Julio Scherer y Rosario Robles, dos casos que hicieron urgente la Reforma Judicial
Por. J. Jesús Lemus
¿Por qué la Reforma en el Poder Judicial? No es una pregunta meramente retórica. Es una pregunta cuya respuesta nadie la podría dar mejor que las víctimas directas del prevaricato, que a diario se practica en todo el Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la respuesta a dicha pregunta es muy simple: en México se requiere una reforma de fondo al Poder Judicial porque ese Poder de la Federación perdió su esencia fundamental, la de garantizar la preservación de la justicia -que no del derecho-, que no es otra cosa que darle a cada uno lo que le corresponde en aras de la armonización social.
Además, el actual Poder Judicial de la Federación ha dejado de atender la causa social de impartir justicia a quien lo reclame, convirtiéndose solo en un poder procurador de intereses de la misma casta social que es dueña de todo el país en todos los ámbitos.
¿De verdad el Poder Judicial Federal ha perdido el rumbo en su función esencial de dar a cada uno lo que le corresponde? La respuesta puede resultar luego de saber el caso de la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga.
El Caso Rosario Robles
Ella fue pieza central en lo que se dio a conocer como “La Estafa Maestra”, uno de los más importantes casos de corrupción y de daño patrimonial surgidos en México en los últimos cinco años.
El monto saqueado del erario nacional, mediante una red de 128 empresas fantasmas vinculadas a 11 dependencias de gobierno y ocho universidades públicas a las que se simuló contratos de obras y servicios, fue por 400 millones de pesos.
El caso también involucró a otras 50 personas sobre las que se abrieron por lo menos otros 24 casos penales. En este caso, la Fiscalía General de la República hizo la aportación de las pruebas suficientes para demostrar el doloso acto de saqueo, protagonizado por Rosario Robles con la autorización oficial del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Fue la misma Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, la que pidió a un Juez de control que valorara el cambio de medidas cautelares para que Rosario Robles pudiera enfrentar su proceso en libertad.
La detenida argumentó razones de salud para su petición ante el Juez Alejandro Ganther Villar Ceballos. Este Juez aceptó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por la de arraigo domiciliario, bajo la razón de que Rosario Robles contaba con algunos padecimientos, propios de sus 67 años, que requerían atención medica permanente y domiciliaria.
Ese solo fue el principio para aflojar la justicia.
Posterior a esa decisión, a pesar de las evidencias que daban soporte y hacían sólido el caso, el Juez de Distrito Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, le otorgó la libertad a la inculpada. El argumento del juzgador, que decidió sobreseer el caso de Rosario Robles, fue que la FGR violentó el debido proceso a Rosario Robles, porque antes de imputarle ilícitos por la vía penal –Corrupción y Ejercicio Indebido del Servicio Público- ella debió haber sido sometida a un procedimiento administrativo.
Por esa razón el Juez no quiso siquiera entrar en el estudio del caso y terminó por –a través del sobreseimiento- darle sentencia de libertad a Rosario Robles, con lo que, de un plumazo, el Juez desechó la posibilidad de que la sociedad supiera si Rosario Robles fue o no responsable en el desvío de más de 400 millones de dólares del erario.
Tras la polémica determinación del Juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, que con su sola decisión negó la posibilidad de ir a fondo en el asunto de unos los escándalos más simbólicos de corrupción, dentro del Consejo de la Judicatura Federal nadie lo llevó a la rendición de cuentas, como si se mandase solo, como si no tuviera ninguna responsabilidad con la sociedad.
La única acción oficial que cuestionó a Roberto Omar Paredes su comportamiento como Juzgador fue la anunciada por la Fiscalía General de la República, la que refirió que se había abierto una carpeta de investigación por el delito de Contra la Administración de Justicia.
Pero el hecho de que se haya abierto una carpeta de investigación contra el citado Juez no es garantía de nada. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FGR, por cada 100 carpetas de investigación que inicia sobre diversos delitos, solamente una de ellas es llevada a la judicialización.
Jueces a modo
Mientras tanto, el Juez Roberto Omar Paredes sigue despachando como Juzgador sin que nada ni nadie lo perturbe. Como parte de la burocracia dorada –según lo refiere su más reciente declaración patrimonial (2021)- mantiene un ingreso salarial por 2 millones 554 mil 460 pesos al año, lo que al parecer le es suficiente para subsistir.
Y se debe tratar de una subsistencia la que tenga este Juez, dado que según declaró, tiene que pagar cinco créditos personales que contrajo entre el 2016 al 2019, que en suma hicieron una deuda por un millón 625 mil 310 pesos.
Dos de esos créditos son con el ISSSTE, uno contratado en el 2017, por 90 mil 332 pesos y otro logrado en el 2019, por la cantidad de 178 mil 572 pesos. También cuenta con dos créditos otorgados por el Banco HSBC, un obtenido en el 2016, por la cantidad de 703 mil 307 pesos, y el otro, que fue contraído en el 2017, por la suma de 583 mil 199 pesos. El quinto crédito que aún no ha sido liquidado por el Juez es uno que se contrajo con Inbursa, por la cantidad de 70 mil pesos.
Otro Juez que actuó de forma grotesca al momento de aplicar la justicia, fue Gustavo Aquiles Villaseñor, quien en su calidad de Juez de Control en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, decretó la libertad a favor de otro implicado en el caso de “La Estafa Maestra”, Ramón Sosamontes Herreramoro, quien había sido llevado hasta la justicia por la Fiscalía General de la República, acusando al indiciado de haber facilitado el desvío de 203 millones de pesos, esto como parte de un contrato que a nombre de la Sedesol este funcionario firmó con la empresas oficial Radio y Televisión de Hidalgo.
De acuerdo con la percepción del Juez Gustavo Aquiles Villaseñor, en ningún momento se acreditó el delito clasificado como Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, toda vez –argumento el Juzgador- el imputado sí estaba facultado para firmar contratos como el que se le reprochó.
Por eso el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor dijo que se vinculara a proceso a Ramón Sosamontes y así se respetó su decisión.
Otra vez ante la falta de justicia, la blandengue actuación de la Fiscalía General de la República, la que a través de un comunicado oficial dio a conocer su inconformidad con la decisión emitida por el Juzgador Federal, y acotó que –ni siquiera iniciaría una carpeta de investigación en contra del Juez- solo pediría al Consejo de la Judicatura Federal hiciera una revisión sobre la actuación del Juez Gustavo Aquiles.
Si se hizo dicho reclamo de la FGR ante el CJF resulta lo mismo: hasta el cierre de este trabajo, el citado Juez federal en el Reclusorio Norte seguía cumpliendo sin ningún tipo de sanción lo que él considera que es su deber dentro del aparato de aplicación de justicia.
Con antecedentes
Este Juez, que finalmente parece que se salió con la suya al ayudar a desbaratar el caso más emblemático de corrupción registrado en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, es el mismo que también fue cuestionado socialmente –en el 2022- cuando exoneró de toda responsabilidad judicial al Presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, en ocasión de que la FGR le había iniciado al académico un proceso penal por el delito de Tratos Crueles y Denigrantes cometido en agravio de una estudiante de posgrado, a la que el Decano de la Facultad de Derecho agredió verbalmente.
El indiciado Eduardo López Betancourt habría ofendido de manera visceral, machista y violenta a una alumna de posgrado. Frente a ello el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor sostuvo que la frase “pinches viejas, por eso las matan” –que dijo el académico a su alumna- son expresiones genéricas que no encuadran en la tipificación del delito. Igual, este Juez dijo que el término “zorra” fue una manifestación que –dicho en las palabras del juzgado- no alcanza a ser considerada como un trato cruel y degradante.
En su momento dijo el Juez Aquiles Villaseñor que, si por decir el término “zorra” se tuviera que sancionar a una persona, “la mayoría de los mexicanos estarían sujetos a proceso”. De ese nivel el raciocinio del Jugador Federal.
Este Juzgador Federal, a parte del dechado de justicia que denota también es un bendecido de la vida. Nació con muy buena estrella. De acuerdo a su declaración patrimonial del 2022, pese a tener un muy buen ingreso salarial, por el orden de los 2 millones 647 mil 179 pesos al año, no ha tenido que desembolsar un solo peso para ir formando su patrimonio inmobiliario. Todo le ha sido dado. Es copropietario de un rancho que recibió en herencia en el 2019, con un precio estimado en 2 millones 688 mil 740 pesos. También tiene una casa en copropiedad que recibió en herencia en el 2020, con un precio estimado en los 429 mil 761 pesos. Igualmente es copropietario de una bodega que recibió en donación, en el 2021, con un precio de un millón 750 mil pesos.
Y cuenta con otra casa, con un precio comercial de 3 millones 200 mil pesos, de la que también es copropietario al recibirla en herencia en el 2019.
El Juez Felipe de Jesús Delgadillo, el mismo que mandó a prisión a Rosario Robles al negarle la posibilidad de llevar a cabo el proceso penal bajo otras medidas cautelares que no fueran la prisión preventiva oficiosa, y que ha sido señalado de ser un juzgador de encomienda, también embona dentro de los togados que hoy han sido señalados por la Fiscalía General de la República de torcer la justicia a su modo.
Este Juez también –hasta el cierre de este trabajo- era investigado por la FGR por el delito de Contra la Administración de la Justicia. Además, según se ha informado públicamente, el Juez Delgadillo ha sido denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se le revise su proceder profesional, señalado de inclinar la aplicación de la justicia hacia donde le ha convenido.
Tráfico de influencias
El caso por el que el Juez Jesús Delgadillo Padierna se ha colocado en el ojo del huracán de la FGR es porque echó abajo otro gran caso de corrupción, uno que además ha tratado de ser explotado mediáticamente por el Fiscal Alejandro Gertz Manero -con la pretensión de ocultar la pasividad en la que se encuentra la FGR-, el relacionado al tráfico de influencias en donde se involucró al ex Consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, al que también se le ha acusado de supuestamente negociar favores oficiales para resolver extrajudicialmente los casos del abogado Juan Collado y Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. Ambos casos están relacionados a delitos como Fraude Fiscal, Peculado y Corrupción.
El caso que echó abajo el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es el que relacionaba a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Cesar Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez, y el asesor financiero David Gómez Arnau, quienes eran señalados por la FGR como parte de una red de tráfico de influencias, asociada al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
En este caso la FGR pretendía demostrar que estos abogados trataron de extorsionar a diversos procesados con poder económico para venderles su libertad, a través del tráfico de influencias. Ellos fueron acusados por los delitos de Extorsión, Lavado de Dinero, Tráfico de Influencias y Asociación Delictuosa.
Pero el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó no vincular a proceso a ninguno de los acusados. La decisión del Juez fue que los argumentos de la FGR eran infundados y expuso algunas irregularidades en la actuación del Agente del Ministerio Público de la Federación, estableciendo que hubo amenazas a la defensa de los imputados.
Sobre este caso, según informó públicamente el gobierno federal, a través de una tarjeta informativa: “el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna descalificó y agredió groseramente al MPF (Agente del Ministerio Público Federal), negándose a tomar a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora”, de acuerdo al señalamiento oficial, esos datos de prueba que no tomó en cuenta el Juez, “no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente”.
También se acusa al Juez Delgadillo, solo en el caso del exconsejero Jurídico del Gobierno Federal, Julio Scherer Ibarra, de haberse dedicado a realizar la defensa de este ex servidor público, él no estaba imputado, “pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados”.
Según lo informado públicamente por la Fiscalía General de la República, esta institución dio vista al Consejo de la Judicatura Federal de la mala aplicación de justicia del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, para los efectos administrativos que correspondan.
Por lo que hace a la FGR, a causa del análisis imparcial de las pruebas y a la defensa ilegal que hizo el Juez Delgadillo, en el caso de Julio Scherer Ibarra, se le inició una carpeta de investigación con miras a la judicialización.
Pero al parecer de nada ha servido el señalamiento contra el Juez Felipe de Jesús Delgadillo. Él sigue trabajando normal. Según la página oficial del Consejo de la Judicatura, hasta el cierre de este trabajo, él seguía desempeñando inamovible el cargo de Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
Los ingresos económicos del Juez Delgadillo tampoco habían sido afectados. Él continuaba –hasta mayor del 2023- percibiendo su salario íntegro, el que de acuerdo a su más reciente declaración patrimonial seguían siendo de 2 millones 682 mil 549 pesos al año.
Con dichos ingresos continuaba pagando dos créditos hipotecarios que aún mantiene; uno contraído en el 2018 por un monto de 6 millones 500 mil pesos, y otro por la cantidad de 3 millones 50 mil pesos.
Si acaso el mayor vicio expuesto de este Juez son las joyas. Según su más reciente declaración patrimonial, es un asiduo comprador de relojes. De acuerdo a lo expuesto en la declaración pública de su patrimonio, en los últimos años ha comprado siete relojes por la cantidad de más de 155 mil pesos.
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