Por. J. Jesús Lemus
El fin de semana, informes del New York Times revelaron que el presidente Donald Trump firmó una directiva secreta dirigida al Pentágono para autorizar el uso de fuerza militar —incluyendo operaciones en alta mar y posibles incursiones en el extranjero— para combatir a los cárteles de droga en América Latina, especialmente aquellos clasificados como organizaciones terroristas.
La directiva otorga facultades al Ejército de Estados Unidos, la Armada y agencias de inteligencia para actuar contra grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua y MS-13, La familia Michoacana, Cártel del Noreste y Cártel Jalisco Nueva Generación, recientemente designados como organizaciones terroristas. El objetivo es neutralizar estas redes transnacionales mediante operaciones directas y vigilancia intensificada.
No habrá invasión: Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Afirmó que se le informó de la directiva, pero que esta no contempla la presencia de soldados en México. “No habrá invasión, está totalmente descartada”, recalcó en conferencia de prensa.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado subrayando que México no autorizará participación militar extranjera en su territorio, defendiendo soberanía y rechazando cualquier acción que contravenga el derecho internacional.
Tensión en la zona
Analistas advierten que esta medida unilateral podría dañar gravemente la cooperación entre ambos países y poner en riesgo acuerdos estratégicos vigentes en Latinoamérica, en donde se extienden las redes criminales de los cárteles objetivo de la administración de Trump.
También se señala que llevar a cabo operaciones militares en territorio extranjero sin autorización del Congreso estadounidense podría enfrentar obstáculos legales internos e incluso plantear responsabilidades penales por daños colaterales
Líderes en seguridad indican que esta escalada podría resultar contraproducente, y subrayan que la lucha contra el crimen organizado requiere enfoques más integrales y colaborativos.
Hay que recordar que esta orden de Donald Trump marca un punto crítico en la política de seguridad de EE. UU. hacia América Latina, estirando los límites de una política tradicionalmente policial hacia una intervención militar potencial.
La negativa firme de México a permitir cualquier operación en su suelo añade una capa de complejidad diplomática, abriendo interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral en seguridad y comercio.
