Son 63 Jueces y 103 Magistrados del PJF los que están bajo la mira de EUA
El Juez Daniel Ramírez Peña, estableció formalmente en su sentencia que Leticia Rodríguez Lara no es miembro activo del narcotráfico. El argumento establecido para ello es que no existe la certeza de que la acusada fuera la responsable de actividades de narcotráfico, porque el Juez no encontró ningún tipo de elemento dentro del expediente que así se lo hiciera saber
Por. J. Jesús Lemus
Parece que, a la gente, una vez que ha concluido el proceso de la Reforma Judicial, se le olvida la corrupción de muchos juzgadores. Nadie reclama justicia. Ya nadie pide que los juzgadores corruptos sean llevados ante el Ministerio Público. Parece como su la farsa de la sola elección de nuevos juzgadores hubiese cortado de tajo el problema de la corrupción de decenas, cientos de jueces y magistrados.
Hay que recordar que a la fecha el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos tiene bajo la mira la actuación de por lo menos 63 Jueces y 103 Magistrados que de manera muy extraña, por decir bajo la sombra de la sospecha de corrupción, han otorgados beneficios a lo más distinguido de la clase criminal que opera en nuestro país.
Uno de esos casos es el de la narcotraficante Leticia Rodríguez Lara, mejor conocida como “Doña Lety” o “La 40”, la que se inició como narcomenudista operando para el cartel de Los Zetas, allá en Cancún, Quintana Roo, y que fue detenida en Puebla en el 2017. Ella fue beneficiada por el Juez federal Daniel Ramírez Peña, quien le otorgó la libertad. Sin mayor razonamiento de las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, el juzgador federal de este caso consideró que Leticia Rodríguez Lara, la que es reconocida socialmente como una agente importante del Cartel Jalisco Nueva Generación –a cuya organización ingresó tras la detención de su pareja sentimental, Iván Velázquez Caballero, “El Talibán”-, no tenía ninguna responsabilidad penal.
El Juez Daniel Ramírez Peña, estableció formalmente en su sentencia que Leticia Rodríguez Lara no es miembro activo del narcotráfico. El argumento establecido para ello es que no existe la certeza de que la acusada fuera la responsable de actividades de narcotráfico, porque el Juez no encontró ningún tipo de elemento dentro del expediente que así se lo hiciera saber.
La exoneración de Leticia Rodríguez Lara, la que -desde el 2015, luego de dejar las filas de las Policía Federal Preventiva- por su alto poder corruptor y generador de violencia, se convirtió en un objetivo prioritario del gobierno federal, causó molestia en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El entonces sub-Secretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió al Juez Daniel Ramírez Peña, acusándolo de llevar a cabo un proceso de justicia totalmente parcial, al absolver totalmente –el 11 de noviembre del 2022- a la señalada de Delincuencia Organizada y Fomento al Narcotráfico, con lo que –se dijo oficialmente- el Juez Ramírez Peña estaba contribuyendo a la impunidad.
No se debe pasar por alto que el Juez Daniel Ramírez Peña no es la primera ocasión en que es señalado por sospechas de colusión con el crimen organizado, desde la conferencia de presa de del Presidente López Obrador, en ocasión de la sección “Cero Impunidad” que dirigió el entonces subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Berdeja.
Desde esa sección ya en otra ocasión se refirió que el Juez Daniel Ramírez Peña facilitó la libertad de otro importante agente generador de violencia: José Bernabé Brizuela Meraz, mejor conocido como “La Vaca”, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha elevado los índices de delitos en la zona de Colima. A pesar de la importancia de este criminal, el Juez Ramírez Peña consideró que no había suficientes elementos dentro del expediente que se le presentó, como para decretar la permanencia dentro de prisión de este sujeto antisocial.
Hasta el cierre de este trabajo no existía una denuncia formal por corrupción contra el referido Juez federal Daniel Ramírez Peña. Fuentes internas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consultadas al respecto, solo establecieron que se estaba llevando a cabo una revisión de las cuentas del referido Juez, a manera de investigación, para tratar de ubicar algún delito de corte financiero que se pudiera presentar ante la Fiscalía General de la República en busca de la judicialización de una posible carpeta de investigación.
Más allá de la postura del Ejecutivo Federal entorno a la investigación formal o informal del Juez que dejó en libertad a la segura narcotraficante Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, con base en la versión pública de la declaración patrimonial del Juez Daniel Ramírez Peña,[1] se puede establecer que algo no cuadra en su economía, al menos desde la lógica financiera. De acuerdo con su más reciente declaración pública de ingresos económicos, el Juez Daniel Ramírez Peña, declaró que tiene como principal ingreso el pago de sus servicios como Juez Federal. Por concepto de salarios –según declaró en el junio del 2021- se allega la cantidad de 2 millones 636 mil 633 pesos por año, es decir, tiene un ingreso promedio mensual de 219 mil 719 pesos con 41centavos.
Esto de por sí ya es inconstitucional, ya que de acuerdo con lo establecido en la fracción II del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, mayor a la establecida para el presidente de la República”. El sueldo íntegro del presidente de la República, hasta mayo del 2023, era de 136 mil 700 pesos mensuales, por lo que cualquier percepción de sueldo o salario que estuviera por encima de ese rango, no se encuentra apegado a la ley.
En el caso del Juez Ramírez Peña, de acuerdo con lo establecido en su declaración patrimonial, no es su alto ingreso por salarios lo que llama la atención. Es más bien que este Juez es una persona que vive prácticamente de préstamos. Según se establece en la citada declaración, el Juez Daniel Ramírez Peña en el último año previo a su declaración, sumó cinco créditos: con Banorte por 600 mil pesos; con la organización Tierra y Armonía S.A. de C.V. por un millón 234 mil 831 pesos; dos préstamos “a la palabra”, sin declarar de que persona física o moral provinieron, uno por la cantidad de 250 mil pesos y otro por 940 mil pesos; y un crédito personal por la cantidad de 147 mil 014 pesos, este proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Si la declaratoria es cierta, entonces solo en el año declarado de ingresos, el Juez Daniel Ramírez Peña obtuvo por créditos el 121.3 por ciento con relación a su salario, Es decir su solo salario no le alcanzaría para liquidar dichos adeudos. Sin embargo, al parecer las finanzas las maneja perfectamente este juzgador, pues a pesar de su elevado nivel de endeudamiento, durante el año declarado fue capaz de saldar –todo con su solo salario- al menos otros dos adeudos que mantenía, uno con Banca Inbursa, por la cantidad de 265 mil 900 pesos, y otro con Ford-Credit, por la cantidad de 312 mil 658 pesos. Este Juzgador también refiere en su declaración patrimonial, sin explicar saldos, que con sus ingresos opera cinco cuentas bancarias; dos en el banco HSBC, una en Banorte, otra en el banco Santander y la otra en Met Life, que es un seguir de inversión.
Al parecer no solo es el Juez Daniel Ramírez Peña el que ha encendido las alertas para que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal lleve a cabo un seguimiento a los flujos financieros de juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Bajo la lupa también se encuentra la Magistrada Sara Olimpia Reyes García. A ella, como titular del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal en el Estado de México, se le refiere el haber dejado en libertad a otro narcotraficante de peso, a José Rafael Socci Rodríguez, “El Dover”, el hijo de Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”.
La libertad de Socci Rodríguez “El Dover”, fue decretada por la Magistrada Sara Olimpia Reyes García, tomando en cuenta los mismos argumentos con los que el Juez Daniel Ramírez Peña dejó en libertad a la jefa del grupo delictivo conocido como Cartel de Cancún, una asociación delictuosa que opera como brazo del Cartel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano.
Hasta el cierre de este trabajo, las investigaciones que supuestamente lleva la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que sería objeto la Ministra Sara Olimpia Reyes García, aun no causaban ningún efecto legal. Pero más allá de los resultados que arroje la observación del comportamiento financiero de la juzgadora, llama también la atención la escueta declaración patrimonial que se exhibe en forma abierta en la página de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.[2]
Allí, no se aportan mayores datos el ingreso salarial de la Magistrada, el que es por el orden de los 2 millones 932 mil 994 pesos con 80 centavos por año; es decir, un ingreso promedio mensual de 244 mil 416 pesos con 23 centavos.
Denotado un gran desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas, como si fuera solo por cumplir un requisito para saciar el morbo de las masas, la Magistrada Sara Olimpia Reyes García, en su escasa declaración patrimonial, en donde no explica si tiene en propiedad bienes inmuebles o muebles como vehículos, o algún tipo de inversión, ingresos económicos de su pareja y otros tipos de ingresos, se limita a declarar que tiene dos cuentas bancarias sin explicar montos ni movimientos, una de ellas en Met Life y la otra en BBVA Bancomer.
Por lo que hace a sus adeudos, la Magistrada solo refiere que tiene un crédito hipotecario con el banco HSBC, por el monto de los 3 millones 704 mil 500 pesos, mismo que fue adquirido desde octubre del 2003, cuando ella era todavía Jueza del Segundo Distrito en el Estado de Yucatán.
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[1] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Daniel Ramírez Peña, Toluca Estado de México, 14 de junio de 2021.
[2] Poder Judicial de la Federación. Declaración de Situación Patrimonial, Sara Olimpia Reyes García, Almoloya de Juárez, Estado de México, 26 de mayo de 2022.
