Fiscalía de EUA procesa judicialmente a mil 150 inmigrantes
El Distrito Oeste de Texas presentó 410 nuevos casos penales relacionados con inmigración. Entre ellos, el ciudadano mexicano Albert Sánchez-Jaimes fue acusado de reingreso ilegal en Austin. Sánchez-Jaimes fue detenido en la Cárcel del Condado de Burnet, donde fue fichado por presuntos cargos de navegación en estado de ebriedad y posesión de marihuana.
Por. J. Jesús Lemus
La semana pasada, los fiscales de Arizona, el sur de California, Nuevo México, el sur de Texas y el oeste de Texas acusaron a más de 1,150 personas de violaciones criminales de las leyes de inmigración de Estados Unidos.
El Distrito Sur de Texas presentó un total de 202 casos relacionados con inmigración y seguridad fronteriza. Los casos presentados incluyen siete relacionados con tráfico de personas. Un total de 129 personas están acusadas de ingresar ilegalmente al país, mientras que otras 63 enfrentan cargos por reingreso ilegal tras una deportación previa.
La mayoría de estas personas tienen antecedentes penales como narcóticos, delitos violentos, delitos migratorios y más. Otros casos relevantes imputados esta semana se relacionan con otros delitos migratorios.
Una de las personas acusadas esta semana es Luis Humberto González-Sánchez, quien fue arrestado por presuntamente albergar a 16 inmigrantes indocumentados en su casa en Mercedes. La denuncia penal alega que albergó a más de 100 inmigrantes en los últimos seis meses, por los cuales recibió un pago de $150 dólares por cada uno. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión.
El Distrito Oeste de Texas presentó 410 nuevos casos penales relacionados con inmigración. Entre ellos, el ciudadano mexicano Albert Sánchez-Jaimes fue acusado de reingreso ilegal en Austin. Sánchez-Jaimes fue detenido en la Cárcel del Condado de Burnet, donde fue fichado por presuntos cargos de navegación en estado de ebriedad y posesión de marihuana.
Sánchez-Jaimes cuenta con un extenso historial migratorio y penal que incluye cuatro deportaciones previas, una condena por conducta mortal en 2020, múltiples condenas por agresión a un familiar y dos condenas previas por reingreso ilegal.
En Waco, el Equipo de Operaciones contra Fugitivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al ciudadano mexicano Daniel Edgar Pérez-Cortez el 5 de junio como resultado de una investigación derivada de una remisión de Crime Stoppers de Waco.
Pérez-Cortez tiene una condena previa por reingreso ilegal en 2024, así como condenas por conducir en estado de ebriedad y posesión de armas prohibidas, y una condena por conducta mortal al disparar un arma de fuego. Ahora está acusado a nivel federal de reingreso ilegal y, si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión.
El Distrito de Arizona presentó cargos penales relacionados con la inmigración contra 199 personas. En concreto, Estados Unidos presentó 74 casos de reingreso ilegal de extranjeros al país, y también acusó a 104 extranjeros por entrar ilegalmente al país.
En su esfuerzo continuo por disuadir la inmigración ilegal, Estados Unidos presentó 18 casos contra 20 personas responsables del tráfico de inmigrantes ilegales hacia y dentro del Distrito de Arizona. La protección de los agentes del orden es fundamental en la vigilancia fronteriza, y los fiscales federales también acusaron a una persona por agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza.
El Distrito Sur de California presentó 131 casos relacionados con la frontera esta semana, incluyendo cargos de agresión a un agente federal, ingreso de extranjeros con fines de lucro, reingreso a Estados Unidos tras la deportación e importación de sustancias controladas.
Un ejemplo de los arrestos relacionados con la frontera esta semana: El 31 de mayo de 2025, Brenda Esmeralda Sánchez y Marlen Yamille Salmoran, ciudadanas estadounidenses, fueron arrestadas y acusadas de Falsa Personalidad en Asuntos de Inmigración y Robo de Identidad Agravado.
Según una denuncia, Sánchez y su hija adulta, Salmoran, intentaron cruzar la frontera en el puerto de entrada de San Ysidro con un menor indocumentado no acompañado procedente de México, presentando a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza un certificado de nacimiento estadounidense auténtico perteneciente al hijo de Sánchez.
Sánchez tiene dos arrestos previos por tráfico de inmigrantes. El 31 de mayo, Ricardo Cuevas Díaz y Luis Armando Bojorquez Cazarez, ciudadanos mexicanos con tarjetas de cruce fronterizo, fueron arrestados y acusados de Importación de una Sustancia Controlada.
Según una denuncia, cuando los dos hombres intentaron cruzar la frontera en el puerto de entrada de Otay Mesa, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron 128 paquetes que contenían 133 libras de metanfetamina ocultas en el filtro de aire, el cortafuegos, el techo, los paneles laterales y la caja trasera del vehículo.
El Distrito de Nuevo México presentó 211 cargos criminales relacionados con asuntos de inmigración y seguridad fronteriza. los siguientes cargos criminales: 67 personas fueron acusadas esta semana de reingreso ilegal después de la deportación (8 USC 1326), 5 personas fueron acusadas esta semana de tráfico de extranjeros (8 USC 1324).
Otras 50 personas fueron acusadas esta semana de entrada ilegal (8 USC 1325) y 88 personas fueron acusadas esta semana de entrada ilegal (8 USC 1325), violación de una regulación de seguridad militar (50 USC 797) e ingreso a propiedad militar, naval o de la Guardia Costera (18 USC 1382), que surgen del Área de Defensa Nacional recientemente establecida en Nuevo México.
Las acciones anteriores son parte del programa Operación “Recuperemos América”, que optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindarios Seguros (PSN).
No se debe olvida que desde la investidura del presidente Trump, el Departamento de Justicia ha desempeñado un papel crucial en la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.
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