Allanan la casa de directora del Centro de Derechos Humanos Frayba

El allanamiento a la casa de Dora Roblero ocurrió en el contexto de su reciente ratificación como directora del Frayba, el 4 de julio. La víctima se enteró de esta agresión alrededor de las 7:52 p. m., cuando una vecina suya se percató de que la puerta principal estaba abierta, por lo que Dora le pidió que encendiera la luz de la sala y cerrara la puerta.

Fue en ese momento cuando se escuchó un ruido en la planta alta, por lo que se retiró del lugar. 

Posteriormente, a las 8:30 p. m., integrantes del equipo Frayba arribaron al domicilio, donde constataron diversos signos de irrupción: la lámpara de la calle no funcionaba, la chapa de la puerta principal había sido forzada, una silla estaba fuera de lugar, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta, así como varios objetos regados en el piso.

Ante estos hechos, a las 9:30 p. m. se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección; sin embargo, en el comunicado se señala que la respuesta institucional fue negligente y abusiva. Nueve minutos después, un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares.

No ofreció respaldo ni canalización alguna para atender la situación: solo sugirió a Dora que llamara al 911.

A las 10:02 p. m., una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin realizar diligencia alguna. Luego, a las 10:40 p. m., arribaron cuatro agentes de la Guardia Estatal sin activar un protocolo adecuado de protección y se retiraron a las 11 p. m.

Por esta agresión, el Frayba exige al Estado mexicano: que se garantice la seguridad de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento; que se cumplan las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad.

México: horror para los defensores

Según el informe Voces silenciadas, realizado por la organización no gubernamental Global Witness y publicado en septiembre de 2024, en 2023 fueron asesinadas 18 personas defensoras en México. Este mismo informe señala que, en el país, más del 70 % de estos asesinatos fueron de personas indígenas.

Asimismo, los ataques se concentraron en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y en la costa del Pacífico.

Global Witness indica que el 40 % de los asesinatos cometidos están relacionados con la industria minera y sus operaciones, a las que se oponían las personas activistas.

Un ejemplo de otro tipo de violencia ejercida contra defensores es la desaparición forzada.

Tal es el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes durante años trabajaron juntos para proteger a la comunidad mexicana de San Miguel de Aquila de la minera multinacional Ternium, y que en enero de 2023 fueron víctimas de una desaparición forzada, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.