García Luna, la historia que más ha dolido
El reclamo para la devolución del dinero se hizo en el 2023, cuando -con base en investigaciones periodísticas- el gobierno de la 4T encontró que ya sin estar en el cargo, Genaro García Luna tuvo acceso privilegiado a una serie de contratos entregados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Por. J. Jesús Lemus
La historia de corrupción de Genaro García Luna parece interminable. Cuando parecía que la historia lo había sepultado, con una sentencia de 38 años en prisión, otra vez vuelve a brotar su genio criminal. Ahora una corte estadunidense, presidida por Lisa Walsh, lo ha condenado al pago de 2 mil 488 millones de dólares a favor del gobierno mexicano.
El pago al gobierno mexicano, que se considera una devolución, es producto del reclamo que, ante la corte federal de Miami, hizo la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez.
El reclamo para la devolución del dinero se hizo en el 2023, cuando -con base en investigaciones periodísticas- el gobierno de la 4T encontró que ya sin estar en el cargo, Genaro García Luna tuvo acceso privilegiado a una serie de contratos entregados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El argumento del gobierno mexicano, a través de Pablo Gómez, apersonado en la Corte de la Jueza Lisa Walsh, fue que los contratos logrados por García Luna fueron ilegales, toda vez que fue una empresa, de razón social Nunvav Inc. o su subsidiaria Nunvav Technologies Inc., la que estuvo detrás de una serie de empresas fantasmas que promovieron el soborno y la intimidación para alcanzar los contratos.
El reclamo del gobierno mexicano era la devolución de por lo menos 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos, que sería el monto del desfalco que ocasionaron Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, y otros socios, como Mauricio Samuel Weinberg López, relacionado financieramente con Manuel Bartlett Diaz.
El reclamo del pago
La Jueza Lisa Walsh estableció en su sentencia que el Estado mexicano fue desfalcado por la acción criminal de Genaro García Luna y un grupo de personas, todas incrustadas en el esquema de una empresa criminal, que además de saquear fondos federales también cometió el delito de lavado de dinero.
Con base en esa sentencia la Jueza Lisa Walsh establece la obligación para que todos los localizados de la empresa criminal que encabezó García Luna devuelvan al gobierno mexicano mucho más que los 745 millones de dólares reclamados por la UIF. La Jueza Walsh impuso la devolución de 2 mil 488 millones de dólares.
Los obligados al pago son Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, y sus socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Todos ellos, según lo refiere la sentencia de la Jueza Walsh, se coludieron para engañar -o sobornar- a funcionarios federales a fin de acceder a beneficios económicos a través de contratos ilegales de prestación de obras y servicios inflados en precios y que en muchas ocasiones no se cumplieron.
De acuerdo a Pablo Gómez, Titular de la la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron 30 los contratos mas escandalosos que logró la red criminal que encabezó García Luna. La mayor parte de esos contratos, que fueron otorgados por la administración de Peña Nieto, corresponden a dependencias de seguridad que, durante el sexenio previo, en el de Felipe Calderón, el propio García Luna las conoció a la perfección.
Los cómplices silenciosos
La red de empresas fantasmas que utilizó Genaro García Luna, para sustraer ilegalmente millones de dólares del erario mexicano, fue encabezada por la firma Nunvav. Inc., y Nunvav Technologies Inc., ambas constituidas en Estados Unidos. De esas empresas se utilizaron otras firmas fantasmas a manera de subsidiarias, como Nice Systems Ltd., GLAC Security Consulting, Technology, Risk Management S.C., y otras 40 empresas.
De todos los contratos logrados por la red de corrupción de Genaro García Luna, por lo menos el 42.5 por ciento de ellos los hizo cuando aun él mismo era titular de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, el mismo beneficio a sus empresas con contratos millonarios por obras y servicios que muchas veces no se prestaron.
La mayor cantidad de contratos auto gestionados por García Luna a favor de sus empresas y de él mismo, fueron ejecutados en las áreas de la Policía Federal Preventiva (PFP), en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como dentro del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que administra las cárceles federales.
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se dieron el 47.3 por ciento de los contratos, mismos que fueron autorizados por el entonces secretario de Gobernación, el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, con el aval del presidente Peña Nieto y el y hombre detrás del poder, Luis Videgaray.
Entre otros que posibilitaron el saqueo económico que hizo García Luna, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, destacan Rodrigo Esparza Cristerna, quien entregó contratos de servicios de la Policía Federal Preventiva a la subsidiaria Nice Systems.
Eduardo Enrique Gómez García concedió contratos de servicios a obras para diversas cárceles federales, sin verificar que estos se cumplieran, a través de la empresa Nunvav Inc., igual que lo hizo Maribel Cervantes Guerrero desde la policía Federal Preventiva.
En el gobierno de Peña Nieto, Genaro García Luna se ganó 12 contratos, a través de Nunvav Technologies Inc., dichos contratos fueron entregados por Eugenio Imaz Gisper, cuñado de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otros contratos otorgados por el Cisen y la dirección de cárceles federales para beneficiar económicamente a Genaro García Luna y su red criminal fueron facilitados por Alberto Bazbaz Sacal, Eduardo Guerrero Durán y Alberto Rodríguez Calderón.
De todos los facilitadores del fraude de García Luna, hasta el cierre de esta edición, no se sabe de acciones judiciales en su contra. Ni siquiera existen carpetas de investigación en la FGR.
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