Así se planeó el Saqueo de Peña Nieto a la nación
Hasta ahora, los medios sumisos de comunicación, los que no tuvieron el valor ni la calidad moral para denunciar a tiempo las corruptelas del gobierno federal han referido a tiempo pasado solamente el saqueo de las arcas nacionales como el principal agravio hecho a los mexicanos por la administración de Peña Nieto.
Peña y 100 Fires
Por. J. Jesús Lemus
La incidencia de la clase empresarial en el proyecto político de los grupos Atlacomulco e Hidalgo que llevaron a Peña Nieto al poder —hoy se ve a la luz de los hechos— nunca estuvo revestida con el mínimo interés de beneficio a la nación, todo apunta a que fue la ambición económica de los hombres más acaudalados y de aquellos con mayor poder político lo que movió a maquinar el más grande proyecto de saqueo y despojo de la riqueza nacional del que se tenga memoria en la historia en México.
Hasta ahora, los medios sumisos de comunicación, los que no tuvieron el valor ni la calidad moral para denunciar a tiempo las corruptelas del gobierno federal han referido a tiempo pasado solamente el saqueo de las arcas nacionales como el principal agravio hecho a los mexicanos por la administración de Peña Nieto.
Poco o casi nada han dicho del otro robo a la nación, el que tiene que ver con el arrebato del territorio y sus recursos naturales, que fue el primer objetivo de quienes idearon a Peña Nieto en la Presidencia de la República.
Si bien es cierto que el robo de dinero de la hacienda pública durante el gobierno de Peña Nieto ha sido ominoso, es más abominable el despojo de recursos naturales que se le ha hecho a la nación; por lo que hace al robo del dinero, si es que quisiera aplicarse la justicia, este puede restituirse a través de la incautación de las propiedades y cuentas bancarias de quienes desfalcaron a la nación.
Pero en términos de reposición de los recursos naturales extraídos, hasta por semántica, es imposible su restitución.
A manos llenas, el reducido grupo de hombres y mujeres de confianza de Peña Nieto sustrajeron no sólo los dineros del erario, sino que entregaron a particulares nacionales y extranjeros la riqueza de los recursos naturales del territorio mexicano.
El saqueo fue despiadado
En aras de un malentendido desarrollo económico, pero sobre todo bajo la visión de hacer negocios particulares a costa de los bienes de la nación, durante el gobierno referido se enajenaron las propiedades del país:
En nada más seis años, la riqueza minera fue entregada en su totalidad a la iniciativa privada, el petróleo se puso en oferta al mejor postor, el agua comenzó a privatizarse, los bosques comenzaron a tener dueño y las playas —en un ensayo que se ha vuelto a retomar— comenzaron a dejar de ser públicas.
Este arrebato de recursos —el cual alcanzó su cúspide entre 2012 y 2018—, que en su mayoría se encuentran hoy depositados en manos de unos cuantos particulares, principalmente aquellos que financiaron y respaldaron políticamente el ascenso presidencial de Enrique Peña Nieto, fue posible por la modificación de la Constitución Política del país.
Con esa modificación se dejó sin efecto el principio consagrado en el artículo 27, que establece que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación…”.
Regalaron el territorio
De las 16 reformas que se le han hecho a este artículo constitucional, desde su origen en 1917 hasta el actual gobierno de la 4T, son las que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, el 11 de junio y el 20 de diciembre de 2013, las que justifican el principio de la privatización de la riqueza propiedad de los mexicanos, al establecer legalmente la facultad de la nación para trasmitir el dominio de la tierra y el agua a los particulares, con el argumento de la constitución de la propiedad privada.
A causa de esta modificación a la Constitución Política del país, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto México el territorio nacional empezó a ser cada vez menos de los mexicanos para volverse propiedad de unos cuantos entes, muchos de ellos sin nombre ni apellido, apenas identificados por acrónimos y, en el mejor de los casos, por una fría razón social.
La conversión que hizo el presidente Enrique Peña Nieto del México de Todos al México, S.A. de C.V. fue producto de la corrupción.
Hoy las evidencias señalan que, pese a la obligación natural del Estado, la corrupción durante el gobierno de Peña -igual que en el de AMLO- no sólo no se combatió, sin que fue más bien alentada de manera institucional, esto a través de una serie de reformas a la ley que garantizaron el predominio de unos cuantos, sobre los recursos financieros y naturales del país, ocasionando el más grande quebranto a la nación del que se tenga registro en la historia del país.
Como en los tiempos de Santa Anna
Ni en los capítulos más oscuros de la historia de México —como cuando el general Antonio López de Santa Anna estuvo al frente del país (1833, 1834-1835, 1839, 1841-1842, 1843, 1844 y 1847), por ejemplo— fue tan grande el arrebato de recursos financieros y la entrega del territorio a extranjeros como se hizo durante la administración del presidente Peña Nieto, con el caso de la entrega de bienes nacionales a empresas trasnacionales, principalmente de capital extranjero.
Durante ese gobierno priista, como si la riqueza nacional fuera propiedad de la clase gobernante y como si no existieran mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad, se desviaron a manos de particulares más de 100 mil millones de pesos del erario y casi una tercera parte de suelo mexicano —con todos sus recursos, incluidos agua, minerales, petróleo, gas, playas o bosques— fue arrebatada a los pueblos originarios y entregada a la iniciativa privada.
No sobra decir que el saqueo de los recursos naturales, por hablar sólo de los yacimientos de metales preciosos e industriales, sin considerar la corrupción y los sobornos o la entrega de los yacimientos de hidrocarburos o de agua, que prevaleció durante los seis años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto únicamente se compara con la etapa de despojo que México padeció entre 1521 y 1821, durante los 300 años de la colonización española.
Durante el periodo histórico de la Colonia, la Corona española se apropió de 112 reales mineros que explotó desde 1532 (fecha en que se descubrieron las primeras minas en la Nueva España, según refiere la investigadora Aurea Commons, del Instituto de Geografía de la UNAM, en su estudio “La minería en Nueva España en el siglo XVIII”) y que se dejaron a la soberanía nacional hasta la declaratoria del México independiente, en 1821.
“Al finalizar la época colonial”, señala, “había unas tres mil minas en explotación en todo el territorio de la Nueva España, 37 diputaciones y 11 cajas reales que recababan anualmente alrededor de 24 millones [de pesos] y que daban empleo a más de dieciséis mil trabajadores que desempeñaban los diferentes trabajos de las minas”.[i]
Pero esto es nada comparado con las vetas de minerales y metales preciosos o industriales que entregó el gobierno de Enrique peña Nieto a empresas trasnacionales, muchas de ellas asociadas con algunos de los consorcios propiedad de los empresarios que empujaron su proyecto presidencial y apoyaron su campaña.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Dirección General de Minas (DGM), a cargo de la Secretaría de Economía (SE), hizo entrega de 8 mil 410 permisos para la explotación minera trasnacional,[ii] casi tres veces la cantidad de minas de las que se apropió el reino de España durante la colonización.
Por estas concesiones mineras, por el derecho a la explotación del subsuelo, las trasnacionales sólo pagaron 38 millones de pesos anuales a la hacienda nacional, pese a que los beneficios devengados por la extracción de minerales y metales de todo tipo redituaron más de 15 mil millones de pesos al año.
El saqueo del que México fue objeto —durante el periodo de diciembre de 2012 a noviembre de 2018— se planeó, se diseñó milimétricamente aun antes del ascenso de Peña Nieto como presidente.
El bosquejo del robo y despojo se ensayó en el Estado de México, donde Peña Nieto, primero como diputado coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y después como gobernador, diseñó una serie de leyes que dieron paso a la política entreguista de los bienes de esa entidad a favor de unos cuantos particulares.
Por eso, puede asumirse, la clase empresarial puso los ojos en él como candidato viable, más que a la Presidencia, a la manipulación.
Fue encumbrado en el poder para alcanzar así el objetivo de apropiación total de los recursos naturales del país, sin importar que en ello se terminara por hacer de la riqueza nacional un bodrio de corrupción y desgobierno.
A fin de alcanzar el propósito del arrebato de los bienes nacionales y de la continuidad del control político de la nación, los promotores de la candidatura de Peña Nieto, integrados en los grupos políticos Atlacomulco e Hidalgo y la clase empresarial referida, le confeccionaron una vida íntima para hacerla pública y un ideario político igualmente íntimo para transformarlo en un hombre público, que sedujera a los votantes.
[i] Aurea Commons, 1989. “La minería en Nueva España en el siglo XVIII”, en Investigaciones Geográficas, núm. 19, Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. 101.
[ii] J. Jesús Lemus, 2017. México a Cielo Abierto, Grijalbo, México, p. 65.
