Por. J. Jesús Lemus
En tanto que el gobierno federal circunscribe el problema de la pobreza a estadísticas fáciles, que revelan la existencia de al menos 22 millones de mexicanos con hambre, las cárceles hablan de otra realidad: casi 8 mil personas están actualmente presas, sometidas a proceso penal por haber robado algo para comer.
Hay quienes, por haber robado una fruta, un yogurt o medio kilo de tortillas, están enfrentando procesos judiciales que amenazan con mantenerlos en prisión por hasta 10 años. La mayor parte de los presos acusados de los llamados Delitos Famélicos están relacionados con otros ilícitos, los que a decir de los agentes del ministerio público –que los consignó- ocurrieron de manera simultánea.
Los departamentos jurídicos de las tiendas de autoservicios, como Walt Mart, Aurrera, Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana son especialistas en cuadrar otros delitos al del robo de alimentos. Se aseguran que los infractores permanezcan varios años en la cárcel, para desalentar el robo de alimentos, que en la mayoría de los códigos penales de los estados es considerado un delito menor, explicó el sociólogo y abogado de Universidad Michoacana, José Rosario Valenzuela.
El 97 por ciento de los procesos penales que se instruyen contra presos que cometieron el delito de robar alimentos, son acusados por alguna de las tiendas que pertenecen a la Asociación Mexicana de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (AMDA), las que mantienen una política inflexible, que no permite otorgar el perdón legal, contra los usuarios que sustraen alimentos de sus instalaciones.
Las cifras globales de las Fiscalías estatales de al menos 15 estados del país, revelan que solo en lo que va del presente año, las tiendas afiliadas a la AMDA han solicitado el apoyo de los cuerpos de seguridad y han acudido en calidad de víctimas ante el ministerio público para entablar querella penal contra mil 280 personas, las que fueron encontradas con alimentos sustraídos ilegalmente.
Pero lo representantes jurídicos de las tiendas afiliadas a la AMDA no conformes con acusar el delito de robo de alimentos, en la mayoría de los casos han señalado a los infractores de haber cometido otros delitos concurrentes, como intento de homicidio, daño en las cosas, lesiones, amenazas y hasta ataques a las vías generales de comunicación, para asegurarse que los acusados no salgan pronto de prisión.
En la mayoría de los casos de delitos concurrentes con el Robo Famélico, no existen tales hechos, solo es una estrategia de engaño que hacen las tiendas de autoservicio a los agentes del ministerio público, para que se actué en aparente rigor contra las personas a las que el hambre las lleva a cometer el ilícito se reconoce en la Fiscalía de la Ciudad de México.
A escuelas del crimen
Todos los acusados de delitos famélicos se encuentran en prisiones de mediana y mínima seguridad en todo el país. La mayoría de ellos se concentran en las prisiones de la Ciudad de México, en donde se calcula una población reclusa de poco más de 6 mil personas, la mayoría de ellas mujeres, madres solteras, sin empleo y a veces sin formación académica. Solo un 37 por ciento de los procesados por delitos de hambre son hombres.
Las condiciones que enfrentan en prisión los presos que cometieron el delito de tener hambre, son las más extremas. La falta de recursos económicos –que a veces les impide pagar una fianza para alcanzar la libertad condicional– los obliga a someterse a otros reos, para ser el eslabón más débil en la cadena de corrupción que prevalece dentro de las prisiones, dijo el penalista Rosendo Tamayo Solís, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por su condición de pobreza y su bajo perfil criminal, la mayor parte de los reclusos por delitos famélicos son utilizados como auxiliares de los cuerpos de seguridad al interior de los penales para que realicen los cobros con los que se tasa a toda la población carcelaria, cobro que se aplican para tener derecho a visita familiar, visita conyugal, acceso al agua potable y/o evitar el pase de lista o realizar labores de limpieza.
Reincidencia común
El mayor conflicto que representan para el sistema penitenciario los reos por delitos famélicos, es la reincidencia delictiva. Casi el 64 por ciento de los que ingresaron en los últimos cinco años a prisión por haber robado alimentos, también cometieron delitos graves dentro de la cárcel, como tráficos de drogas, portación de arma de fuego, riña, extorsión, lesiones, intento de homicidio y/o intento de evasión de reos.
Los presos que se “engancharon” dentro de prisión con nuevos delitos, sumaron a sus condenas iniciales entre 5 y 15 años de prisión, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Y es que son las cárceles de la CDMX en donde se registra el mayor índice de reincidencia delictiva, pero a pesar de ello, a los reos por delitos famélicos no se les separa del resto de la población carcelaria.
Dentro de la legislación penitenciaria no existen programas oficiales, en ninguno de los niveles carcelarios del país, mediante los cuales se les pueda dar protección a los reos no peligrosos procesados por delitos de hambre. En ninguna cárcel estos internos son tratados de manera especial para salvaguardar su integridad y su persona durante el periodo del proceso penal al que son sujetos.
Po decisión particular de algunos directores de penales, el estado de Chihuahua es de los más avanzados en el sistema carcelario. Allí los reos que ingresan por el delito de robo de alimentos son tratados de otra manera. Se les aleja de la población de alta peligrosidad o que cometieron delitos de alto impacto social, para evitar que sean “enganchados” por los grupos de autogobierno. Se les asignan labores de apoyo a la autoridad y se les otorgan incentivos por buen comportamiento.
En contraparte, en las prisiones de los estados de Michoacán, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, los presos acusados de delitos de hambre son agregados, sin reglamentación psicocriminal, con el resto de la población, lo que hace que el índice de reincidencia delictiva más elevado del país se registre en esas entidades.
Vida de perro
Cuando Ricardo Nava se llevó una manzana a la bolsa, porque llevaba cinco días sin comer, no se imaginó el calvario que tendría que vivir en prisión. El encargado del departamento jurídico de Chedraui en Morelia lo acusó también de haber robado un pantalón, dos desodorantes y una loción. El agente del ministerio Público que recibió la denuncia también se ensañó: lo acusó además de amenazas y daño en las cosas. A Ricardo lo sentenciaron a 6 años de prisión.
Fue la manzana más cara del mundo la que me comí –dice con la voz apagada, pero con el alivio de estar fuera de la cárcel-. Viví una vida de perro que no se la deseo a nadie. En la cárcel fui un esclavo: trabajaba solo para tener derecho a comer. Tenía que pagar una cuota diaria de diez pesos a los custodios que siempre amenazaban con mandarlo a una celda con uno los delincuentes que controlan el penal.
El proceso penal de Ricardo fue extraordinario. En menos de dos meses el juez dictó sentencia con los elementos que el Ministerio Publico aporto: una declaración de un guardia de seguridad que no estuvo al momento de la detención y que aseguró que el detenido amenazó con golpearlo y le profirió amenazas de muerte. En la declaración del guardia de Chedraui se argumentó “el riesgo en el que estuvo el personal de la tienda, durante el robo…”
El ministerio público, explica Ricardo, nunca realizó las actuaciones de ley. Se limitó a recibir la declaración por escrito del guardia que en apariencia llevó a cabo la detención. El departamento jurídico de la tienda fue el que hizo los alegatos suficientes para que el ministerio público solo integrara las actuaciones a su averiguación. El juez que dictó la sentencia ni siquiera conoció al acusado.
En prisión, Ricardo conoció a por lo menos otros 6 internos que también fueron sometidos a proceso penal por Delitos Famélicos. Al robo de pan, agua, galletas y yogurt, las tiendas en Michoacán Walmart, Aurrera y Soriana, les agregaron otros delitos graves, incluyendo el de homicidio en grado de tentativa, para evitar que los infractores salieran en forma inmediata de la prisión. Todos los acusados fueron sentenciados condenatoriamente.
Indígenas y hambre
Del total de los internos que actualmente son procesados por Delitos Famélicos en todo el país, al menos 290 de ellos son indígenas, según reconoce la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Son personas que en estado de indigencia tuvieron que recurrir al hurto para poder alimentarse, pero que la legislación de diversos estados los ha considera como criminales.
Actualmente existe una iniciativa al interior de la CDI para solicitar ante las Fiscalías de justicia y jueces penales de por lo menos 17 estados, para que se desista de la acción penal en contra de los reos indígenas sometidos a proceso por el delito de tener hambre. La iniciativa no es parte de ningún programa oficial, solo es la buena voluntad de algunos funcionarios de ese organismo federal.
Los indígenas que son reconocidos por el CDI como reos por Delitos Famélicos, son internos que no han delinquido dentro de prisión, pero que están en posibilidad de ampliar su permanencia en la cárcel por el riesgo al que se encuentran sometidos, ante la posibilidad de cometer otros ilícitos como resultado de las condiciones de pobreza en las que siguen permaneciendo.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se tienen documentados al menos 73 casos de reos que están procesados por haber robado algo para comer, pero esa dependencia no ha sido capaz de emitir ninguna recomendación a los gobiernos estatales para solicitar la liberación de dichos preso. En la mayoría de los casos los funcionarios de esa dependencia siguen “documentando” las indagatorias.
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