Layda quiere sepultar el periodismo libre
Lo ocurrido en Campeche no puede verse como un caso aislado. Es parte de una peligrosa normalización del autoritarismo disfrazado de legalidad. Si se permite que una gobernadora silencie a la prensa mediante jueces subordinados, ningún periodista en México estará a salvo
En un acto autoritario y profundamente alarmante, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, logró que el Poder Judicial estatal impusiera una brutal censura al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole hablar de ella y sometiéndolo a la vigilancia de un censor oficial. La orden fue dictada por la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May, quien ha actuado como brazo judicial de la represión política.
La resolución es tan escandalosa como peligrosa: ningún medio o periodista puede publicar una sola palabra, imagen u opinión sobre Sansores sin autorización previa de un interventor judicial. Es decir, el contenido debe ser aprobado por un censor nombrado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Campeche. El mensaje es claro: quien critique al poder será silenciado por la vía legal.
Esta medida representa una afrenta directa a la libertad de expresión, al derecho a la información y al ejercicio del periodismo. No es una “protección a la dignidad”, como absurdamente argumenta la jueza, sino un acto burdo de censura institucionalizada. Equiparable a las prácticas de regímenes dictatoriales, la decisión instala en México un modelo judicial de persecución mediática.
El periodista afectado no ha dudado en calificar la orden como “aberrante y violatoria” de sus derechos fundamentales, y tiene toda la razón. En décadas de historia democrática reciente no existe un antecedente tan descarado de censura previa impuesta desde un tribunal. Es un retroceso monumental que destruye la separación de poderes y convierte al Poder Judicial en un instrumento de castigo político.
Lo ocurrido en Campeche no puede verse como un caso aislado. Es parte de una peligrosa normalización del autoritarismo disfrazado de legalidad. Si se permite que una gobernadora silencie a la prensa mediante jueces subordinados, ningún periodista en México estará a salvo. Este no es sólo un ataque a un comunicador: es una amenaza directa a la libertad, al periodismo y a la democracia misma.
