores de la tierra y activistas del medio ambiente.
En el 2019, la CNDH recibió solo 7 denuncias de agresiones contra activistas sociales y del medio ambiente, pero los medios de comunicación refieren que en ese año hubo por lo menos 182 agresiones a miembros de ese sector defensor de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos.
En el 2020, la CNDH refiere que solo hubo 5 agresiones a ambientalistas, pero la realidad -escrita en la prensa regional- refiere que en ese año fueron asesinados por lo menos 17 activistas y otros 43 recibieron agresiones diversas, desde amenazas hasta desplazamientos obligados.
En el 2021, la CNDH señala que solo hubo 8 agresiones a activistas, pero la realidad señala que ese año hubo 11 activistas asesinados, y por lo menos 29 recibieron amenazas o fueron lesionados de gravedad a causa de su labor.
En el 2022, el numero de agresiones contra activistas que reconoce la CNDH es de 9 denuncias recibidas, pero en ese año fueron asesinados 18 ambientalistas y otros 22 sufrieron agresiones diversas. Lo mismo sucedió en el 2023, cuando la CNDH solo reconoce 11 denuncias de agresiones, pero ese año fueron asesinados 17 activistas y otros 19 fueron agredidos físicamente.
Según el registro de la CNDH, del años 2023, en ese periodo solo se recibieron 3 denuncias o quejas por agresiones a activistas, pero en ese año fueron asesinados 10 defensores de la tierra y por lo menos otros 27 recibieron amenazas.
En el 2024, según la CNDH, solo fueron agredidos 4 activistas, pero en la realidad la lectura es otra: solo el año pasado fueron ejecutados 16 defensores de la tierra y otros 28 fueron agredidos de diversas formas, muchos de ellos obligados al desplazamiento de sus localidades.
Hacen como hacen algo
Ante ello, recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apena de inicios de este año, “subraya que es necesaria la sensibilización y profesionalización de los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia, con el propósito de abatir el nivel de agresiones contra personas defensoras, mediante la identificación, atención, sanción y prevención de estos delitos en función del contexto sociopolítico que las víctimas enfrentan, como consecuencia de su labor, de tal manera que el Estado asegure el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos de todo individuo”.
Otra recomendación, la 25 de la CNDH, que avala el estado de persecución en el que viven los activistas de derechos humanos en México, fue dirigida en su momento a la entonces Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; al Comisionado Nacional de Seguridad, y a los Secretarios de Seguridad Pública, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, Presidentes Municipales, Jefes Delegacionales y titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
Protección oficial
A la fecha, el Mecanismo de Protección a Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, que opera la Secretaría de Gobernación, mantiene con medidas cautelares a un total de 560 defensores de derechos humanos, 260 hombres y 300 mujeres, a los que se considera en riesgo de muerte.
En la ciudad de México se ubican 266 personas defensoras de derechos humano, 136 mujeres y 130 hombres, con protección oficial. Las medidas adoptadas por el gobierno federal para garantizar su seguridad van desde la dotación de un botón de pánico, hasta la instalación de sistemas de video vigilancia en sus domicilios y/o asignación de guardaespaldas de manera permanente.
Después de la Ciudad de México, es el Estado de México el que cuenta con más defensores en riesgo con medidas cautelares. En esa entidad son 70 mujeres y 72 hombres los que reciben la protección oficial para garantizar su seguridad y la de sus familias.
Oaxaca se ubica como el segundo estado con mayor riesgo para los defensores de derechos humanos, los que son acosados principalmente por su actividad de defensa de la tierra y los bosques; allí 67 hombres y 19 mujeres tuvieron que pedir el auxilio federal, tras recibir amenazas de muerte.
En Chiapas, son 12 mujeres y 19 hombres activistas los que están oficialmente protegidos por la federación, luego de ser amenazados anónimamente por defender el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad de los bosques, el agua y la tierra, recursos que están siendo arrebatados por empresas mineras internacionales.
En Chihuahua son 17 mujeres y 21 hombres los que hoy están vigilados por el Estado Mexicano para garantizar su seguridad. Las amenazas les han derivado, principalmente, por la defensa de igualdad de género y la diversidad sexual, así como por el reclamo de los feminicidios que van a la alza en esa entidad.
En Michoacán son 17 mujeres y 26 hombres los defensores de derechos humanos que tienen que vivir con medidas de seguridad, luego de ser amenazados de muerte por la defensa que han hecho de los derechos humanos entre los grupos de autodefensas y contra las mineras que se extienden en la entidad.
Otras entidades con defensores de derechos humanos amenazados de muerte, que cuentan con la seguridad del Estado, son Guerrero, con 14 activistas protegidos; Veracruz con 13, Colima con 12, Querétaro y sonora con 11 cada uno; Jalisco con 10, Coahuila con nueve, Quintana Roo con seis, Sinaloa con cinco, Baja California, Guanajuato y Morelos con cuatro cada uno; Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tamaulipas con dos cada estado; Durango y San Luis Potosí con uno, respectivamente.
El otro gremio protegido
La cifra de los defensores de derechos humanos que están protegidos por el gobierno federal, tras las agresiones sufridas por su labor social, se contrasta frente a los 216 periodistas que protege el mismo mecanismo de seguridad, en donde también la ciudad de México es la entidad con mayor cantidad de periodistas protegidos.
Los datos emitidos por la Secretaría de Gobernación revelan que en la ciudad de México trabajan 50 periodistas, 21 mujeres y 29 hombres, con algún tipo de protección oficial, ante los riesgos que implica la profesión. La mayoría de ellos dotados con botón de pánico.
Veracruz es el estado que tiene más periodistas protegidos por el mecanismo federal; son 20 mujeres y 22 hombres los que tienen que salir a la calle con las amenazas de muerte sobre sus espaldas, las que encaran solo con un dispositivo electrónico que da cuenta permanente de su ubicación.
En Guerrero son 3 mujeres y 12 hombres periodistas los que cuentan con la seguridad del estado; cuatro de ellos cuentan con escoltas personales que los acompañan a diario en el ejercicio de sus funciones. La mayoría de esos periodistas protegidos han tocado temas relacionados a la presencia del crimen organizado en la entidad.
En Oaxaca, son 11 hombres y una mujer los periodistas protegidos por el Estado Mexicano. Todos tienen botón de pánico; las causas principales por las que se encuentran en riesgo de muerte es haber tocado temas relacionados a los proyectos extractivos que se realizan en la entidad por parte de mineras internacionales.
También en Zacatecas, como resultado de su trabajo de denuncia sobre los abusos de algunas mineras que operan en la zona, 2 mujeres y 8 hombres periodistas han tenido que recurrir a la seguridad del gobierno federal para preservar la vida, tres de ellos tienen escoltas permanentes.
Otros estados con periodistas protegidos son Michoacán y Coahuila con siete, cada uno; Tamaulipas y Estado de México con seis respectivamente; San Luis Potosí y Puebla con cinco cada estado; Jalisco, Yucatán, Chihuahua, Quintana Roo, Baja California y Tabasco con cuatro cada uno; Sonora, Tlaxcala, Chiapas y Querétaro tienen tres periodistas protegidos cada entidad; Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Hidalgo y Nuevo León con dos cada uno; y Campeche, Guanajuato, Morelos, Nayarit y Sinaloa con un periodista protegido, respectivamente.
—oooOOOooo—
