El PVEM entregó las Áreas Naturales Protegidas a la Minería

Por. J. Jesús Lemus

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actualmente en México existen 232 Áreas Naturales Protegidas, las que se extienden sobre más de 90 millones de hectáreas, pero de esa superficie -que alberga los principales santuarios de vida natural-, al menos 57 mil 255 hectáreas son ocupadas por proyectos mineros, donde más allá de la afectación a la vida silvestre se ha dado el arrebato del agua a las poblaciones originarias.

En ese sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) refiere que los estados en donde existen conflictos ambientales, por la permisión de Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal de otorgar concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, son Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas, donde se estima que están vigentes al menos mil 968 concesiones para explorar y explotar yacimientos minerales.

Ahora, con la reforma promovida por la entonces legisladora Ninfa Salinas y aprobada por la mayoría del Senado, ninguna de las mil 968 concesiones mineras se verán frenadas para realizar sus proyectos extractivos, si acaso se verán obligadas a realizar trabajos de rehabilitación ambiental, que no quedan bien explicados dentro de la nueva Ley General de Biodiversidad, la que se vuelve ambigua al no definir los tipos de asentamientos que quedan prohibidos dentro de las Áreas Naturales Protegidas.

Áreas Naturales en Oferta

Cabe recordar que hasta antes de la reforma actual, la Ley General de Biodiversidad establecía la obligatoriedad para que todos los recursos naturales obtenidos en Áreas Naturales Protegidas ostentaran un sello de garantía de sustentabilidad con el medio ambiente, expedido por la SEMARNAT, según lo señalaba el apartado V del artículo 179, pero dicho apartado ya fue derogado, y ya no es necesario un sello de garantía de cuidado al medio ambiente.

Otra punto que beneficia a las empresas extractivas que tengan concesiones para establecerse en Áreas Naturales Protegidas, es el que se señala en el artículo 200, de nueva creación, que a la letra dice que “en las superficies aledañas a la poligonal de un Área Natural Protegida que mantienen una estrecha interacción social económica y ecológica con ésta, la Secretaría promoverá la conservación y manejo de su zona de influencia”, lo que no se observa viable debido a la exagerada cantidad de concesione de agua que se han comenzado a otorgar.

Con este artículo se permite que las empresas extractivas asentadas en los polígonos de vida silvestre sigan realizando sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que “la secretaría”, en este caso la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determine para resarcir los daños ambientales ocasionados, en donde las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del gobierno federal y no hay restricción alguna para acceder a los volúmenes de agua que consideren necesarios para su operatividad.

Otro punto que favorece a la industria extractiva en su intención no solo de devastar la tierra, sino de consumir el agua disponible, es el que se señala en el artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad que dice que “el Ejecutivo Federal podrá decretar Zonas de Desarrollo Integral Sustentable” en aquellas áreas afectadas por actividades productivas, y refiere que se deberá especificar claramente superficie y ubicación de los daños, pero en ningún momentos habla de suspender actividades a las empresas que afecten al entorno, el agua y la vida silvestre de las Áreas Naturales Protegidas.

Aun cuando con las reformas a la Ley General de Biodiversidad la intención primigenia del Senado de la Republica podría pretender “un marco legal e institucional que proteja la riqueza natural y biológica, basado en un enfoque de desarrollo sustentable con beneficios económicos y sociales”, como lo señala un comunicado oficial de ese poder, en realidad la intención de la senadora Ninfa Salinas fue la de beneficiar a las empresas de los cuatro grupos mineros nacionales preponderantes en el país.

Y es que algunas de las empresas mineras del Grupo México de German Larrea, Industrias Peñoles de Alberto Bailléres, Grupo Frisco de Carlos Slim y Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, han sido señaladas por movimientos ambientalistas y comunidades indígenas afectadas de realizar una voraz explotación de los recursos del subsuelo, incluida el agua, dentro de los polígonos de santuarios de vida silvestre.

El principal señalamiento que se le ha hecho al Grupo Frisco de Carlos Slim, es la operatividad de la mina Real de Ángeles, en el desierto de Baja California, en el municipio de Mexicali, en donde la minera explota un yacimiento de oro y plata que se encuentra en las inmediaciones de la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado, y se ubica a menos de 30 kilómetros del mar de Cortés, en donde impactan los desechos tóxicos ricos en cianuro, además de la explotación irracional que hace del agua.

Grupo Frisco S.A.B. de C.V. solo para hacer posible la explotación de sus cinco minas que opera mediante sus filiales Santa Maria S.A. de C.V. y Minera Cumobabi en el estado de Sonora; Minera San Francisco del Oro S.A. de C.V., en Chihuahua; Minera Tayahua S.A. de C.V. y Minera Real de Ángeles S.A. de C.V. en Zacatecas, donde todas invaden polígonos de Áreas Naturales Protegidas, cuenta con el permiso del gobierno federal para hacer uso irrestricto de un volumen de 10 millones 251 mil 007 metros cúbicos de agua al año.^[1]

Otro beneficiario de la nueva Ley de Biodiversidad de la senadora Ninfa Salinas Sada es el Grupo México S.A.B. de C.V., de German Larrea Mota Velazco, al que se le señala de pretender poner en operación una mina de cobre en la localidad de El Arco, en Baja California, dentro de un polígono rico en biodiversidad y agua, en donde se espera operar por 25 años una mina a cielo abierto que devastará el entorno ecológico y consumirá la poca agua con la que cuenta la zona. Pero la Joya de la Corona de este imperio minero se ubica en Cananea, Sonora, con la mina Buenavista del Cobre.

Solo en el municipio de Cananea, el imperio económico de Germán Larrea a través de la empresa Buenavista del Cobre S.A. de C.V. mantiene una explotación autorizada de los mantos acuíferos por el orden de los 52 millones 119 mil 233 metros cúbicos de agua al año, lo que representa el agua que sería suficiente para dotar a la población total de esa localidad por espacio de más de 20 años; en cambio, en ese municipio del norte de Sonora a la fecha existe desabasto de agua para al menos el 25 por ciento de los más de 32 mil 500 habitantes con los que cuenta la localidad.

También con las reformas dictadas desde el Senado a la Ley de Biodiversidad se benefició al grupo Industrias Peñoles, de Alberto Bailléres, el que es señalado por activistas ambientalistas de estar generando una devastación ecológica en los municipios de Cocula y Teloloapan, Guerrero, en donde de la mano con la canadiense Torex Gold Resources, a través de las subsidiarias Media Luna S.A. de C.V. y Minera Fresnillo S.A de C.V, explota dos minas de oro, cuyos impactos contaminantes se resienten en una parte de las zonas ecológicas protegidas de esas localidades, principalmente por la sustracción de más de 5 millones de metros cúbicos de agua al año.

Tras dicha legislación, Industria Peñoles ha dejado a salvo la posibilidad de que les sean suspendidas sus explotaciones mineras a cielo abierto, no solo las que ejecuta en el estado de Guerrero, sino las que mantiene en operación a través de las subsidiarias Fresnillo PLC, en Zacatecas, y Minera Mexicana de la Ciénega S.A. de C.V., en Durango, de las que sus polígonos concesionados de explotación del subsuelo también tocan algunas partes de Áreas Naturales Protegidas, en donde se extraen en suma más de 212 mil 840 metros cúbicos de agua durante un año.

[1] CartoCrítica, informe Concesiones de Agua para la Mineras, México 2016