En EU investigados, en México el PJF protegió a los Magistrados que liberaron a Caro Quintero
A estos tres Magistrados se les inició una investigación que en la DEA no ha sido declarada concluida, la que tiene que ver con las razones por las que estos Juzgadores dictaron auto de libertad a favor de Rafael Caro Quintero, quien está señalado por el gobierno norteamericano de ser el responsable del asesinato del agente antinarcóticos estadunidense Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y el piloto del gobierno mexicano Alfredo Zavala Avelar.
jEFE DE NARCOS
Por. J. Jesús Lemus
Son muchos los casos de Jueces y Magistrados que al menos han quedado registrados en expedientes de investigación por corrupción dentro del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, pero que en México ni siquiera han causado algún tipo de escozor en la gruesa piel de los altos mandos del Poder Judicial Federal.
De entre esos casos destaca la investigación que la DEA integró sobre los tres miembros del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el estado de Jalisco, los Magistrados Rosalía Isabel Moreno Ruiz, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos.
A estos tres Magistrados se les inició una investigación que en la DEA no ha sido declarada concluida, la que tiene que ver con las razones por las que estos Juzgadores dictaron auto de libertad a favor de Rafael Caro Quintero, quien está señalado por el gobierno norteamericano de ser el responsable del asesinato del agente antinarcóticos estadunidense Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y el piloto del gobierno mexicano Alfredo Zavala Avelar, quienes fue asesinados, presuntamente por órdenes de Rafael Caro Quintero en colusión con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Feliz Gallardo, el 7 de febrero de 1985, en la Ciudad de Guadalajara.
Por esa acusación, Rafael Caro Quintero, el fundador del Cartel de Guadalajara, estuvo recluido en la cárcel durante 28 años, la mayor parte de esos años estuvo recluido en prisiones de máxima seguridad.
La libertad del icónico líder del narcotráfico en México se dio en la madrugada del sábado 8 de agosto del 2013. Rafael Caro fue puesto en libertad luego de resolverse un amparo que fue atendido por los tres Magistrados referidos, en donde la encargada de elaborar el proyecto de sentencia fue la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz, la que consideró que se violentaron las garantías al debido proceso de Rafal Caro, al ser procesado penalmente ante un juzgado federal, cuando debió haber sido enjuiciado en un juzgado del fuero común.
Según el razonamiento de la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz, por el solo hecho de que la víctima de homicidio, Enrique Camarena Salazar, aun cuando era agente de la DEA y no fue acreditado como agente diplomático, el caso de su homicidio no debió haber sido llevado por un juzgado federal.
Por eso le dio la protección de la justicia a Rafael Caro y por eso este quedó en libertad. La liberación del capo del narcotráfico se hizo en la madrugada de un sábado para evitar que el gobierno federal pudiera reaccionar en forma inmediata a través de la interposición de algún recurso legal.
Por eso, con el aval de los tres Magistrados que, por lo menos actuaron dolosamente, se le dejó literalmente escapar por la puerta principal a uno de los más importantes jefes del narcotráfico moderno de Mexico.
Aun cuando en Estados Unidos causó al menos preocupación que la liberación de Rafael Caro Quintero fuera producto de la corrupción judicial reconocida en México, dentro del Consejo de la Judicatura Federal el hecho no levantó ni la menor de las polémicas:
Los tres Magistrados siguieron trabajando en forma normal, dentro de sus encomiendas como Juzgadores de alzada. Nadie investigó el comportamiento económico de los tres Magistrados, ni tampoco nadie les pidió cuentas éticas por la sentencia de liberación hacía el campo históricamente más importante dentro del narcotráfico mexicano.
En una respuesta pública emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, la numero 0320000137721, relacionada con el cuestionamiento sobre si los citados magistrados habían sido investigados internamente por corrupción tras la liberación de Rafael Caro Quintero, se estableció que esa información había sido calificada como confidencial.
Además, en esa misma respuesta oficial se estableció que los Magistrados Rosalía Isabel Moreno Ruiz, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos causaron baja al cargo de Magistrados de Circuito, sin dar mayor explicación.
Se dio a conocer que la Magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz se jubiló de su cargo en el 2018, que el Magistrado José Félix Dávalos solicitó anticipadamente su jubilación a causa de invalidez, y que el Magistrado Lucio Lira Martínez se retiró un año después de la polémica sentencia, dejando su cargo en el 2014.
Sus declaraciones patrimoniales fueron retiradas de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por su parte Rafael Caro pudo al menos gozar de un periodo de libertad.
El 15 de julio del 2022, luego de casi nueve años de una prematura libertad, Rafael Caro Quintero fue reaprendido en cumplimiento de la orden de extradición que atendió el gobierno mexicano de parte del gobierno de Estados Unidos.
Caro Quintero fue recluido en la cárcel federal de Almoloya, en donde hasta el cierre de este trabajo –en mayo del 2023- aún permanecía batallando contra la orden de extradición interpuesta por el gobierno de Estados Unidos para ser procesado penalmente allá, por la muerte del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
En la batalla por evitar la extradición, otra vez el Poder Judicial mexicano ya le ha favorecido; Rafael Caro Quintero logró un amparo que en forma definitiva le niega al gobierno mexicano la posibilidad de entregarlo al gobierno de Estados Unidos.
Ese amparo definitivo fue otorgado por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Abigail Ocampo Álvarez, la Juez que también es observada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque todavía sin elementos que puedan presumir actos de corrupción derivados del amparo otorgado a favor de Rafael Caro Quintero dentro del expediente de extracción 1204/2022.
La Jueza en cuestión ha llamado la atención del departamento de Justicia de Estados Unidos porque a inicios del 2023, el 19 de enero, también admitió a trámite una demanda de amparo contra la vinculación a proceso que le solicitó el presunto narcotraficante Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido con el apodo de “Tony Montana”, quien es hermano del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Pero volviendo al caso de los tres Magistrados que le dieron libertad, una libertad bajo sospecha a uno de los más importantes jefes del narcotráfico en México, y aun cuando los sospechas de actos de corrupción de los juzgadores Rosalía Moreno, Lucio Lira y José Feliz Dávalos, llegaron desde el aparato de justicia del gobierno norteamericano, en México, el asunto ni siquiera fue tratado como de importancia.
Si hubo o no corrupción, eso solo se quedó en el conocimiento de los Ministros que integraban entonces el Consejo de la Judicatura Federal. En esa misma dependencia se informó, a través de una solicitud de información respondida en el 2021, que los tres magistrados que liberaron a Rafael Caro Quintero siempre y llanamente “causaron baja del cargo de Magistrado de Circuito”.[1]
Como si no se le quisiera dar mayor importancia a ese caso, el Consejo de la Judicatura Federal que informó que los Magistrados en cuestión ya no eran parte del Poder Judicial, nunca explicó cuándo y porqué razones aquellos Magistrados dejaron de ser juzgadores.
Tampoco el Consejo de la Judicatura Federal quiso responder, siempre argumentando tecnicismo legaloides, si sobre los Magistrados que inicialmente liberaron a Rafael Caro Quintero, hubo una investigación por posibles actos de corrupción. Tampoco respondió el CJF –si es que se hubiera llevado una investigación- cuáles fueron los resultados o cuales fueron los motivos.
El Consejo de la Judicatura, solo respondió –con un evidente desprecio hacia la rendición de cuentas y la transparencia del servicio público- que “mediante la resolución dictada por el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del Procedimiento de Clasificación de Información 42/2021, dictado en sesión ordinaria 12/2021, de 08 de abril de 2021, se resolvió:”[2] declarar el rema como un asunto confidencial del Poder Judicial Federal.
La protección oficial a los citados Magistrados, que fue disfrazada de un acto de transparencia a través de la secrecía de la información, fue establecida en el Procedimiento de Clasificación de la Información dentro del expediente 42/2021,[3] en el que actuaron como cómplices del ocultamiento de la información los miembros del llamado Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, integrado por Arturo Guerrero Zazueta, en calidad de Presidente; Arely Gómez González, como Contralora del Poder Judicial de la Federación, y Adrián Valdés Quirós, Director General de Asuntos Jurídicos. Como titular de la Secretaría Técnica estaba Cecilia Georgina Arenas Cabrera.
El cese oficial de los tres Magistrados que quedaron en tela de juicio en el desempeño de sus funciones como juzgadores, sin que eso haya sido motivo para activar la actuación del Agente del Ministerio Público Federal, tuvo que ocurrir muchos años después de la liberación de Rafael Caro Quintero, registrada en agosto del 2013. Todavía en el 2017, la misma magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz se dio la oportunidad de liberar a otro gran narcotraficante; puso, mediante la vía del amparo en condición de libertad preparatoria a Ernesto Fonseca Carrillo, “Don neto”, quien junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron responsabilizados del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar.
[1] Consejo de la Judicatura Federal, Respuesta a la Solicitud de Información No. 0320000137721, Ciudad de México, 4 de marzo de 2021.
[2] Consejo de la Judicatura Federal, Respuesta a la Solicitud de Información No. 0320000137721 (Bis), Ciudad de México, 4 de marzo de 2021.
[3] Consejo de la Judicatura Federal, Procedimiento de Clasificación de la Información 42/2021, Ciudad de México, 8 de abril del 2021.
