El crimen sí infiltró al Poder Judicial de la Federación, aquí algunos jueces al servicio del Narco

Por. J. Jesús Lemus

La sospecha de corrupción en algunos círculos del Poder Judicial no es exclusiva del imaginario colectivo de los mexicanos. Desde el exterior, también se observa a los juzgadores mexicanos como sujetos pasivos del delito de corrupción. En su informe anual del 2022, la asociación Human Rights Watch (HRW), uno de los visores más importantes a nivel mundial en la observación del respeto a los derechos humanos, establece en términos generales que en México “es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental México Evalúa, apenas 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos.

Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos insuficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”.[1]

El estado de corrupción en el que la asociación HRW alude a los jueces sin nombrar al Poder Judicial mexicano, también ha sido observado desde hace tiempo por el sistema de procuración de justicia de Estados Unidos, el que, a través de algunas de las agencias de investigación de los departamentos de Justicia, del Tesoro y de Estado, de manera discreta han estado investigando el comportamiento de algunos Jueces, Magistrados y Ministros mexicanos.

La sospecha ha sido bien fundamentada: en promedio, de acuerdo a la información pública que se ha generado en los medios de comunicación, en los últimos 10 años, de cada 100 personas que son detenidas por su probable relación con células de los carteles del narcotráfico, cuya pertenencia a esas organizaciones es del dominio público, por lo menos 85 de esos delincuentes son puestos en libertad por la decisión unipersonal de algún Juez de primera instancia o por la orden inatacable de Magistrados de Tribunales Unitarios o Colegiados de Circuito.

En ese juego de poder no existe un cartel o agrupación criminal que en específico sea más privilegiado por las decisiones de los Jueces y Magistrados, por lo que muchas de esas liberaciones de criminales reconocidos se atribuyen más bien al poder corruptor del dinero, que es el que dicta la justicia en México.

El Poder Judicial visto desde EUA

Fuentes de una agencia de investigación del gobierno de Estados Unidos pudieron confirmar para este trabajo que al inicio del 2023, por lo menos 63 Jueces y 103 Magistrados mexicanos estaban siendo “observados con detenimiento” por parte del sistema de justicia norteamericano, esto como consecuencia de las liberaciones otorgadas a diversos miembros de empresas criminales que operan en ambos lados de la frontera México-Estado Unidos.

Pero aun cuando es notable el número de juzgadores federales que desde Estados Unidos se les tiene bajo la lupa por las sospechas de corrupción implícitas en las sentencias de liberación emitidas a favor de miembros reconocidos del narcotráfico, se observa lejana la posibilidad de una acción formal de investigación y más aún de llevar ante la justicia de Estados Unidos a algún miembro del Poder Judicial mexicano.

La razón por la que Estados Unidos tentativamente no llevaría a juicio a ningún Juez o Magistrado mexicano, aun cuando hay claras sospechas de la falta de integridad de muchos juzgadores, a los que se les relaciona con actos de corrupción generados desde el interior de los más poderosos grupos del narcotráfico, sería –explicó la fuente consultada- para “no afectar las relaciones diplomáticas de buena vecindad”.

Ese es el mismo argumento que oficialmente se esgrimió, por parte del poder judicial de Estados Unidos, cuando –pese al cúmulo de evidencias que tenían- se optó por no llevar a juicio al General Salvador Cienfuegos Zepeda,[2] el ex secretario de la Defensa Nacional, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue relacionado en Estados Unidos con miembros del cartel de las drogas conocido como el “H2”, el de Francisco Patrón Sánchez, pero que en México fue exonerado por la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que consideró que, tras una rapidísima investigación, no había elementos para el procesamiento penal del caso, optando por la figura del no ejercicio penal.

Son muchos los casos de Jueces y Magistrados que al menos han quedado registrados en expedientes de investigación por corrupción dentro del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, pero que en México ni siquiera han causado algún tipo de escozor en la gruesa piel de los altos mandos del Poder Judicial Federal.

De entre esos casos destaca la investigación que la DEA integró sobre los tres miembros del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el estado de Jalisco, los Magistrados Rosalía Isabel Moreno Ruiz, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos.

A estos tres Magistrados se les inició una investigación que en la DEA no ha sido declarada concluida, la que tiene que ver con las razones por las que estos Juzgadores dictaron auto de libertad a favor de Rafael Caro Quintero, quien está señalado por el gobierno norteamericano de ser el responsable del asesinato del agente antinarcóticos estadunidense Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y el piloto del gobierno mexicano Alfredo Zavala Avelar, quienes fue asesinados, presuntamente por órdenes de Rafael Caro Quintero en colusión con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Feliz Gallardo, el 7 de febrero de 1985, en la Ciudad de Guadalajara.

Por esa acusación, Rafael Caro Quintero, el fundador del Cartel de Guadalajara, estuvo recluido en la cárcel durante 28 años, la mayor parte de esos años estuvo recluido en prisiones de máxima seguridad.

El Caso Rafael Caro

La libertad del icónico líder del narcotráfico en México se dio en la madrugada del sábado 8 de agosto del 2013. Rafael Caro fue puesto en libertad luego de resolverse un amparo que fue atendido por los tres Magistrados referidos, en donde la encargada de elaborar el proyecto de sentencia fue la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz, la que consideró que se violentaron las garantías al debido proceso de Rafal Caro, al ser procesado penalmente ante un juzgado federal, cuando debió haber sido enjuiciado en un juzgado del fuero común.

Según el razonamiento de la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz, por el solo hecho de que la víctima de homicidio, Enrique Camarena Salazar, aun cuando era agente de la DEA y no fue acreditado como agente diplomático, el caso de su homicidio no debió haber sido llevado por un juzgado federal. Por eso le dio la protección de la justicia a Rafael Caro y por eso este quedó en libertad.

La liberación del capo del narcotráfico se hizo en la madrugada de un sábado para evitar que el gobierno federal pudiera reaccionar en forma inmediata a través de la interposición de algún recurso legal. Por eso, con el aval de los tres Magistrados que, por lo menos actuaron dolosamente, se le dejó literalmente escapar por la puerta principal a uno de los más importantes jefes del narcotráfico moderno de Mexico.

Aun cuando en Estados Unidos causó al menos preocupación que la liberación de Rafael Caro Quintero fuera producto de la corrupción judicial reconocida en México, dentro del Consejo de la Judicatura Federal el hecho no levantó ni la menor de las polémicas: los tres Magistrados siguieron trabajando en forma normal, dentro de sus encomiendas como Juzgadores de alzada.

Nadie investigó el comportamiento económico de los tres Magistrados, ni tampoco nadie les pidió cuentas éticas por la sentencia de liberación hacía el campo históricamente más importante dentro del narcotráfico mexicano.

En una respuesta pública emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, la numero 0320000137721, relacionada con el cuestionamiento sobre si los citados magistrados habían sido investigados internamente por corrupción tras la liberación de Rafael Caro Quintero, se estableció que esa información había sido calificada como confidencial. Además, en esa misma respuesta oficial se estableció que los Magistrados Rosalía Isabel Moreno Ruiz, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos causaron baja al cargo de Magistrados de Circuito, sin dar mayor explicación.

Se dio a conocer que la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz se jubiló de su cargo en el 2018, que el Magistrado José Félix Dávalos solicitó anticipadamente su jubilación a causa de invalidez, y que el Magistrado Lucio Lira Martínez se retiró un año después de la polémica sentencia, dejando su cargo en el 2014. Sus declaraciones patrimoniales fueron retiradas de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por su parte Rafael Caro pudo al menos gozar de un periodo de libertad.

El 15 de julio del 2022, luego de casi nueve años de una prematura libertad, Rafael Caro Quintero fue reaprendido en cumplimiento de la orden de extradición que atendió el gobierno mexicano de parte del gobierno de Estados Unidos. Caro Quintero fue recluido en la cárcel federal de Almoloya, en donde hasta el cierre de este trabajo –en mayo del 2023- aún permanecía batallando contra la orden de extradición interpuesta por el gobierno de Estados Unidos para ser procesado penalmente allá, por la muerte del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

En la batalla por evitar la extradición, otra vez el Poder Judicial mexicano ya le ha favorecido; Rafael Caro Quintero logró un amparo que en forma definitiva le niega al gobierno mexicano la posibilidad de entregarlo al gobierno de Estados Unidos.

Ese amparo definitivo fue otorgado por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Abigail Ocampo Álvarez, la Juez que también es observada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque todavía sin elementos que puedan presumir actos de corrupción derivados del amparo otorgado a favor de Rafael Caro Quintero dentro del expediente de extracción 1204/2022.

La Jueza en cuestión ha llamado la atención del departamento de Justicia de Estados Unidos porque a inicios del 2023, el 19 de enero, también admitió a trámite una demanda de amparo contra la vinculación a proceso que le solicitó el presunto narcotraficante Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido con el apodo de “Tony Montana”, quien es hermano del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Pero volviendo al caso de los tres Magistrados que le dieron libertad, una libertad bajo sospecha a uno de los más importantes jefes del narcotráfico en México, y aun cuando los sospechas de actos de corrupción de los juzgadores Rosalía Moreno, Lucio Lira y José Feliz Dávalos, llegaron desde el aparato de justicia del gobierno norteamericano, en México, el asunto ni siquiera fue tratado como de importancia.

Si hubo o no corrupción, eso solo se quedó en el conocimiento de los Ministros que integraban entonces el Consejo de la Judicatura Federal. En esa misma dependencia se informó, a través de una solicitud de información respondida en el 2021, que los tres magistrados que liberaron a Rafael Caro Quintero siempre y llanamente “causaron baja del cargo de Magistrado de Circuito”.[3]

Como si no se le quisiera dar mayor importancia a ese caso, el Consejo de la Judicatura Federal que informó que los Magistrados en cuestión ya no eran parte del Poder Judicial, nunca explicó cuándo y porqué razones aquellos Magistrados dejaron de ser juzgadores.

Tampoco el Consejo de la Judicatura Federal quiso responder, siempre argumentando tecnicismos legaloides, si sobre los Magistrados que inicialmente liberaron a Rafael Caro Quintero, hubo una investigación por posibles actos de corrupción. Tampoco respondió el CJF –si es que se hubiera llevado una investigación- cuáles fueron los resultados o cuales fueron los motivos.

El Consejo de la Judicatura, solo respondió –con un evidente desprecio hacia la rendición de cuentas y la transparencia del servicio público- que “mediante la resolución dictada por el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del Procedimiento de Clasificación de Información 42/2021, dictado en sesión ordinaria 12/2021, de 08 de abril de 2021, se resolvió:”[4] declarar el rema como un asunto confidencial del Poder Judicial Federal.

Se protegen entre ellos

La protección oficial a los citados Magistrados, que fue disfrazada de un acto de transparencia a través de la secrecía de la información, fue establecida en el Procedimiento de Clasificación de la Información dentro del expediente 42/2021,[5] en el que actuaron como cómplices del ocultamiento de la información los miembros del llamado Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, integrado por Arturo Guerrero Zazueta, en calidad de Presidente; Arely Gómez González, como Contralora del Poder Judicial de la Federación, y Adrián Valdés Quirós, Director General de Asuntos Jurídicos. Como titular de la Secretaría Técnica estaba Cecilia Georgina Arenas Cabrera.

El cese oficial de los tres Magistrados que quedaron en tela de juicio en el desempeño de sus funciones como juzgadores, sin que eso haya sido motivo para activar la actuación del Agente del Ministerio Público Federal, tuvo que ocurrir muchos años después de la liberación de Rafael Caro Quintero, registrada en agosto del 2013.

Todavía en el 2017, la misma magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz se dio la oportunidad de liberar a otro gran narcotraficante; puso, mediante la vía del amparo en condición de libertad preparatoria a Ernesto Fonseca Carrillo, “Don neto”, quien junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron responsabilizados del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

El de Rafael Caro y sus juzgadores no es el único caso impregnando de sospechosa impunidad desde el Poder Judicial. Hay que recordar que a la fecha el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos tiene bajo la mira la actuación de por lo menos 63 Jueces y 103 Magistrados que de manera muy extraña, por decir bajo la sombra de la sospecha de corrupción, han otorgados beneficios a lo más distinguido de la clase criminal que opera en nuestro país.

Uno de esos casos es el de la narcotraficante Leticia Rodríguez Lara, mejor conocida como “Doña Lety” o “La 40”, la que se inició como narcomenudista operando para el cartel de Los Zetas, allá en Cancún, Quintana Roo, y que fue detenida en Puebla en el 2017.

Ella fue beneficiada por el Juez federal Daniel Ramírez Peña, quien le otorgó la libertad. Sin mayor razonamiento de las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, el juzgador federal de este caso consideró que Leticia Rodríguez Lara, la que es reconocida socialmente como una agente importante del Cartel Jalisco Nueva Generación –a cuya organización ingresó tras la detención de su pareja sentimental, Iván Velázquez Caballero, “El Talibán”-, no tenía ninguna responsabilidad penal.

El Juez Daniel Ramírez Peña, estableció formalmente en su sentencia que Leticia Rodríguez Lara no es miembro activo del narcotráfico. El argumento establecido para ello es que no existe la certeza de que la acusada fuera la responsable de actividades de narcotráfico, porque el Juez no encontró ningún tipo de elemento dentro del expediente que así se lo hiciera saber.

La exoneración de Leticia Rodríguez Lara, la que -desde el 2015, luego de dejar las filas de las Policía Federal Preventiva- por su alto poder corruptor y generador de violencia, se convirtió en un objetivo prioritario del gobierno federal, causó molestia en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El entonces sub Secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió al Juez Daniel Ramírez Peña, acusándolo de llevar a cabo un proceso de justicia totalmente parcial, al absolver totalmente –el 11 de noviembre del 2022- a la señalada de Delincuencia Organizada y Fomento al Narcotráfico, con lo que –se dijo oficialmente- el Juez Ramírez Peña estaba contribuyendo a la impunidad.

No se debe pasar por alto que el Juez Daniel Ramírez Peña no es la primera ocasión en que es señalado por sospechas de colusión con el crimen organizado, desde la conferencia de presa de del Presidente López Obrador, en ocasión de la sección “Cero Impunidad” que dirigió el entonces subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Berdeja.

Desde esa sección ya en otra ocasión se refirió que el Juez Daniel Ramírez Peña facilitó la libertad de otro importante agente generador de violencia: José Bernabé Brizuela Meraz, mejor conocido como “La Vaca”, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha elevado los índices de delitos en la zona de Colima.

A pesar de la importancia de este criminal, el Juez Ramírez Peña consideró que no había suficientes elementos dentro del expediente que se le presentó, como para decretar la permanencia dentro de prisión de este sujeto antisocial.

Hasta el cierre de este trabajo no existía una denuncia formal por corrupción contra el referido Juez federal Daniel Ramírez Peña. Fuentes internas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consultadas al respecto, solo establecieron que se estaba llevando a cabo una revisión de las cuentas del referido Juez, a manera de investigación, para tratar de ubicar algún delito de corte financiero que se pudiera presentar ante la Fiscalía General de la República en busca de la judicialización de una posible carpeta de investigación.

Más allá de la postura del Ejecutivo Federal entorno a la investigación formal o informal del Juez que dejó en libertad a la segura narcotraficante Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, con base en la versión pública de la declaración patrimonial del Juez Daniel Ramírez Peña,[6] se puede establecer que algo no cuadra en su economía, al menos desde la lógica financiera.

De acuerdo a su más reciente declaración pública de ingresos económicos, el Juez Daniel Ramírez Peña, declaró que tiene como principal ingreso el pago de sus servicios como Juez Federal. Por concepto de salarios –según declaró en el junio del 2021- se allega la cantidad de 2 millones 636 mil 633 pesos por año, es decir, tiene un ingreso promedio mensual de 219 mil 719 pesos con 41centavos.

Esto de por sí ya es inconstitucional, ya que de acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, mayor a la establecida para el presidente de la República”.

El sueldo íntegro del presidente de la República, hasta mayo del 2023, era de 136 mil 700 pesos mensuales, por lo que cualquier percepción de sueldo o salario que estuviera por encima de ese rango, no se encuentra apegado a la ley.    

En el caso del Juez Ramírez Peña, de acuerdo a lo establecido en su declaración patrimonial, no es su alto ingreso por salarios lo que llama la atención. Es más bien que este Juez es una persona que vive prácticamente de préstamos. Según se establece en la citada declaración, el Juez Daniel Ramírez Peña en el último año previo a su declaración, sumó cinco créditos:

Con Banorte por 600 mil pesos; con la organización Tierra y Armonía S.A. de C.V. por un millón 234 mil 831 pesos; dos préstamos “a la palabra”, sin declarar de que persona física o moral provinieron, uno por la cantidad de 250 mil pesos y otro por 940 mil pesos; y un crédito personal por la cantidad de 147 mil 014 pesos, este proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Si la declaratoria es cierta, entonces solo en el año declarado de ingresos, el Juez Daniel Ramírez Peña obtuvo por créditos el 121.3 por ciento con relación a su salario, Es decir su solo salario no le alcanzaría para liquidar dichos adeudos.

Sin embargo, al parecer las finanzas las maneja perfectamente este juzgador, pues a pesar de su elevado nivel de endeudamiento, durante el año declarado fue capaz de saldar –todo con su solo salario- al menos otros dos adeudos que mantenía, uno con Banca Inbursa, por la cantidad de 265 mil 900 pesos, y otro con Ford-Credit, por la cantidad de 312 mil 658 pesos.

Este Juzgador también refiere en su declaración patrimonial, sin explicar saldos, que con sus ingresos opera cinco cuentas bancarias; dos en el banco HSBC, una en Banorte, otra en el banco Santander y la otra en Met Life, que es un seguir de inversión.

Al parecer no solo es el Juez Daniel Ramírez Peña el que ha encendido las alertas para que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal lleve a cabo un seguimiento a los flujos financieros de juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Bajo la lupa también se encuentra la Magistrada Sara Olimpia Reyes García.

A ella, como titular del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal en el Estado de México, se le refiere el haber dejado en libertad a otro narcotraficante de peso, a José Rafael Socci Rodríguez, “El Dover”, el hijo de Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”.

La libertad de Socci Rodríguez “El Dover”, fue decretada por la Magistrada Sara Olimpia Reyes García, tomando en cuenta los mismos argumentos con los que el Juez Daniel Ramírez Peña dejó en libertad a la jefa del grupo delictivo conocido como Cartel de Cancún, una asociación delictuosa que opera como brazo del Cartel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano.

Hasta el cierre de este trabajo, las investigaciones que supuestamente lleva la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que sería objeto la Ministra Sara Olimpia Reyes García, aun no causaban ningún efecto legal. Pero más allá de los resultados que arroje la observación del comportamiento financiero de la juzgadora, llama también la atención la escueta declaración patrimonial que se exhibe en forma abierta en la página de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.[7]

Allí, no se aportan mayores datos el ingreso salarial de la Magistrada, el que es por el orden de los 2 millones 932 mil 994 pesos con 80 centavos por año; es decir, un ingreso promedio mensual de 244 mil 416 pesos con 23 centavos.

Denotado un gran desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas, como si fuera solo por cumplir un requisito para saciar el morbo de las masas, la Magistrada Sara Olimpia Reyes García, en su escasa declaración patrimonial, en donde no explica si tiene en propiedad bienes inmuebles o muebles como vehículos, o algún tipo de inversión, ingresos económicos de su pareja y otros tipos de ingresos, se limita a declarar que tiene dos cuentas bancarias sin explicar montos ni movimientos, una de ellas en Met Life y la otra en BBVA Bancomer.

Por lo que hace a sus adeudos, la Magistrada solo refiere que tiene una crédito hipotecario con el banco HSBC, por el monto de los 3 millones 704 mil 500 pesos, mismo que fue adquirido desde octubre del 2003, cuando ella era todavía Jueza del Segundo Distrito en el Estado de Yucatán.

En EUA saben quiénes son

A la lista de los juzgadores que han llamado la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano, y que podrían ser parte de los miembros del Poder Judicial que son investigados o al menos observador con detenimiento por parte de algunas agencias de investigación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, por su posible relación de corrupción con miembros del crimen organizado, también se suma el Juez Gregorio Salazar Hernández, quien es el responsable de haber puesto en libertad, entre otros, al narcotraficante Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, hijo de Mario Cárdenas Guillén, “El M1”, hermano este de Osiel Cárdenas Guillén, el fundador del Cartel del Golfo.

Pese a ese linaje, plenamente demostrado a través de sendos trabajos informativos, y después que el Agente del Ministerio Público adscrito pudo demostrar la existencia del Cartel del Golfo y la participación que dentro de esa organización realizaba el narcotraficante Mario Alberto Cárdenas Medina, de manera muy sospechosa, el Juez no encontró elementos para considerar como miembro activo del Cartel del Golfo al famoso personaje, que mantiene asolada la zona del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz.

Para el Juez Gregorio Salazar Hernández, el narcotraficante conocido como “El Betito” nunca perteneció a la organización criminal referida. Esa sentencia atenta contra la memoria de decenas de ejecutados y desaparecidos por ese criminal.

Solo para establecer quién es el Juez Gregorio Salazar Hernández –que hoy está bajo la lupa del Ejecutivo Federal-, hay que recordar que es el mismo juzgador que dio carpetazo (sobreseimiento del caso) a las denuncias que había presentado la Fiscalía General de la República contra 31 trabajadores, todos ellos reconocidos como científicos, que -trabajando dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)- fueron acusados de desviar y malversar fondos económicos de la federación.

No olvidemos que los científicos fueron acusados por la FGR por los delitos de Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Corrupción. Finalmente todos fueron absueltos porque el Juez no encontró elementos de su probable participación en los ilícitos mencionados. Y eso se entiende de manera muy clara.

Si el juez Gregorio Salazar Hernández no pudo encontrar responsabilidad criminal en un delincuente reconocido como Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, miembro del Cartel del Golfo, menos habría de encontrar responsabilidad en los 31 científicos que fueron señalados como criminales.

Las sospechas sobre el comportamiento honesto del Juez Gregorio Salazar Hernández se disparan cuando se revisa su declaración patrimonial.[8] En ese documento obligatorio, que pareciera no precisar de puntualidad, se establece que los ingresos del juzgador son de 2 millones 661 mil 860 pesos al año, lo que significa que sus ingresos mensuales en el último año de la declaración fueron al menos de 221 mil 821 pesos con 66 centavos. Con esos ingresos no hubo grandes compras.

El juzgador, en su declaración patrimonial, solo alude a algunos gastos a lo largo de un año: compró un video juego de 16 mil pesos, en Walmart; una Laptop de 26 mil pesos, en Office Max; dos esculturas de 2 mil pesos, en Sanborns; un teléfono celular de 17 mil pesos, en Telcel, y diversos artículos por la suma de 36 mil 800 pesos en una compra hecha en la tienda departamental de Liverpool.

No se declaró la compra reciente de vehículos ni bienes inmuebles. Solo se establece que el Juez Gregorio Salazar sigue con su auto Ford, Mustang, 1999, que compró en el 2020 a costo de 700 mil pesos que pagó de contado. El vehículo lo compró a la empresa Autos SS de San Luis Potosí S.A. de C.V. En cuanto a casas, el Juez Salazar Hernández no manifiesta ninguna adquisición nueva.

Continua con la casa que compro en el 2018 a crédito por la cantidad de 788 mil 655 pesos a la empresa Comebi de México S.A. de C.V. También sigue conservando la casa que compró a crédito, en el 2010, por la cantidad de un millón 363 mil pesos, a la empresa Inmobiliaria Hemajo de Atlacomulco S.A. de C.V.  Todos estaría bien, si no fuera porque en la declaración del Juez Gregorio Salazar Hernández no se hace ninguna referencia a inversiones, cuentas bancarias y/u otros tipos de valores financieros.

Solo se establece que el Juez en cuestión tiene una cuenta bancaria en pesos mexicanos en el Banco HSBC, y otra cuenta más en Met Life de México S.A., donde se cuenta con un seguro de separación individualizado. En ambas cuentas no se hace referencia a ningún tipo de monto económico, ni se establece desde cuando están activas dichas cuentas.

La Jueza Abigail Ocampo Álvarez también es objeto de sospechas por parte del gobierno de Estados Unidos, no solo por el amparo otorgado al narcotraficante “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. La razón de las sospechas que pesan sobre la Jueza Abigail Ocampo Álvarez se funda en el amparo que esta jueza le otorgó a Rafael Caro Quintero para que no sea entregado en extradición a Estados Unidos, en donde se le pretende juzgar por el asesinato atribuido del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Hay que recordar que luego de la liberación de Rafael Caro Quintero, ocurrida en agosto del 2013, por decisión de los Magistrados Rosalía Moreno, Lucio Lira y José Félix, el gobierno norteamericano no cesó en sus intenciones de la recaptura del Capo fundador del Cartel de Guadalajara.

La recaptura de Rafael Caro Quintero ocurrió el 15 de julio del 2022, casi nueve años después de su primera puesta en libertad. El fundador del Cartel de Guadalajara fue detenido en la sierra de Chihuahua por un grupo de agentes de la Secretaría de Marina, los que actuaron bajo el comando de la DEA.

Desde su detención, cuya operación se atribuyó el gobierno de México, el gobierno Norteamericano intentó hacer el traslado del narcotraficante a Estados Unidos. Sin embargo, se optó por la aplicación del debido proceso. Apenas Rafael Caro Quintero fue puesto en prisión, recibió la protección de la justicia federal a través de un amparo provisional que le fue otorgado por el Juez Francisco Reséndiz Neri, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Matera Penal en el estado de Jalisco.

Este Juez –se presume que por amenazas a su integridad personal- terminó declarándose incompetente para llevar el caso de Rafael Caro Quintero en su pelea por no permitir la extradición.

Tras la negativa del Juez Francisco Reséndiz Neri para continuar atendiendo el caso de Rafael Caro Quintero, el Consejo de la Judicatura Federal optó por entregar este delicado asunto -que ha contribuido a incrementar la tensión de las relaciones de coordinación para la procuración de la justicia entre México y Estados Unidos-, a la Jueza Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la que finalmente terminó por otorgar el amparo definitivo para evitar que el más importante de los narcotraficantes de México, por encima incluso de Joaquín Guzmán Loera, sea procesado en una corte de Estados Unidos.

Más allá de las sospechas que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos tenga sobre la actuación judicial de la Jueza Abigail Ocampo Álvarez, la que a través del amparo ha frenado todo el proceso de extradición del narcotraficante por cuyo paradero el gobierno norteamericano pagaba una recompensa de 20 millones de dólares, su declaración patrimonial[9] es de llamar la atención. De acuerdo a su propia versión, Abigail Ocampo Álvarez, en el 2021, con un sueldo declarado de 2 millones 665 mil 561 pesos con 19 centavos, a donde se agregan otros ingresos por 381 mil 426 pesos, por enajenación de bienes (venta de un vehículo), y otro más 7 mil 600 pesos (por impartición de clases), logró un total de 3 millones 47 mil 737 pesos con 19 centavos.

Con esos ingresos, en ese mismo año, la Jueza Ocampo Álvarez pudo comprar una nueva casa con un costo de 3 millones 300 mil pesos, la que fue pagada de contado. En ese mismo periodo la Jueza informó que vendió también un automóvil Mercedez Benz C200 del 2018 por el que recibió 569 mil pesos.

En ese mismo año la Jueza ya no compró otro vehículo, más bien declaro la compra de un columpio “forma de huevo” que le costó 6 mil 020 pesos. También en ese mismo año, la susodicha pudo liquidar dos créditos personales por la cantidad de 350 mil pesos y 829 mil pesos, que mantenía con el banco HSBC. Con ese mismo banco, la Jueza Ocampo logró contratar otro crédito de tipo hipotecario, por la cantidad de 2 millones 805 mil pesos.

Otro narcotraficante que fue puesto en libertad por el suigéneris sistema de justicia mexicano fue el famoso “R1”. En la zona occidente de Jalisco, no hay una sola persona instruida medianamente en los medios de comunicación que no sepa quién es el “R1” o “El Mocho”, todo mundo sabe que se trata de Ramón Álvarez Ayala, uno de los primeros mandos dentro de la estructura criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Él fue detenido junto con sus hermanos Jesús Santiago y Rafael, en septiembre del 2012, en el Fraccionamiento Terranova, de la colonia Providencia, en la zona urbana de Guadalajara. Fueron capturados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de haber sido señalados, aparte de operadores muy cercanos a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, de diversos secuestros en la zona de Guadalajara.

En el 2016, “El Moncho” y sus hermanos fueron sentenciados a una cadena de 20 años en prisión. Se les encontró responsables de los delitos de Delincuencia Organizada y Fomento al narcotráfico. Sin embargo, Ramón Álvarez Ayala logró interponer un amparo para lograr la reposición del proceso penal.

En la sustanciación del nuevo proceso, ya en el 2022, fue la Juez Yolanda Cecilia Chávez Montelongo la que le otorgó la libertad al que es considerado, incluso por el gobierno norteamericano, una de las cabezas principales del Cartel Jalisco, el que se han podido expandir desde el occidente de México hacia las principales ciudad de Estados Unidos.

Liberación exprés

La Juez Yolanda Cecilia Chávez Montelongo nunca hubiera llamado la atención de las autoridades norteamericanas y mexicanas, de no ser por la controversial sentencia que puso en la calle a una de las figuras más importantes del actual y sanguinario narcotráfico mexicano.

Y es que la Juez Chávez Montelongo no toda su carrera la ha realizado dentro del área penal, una parte la desarrolló administrando la justicia en áreas dentro de la materia Administrativa, Civil y del Trabajo. Desde el 2019 se hace cargo del Juzgado Primero de Procesos Penales Federal en el Estado de Jalisco.

Desde esa perspectiva, resulta interesante lo que a simple vista refiere su declaración patrimonial del 2022.[10] Allí se señala que la Juez Chávez Montelongo, reconoce un ingreso anual por salarios por la cantidad de 2 millones 647 mil 507 pesos con 35 centavos, es decir, un ingreso promedio mensual de 220 mil 625 pesos. En el año de esa declaración, la Juez también señaló un ingreso extraordinario: el pago de un seguro de separación individualizada por la cantidad de un millón 361 mil 238 pesos con 26 centavos.

Con parte de sus ingresos, la Jueza pudo finiquitar un crédito personal por la cantidad de 9 mil 702 pesos que mantenía con el banco HSBC. No adquirió nuevas propiedad, pero asegura que sigue pagando una casa que compró en el 2014 por la cantidad de 6 millones 224 mil pesos, igual que un auto Honda Accord EXL que en el 2014 obtuvo a crédito por la cantidad de 362 mil 400 pesos.

En el 2020, de acuerdo a la declaración patrimonial de la Juez Chávez Montelongo, hizo una inversión en el menaje de su casa (compró comedores, salas, recamaras, aire acondicionado, entre otros) pagando de contado la cantidad de 150 mil pesos.

También en ese mismo 2020, poco después de haber llegado como Juez de los Penal a Guadalajara, en Puente Grande, compró aparatos electrónicos y electrodomésticos (estufa, refrigerador, aparatos de cocina, televisión, computadora, celular, juegos electrónicos) por 200 mil pesos, los que pagó de contado. Aun así su dinero le da para mantener una cuenta bancaria en HSBC, la que no refiere monto de inversión, y una inversión en Met Life a través de un seguro de separación individualizado.

A la lista de juzgadores que hacen difícil creer en la correcta aplicación de la justicia, se suma también el Juez Alfonso Alexander López Moreno, quien ha sido actor central de uno de los casos judiciales más importantes –al menos mediáticamente- de los últimos años.

Este juzgador es el que frenó la extradición hacia Estados Unidos del reconocido narcotraficante Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, el mismo que luego de ser detenido fue puesto en libertad -el 17 de octubre del 2019- por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras esa liberación, un grupo de elite de la DEA en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sin informar al presidente López Obrador para que no volviera a ordenar la libertad del detenido, logró la recaptura del hijo del fundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Ovidio Guzmán López fue recluido en la cárcel federal de Almoloya, en donde hasta el cierre de este trabajo se mantenía a la espera de la extracción reclamada por el gobierno de Estados Unidos.

El gobierno norteamericano quiere a Ovidio Guzmán para ser juzgado como responsable de la continuación de la empresa criminal que inició Joaquín Guzmán Loera, el Cartel de Sinaloa, con el propósito de trasegar drogas diversas hacia territorio de Estados Unidos. Luego de la segunda detención de Ovidio Guzmán, que se registró la madrugada del 5 de enero del 2023, no se veía ninguna complicación para que dicho cometido se cumpliera. La imagen social de Ovidio Guzmán en México en pública y notoria de participar en una empresa criminal.

Sin embargo, el Juez Alfonso Alexander López Moreno, que no pensó igual o tal vez apegado a derecho, consideró que en ningún momento -previo a la detención de Ovidio Guzmán- el gobierno norteamericano había presentado una solicitud de extradición. Tan así fue que la misma Fiscalía General de la República no fue sino hasta que Ovidio Guzmán había sido detenido, que oficializó dentro del expediente judicial 6/2019 un reclamo de captura con fines de extradición. Como sea, el Juez Alfonso Alexander López Moreno terminó estableciendo legalmente que de momento Ovidio Guzmán no será entregado a la justicia norteamericana, hasta que haya previo juicio de extradición de por medio.

La decisión del Juez López Moreno causó escozor en la sensible piel de la justicia norteamericana. Esa puede ser la razón por la que a este juzgador federal mexicano se le incluyó dentro del grupo de Jueces que se han convertido en el blanco de observación de algunas agencias de investigación del gobierno de Estados Unidos.

No es fortuita la observación que pudiera estar sobre el Juez Alfonso Alexander López Moreno. A él se le considera una persona cercana al presidente Andres Manuel Lopez Obrador, el que a su vez está catalogado por agentes de la DEA como “contrario a la idea de que Ovidio Guzmán López sea entregado en extradición al gobierno norteamericano para ser juzgado por narcotráfico bajo las leyes de Estados Unidos”.

Hay que destacar una cosa, que el Juez Alfonso Alexander López Moreno llegó por una recomendación al cargo de titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Toluca. Su cargo como Juez no lo ganó mediante un concurso de oposición. De hecho en el 2018 interpuso un Recurso de Revisión Administrativa (el 106/2018)[11] ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su calidad de Secretario Adscrito al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, Alfonso Alexander López Moreno reclamó la anulación del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, en su Segunda Etapa, en donde él no fue seleccionado. Este Juez llegó al cargo por recomendación de la Ministra Margarita Ríos Farjat, en cuyo equipo fue parte importante.

Alfonso Alexander López Moreno fue Secretario Auxiliar de Ponencia de la Ministra Ríos Farjat, la que fue llevada a la SCJN por recomendación del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. Y por la recomendación de la Ministra Ríos Farjat, sin necesidad de hacer examen de oposición para el cargo, Alfonso Alexander López Moreno -en noviembre del 2021- fue designado Juez.

De acuerdo a la declaración patrimonial que presentó Alfonso Alexander López Moreno cuando, en el 2021, todavía era parte del equipo de la Ministra Margarita Ríos Farjat, al parecer no le ha ido mal con el desempeño de sus funciones dentro el Poder Judicial.

Declaró ingresos anuales por concepto de salario por un millón 460 mil 511 pesos, un equivalente a 121 mil 709 pesos por mes. A eso sumó ingresos por 809 mil 796 pesos, por concepto de arrendamiento y retiro de un seguro de separación individualizada. En esa declaración patrimonial,[12] cuando aún no era Juez y solo era empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Moreno agregó como parte de su peculio tres departamento y un terreno que adquirió; uno de esos departamentos lo compró a crédito, a un precio de 486 mil pesos, en el 2006; otro departamento, que compró en el 2015, le costó 900 mil pesos y lo pagó de contado, y un tercer departamento que compró en el 2017, le costó un millón 075 mil pesos, y lo compro con un crédito.

El terreno, con una superficie de 162 metros cuadrados, le costó 833 mil 442 pesos, y lo pudo pagar de contado. En la misma declaración patrimonial, cuando aún era secretario auxiliar de la Ministra Margarita Ríos Farjat, el hoy Juez Alfonso Alexander López Moreno, registró la compra a crédito, en el 2016, de una camioneta Nissan X Trail, a un costo de 344 mil 500 pesos. También declaro un automóvil Chevrolet, tipo Sonic, que compró de contado en el 2017, por la cantidad de 204 mil 900 pesos.

Como se puede observar, el patrimonio del Juez Alfonso Alexander López Moreno estaba creciendo como la espuma. Solo que, de manera extraña, decidió dejar el buen salario de un millón 460 mil 511 pesos que percibía al año como Secretario Auxiliar de la Magistrada Margarito Ríos Farjat, para optar por un sueldo de 842 mil 585 pesos al año, que es el ingreso que oficialmente percibe desde que asumió el cargo de Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.

Como Juez de Amparo y con una reducción evidente de salario, Alfonso Alexander López Moreno no ha continuado con el incremento de sus bienes que venía manteniendo casi en forma sostenida.

Pero no todo parece estar mal con el cambio de salarios a uno más bajo, pues en su más reciente declaración patrimonial, el Juez Alfonso Alexander López Moreno refiere que recibió una donación por la cantidad de 2 millones de pesos, sin duda una situación providencial. En la citada declaración no se establece mayor detalle de esa donación millonaria, pero allí está ese ingreso, el que se suma también a otro ingreso de 629 mil 516 pesos por concepto de un seguro de separación individualizada.

También este mismo Juez reconoce un ingreso de 215 mil pesos por la venta de su camioneta, además de que tuvo otros ingresos por la cantidad de 2 millones 629 mil 516 pesos por concepto de su negocio de arrendamientos.[13]

Otros datos que refieren el extraño comportamiento de la situación patrimonial de este Juez que frenó la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, uno de los hombres más poderosos del crimen organizado en México, son los que tienen que ver con la actualización de las cuentas bancarias en el banco HSBC, hecha por el mismo Juez López Moreno.

En su más reciente declaración patrimonial, este Juez agregó tres cuentas de inversión, de las que en dos no precisa ni banco ni monto de dinero que maneja, mientras que en una tercera refiere que es de Met Life. También destaca que esté Juez, en ese periodo declarado, pudo pagar tres créditos personales que mantenía, dos con el Banco HSBC y el otro sin especificar la institución. Los créditos de HSBC que pudo liquidar son uno por 80 mil pesos y el otro por 120 mil pesos.

El tercer crédito liquidado, sin especificar la institución, es por la cantidad de 170 mil pesos. Además, contrajo un nuevo crédito hipotecario por la cantidad de 3 millones 035 mil pesos, esto con el Banco HSBC.

Otro de los muchos casos que levantan sospechas sobre las razones que pueden tener los juzgadores federales –más allá de la natural obligación de aplicar la justicia conforme a derecho- para poner de regreso a la circulación a grandes generadores de violencia, es el del Juez Agustín Archundia Ortiz.

Este juzgador federal cuenta en su haber con un cúmulo de señalamientos sociales que lo acusan de no estar cumpliendo con su trabajo. Lo mismo ha sido señalado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que por miembros del Senado de la Republica, desde donde se ha emitido un Punto de Acuerdo para exigirle al Consejo de la Judicatura Federal a que revise la actuación del Juez Agustín Archundia Ortiz.

El escándalo más reciente de este Juez ocurrió apenas en septiembre del 2022, cuando por su propia decisión, sin tomar en cuenta los elementos de prueba contenidos en el expediente judicial y contra todo pronóstico, otorgó la libertad a uno de los miembros directivos del Cartel Jalisco Nueva Generación, la agrupación criminal y dedicada al trasiego de las drogas posiblemente más poderosa –letal y económicamente- de todo el mundo.

Sin dar explicación de nada a nadie, el Juez Agustín Archundia Ortiz consideró que la cárcel no era para el narcotraficante Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, y por ello le otorgó su libertad.

Este narcotraficante, al menos así es reconocido socialmente, sería el tercer hombre de importancia dentro de la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”. A Erick Valencia Salazar, quien sería el sucesor del famoso Narcotraficante Ignacio “Nacho” Coronel, se le atribuye la organización y coordinación de todas las células criminales del Cartel Jalisco, que operan en 28 estados del país, células que responden a las instrucciones directa de Nemesio.

“El 85”, según se refiere en el mundo criminal sería al menos responsable de más de 200 ejecuciones cometidas por sicarios del Cartel Jalisco, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Este actor de la delincuencia también sería responsable del incremento de la violencia por lo menos en la mitad de los estados del país, principalmente en el centro y occidente.

Y, además, también es responsable del sistema de narcomenudeo bajo el que opera el Cartel Jalisco en las principales ciudades del país, sobre todo en zonas de alta afluencia turística. Pero sobre todo, es uno de los artífices de la instrucción de drogas desde México hacia Estados Unidos. Por eso el gobierno norteamericano lo reclama en extradición.

Eso, pero de manera detallada, fue contenido dentro del expediente criminal que se le integró a Erick Valencia Salazar para ser presentado ante el Juez, pero al parecer tal información no le importó a Su Señoría Agustín Archundia Ortiz.

Él finalmente decidió decretar libertad al tercero a mando del Cartel Jalisco Nueva Generación, porque al final del día nadie le pide rendición de cuentas. La orden de libertad contra este narcotraficante no fue cumplida porque persiste la orden de extradición presentada por el gobierno norteamericano. Esta no es la primera ocasión que se le otorga la libertad, a través de amparo al narcotraficante Erick Valencia Salazar.

En diciembre del 2017, luego de cinco años de estar recluido en la cárcel federal de Puente Grande, “El 85” fue puesto en libertad por una decisión del entonces Juez de Distrito Alejandro Castro Peña.

Hay que señalar que el Juez Alejandro Castro Peña, fue señalado ante el Consejo de la Judicatura Federal como actor de una serie de eventos de acoso laboral en contra de los empleados del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, a donde fue reubicado luego de la sospechosa orden de libertad, que sí se ejecutó, a favor del narcotraficante Erick Valencia Salazar.

En su nueva posición, de Juez en Materia Administrativa, Alejandro Castro Peña fue objeto de una investigación por acoso laboral,[14] luego de exponerlo –a través de un video en twitter- por la forma violenta en que este juzgador se dirigía a sus subalternos. Tras la investigación, el Consejo de la Judicatura Federal optó solo por la suspensión del citado Juez, sin dar vista al Agente del Ministerio Público por la posible comisión de actos constitutivos de delitos.

Pese a que el Juez Alejandro Castro Peña fue suspendido desde el mes de abril del 2022, todavía presentó su declaración patrimonial[15] en junio de ese mismo año, en donde declaró tener un ingresos salarial por su labor como Juez de Distrito por el orden de los 2 millones 532 mil 991 pesos.

Es decir, 211 mil 082 pesos por mes. No declaró tener algún tipo de vehículo automotor, aunque si refiere que desde el 2006 adquirió un departamento a crédito, por el monto de un millón 400 mil pesos. Hasta el cierre de este trabajo el Juez Castro Peña no aparecía de regreso en el registro de Jueces y Magistrados que públicamente se observa en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal.

Pero regresando al caso del Juez Agustín Archundia Ortiz, que al igual que el Juez Alejandro Castro Peña también dictó libertad al narcotraficante Erick Valencia Salazar, es necesario precisar que no son nuevas las sospechas que pesan sobre la forma de impartición de justicia de este funcionario.

Vale la pena recordar el caso de cuando Agustín Archundia era Juez Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, y que a causa de otorgar una orden de traslado de un preso de una cárcel federal a una cárcel estatal en Coatzacoalcos, Veracruz, hizo que el ex gobernador Cuitláhuac García exigiera al Consejo de la Judicatura Federal que revisara los criterios para la toma de decisiones de sus juzgadores en esa entidad, principalmente con relación a la actuación de Agustín Archundia Ortiz.

El caso que hizo que se confrontara el gobierno estatal de Veracruz con el Consejo de la Judicatura Federal, fue porque el Juez Agustín Archundia Ortiz, bajo su propio criterio, sin medir consecuencias sociales, ordenó el traslado del procesado Jesús Uribe Esquivel, quien fue llevado de la cárcel federal de Tapachula, Chiapas, a una prisión de Coatzacoalcos, Veracruz. Jesús Uribe, quien era candidato de la Alianza PAN-PRD-PRI a la alcandía de Las Choapas, Veracruz, fue acusado de la muerte del ex militar Mario Alejandro Gamas López, quien fue asesinado a mansalva y su cuerpo desmembrado, causando indignación social.

Tras ese homicidio al acusado Jesús Uribe se le acumularon otros proceso por delitos de alto impacto en la zona de Las Choapas, razón por la que la que el propio gobierno estatal buscó la reclusión del presunto agresor en una cárcel federal de máxima seguridad.

Pero a pesar de ello, sin medir el pulso social, cuando se conoció del regreso a una cárcel local del acusado Jesús Uribe, el Juez Agustín Archundia encolerizó a las autoridades estatales y locales y aun amplio sector de la población de Veracruz.

Por eso se pidió oficialmente, desde el gobierno de Veracruz al Consejo de la Judicatura, que se revisara la actuación del Juez Archundia Ortiz. Se estableció en dicha queja que el Juzgador estaba actuando “bajo intereses personales” al regresar a una cárcel estatal a un presunto homicida que contaba con el rechazo social.  

Ese no fue el único caso de quejas en Veracruz contra este juzgador. Por eso el Consejo de la Judicatura Federal posteriormente lo removió al Sexto Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.

Antes de ser removido a esa nueva posición, el Juez Agustín Archundia Ortiz fue señalado -desde el Senado de la República- de dilatación de la aplicación de justicia. Se la acusó formalmente de estar obstruyendo la impartición de justicia sobre la ilegal detención de Pasiano Rueda Canseco, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de municipio de Jesús Carranza, en Veracruz, en el 2021.

Este candidato, reconocido por el mismo gobierno federal como un preso político, fue acusado de ultrajes a la autoridad. Fue sometido a una serie de vejaciones judiciales. Se le dejó en la indefensión. Fue incomunicado, y su proceso fue dilatado por decisión de los juzgadores que conocieron su caso, entre ellos el Juez Agustín Archundia Ortiz.

Por eso, el Senado de la República, el 29 de junio del 2022, emitió un Punto de Acuerdo, en el que se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a la correcta vigilancia de los Jueces federales, a fin de que se pudiera lograr la libertad del referido preso político.

Este punto de acuerdo fue firmado por los senadores Ricardo Monreal Ávila, Noé Castañón Ramírez y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Este Punto de Acuerdo, entre otras cosas, estableció que “La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial que en cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, vigile correctamente el actuar de los Juzgados de Distrito, específicamente del noveno Juzgado de Distrito a cargo del Juez Agustín Archundia Ortiz para que se abstenga de seguir demorando el proceso del C. Pasiano Rueda Canseco y atienda su caso de manera pronta y expedita, para que en estricto apego a ley y al principio de presunción de inocencia, se determine su inmediata libertad y no se sigan vulnerando sus derechos humanos”.[16]

En su más reciente declaración patrimonial,[17] presentada en junio del 2022, todavía siendo Juez federal en Coatzacoalcos, Veracruz, Agustín Archundia Ortiz, reconoce que en el último periodo declarado tuvo ingresos por el orden de los 2 millones 682 mil 413 pesos al año, un equivalente a 223 mil 534 pesos por mes.

También le ingresaron 100 mil pesos por la venta de un automóvil, y un millón 861 mil 437 pesos por retiro de un seguro de separación individualizada. Tiene algunos adeudos importantes, como el que lleva con el Banco HSBC, en donde desde el 2015, debe un millón de pesos, y otro de tipo automotriz que desde el 2019 mantiene con Toyota, por la cantidad de 761 mil 178 pesos. El Juez Agustín Archundia Ortiz también agregó a su cuenta de adeudos un crédito hipotecario que mantiene con Banamex por la cantidad de un millón 466 mil pesos, con el que pudo adquirir –en el 2021- un departamento de 84 metros de construcción.

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[1] Human Rights Watch, Informe Mundial 2022, Nueva York, Estados Unidos, disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/mexico#3c3341

[2] Departamento de Justicia de Estados Unidos, Documento No. 22, Caso 1:19-cr-00366-CBA-SJB, Nueva York, 17 de noviembre de 2020.

[3] Consejo de la Judicatura Federal, Respuesta a la Solicitud de Información No. 0320000137721, Ciudad de México, 4 de marzo de 2021.

[4] Consejo de la Judicatura Federal, Respuesta a la Solicitud de Información No. 0320000137721 (Bis), Ciudad de México, 4 de marzo de 2021.

[5] Consejo de la Judicatura Federal, Procedimiento de Clasificación de la Información 42/2021, Ciudad de México, 8 de abril del 2021.

[6] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Daniel Ramírez Peña, Toluca Estado de México, 14 de junio de 2021.

[7] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Sara Olimpia Reyes García, Almoloya de Juárez, Estado de México, 26 de mayo de 2022.

[8] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Gregorio Salazar Hernández, Toluca, Estado de México, 17 de mayo de 2022.

[9] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Abigail Ocampo Álvarez, Toluca, Estado de México, 29 de junio de 2022.

[10] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, Toluca, Estado de México, 12 de mayo de 2022.

[11] Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Recurso de Revisión Administrativa No. 106/2018, Ciudad de México, 6 de agosto de 2018.

[12] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Alfonso Alexander López Moreno, Ciudad de México, 2 de julio de 2021.

[13] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Alfonso Alexander López Moreno, Ciudad de México, 23 de junio de 2022.

[14] Consejo de la Judicatura Federal, Comunicado No.06/2022, Ciudad de México, 178 de marzo de 2022.

[15] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Alejandro Castro Peña, Ciudad de México, 29 de junio de 2022.

[16] Senado de la República, Punto de Acuerdo “Por el que se Exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a la Correcta Vigilancia del Actuar de los Jueces Federales”, Ciudad de México, 29 de junio de 2022.

[17] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Agustín Archundia Ortiz, Coatzacoalcos, Veracruz, 20 de junio de 2022.