“El Mayo” y los políticos detrás de la protección al Cártel de Sinaloa
De acuerdo a la declaración de Ismael Zambada García, bajo el dominio del Cártel de Sinaloa habrían estado, por lo menos, las administraciones de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum
Por. J. Jesús Lemus
Desde hace por lo menos 50 años Ismael Zambada García, “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa, ha estado manipulando la vida política y la seguridad del país mediante sobornos a policías, militares y políticos de todos los niveles.
Lo anterior fue confesado por el propio “Mayo” Zambada al comparecer ante el Juez Brian M. Cogan, en una corte de Nueva York, en donde el Capo se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continua (CCE) y de delitos bajo la ley RICO, de Lavado de Dinero.
De acuerdo a la declaración de Ismael Zambada García, bajo el dominio del Cártel de Sinaloa habrían estado, por lo menos, las administraciones de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Aun cuando no ha explicado como fueron las conexiones entre el cártel de Sinaloa que él dirigió y los gobiernos que solaparon las acciones de trasiego de drogas, se ha establecido que las puertas que abrieron paso a esa sociedad siempre fueron tres, por lo menos: la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Genera de la Republica y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.
Los señalamientos emitidos por “El Mayo” Zambada abren por lo menos un escenario de dudas en donde los nombres de decenas de funcionarios federales de alto nivel, a parte de los presidentes de México, ahora tienen que ser sometidos al escrutinio judicial, para -al menos- tratar de entender como se dio el entramado criminal entre el Estado mexicano y el Cártel de Sinaloa.
De algunos ya se sospechaba
Si bien es cierto que dentro del concierto nacional de la colusión y las sociedades criminales ya se mencionaban algunos nombres de políticos que, por dinero, decidieron asociarse con el crimen organizado, también resulta que muchos de los posibles implicados en esa trama delictiva hasta ahora habían pasado con un bajo perfil.
Durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid siempre se supo que el principal conecte con los grupos criminales, que les vendió impunidad oficial, fue el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, junto con él operó el entonces procurador General de la República, Sergio García Ramírez.
La jefatura de la Oficina de la Presidencia nació en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, justo cuando se afianzaron los nexos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno federal. El primer titular de la Oficina de la Presidencia fue José Córdoba Montoya, después sustituido por Santiago Oñate Laborde.
En la Secretaría de Gobernación del sexenio de salinas de Gortari fueron titulares Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido y Jorge Carpizo MacGregor, en tanto que como titulares de la PGR fueron Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo MacGregor, Diego Valadés Ríos y Humberto Benítez Treviño.
Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, los hombres que pudieron haber facilitado las operaciones de “El Mayo” y su cártel de Sinaloa, con operadores como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor “El Güero” Palma, Juan José Esparragoza “El Azul” y Armando López “El Rayo de Sinaloa”, entre otros, fueron – desde la secretaría de Gobernación- Esteban Moctezuma Barragán, Emilio Chuayffet Chemor, Francisco Labastida Ochoa y Diódoro Carrasco Altamirano.
En ese sexenio actuaron como titulares de la PGR Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo Cuéllar, mientras que como Jefe de la Oficina de la Presidencia fue Luis Téllez Kuenzler. En ese sexenio existen testimonios que refieren por lo menos la colusión con el narco por parte de Antonio Lozano Gracia.
En el sexenio de Vicente Fox la expansión del Cártel de Sinaloa fue, además de la PGR, Gobernación y Oficina de la Presidencia, hasta la secretaria de Seguridad Pública encabezada por Alejandro Gertz Manero, el actual Fiscal General de la República, desde el sexenio de López Obrador.
Durante la administración de Fox, estuvieron al frente de la Secretaria de Gobernación Santiago Creel y Carlos Abascal. En la PGR despachó Rafael Macedo de la Concha y después Daniel Francisco Cabeza de Vaca, mientras que como Jefe de la Oficina de la Presidencia se desempeñó Alfonso Durazo Montaño.
En el sexenio de Fox fue cuando se afianzaron los lazos de colaboración entre el Estado mexicano y el cártel de Sinaloa, destacando el caso de Genaro García Luna, que siendo titular de la AFI, se puso al servicio de Jesús Zambada García, “El Chuy”, con lo que se lograron eventos como el control del aeropuerto de la Ciudad de México y la fuga de “El Chapo” de Puente Grande, entre otros.
En el gobierno de Felipe Calderón, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna fue quien llevó la batuta de la relación Estado mexicano-cártel de Sinaloa. Por esa razón hoy García Luna se encuentra preso en Estados Unidos.
Durante el gobierno de Calderón al frente de la secretaría de Gobernación estuvieron Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez-Mont Urueta, Francisco Blake Moray Alejandro Poiré. Como titulares de la PGR despacharon Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibáñez.
En ese mismo periodo de gobierno, el de mayor conexión del cártel de Sinaloa con la estructura del poder publico en México, fueron -sucesivamente- jefes de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, Gerardo Ruiz Mateos y Patricia Flores Elizondo.
Durante el gobierno de Enrique Peña, el principal conector con el crimen organizado y socio del cártel de Sinaloa fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Cepeda. De esa relación los testimonios sobran.
Al frente de la Secretaría de Gobernación estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida, en la PGR se desempeñaron Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán, mientras que, como jefes de la Oficina de la Presidencia, desfilaron Aurelio Nuño Mayer y Francisco Guzmán Ortiz.
Ya en el sexenio de López Obrador, el jefe de la Oficina de la Presidencia y principal conector con el narco fue Alfonso Romo Garza, acusado en Estados Unidos de haber lavado dinero a través de dos de sus bancos y casa de bolsa a favor los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
Durante el sexenio de López las sospechas de acercamiento con el narco, con el cártel de Sinaloa, se centran en la persona del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño y del entonces secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández.
El Mayo ante el juez
Tras la polémica declaración de haber mantenido bajo el control del soborno a muchos policías, militares y políticos, Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, durante la audiencia ante el juez Brian M. Cogan, aceptó un acuerdo de confiscación por 15,000 millones de dólares como reparación por el daño causado al pueblo de Estados Unidos.
En la sesión de culpabilidad, la fiscalía presentó a Zambada como líder principal de una organización que, por décadas, traficó cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a gran escala hacia Estados Unidos. El propio expediente oficial subraya el uso sistemático de violencia y pagos de sobornos a funcionarios y policías en México para proteger envíos y evitar capturas.
La principal acusación que pesa sobre “El mayo” es ser líder de una empresa criminal continua, con pena mínima obligatoria de prisión de por vida. También se le atribuyen delito relacionados a lavado, conspiraciones de homicidio y secuestro.
Con El Mayo admitiendo liderazgo y esquema criminal, se robustece la narrativa de que la protección institucional fue sistémica. Fiscales y congresos pueden usar el expediente para exigir nombres, fechas y favores; y, aunque su defensa ha dicho que no cooperará delatando personas, la documentación judicial ya apunta a pagos y complicidades.
Washington vende el caso como golpe histórico a un capo que “bombeó” fentanilo y cocaína a EE. UU.; el expediente coloca al Cártel de Sinaloa como prioridad de seguridad nacional, lo que elevará la exigencia hacia México en control de precursores, puertos y cadenas de corrupción.
