Acordeones, inducen al voto y manchan Elección Judicial

De acuerdo con la consultora Integralia, el proceso electoral para renovar el Poder Judicial el próximo domingo primero de junio se ha caracterizado por el desinterés general en las campañas y desconocimiento de aspirantes, candidatos excesivos para cada votante, compra de votos, acarreo y sufragio inducido.

El día de la elección se espera alta complejidad y tardanza en el conteo, no se cancelarán la boletas no utilizadas y tampoco se contarán los votos frente a los ojos de los ciudadanos.

Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) de la FGR debe investigar y perseguir los delitos electorales federales para garantizar los derechos de los mexicanos a emitir su voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Sin embargo, la FISEL apenas está considerando como “presuntos delitos electorales” la inducción masiva del voto a través de trípticos impresos y mensajes en WhatsApp repartidos en todo el país, sobre todo en la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí desde hace por lo menos 10 días.

Así se induce al voto en la Ciudad de México

A dos días de la elección, el acarreo e inducción al voto favorece a candidatos a jueces, magistrados y ministros cercanos al partido Morena.

En esos trípticos- acordeones (como se les llama en México a los apuntes de los estudiantes que hacen trampa cuando presentan un examen) vienen los colores de las boletas, los cargos, los nombres y números asignados a cada candidato por parte del INE:

Además de que funcionarios de alcaldías están pidiendo a sus subordinados elaborar una base de datos con números telefónicos y Clabes de Elector de las credenciales del INE, “para llamarles el domingo y que no se les olvide ir a emitir su voto e indicarles la dirección de la casilla que les corresponde”, de acuerdo con testimonios recabados por Cenzontle400.Mx.

En Michoacán, trabajadores judiciales -secretarios de acuerdos- salieron a repartir volantes de candidatos a juzgadores en funciones. Los jueces en funciones no recorrieron las calles.

Y aun con el exhorto a diario a los mexicanos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a votar masivamente el próximo domingo para renovar el Poder Judicial, el desinterés de la población y lo complicado que resultará ejercer el sufragio se pronostica baja participación, siendo la elección más importante del actual régimen de la Cuarta Transformación e ideada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 08 de abril, el Tribunal Electoral aprobó que la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, personas servidoras públicas, instituciones y autoridades sí podrían promover la elección de personas juzgadoras, pero sin mencionar a candidatas y candidatos en particular, sin embargo, servidores públicos han utilizado a trabajadores en activo para hacer proselitismo abiertamente a candidatos judiciales cercanos a Morena y a los intereses del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Tan solo en la Ciudad de México se eligirán a 137 personas juzgadoras que formarán parte del Poder Judicial local. Además de 881 cargos judiciales a nivel federal, por lo que en total a los chilangos se les darán nueve boletas en las casillas receptoras.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) del Gobierno de la Ciudad de México lleva tres meses financiando una operación para acarrear personas y votar el domingo por candidatos predefinidos en un acordeón.

Las personas -llamados Responsables de Sección- que han repartido los folletos, primero a los afiliados a Morena, y a los ciudadanos en general fueron reclutados desde febrero, de acuerdo con el relato de uno de los participantes. Les pagaron a cada una 8 mil pesos al mes por jornadas de 12 horas diarias.

En la Alcaldía Tlalpan estaban bajo la coordinación del diputado federal de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar y de Margarito Javier Rosas, exfuncionario durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum en dicha demarcación. Este último es quien reparte los cheques. Las capacitaciones se dieron en espacios como el módulo legislativo de Luis Chávez, diputado de Morena, y en Cuitatan 23 Bis, donde estaba el módulo legislativo de Héctor Díaz-Polanco, actual dirigente de Morena en la CDMX.

La organización Proyecto Justicia Común (Projuc) presentó una denuncia ante el INE por el uso de “acordeones” que buscan inducir el voto en la elección judicial del 1° de junio.

Según la Projuc, servidores públicos, redes vecinales y sindicatos están implicados en esta estrategia de coacción del sufragio.

Los documentos indican a la ciudadanía por quién votar, lo que, según la organización, vulnera principios constitucionales como la imparcialidad y legalidad. La denuncia señala distribución en entidades como Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí.

“Está acreditado en la denuncia, con diversos medios de prueba, que Servidores de la Nación, a través de todo el país, repartieron acordeones indicándole a la ciudadanía por quién tenía que votar”, aseguró José Mario de la Garza.

La primera elección judicial no puede edificarse sobre maniobras de manipulación ni sobre presiones políticas disfrazadas de “incentivos al voto”, indicó Projuc.

Claramente es un delito electoral

Respecto al operativo acordeón, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió el lunes pasado que este tipo de inducción está prohibido por la ley electoral y “analizaba sus implicaciones jurídicas”.

Y si se confirmaba esta práctica, la Dirección Jurídica del INE valoraría iniciar un procedimiento de oficio para investigar si existe coordinación concertada por parte de alguna organización política o social.

Los partidos políticos no tienen permitido intervenir en este proceso electoral, mucho menos organizar acciones que condicionen el sufragio, ya que el voto debe mantenerse libre y secreto.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la inducción al voto es un delito electoral:

• Inducir expresamente a un elector a votar por un candidato o partido político específico, o a abstenerse de votar. 
• Ejercer presión sobre un elector para que vote o abstenga de votar. 
• Ofrecer dinero, bienes o cualquier otra contraprestación a cambio de votos. 
• Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, etc., al voto o abstención de un elector. 

Las sanciones por este delito son:

• Multa de 50 a 100 días, y prisión de 6 meses a 3 años: para quien haga proselitismo o presione a los electores en el interior de las casillas electorales o obstaculice el desarrollo normal de las votaciones. 
• Multa de 100 a 200 días, y prisión de 2 a 6 años: para funcionarios partidistas o candidatos que ejerzan presión o induzcan a los electores a votar o abstenerse de votar, el día de la elección o en los tres días previos. 
• Multa de 200 a 400 días, y prisión de 1 a 9 años: para quien se abstenga de informar o rendir información falsa sobre los recursos y bienes públicos de los partidos políticos. 
• Si la conducta es realizada por un servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. 
• Si la conducta es cometida contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad . 

En resumen, la inducción al voto es un delito que se sanciona con penas de prisión y multa, que varían según la gravedad de la conducta y la identidad del autor. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) es la encargada de investigar y perseguir este tipo de delitos, y los tribunales electorales se encargan de juzgarlos, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes ministeriales confirmaron a Proceso que la FISEL  ya recibió el informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el inicio de apenas dos Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) relacionados con los acordeones cuando se han repartido por todo el país de acuerdo con testimonios exhibidos por medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

Este delito de inducción al voto ha sido cometido por legisladores de Morena, candidatos a juzgadores en funciones, servidores públicos municipales, estatales y federales; se ha utilizado secretarías de Estado como la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México para repartir los acordeones.

La FISEL tendría que investigar y perseguir los delitos electorales federales para garantizar los derechos de los mexicanos a emitir su voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y castigar con multas y penas de prisión a quienes cometieron el delito de inducción al voto.