Mal que bien, se consolida la Reforma al Poder Judicial Federal

Por. J. Jesús Lemus

La jornada electoral del 1 de junio de 2025 en México ya marcó un precedente histórico, es la primera vez que la ciudadanía eligió directamente a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Este proceso es la culminación de una controvertida reforma judicial, en donde se pretende democratizar la justicia. Eso en sí ha generado intensos debates sobre la independencia judicial y la competencia de los futuros impartidores de justicia.

Durante esta jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) demostró una notable capacidad logística, logrando la instalación de casi la totalidad de las casillas a nivel nacional. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de incidentes, destacando la violencia localizada en Chiapas, que impidió la instalación de algunas mesas de votación.

Puntos a destacar

Los puntos distintivos de esta elección están en su naturaleza inédita, la complejidad inherente a la elección de múltiples cargos judiciales y la diversidad de boletas, y las marcadas diferencias en los perfiles de los candidatos electos en comparación con los juzgadores salientes, particularmente en términos de experiencia y formación académica.

El cuestionamiento de la misma elección se centra en la posible politización de la justicia, el riesgo de infiltración del crimen organizado y la opacidad en el proceso de selección de candidaturas.

Los cómputos, extendidos hasta el 15 de junio, revelarán la configuración final de un Poder Judicial en plena transformación, enfrentado a una curva de aprendizaje pronunciada y a un considerable rezago de casos, lo que plantea desafíos significativos para la certeza jurídica y la estabilidad institucional del país.

Un Hito en la Democracia Mexicana

La jornada electoral del 1 de junio de 2025 se erige como un momento definitorio en la historia política y jurídica de México. Por primera vez, la ciudadanía fue convocada a las urnas para elegir directamente a una parte sustancial de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, un paso sin precedentes en la configuración de la justicia en el país.

Esta elección es la culminación de una reforma judicial profundamente polémica, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. El eje central de esta reforma es la elección de todos los jueces del país mediante voto popular, un sistema que, por su alcance, no tiene parangón a nivel global para la totalidad de un poder judicial.

Así, México se posiciona como el segundo país en América Latina, después de Bolivia, en adoptar un modelo de elección popular para altos cargos judiciales.  

La transición de un sistema de designación a uno de elección popular para la judicatura representa una redefinición fundamental en la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial.

Este cambio radical se aparta de los modelos democráticos convencionales que históricamente han priorizado la independencia judicial a través de mecanismos de designación o carrera judicial.

Si bien los defensores de la reforma argumentan que busca una mayor legitimidad democrática y el combate a la corrupción y el nepotismo, sus críticos sostienen que la elección directa podría exponer a los jueces a presiones políticas, comprometiendo su imparcialidad y su adhesión a los principios legales por encima de la opinión pública o las agendas partidistas.

Sigue el 2027

La implementación por fases de la reforma judicial, con esta elección como primera etapa de un proceso que se extenderá hasta 2027, augura un periodo prolongado de transición y potencial inestabilidad dentro del Poder Judicial.

Aunque este enfoque gradual podría permitir ajustes basados en los resultados iniciales y las lecciones aprendidas, también implica una sostenida tensión política e incertidumbre respecto a la composición y la independencia a largo plazo de la rama judicial.

Un proceso de reforma en dos etapas sugiere que la plena estabilidad y el impacto de este nuevo sistema judicial no se materializarán de inmediato. Este periodo de transición extendido podría propiciar debates continuos y desafíos en torno a la legitimidad, la eficacia y la alineación política de la judicatura.

Los retos del Proceso

La magnitud y la complejidad de la elección del 1 de junio de 2025 se reflejaron en el número de cargos en disputa y en la particularidad del proceso de votación.

En esta jornada, México eligió un total de 2,681 impartidores de justicia, distribuidos en 881 cargos federales y 1,800 locales en 19 entidades federativas. Para el Poder Judicial de la Federación, se sometieron a votación 137 cargos clave en esta primera fase:  

9 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que representa el 100% de estos cargos.

5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cubriendo el 100% de estas posiciones.

2 Magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), equivalente al 28% de estos cargos.

15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, es decir, el 100% de estas posiciones.

464 Magistraturas de Circuito.

386 Jueces de Distrito.

Descripción del Proceso de Votación y las Boletas

El proceso de votación fue notablemente complejo, requiriendo que los ciudadanos manejaran un sistema de seis boletas de diferentes colores, cada una destinada a distintos cargos. Las boletas se presentaron en dos tamaños y se diferenciaron por colores: azul, rosa, verde, amarilla, salmón y morada, según la candidatura correspondiente.  

Los candidatos se organizaron alfabéticamente y se separaron por género, con las candidatas mujeres en el lado izquierdo y los candidatos hombres en el derecho. Para emitir el voto, los electores debían escribir el número que precedía al nombre de su candidato preferido en los recuadros en blanco dispuestos en las boletas. Esta particularidad en el formato y la cantidad de boletas hicieron que el proceso de votación fuera distinto y más intrincado que en elecciones anteriores.  

La jornada electoral se desarrolló de manera ininterrumpida desde las 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas (hora del Centro de México) del 1 de junio de 2025. Puntualmente, a las 18:00 horas, las casillas instaladas en todo el territorio nacional concluyeron sus operaciones, dando inicio a los cómputos distritales.  

Incidentes Nacionales

La jornada del 1 de junio, aunque histórica, se caracterizó por una operación logística masiva y la gestión de diversos incidentes a nivel nacional.

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una alta tasa de instalación de casillas a lo largo del día, lo que refleja un esfuerzo logístico considerable. A las 08:40 horas (CST), se había instalado el 20.7% de las 84,000 casillas previstas (17,429). Este porcentaje ascendió a 41.7% (35,043 casillas) para las 09:10 horas , alcanzando el 50% a las 09:52 horas  y un 95.18% para las 11:41 horas. Finalmente, el INE confirmó que el 99.9% de las casillas a nivel nacional fueron instaladas y se encontraban operando, lo que denota una operación logística exitosa.  

A pesar de la alta tasa de instalación, la jornada no estuvo exenta de incidentes. El INE informó un total de 1,041 incidentes a nivel nacional hasta las 14:00 horas. Los más significativos incluyeron 16 casillas que no pudieron ser instaladas debido a actos de violencia y la ausencia de funcionarios, particularmente en el estado de Chiapas. Otros problemas localizados se manifestaron en retrasos y largas filas en algunas casillas, como la reportada en Iztapalapa, Ciudad de México.  

La capacidad de respuesta del INE fue evidente en la gestión de estos incidentes. De los 1,041 reportes recibidos, 856 fueron resueltos satisfactoriamente por la autoridad electoral hasta las 14:00 horas. Este alto índice de resolución indica la existencia de mecanismos efectivos para abordar los desafíos operativos durante la jornada electoral, lo que impidió que la mayoría de los problemas escalaran a interrupciones generalizadas.  

La cifra de más de mil incidentes reportados, con una alta tasa de resolución, sugiere que la jornada electoral fue dinámica, pero, en última instancia, manejada con eficacia. Este panorama se alinea con la evaluación general del INE de un proceso “ordenado”, lo que implica que, si bien surgieron numerosas cuestiones menores o localizadas, la autoridad electoral demostró mecanismos efectivos para su resolución.

Esto evitó que tales problemas se convirtieran en una disrupción generalizada, aunque la violencia específica en Chiapas, que impidió la instalación de casillas, representa una excepción notable y un punto de preocupación persistente. La alta cantidad de incidentes reportados inicialmente podría dar la impresión de un caos generalizado.

Sin embargo, el detalle crucial es que una mayoría significativa de estos (856) fueron resueltos. Esto demuestra que los protocolos operativos y los mecanismos de respuesta del INE fueron, en gran medida, eficaces para mitigar las interrupciones.

Lo destacado

Los candidatos seleccionados poseen, en promedio, una experiencia considerablemente menor. Se observa una diferencia de 20 años de experiencia en comparación con los jueces salientes y de 18 años si se les compara con los jueces de carrera que también se postularon.  

En cuanto a la formación académica, solo el 48% de los candidatos cuenta con un título de posgrado, un contraste marcado con el 63% de los juzgadores salientes que poseen este nivel de estudios. Si bien los candidatos a las altas cortes (SCJN, TEPJF, TDJ) muestran porcentajes más elevados de posgrado (74%, 69% y 53% respectivamente), la tendencia general indica una disminución en las cualificaciones académicas del conjunto de los nuevos impartidores de justicia.  

Una gran mayoría de los aspirantes (68%) provino de fuera del Poder Judicial de la Federación (PJF). Entre aquellos que sí pertenecían al PJF, la mayor parte (67%) eran secretarios de juzgado o tribunal, y no jueces o magistrados de carrera. Específicamente, solo el 12% de los candidatos a la Sala Superior del TEPJF provenía de la carrera judicial.  

La considerable reducción en la experiencia promedio y en el nivel de estudios de posgrado entre los jueces electos, sumada a la significativa afluencia de individuos ajenos a la trayectoria judicial tradicional, representa un riesgo sustancial para la capacidad institucional y la calidad del poder judicial mexicano.

Esta “pronunciada curva de aprendizaje” para una cohorte tan numerosa de nuevos jueces podría derivar en un periodo de menor eficiencia, inconsistencia jurisprudencial y una potencial erosión de la confianza pública en la competencia del sistema judicial. Tal escenario podría, paradójicamente, socavar el objetivo declarado de la reforma de lograr una justicia más efectiva y democrática.

La competencia y eficiencia judicial se construyen, típicamente, sobre una vasta experiencia, una educación legal especializada y un profundo conocimiento de los procesos y precedentes judiciales.

El reemplazo a gran escala de jueces experimentados por individuos con significativamente menos experiencia y menores cualificaciones de posgrado, en particular aquellos que carecen de una trayectoria judicial tradicional, podría llevar a una disminución en la calidad general y la consistencia de la jurisprudencia.

La “pronunciada curva de aprendizaje” para una cohorte entrante tan grande implica que los nuevos jueces requerirán un tiempo considerable para alcanzar una competencia óptima, lo que podría resultar en un aumento de los casos pendientes, decisiones inconsistentes y una capacidad disminuida para manejar asuntos legales complejos.

Esto desafía directamente el objetivo declarado de mejorar la justicia y podría llevar a una pérdida de confianza pública en la capacidad del sistema judicial para ofrecer resultados justos, oportunos y competentes, socavando así las aspiraciones democráticas de la reforma.

La reforma judicial que dio origen a esta elección ha sido objeto de una intensa controversia. Los críticos argumentan que su implementación politizará la justicia, poniendo en riesgo el derecho fundamental a una justicia imparcial en una democracia. Se enfatiza que el papel de un juzgador es representar la ley y su aplicación, no a la población.  

La delincuencia al acecho

Una de las preocupaciones más serias es el potencial de que el crimen organizado influya o infiltre el poder judicial, dado que algunos aspirantes tenían vínculos con investigaciones abiertas o habían defendido a delincuentes conocidos.

El proceso de selección de candidaturas también fue fuertemente cuestionado, con señalamientos de que las leyes se aprobaron con celeridad, no se cumplieron los requisitos para la designación de candidatos y el número de aspirantes se redujo mediante sorteos.

El sistema de postulación de candidatos por comités evaluadores de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), aunque aparentemente diverso, generó inquietudes sobre la posible captura política, especialmente porque los poderes Ejecutivo y Legislativo a menudo están alineados con el partido en el poder.  

El sistema de nominación de candidatos por las tres ramas del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) busca, en teoría, promover una representación amplia. Sin embargo, dada la alineación política frecuente del Ejecutivo y el Legislativo con el partido gobernante, surge una preocupación significativa sobre la posible captura política del poder judicial.

Este mecanismo, lejos de garantizar la independencia, podría resultar en la preselección de candidatos afines a la agenda política dominante, socavando así la separación de poderes y la imparcialidad de la justicia. Mientras un proceso de nominación multipartidista podría parecer que fomenta una reserva diversa de candidatos, la realidad práctica del panorama político mexicano, donde las ramas Ejecutiva y Legislativa están a menudo controladas por el mismo partido político, introduce un riesgo considerable.

Si la mayoría de los candidatos son propuestos por poderes políticamente alineados, el Poder Judicial resultante, a pesar de ser elegido popularmente, podría ser percibido como una extensión de la agenda del partido gobernante en lugar de un contrapeso independiente al poder gubernamental. Esto desafía directamente el principio fundamental de la independencia judicial, que es crucial para mantener el estado de derecho y asegurar una justicia imparcial en un sistema democrático.

Riesgo de fraude

Otra preocupación procedimental relevante fue la decisión de que los votos no serían contados en las casillas de votación, como es la práctica habitual, sino que serían trasladados a las juntas distritales. Esta desviación de la norma podría alimentar la desconfianza pública en la integridad del proceso.  

El cambio procedimental en el conteo de votos, donde las boletas se trasladan a juntas distritales en lugar de ser contadas en las casillas, introduce un punto potencial de vulnerabilidad y desconfianza. Esta desviación de la práctica habitual, particularmente en una elección tan controvertida, podría exacerbar el escepticismo público respecto a la integridad electoral, independientemente de las medidas de transparencia implementadas.

La confianza pública en la integridad de un proceso electoral depende en gran medida de la transparencia, especialmente en el punto de recuento de votos. La decisión de trasladar las boletas de las casillas (donde se emiten) a las juntas distritales para su conteo, apartándose de la práctica estándar, genera una percepción de falta de supervisión inmediata.

En una elección altamente politizada y controvertida, esta alteración procedimental, incluso si se implementa con protocolos de seguridad, puede convertirse en un terreno fértil para acusaciones de manipulación o fraude, socavando así la legitimidad percibida de los resultados y alimentando la desconfianza pública, independientemente de la imparcialidad real del proceso.

Cómo nos ven

La elección también recibió críticas de diversos sectores, incluyendo académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales. Estados Unidos y Canadá, socios comerciales clave de México, advirtieron que la politización de la justicia podría contravenir tratados regionales e incrementar la inseguridad jurídica, lo que a su vez podría afectar las inversiones. Como muestra de esta preocupación internacional, el peso mexicano experimentó una caída tras la aprobación de la reforma judicial.  

Las advertencias de socios internacionales clave (Estados Unidos y Canadá) y la reacción negativa del mercado (caída del peso mexicano) subrayan la percepción externa de la reforma judicial como una amenaza para la certeza jurídica y el clima de inversión.

Esto sugiere que los objetivos políticos internos de la reforma podrían tener un costo significativo para la posición internacional y la estabilidad económica de México, creando una tensión entre la soberanía nacional en la reforma y la integración económica global. Las advertencias internacionales de importantes socios económicos y las reacciones negativas inmediatas del mercado (como la depreciación de la moneda nacional) no son meras críticas simbólicas, sino indicadores tangibles de riesgos percibidos.

Una disminución de la certeza jurídica, derivada de preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad judicial, impacta directamente la inversión extranjera directa, las relaciones comerciales y la confianza económica general. Esto implica que, si bien la reforma judicial se enmarca como un ejercicio de soberanía nacional y avance democrático, su implementación conlleva importantes repercusiones geopolíticas y económicas.

Estas presiones externas podrían limitar el futuro desarrollo económico de México y su capacidad para atraer y retener capital internacional, creando una compleja disyuntiva entre los objetivos políticos internos y la integración económica global.

Veda Electoral y Medidas Adicionales

Para garantizar un periodo de reflexión sin interferencias, se implementó una “veda electoral” del 29 al 31 de mayo, durante la cual se prohibió la difusión de propaganda, resultados de encuestas o sondeos de opinión. El INE actuó contra la propagación de “acordeones” (guías de voto) a través de sitios web como vota.sireson.com, calificándolos como propaganda prohibida e inducción al voto.  

La aparición de “acordeones” y la orden del INE para su eliminación revelan una vulnerabilidad crítica en el entorno informativo de esta elección sin precedentes: la ausencia de la promoción partidista tradicional, combinada con un desconocimiento generalizado de los candidatos, creó un vacío que fue explotado por guías informales o ilícitas.

Esto pone de manifiesto el desafío de asegurar una elección informada y prevenir influencias indebidas cuando el panorama electoral se altera fundamentalmente. En un sistema electoral tradicional, los partidos políticos desempeñan un papel importante en la información a los votantes sobre los candidatos y sus plataformas.

Sin embargo, al estar prohibido que los partidos promocionaran a los candidatos judiciales en esta elección única, y dada la gran cantidad y relativa oscuridad de los candidatos, surgió un vacío de conocimiento para el electorado. Los “acordeones” llenaron este vacío, pero de una manera que podría ser sesgada, engañosa o diseñada para inducir votos específicos.

La intervención del INE, aunque necesaria para mantener la integridad electoral, subraya la dificultad inherente de proporcionar información neutral y completa a los votantes en un contexto electoral tan novedoso y complejo, lo que podría llevar a una situación en la que los votos se emitan basándose en información limitada, informal o potencialmente manipuladora, en lugar de una comprensión exhaustiva.

Adicionalmente, se aplicó la “Ley Seca” en diversos estados y municipios, prohibiendo la venta de alcohol, con horarios específicos que variaron por localidad. Los empleadores tuvieron la obligación de permitir a sus empleados ejercer su derecho al voto, independientemente de si el día se clasificaba como día de descanso obligatorio. Como incentivo a la participación, la cadena Oxxo ofreció café americano mediano gratuito a quienes demostraran haber votado, una iniciativa promovida por el INE en acuerdo con Fomento Económico Mexicano (Femsa).  

Reacciones y Posturas

Las reacciones a la jornada electoral fueron marcadamente polarizadas. Altos funcionarios del partido gobernante, Morena, y la propia presidenta, elogiaron la elección como una “hazaña” democrática y un avance hacia una mayor rendición de cuentas dentro del sistema judicial.

En contraste, partidos de oposición, como el PRI, rechazaron explícitamente la elección, tildándola de “farsa” y denunciando la “demolición del México de instituciones y de leyes”, optando por no participar para no legitimar el proceso.  

Las reacciones fuertemente polarizadas del partido gobernante (que celebra una “hazaña” democrática) y de la oposición (que denuncia una “farsa”) ponen de manifiesto la profunda división política en torno a la reforma judicial. Este desacuerdo fundamental sobre la legitimidad del proceso sugiere que la elección, lejos de unificar, podría exacerbar la polarización política, lo que podría afectar la confianza pública en el poder judicial recién elegido y en el sistema democrático en general.

Cuando la legitimidad de un proceso electoral fundamental es impugnada por actores políticos importantes, puede conducir a una profunda crisis de confianza en las instituciones que crea. Si un segmento significativo de la población se alinea con la opinión de la oposición de que la elección es una “farsa” o un ataque a las instituciones, los jueces recién elegidos podrían tener dificultades para obtener una amplia confianza y aceptación pública, independientemente de su mandato legal.

Esta profunda polarización política podría traducirse en batallas políticas continuas sobre las decisiones judiciales, socavar la estabilidad del estado de derecho y, potencialmente, fragmentar la percepción pública de todo el sistema democrático, lo que haría más difícil la gobernanza efectiva.

Cómputos y Próximos Pasos

La complejidad de la elección de personas juzgadoras se extiende también al proceso de cómputo de votos, que se desarrollará en varias etapas.

Cómputos Distritales: Iniciaron el 1 de junio de 2025 a las 18:00 horas (CST) y están programados para concluir a más tardar el 10 de junio de 2025 en los Consejos Distritales.  

Cómputos Estatales: Se llevarán a cabo el 12 de junio de 2025 en los Consejos Locales de cada estado.  

Cómputos de Circunscripción Plurinominal (Salas Regionales del TEPJF): También están previstos para el 12 de junio de 2025 en los Consejos Locales cabeceras de circunscripción.  

Cómputo Nacional (sumatoria total): Los resultados definitivos a nivel nacional serán anunciados por el Consejo General del INE el 15 de junio de 2025.  

Expectativas sobre los Resultados Preliminares y Finales

El INE anticipó la difusión de resultados preliminares de participación hacia las 23:00 horas del 1 de junio. No obstante, el conteo final de votos es un proceso más extenso debido a la complejidad inherente a esta elección sin precedentes.  

El prolongado periodo para el cómputo de votos, que culminará con los resultados definitivos el 15 de junio, refleja la complejidad intrínseca de esta elección inédita, caracterizada por múltiples boletas, numerosos candidatos y nuevos procedimientos de conteo.

Esta extensión en el cronograma, aunque necesaria para garantizar la precisión, podría prolongar la incertidumbre pública y propiciar la especulación, lo que podría afectar la percepción de legitimidad de los resultados si no se maneja con la máxima transparencia.

En una elección altamente escrutada y controvertida, la rapidez y transparencia de los resultados son primordiales para mantener la confianza pública. Un proceso de conteo multifase y extendido, si bien es procedimentalmente sólido y necesario para la precisión dada la complejidad de la elección (por ejemplo, numerosos cargos, boletas variadas, nuevos protocolos de conteo), crea inherentemente un período prolongado de incertidumbre pública. Este cronograma extendido puede convertirse en un caldo de cultivo para rumores, acusaciones y ansiedad, especialmente dadas las preocupaciones preexistentes sobre los procedimientos de conteo de votos (por ejemplo, el traslado de boletas).

Por lo tanto, la gestión de la comunicación y la transparencia por parte del INE durante este período será fundamental para garantizar que los resultados definitivos sean ampliamente aceptados como legítimos, salvaguardando así la integridad del resultado electoral.

Balance General de la Jornada Electoral

La elección fue un acontecimiento sin precedentes a nivel mundial por su escala y la naturaleza popular de la elección judicial. Desde el punto de vista operativo, el INE demostró una capacidad logística considerable, logrando la instalación de casi la totalidad de las casillas (99.9%). Aunque se reportaron más de mil incidentes, la mayoría fueron resueltos, lo que sugiere una administración electoral eficaz. Sin embargo, la violencia localizada en Chiapas que impidió la instalación de algunas casillas sigue siendo una preocupación latente.  

No obstante, la jornada estuvo marcada por controversias y desafíos subyacentes. La baja participación electoral proyectada (estimaciones entre 5% y 20% de los 100 millones de electores, en contraste con el 61% en las últimas presidenciales), sumada a un generalizado desconocimiento de los candidatos y la proliferación de “acordeones”, plantea interrogantes sobre la legitimidad democrática y la calidad del voto informado. El análisis académico que señala una disminución significativa en la experiencia y la formación de posgrado de los candidatos en comparación con los jueces salientes sugiere un potencial impacto a largo plazo en la competencia judicial y la capacidad institucional.  

Implicaciones

A corto plazo: Las implicaciones inmediatas incluyen una “pronunciada curva de aprendizaje” para la numerosa cohorte de nuevos jueces, que poseen, en promedio, menos experiencia. Esto podría generar ineficiencias iniciales y retrasos, exacerbados por la herencia de aproximadamente 8,000 asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta formidable carga operativa podría obstaculizar significativamente la eficiencia de la administración de justicia. El considerable rezago, combinado con la menor experiencia y formación documentada de los jueces entrantes, sugiere una alta probabilidad de prolongados retrasos judiciales y una posible disminución en la calidad de la jurisprudencia, impactando directamente la certeza jurídica y el acceso público a una justicia oportuna.

La herencia de 8,000 casos pendientes representa una carga operativa masiva para la Suprema Corte entrante. Si los jueces recién elegidos poseen, en promedio, menos experiencia y formación que sus predecesores, como indican los análisis académicos, su capacidad para procesar eficientemente este rezago es cuestionable.

Esto podría llevar a mayores demoras en la resolución de disputas legales, afectando el acceso de los ciudadanos a una justicia oportuna y erosionando potencialmente la confianza en la capacidad del sistema judicial para ofrecer resultados efectivos. Tal escenario también podría afectar la certeza jurídica, crucial tanto para los derechos individuales como para la estabilidad económica, creando así un desafío práctico que podría eclipsar las aspiraciones democráticas de la reforma y conducir a fallas percibidas en el desempeño judicial.  

A largo plazo: La reforma podría alterar fundamentalmente el equilibrio de poderes en México, llevando a un poder judicial percibido como más alineado políticamente con las ramas ejecutiva y legislativa, en lugar de un contrapeso independiente.

Este cambio, sumado a las preocupaciones expresadas por socios internacionales sobre la inseguridad jurídica y el clima de inversión, podría tener efectos duraderos en el estado de derecho en México, su estabilidad económica y su posición internacional. La naturaleza escalonada de la reforma, que concluirá en 2027, implica un periodo prolongado de transición judicial y de incertidumbre institucional. La elección del 1 de junio de 2025, por tanto, no es solo un evento electoral, sino el inicio de una profunda reconfiguración del sistema de justicia mexicano, cuyas consecuencias se desplegarán en los próximos años.