Retienen a Ex Gobernador de NL en garita de EUA; vuelven a ver a gobernadores corruptos del PRI

Los agentes revisaron a fondo su documentación, el vehículo y el equipaje, en un proceso que duró aproximadamente 20–30 minutos. Pero se le sometió a un interrogatorio que se extendió por lo menos cuatro horas.  Finalmente, una vez concluidas las revisiones y el interrogatorio, y al no encontrar ninguna irregularidad, las autoridades permitieron el paso de Medina y su familia hacia Estados Unidos.

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Por. J. Jesús Lemus

El ex gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, fue retenido por la autoridad migratoria de Estados Unidos cuando -el pasado sábado 26 de julio- intentaba cruzar hacia territorio norteamericano con su familia con fines vacacionales.

La retención, que fue avisado al gobierno de México, duró por lo menos cuatro horas, mientas el exgobernador era investigado en sus antecedentes, toda vez que su nombre apareció en el sistema como un político aliado o que facilitó acciones a grupos del crimen organizado, concretamente al Cártel de Los Zetas.

De acuerdo con la versión oficial emitida al gobierno mexicano (a la Secretaría de Seguridad) por parte del Departamento de Estados de Estados Unidos, la retención de Rodrigo Medina ocurrió en el Puente Internacional Los Indios, que une Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.

Según los reportes, Medina viajaba con fines vacacionales junto a su familia cuando al llegar a la caseta de ingreso fue sometido a una inspección exhaustiva de rutina por parte de la CBP estadounidense.

Los agentes revisaron a fondo su documentación, el vehículo y el equipaje, en un proceso que duró aproximadamente 20–30 minutos. Pero se le sometió a un interrogatorio que se extendió por lo menos cuatro horas.  Finalmente, una vez concluidas las revisiones y el interrogatorio, y al no encontrar ninguna irregularidad, las autoridades permitieron el paso de Medina y su familia hacia Estados Unidos.

Quién es Rodrigo Medina

Rodrigo Medina de la Cruz (Monterrey, 1972) es abogado y político del PRI. Fue diputado federal y secretario general de Gobierno de Nuevo León, y ejerció la gubernatura estatal entre 2009 y 2015.  

Asumió el cargo con sólo 36 años, siendo uno de los gobernadores más jóvenes de México en esa época.

Su administración heredó un alto endeudamiento público, lo que motivó que su sucesor, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, promoviera investigaciones por presuntas irregularidades financieras.

Durante su sexenio (2009–2015) la administración de Rodrigo Medina fue señalada por varios casos de presunta corrupción e irregularidades financieras.  Entre los mayore escándalos destacan:

Operación Tornado (2016–2017): Tras la salida de Medina se inició una investigación anticorrupción conocida como “Operación Tornado”. Esta pesquisa indagó múltiples irregularidades en su gobierno, incluyendo presunto desvío de recursos públicos por más de 3,000 millones de pesos en unos 117 casos diferentes.

Caso KIA Motors (2016–2018): Dentro de “Tornado” destacó el caso de los incentivos fiscales otorgados a la armadora automotriz KIA Motors. Se alegó que Medina autorizó incentivos y exenciones por un monto elevado, unos 3,683.5 millones de pesos, según la fiscalía, más allá de lo permitido por ley, para que la empresa instalara una planta en Nuevo León.

El Encarcelamiento. En agosto de 2018 un juez federal determinó no vincular a proceso a Rodrigo Medina en este caso, al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no demostró que él haya instruido directamente dichos delitos.

En ese caso, el exgobernador ganó amparos que evitaron su vinculación por el presunto uso indebido de un helicóptero oficial, quedando prácticamente exonerado en los casos principales.

Otros señalamientos: La fiscalía de Nuevo León llegó a vincular a Medina a proceso en 2017 por ejercicio indebido de funciones y peculado, sin embargo, permaneció en prisión preventiva solo unas horas en el penal de Topo Chico y salió en libertad tras obtener un amparo

De la Banda de Peña Nieto

Rodrigo Medina es parte de la fauna política que aparece en aquella icónica fotografía, rodeando a Enrique Peña Nieto, en signo del surgimiento de una nueva clase política dentro del PRI.

La icónica fotografía —la fotografía maldita, como la catalogaron diversos columnistas— con la que el presidente Peña Nieto se anunciaba, rodeado de 19 gobernadores que mediáticamente representaban el nuevo rostro del PRI, encarnaba sólo el rostro de la ambición y el influyentismo con el que un grupo de priistas regresaban al poder.

Con el tiempo, de los 19 gobernadores del PRI con quienes posó airoso el presidente Peña Nieto, al menos 11 tuvieron problemas con la justicia.

Hasta el cierre de este trabajo, permanecían presos tres de aquellos gobernadores: César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo.

Otros dos, Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, y Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit, seguían envueltos en litigios, acusados de malversación de la hacienda pública. Uno más, Andrés Granier Melo, de Tabasco, tras haber recibido una sentencia de diez años, diez meses y 15 días de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, fue perdonado —por su edad avanzada, de más de 70 años—, así que sólo estuvo encarcelado cinco años, siete meses y dos días.

Por su parte, los exgobernadores Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Mario Anguiano Moreno, de Colima; Rubén Moreira Valdez, de Coahuila, y Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas, todavía tienen abiertos expedientes de investigación por delitos que van desde peculado hasta colaboración con miembros del crimen organizado.

Las averiguaciones se hallan en receso dentro de la FGR, donde sólo es cuestión de voluntad para que sean llamados a rendir cuentas ante la justicia.

Sin ningún afán de exoneración, solamente para enmarcar las cosas en su justa dimensión, habrá que decir que la corrupción expuesta por esos 11 exgobernadores, aun cuando hubiera sido un acto unipersonal, también estuvo solapada y hasta alentada por funcionarios de primer nivel que operaron desde el interior del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, hasta hoy, a ninguno de los funcionarios federales que fueron cómplices de las deslealtades de esos gobernadores lo han citado a comparecer.

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