Por. J. JesúsLemus
El negocio de la comercialización del agua se observa rentable; mientras el gobierno federal, a través de la CNA, vende cada metro cubico de agua con fines industriales a razón de 10 pesos, cada empresa puede vender el agua a la población al precio que mejor considere, tomando como base la tarifa media nacional que es de 16 pesos.[1]
Es decir, por cada metro cúbico de agua que una empresa privada pueda colocar en el mercado de su región, estaría obteniendo una utilidad de al menos 6 pesos.
Si bien es cierto que a nivel nacional el precio del agua para uso doméstico se encuentra supeditado a las legislaciones municipales, también es menester señalar que ese precio se ve empujado al alza por la presión de la demanda de agua industrial.
Asì, eso es lo que hace que las regiones más industrializadas, además de contar con una mayor carencia de agua a la comunidad, registran también los precios más elevados para los reclamantes de uso doméstico.
En León, Guanajuato, por ejemplo, el precio del agua para uso doméstico se ubica en los 29 pesos con 22 centavos por cada metro cubico; en Naucalpan, Estado de México, ese mismo volumen tiene costo para la población de 25 pesos con 35 centavos, mientras que en Atizapán, de ese mismo estado, el precio de un metro cubico de agua para consumo doméstico es de 24 pesos con 85 centavos,
mientras que en Tijuana, el costo del mismo volumen de agua para uso en el hogar es de 24 pesos con 57 centavos. En la Ciudad de México, el precio de un metro cubico de agua para uso doméstico es de 23 pesos con 48 centavos.
En el caso de que comience la privatización del agua, como lo posibilita la Ley de Aguas Nacionales. Solo por citar un ejemplo, una empresa de este sector estaría teniendo utilidades en función de la población que suministre:
En León ganaría 19 pesos con 22 centavos por cada metro cubico de agua entregado a la población, en Naucalpan, la rentabilidad sería de 15 pesos con 35 centavos, en Tijuana de 14 pesos con 57 centavos, y en la Ciudad de México, ganaría 13 pesos con 48 centavos.
Claro que no en todos los municipios del país el precio del agua es por encima de los 16 pesos por cada metro cubico, pues hay localidades como Mérida, Yucatán, en donde el precio es de 3 pesos con 90 centavos o Mexicali, Baja California, donde el precio es de 6 pesos con 30 centavos, pero en esas localidades el precio del agua privatizada no podría ser por debajo de los 10 pesos el metro cubico, que es el pago mínimo que hacen las empresas al gobierno federal, por sus concesiones.
La privatización del agua también se observa como la mejor opción para la recaudación de recursos por parte del gobierno federal, por lo que allí se pudiera encontrar otra de las razones de la inercia legislativa para entregar el recurso al sector privado, y que este lo redistribuya a la población.
De acuerdo a cifras de la CNA, en el 2017 los ingresos que mantuvo la federación por la entrega del uso y aprovechamiento industrial de las aguas nacionales fue por el orden de los 12 mil 083 millones 31 pesos, mientras que por la entrega de agua para el suministro a los núcleos poblacionales apenas se recaudó 4 mil 354 millones 810 mil pesos, lo que evidentemente no fue tan rentable para el gobierno federal, al ser casi una tercera parte de lo pagado por planta industrial.
Por esa misma razón la CNDH reconoce que el uso del agua en nuestro país es caótico, pues más allá de la mala distribución entre empresas y núcleos poblacionales, se refiere la ejecución de un uso irracional de los mantos del subsuelo, los que de manera frecuente son arrebatados a los ecosistemas y poblaciones enteras, para utilizarlo en forma industrial, esto con el aval del gobierno federal que ha tergiversado sus políticas públicas, al pasarlas del ámbito del beneficio colectivo a un entorno de beneficio para capitales particulares
A la crisis en la que se encuentra la posesión, uso y distribución del agua, también se suma el hecho de que cada vez es más difícil el acceso al agua por parte de los núcleos poblacionales, los que de manera frecuente acceden a un agua presenta problemas de sanidad, que la convierten en un riesgo para la población.
Bajo esa tesis, la CNDH reconoce la necesidad de que en nuestro país se lleve a cabo una transformación de fondo al marco jurídico establecido, “a fin de que el uso del agua se logre en forma más adecuada y proporcional para los grupos poblacionales”.
[1] CNA, Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable, 2018
