Sí existe lista de investigados; 4 gobernadores en la mira de la DEA
De acuerdo a la fuente, junto con los cuatro gobernadores bajo investigación también están siendo auscultados criminalmente otras 42 personas, las que tienen como factor común ser parte importante de la élite gobernante mexicana que ascendió al poder como parte del movimiento de la Cuarta Transformación.
Por. J. Jesús Lemus
Es un hecho, por lo menos cuatro gobernadores emanados de Morena, cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum, están siendo investigados por diversas agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se sospecha de sus posibles vínculos con organizaciones criminales clasificadas como terroristas.
Los cuatro gobernadores, tres hombres y una mujer, están siendo investigados desde hace por lo menos un año, dijo una fuente del Departamento de Justicia de Estados, quien confirmó para Grupo Sol que esos cuatro no serían los únicos funcionarios mexicanos bajo la lupa de la justicia norteamericana.
De acuerdo a la fuente, junto con los cuatro gobernadores bajo investigación también están siendo auscultados criminalmente otras 42 personas, las que tienen como factor común ser parte importante de la élite gobernante mexicana que ascendió al poder como parte del movimiento de la Cuarta Transformación.
Los cuatro gobernadores que se mencionan dentro de una amplia investigación judicial, que se lleva a cabo en coordinación con agentes de las agencias antidrogas (DEA), del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), están bajo sospecha de ser parte de la estructura de organizaciones criminales que trasiegan drogas hacia Estados Unidos.
Los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, son los cuatro ejecutivo estatales que se mencionan bajo sospecha de diversos delitos relacionados al tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo en agravio del pueblo y gobierno de Estados Unidos.
De esta investigación judicial en Estados Unidos, oficialmente no se ha informado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en las esferas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya se sabe sobre esas pesquisas. Por eso, allí, de acuerdo a fuentes de inteligencia federal, también se está llevando a cabo una investigación paralela, sobre los citados cuatro gobernadores.
La investigación que realiza el CNI sobre Alfonso Durazo Montaño, Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla y Marina del Pilar Ávila Olmeda, tiene como objetivo “anticipar un plan de control de daños, ante cualquier escenario que podría plantear el gobierno de Estados Unidos, una vez que concluya sus propias investigaciones”, dijo una fuente del CNI.
El origen de las investigaciones de EUA
Las investigaciones sobre las posibles relaciones con el narco de al menos cuatro gobernadores mexicanos, no han surgido de la nada. Dichas pesquisas derivan de declaraciones obtenidas por parte del gobierno norteamericano a partir de deposos de algunos criminales que han solicitado ser testigos protegidos para evitar largas cadenas carcelarias.
Aun cuando oficialmente no se conoce quienes son los narcotraficantes que han referido las relaciones de corrupción entre actuales funcionarios públicos mexicanos y algunos líderes del narco, en la mayoría de los casos se sospecha de personajes como Ismael Zambada García u Ovidio Guzmán López.
Tanto Ismael Zambada García como Ovidio Guzmán López, hasta el cierre de esta edición, han tratado de seducir con sus historias criminales -mencionando nombres y hechos delictivos- a funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía General de Estados Unidos, a fin de que cedan a la consideración de testigos protegidos.
Otros narcotraficantes, entre ellos Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”; Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”; Jesús Méndez Vargas, “El Chango”; José Ángel Canobbio Inzunza, “El 90”; Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato”, y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, también han contribuido con sus declaraciones que incriminan a diversos funcionarios públicos ahora bajo investigación.
Los investigados y sus acusadores
Al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le sobran los acusadores. Su nombre ha salido a flote en diversas declaraciones criminales, tanto de Joaquín Guzmán López, como de su hermano Ovidio Guzmán López y de Ismael Zambada García. Los tres han coincidido en señar a Rocha como un operador político del Cártel de Sinaloa.
Tanto los hermanos Guzmán López como Ismael Zambada ha señalado que el gobernador Rubén Rocha estaba al servicio del Cártel de Sinaloa, que era operador financiero de esa organización criminal y que fue financiado por el cártel para escalar políticamente, convirtiéndose en un aliado desde el poder.
Al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla lo acusa una declaración de Jesús Méndez Vargas, el que fuera uno de los fundadores de la Familia Michoacana. En su deposo “El Chango Méndez” refiere que la Familia Michoacana ayudo a Ramírez Bedolla a ganar las elecciones para gobernador. Habla de financiamiento a la campaña del morenista cuando aspiraba a la gubernatura de Michoacán.
Ramírez Bedolla, de acuerdo a la declaración que ha dado Jesús Méndez Vargas a la Fiscalía de Estados Unidos, pese a que fue financiado por la Familia Michoacana, una vez que llegó al poder y se estableció como máxima autoridad de Michoacán, traicionó la alianza con la Familia Michoacana y se alió con el Cartel Jalisco Nueva Generación, cártel al que le habría entregado el control de la seguridad de todo el estado.
Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora, es investigado por el gobierno norteamericano con base en las declaraciones que habría dado José Bibiano Cabrera, “El Durango”, quien fue jefe de plaza de Los Chapitos en Altar, Sonora, y quien habría señalado haber operado bajo la protección del propio gobernador de Sonora.
Según “El Durango”, el gobernador Alfonso Durazo era parte de la estructura del Estado que protegió al Cartel de Los Chapitos, eso durante el tiempo que Durazo Montaño fue secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de López Obrador.
En ese tiempo, según la versión del narcotraficante José Bibiano Cabrera, Alfonso Durazo también habría protegido al Cártel de los Salazar, una organización criminal que mantiene el control de la seguridad en la zona limítrofe de Sonora y Chihuahua, en donde se hacen cargo de la extorsión y venta de servicios de seguridad al sector minero.
Finalmente, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es indiciada por una declaración del narcotraficante Héctor Eduardo Infante, líder fundador de la pandilla “Los Infantes, quién asegura haber recibido protección del gobierno estatal, para sus operaciones criminales en la zona fronteriza de Baja California.
A esta declaración se suman los actos de lavado de dinero, cometidos por Carlos Torres, el esposo de la gobernadora, quien, en alianza con células delictivas al servicio del Cártel de los Hermanos Arellano Félix, pudo fincar un imperio criminal en torno al negocio de los bienes raíces.
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