La persecución de periodistas: cuando la libertad de expresión se convierte en delito
La FEADLE nació con la promesa de ser un escudo frente a las agresiones que sufren periodistas en el ejercicio de su labor. Sin embargo, testimonios y patrones de actuación revelan una preocupante desviación de su mandato. Cuando un periodista denuncia persecución, intimidación o amenazas, los ministerios públicos adscritos a esta fiscalía suelen declinar la competencia hacia el fuero común, alegando que se trata de delitos menores
Por. Néstor Troncoso
En México, ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No sólo por la amenaza constante del crimen organizado, sino por el abandono institucional que deja a los comunicadores expuestos, vulnerables y, en los casos más alarmantes, perseguidos por las mismas autoridades que deberían protegerlos.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), creada para garantizar el derecho a informar y ser informado, parece haber mutado en un aparato de silenciamiento.
De garante a verdugo
La FEADLE nació con la promesa de ser un escudo frente a las agresiones que sufren periodistas en el ejercicio de su labor. Sin embargo, testimonios y patrones de actuación revelan una preocupante desviación de su mandato. Cuando un periodista denuncia persecución, intimidación o amenazas, los ministerios públicos adscritos a esta fiscalía suelen declinar la competencia hacia el fuero común, alegando que se trata de delitos menores.
Esta maniobra burocrática no es inocente: desactiva la protección federal y deja al periodista a merced de autoridades locales, muchas veces coludidas con los agresores.
Si el comunicador insiste en su denuncia, comienza una campaña de descalificación institucional. Se cuestiona su credibilidad, se manipulan pruebas, y en los casos más extremos, se revierte el foco de investigación hacia el propio periodista. Se le investiga, se le acosa legalmente, y se filtran sus datos personales a otras dependencias o incluso a medios de comunicación, violando su privacidad y exponiéndolo a represalias.
¿Dónde quedó el Estado de Derecho?
Este patrón de persecución institucional contradice flagrantemente el marco jurídico nacional e internacional. El artículo 6º de la Constitución mexicana consagra la libertad de expresión como un derecho inviolable.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe cualquier forma de censura previa y garantiza el acceso a la información. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole.
La actuación de la FEADLE, lejos de proteger estos derechos, los vulnera. Y lo hace desde una posición de poder institucional, lo que agrava la transgresión. La persecución legal de periodistas no sólo es una violación a sus derechos humanos, sino una amenaza directa al sistema democrático. Sin prensa libre, no hay contrapesos, no hay transparencia, no hay justicia.
Silencio impuesto, violencia tolerada
Mientras la FEADLE desacredita y persigue a periodistas, el crimen organizado continúa asesinando comunicadores con total impunidad. El abandono institucional no es sólo negligencia: es complicidad. La falta de protección efectiva, la revictimización legal y el uso de la fiscalía como instrumento de intimidación configuran un escenario de censura estructural.
La libertad de expresión no puede ser un privilegio condicionado por el poder. Debe ser un derecho garantizado por el Estado, incluso —y sobre todo— cuando incomoda. La prensa no está para agradar, sino para vigilar, denunciar y cuestionar. Y cuando el Estado persigue a quienes lo hacen, lo que está en juego no es sólo el periodismo: es la democracia misma.
