La denuncia contra Nicolás Maduro que la FGR no quiere investigar
Rafael Croda / Proceso
Hace más de un año ONG venezolanas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que se investigara el uso de dinero público de Venezuela en la compra de alimentos con sobreprecios en México y posible lavado de dinero. La demanda, que no se había hecho pública y a la cual Proceso tuvo acceso, calcula que lo defraudado podría ascender a 300 millones de dólares. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no ha ofrecido explicación alguna de su inacción, aunque sabe que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.
Una denuncia de hechos de cáracter penal, presentada hace más de un año ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un caso de corrupción y de robable lavado de dinero que involucra al chavista Nicolás Maduro y a su testaferro Alex Saab (actual ministro de Industria y Producción de Venezuela) permanece, hasta hoy, sin respuesta.
Autores de la demanda, desconocida públicamente hasta ahora y a la cual Proceso tuvo acceso, denuncian que la institución ministerial a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha ofrecido explicación alguna de su inacción y que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.
En abril de 2024 organizaciones civiles venezolanas acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR para solicitar una investigación sobre el uso de dinero público venezolano en la compra en México de alimentos con sobreprecios
Los productos, que además eran de bаja calidad y en algunos casos estaban en mal estado, fueron destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), lanzado en 2016 por Maduro para
atender la crisis alimentaria en Venezuela.
La denuncia, firmada por la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y por el representante de la ONG Provea, Óscar Murillo, calcula que el monto defraudado asciende, al menos, a 140 miIlones de dólares, una cifra conservadora si se compara con una investigación de diputados opositores venezolanos de 2020 que
calcula los sobreprecios en más de 300 miIlones de dólares.
El expediente entregado a la Fiscalía anticorrupción de la FGR (que incluye soporte documental como facturas y estudios de la calidad de alimentos, así como referencias a investigaciones independientes) señala a Alex Saab como un operador financiero de Maduro que actuó en México en complicidad con empresarios locales y
con fondos provenientes de las arcas públicas venezolanas.
“Eso es lo que debe investigar la Fiscalía mexicana”, dice a esta revista Mercedes de Freitas, quien lamenta
la falta de respuesta de la FGR. De Freitas, acompañada de varios abogados mexicanos de la Fundación para la Justicia, entregó personalmente la demanda a la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, el 18 de abril de 2024. Recuerda que fue cordial la reunión en el despacho de la funcionaria ministerial. Pero un año y cuatro meses después nada ha pasado.
“Para nosotros eso está parado y no hay interés en investigar esos hechos de corrupción”, asegura la directora de Transparencia Venezuela y dice que, después de presentar la denuncia, la FGR “no nos da ningún tipo de
información”.
De acuerdo con la demanda, Alex Saab, un hábil empresario nacido hace 53 años en Barranquilla, Colombia, “habría estado involucrado en otro tipo de operaciones presuntamente ilícitas, que además incluyen
al presidente venezolano, Nicolás Maduro”.
El escrito de 23 páginas no acusa directamente ni a Maduro ni a Saab de delitos específicos, sino que se limita a describir “hechos de los cuales se pueden derivar conductas criminales y presuntos responsables” Entre esas eventuales conductas criminales se señalan la compraventa de productosa sobreprecio y de una calidad distinta a la referida en el empaque; la creación de empresas fachada y “posibles actos de corrupción de autoridades nacionales o extranjeras”.
Estas conductas, indicaron los demandantes, “inciden en diversos bienes jurídicos, como la salud de las
personas venezolanas que forman parte del programa CLAP,y el derecho de vivir en un ambiente libre de corrupción y a una buena administración pública”.
Crimen transnacional organizado
Alex Saab, empresario colombiano que comenzó a hacer negocios con el chavismo a principios de la década pasada, y Maduro, quien le otorgó la nacionalidad venezolana y lo habilitó como “diplomático”, son mencionados varias veces a lo largo de la denuncia como protagonistas centrales de la trama de corrupción transnacional con dinero del programa CLAP.
También se menciona como partícipe en el esquema al empresario venezolano Samark López, un fugitivo de la justicia estadunidense, que lo acusa de lavar dinero del narcotráfico.
De acuerdo con la demanda, los productos mexicanos más exportadosatravés de las empresas de Saab a Venezuela, pastas y leche en polvo, tuvieron sobreprecios de 58% y 65%, de manera respectiva, y entre 116% y 331% en otros derivados lácteos.
Sólo entre enero de 2016 y agosto de 2018 las exportaciones mexicanas de 17 tipos de alimentos a Venezuela llegaron a mil 734 millones de dólares, indican datos entregados por la Secretaría de Economía de México a Transparencia Venezuela.
“El negocio de la exportación de México hacia Venezuela incluía un esquema comercial para disimular la fuente financiera de comisiones clandestinas (dinero público venezolano) generada mediante sobreprecios”, señala el jurista e investigador en el Instituto Max Planck de Alemania, Jan-Michael Simon, quien es citado en la demanda.
Según el escrito entregado a la Fiscalía anticorrupción de la FGR, las ganancias de los sobreprecios pasaron por el sistema financiero mexicano en una aparente operación de blanqueo de dinero.
“El sistema financiero, tanto venezolano como el mexicano, se ven afectados en la medida en que ingresan recursos que pudieran tener un origen ilícito”, asegura. Se trata de una denuncia que toca el corazón del régimen chavista venezolano y su entramado de corrupción y que, además, presenta a Saab como un operador internacional de Maduro especializado en operaciones financieras ilícitas.
Estas actividades llevaron a Saab a ser capturado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y a ser extraditado por este país africano a Estados Unidos, en octubre de 2021.
El empresario chavista enfrentaba en un juzgado federal de Miami cargos por conspiración para blanquear dinero de Maduro y para montar un esquema financiero destinado a mover cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción, del narcotráfico y de la minería ilegal tendiente a eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Maduro.
Maduro convirtió la lucha por la liberación de Saab en un asunto de Estado, Y en diciembre de 2023, luego de una negociación secreta con delegados del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró que su empresario de mayor confianza regresara a Venezuela a cambio de repatriar a 10 estadunidenses encarcelados por el chavismo y de liberar a unos 30 presos políticos.
La investigación opositora
El exdiputado opositor venezolano Macario González dice que, aunque Saab hizo negocios y transacciones financieras para Maduro en varios países, México “fue un centro clave para todas esas operaciones”.
Como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2015 y 2020,
González encabezó un grupo legislativo que investigó las transacciones internacionales de Saab y las compras de alimentos que este empresario realizó en México para el sistema CLAP.
De acuerdo con la investigación, entre 2016 у 2018 Saab adquirió en México 12 millones de despensas conocidas como cajas CLAP, cada una de ellas con un sobreprecio de 30 dólares, lo que elevaría el monto del desfalco a las arcas públicas venezolanas a 360 millones de dólares.
“Maduro es el responsable principal de la hacienda pública y, por tanto, es responsable o corresponsable
de esas transacciones que involucran dinero destinado a un programa prioritario para paliar el hambre en Venezuela”, afirma González.
El exdiputado y dirigente opositor deplora la falta de respuesta de la FGR a la denuncia de hechos presentada cinco meses antes de que finalizara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la cual no ha avanzado
durante los 10 meses de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Aquí podemos tener mucho lobby por parte de Maduro para parar no sólo este proceso, sino otros que se
han promovido en México en el pasado por el mismo tema-señala González-f, y también puede haber una
intención de proteger a Maduro, tanto por parte de López Obrador como de la presidenta Sheinbaum”.
El enviado especial
Como denunciantes, Transparencia Venezuela y la ONG de derechos humanos Provea solicitaron a la Fiscalía
anticorrupción de la FGR reconocerlos como víctimas de las operaciones ilícitas realizadas en México con dinero público venezolano a través del entramado empresarial de Saab, considerado por la exfiscal venezolana Luisa Ortega y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un prestanombres de Maduro
que, además, blanquea sus activos.
Si la FGR les reconoce la calidad de victimas, los demandantes podrían intervenir como partes interesadas
en el proceso penal que se inicie y, así, coadyuvar en la investigación.
La demanda también alude una teoría jurídica que, al menos en el ámbito de la justicia mexicana, resulta
novedosa: que la corrupción -en este caso la generada por empresarios mexicanos, Saab y el gobierno de
Maduro- puede tener efectos “incluso letales”, pues el desvío de fondos destinados a alimentar a los venezolanos incidió en la “inseguridad alimentaria aguda” que registra ese pais.
“Existen suficientes indicios para concluir que el negocio corrupto pesa en el incremento de la tasa de menores de cinco años desnutridos y de la tasa de mortalidad (en Venezuela)”, indica el estudio de Jan-Michael
Simon, citado en el escrito de acusación.
En 2016 el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la creación de los CLAP y los presentó como un sistema de distribución de alimentos para los sectores populares, que desde entonces pasaban hambre por la escasez y altos precios de los productos básicos.
Maduro otorgó a Saab un pasaporte diplomático y lo designó como su “enviado especial” a diferentes países para adquirir productos de difícil acceso para el gobierno venezolano. Esto, por las sanciones económicas y financieras que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron al régimen chavista en respuesta a la violenta represión contra manifestantes opositores, en 2017, y al desconocimiento de facto de la Asamblea Nacional de mayoría
opositora.
El carpetazo con Peña Nieto
Saab y sus socios mexicanos -entre ellos, Joaquín Leal, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, sancionados en su momento por el Departamento del Tesoro de EU-fueron investigados en 2021 por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), en ese entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, quien presentó ante la FGR de Gertz Manero cinco denuncias que involucraban a 25 personas en ese entramado ilegal.
La UIF, además, congeló cuentas bancarias por 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares a involucrados en la red de lavado de dinero encabezada Saab.
En 2018, a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había dado por сеrrado el caso mediante un acuerdo reparatorio de tres millones de dólares que pagaron cuatro empresas mexicanas involucradas en el fraude de los sobreprecios: El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans.
Esa suma se entregó a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que además recibió de esas empresas mil 300 contenedores con dos millones de despensas CLAP para entregar en barrios populares de Venezuela.
Tres años después, Nieto Castillo denunció ese acuerdo como ilegal ante la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) y la oficina de Asuntos Internos de la FGR, entre otras razones, porque sus montos eran irrisorios en comparación con el fraude de los sobreprecios.
Jan-Michael Simon sostiene que el acuerdo fue “evidentemente inadecuado” porque las transacciones financieras ilícitas en territorio mexicano, que ascendieron a entre 140 y 360 millones de dólares, son infinitamente superiores al monto del acuerdo de reparación.
Pero ni la FGR de Gertz Manero ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de López Obrador cuestionaron el acuerdo reparatorio, en el cual no figuran Saab ni su empresa Group Grand Limited,
a través de la cual realizó la mayoría de sus transacciones en México.
Tampoco se investigó a profundidad el papel que jugaron las empresas mexicanas que facturaron productos alimenticios con sobreprecios o que entregaron productos de mala calidad o en mal estado.
La investigación de Transparencia Venezuela expone que entre las grandes compañías mexicanas que
vendieron alimentos al gobierno de Maduro a través de la red de Saab figuran Gruma, Minsa, La Moderna, Grupo Pando y Soriana, las cuales son catalogadas por esa organización civil como “empresas cómplices del gobierno venezolano”.
Llamado a Sheinbaum
La decisión de Transparencia Venezuela de presentar la denuncia de hechos ante la Fiscalía anticorrupción
de la FGR se produjo luego de que la institución ministerial se negara de manera reiterada a proporcionar información sobre las investigaciones anteriores, tanto la que terminó con un cuestionado acuerdo en
2018, como las que promovió la UIF ante la FGR tres años después.
“Nunca conseguimos información del caso dentro de la Fiscalía, y lo que hicimos fue pedir ayuda a organizaciones mexicanas, pero aun así nos resultó imposible conocer el estatus de las investigaciones”, dice la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
La historiadora y activista social señala: “Yo siempre me pregunto si es que falta interés político para que el
caso avance y la Fiscalía haga la investigación y muestre más interés, pero no tengo elementos para decir si
falta o no ese interés”.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, continúan las ventas de alimentos de México al régimen de
Maduro en condiciones “de total opacidad”.
El abogado de Fundación para la Justicia, Eduardo Rojas, quien fue acreditado como asesor jurídico de
Transparencia Venezuela y Provea en la denuncia presentada ante la Fiscalia anticorrupción de la FGR, dice
que, ante la falta de respuesta de esa autoridad, presume que no se ha reconocido a esas organizaciones su
calidad de víctimas.
Señala que el silencio de la Fiscalía viola el artículo octavo constitucional, según el cual cuando se hace una solicitud de forma respetuosa y por escrito a la autoridad, ésta tiene la obligación de responder, ya sea en
sentido positivo o negativo, pero debe responder.
El abogado mexicano, quien coordina en la Fundación para la Justicia los proyectos de investigación y litigio estratégico, estuvo en la reunión con la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, el 18 de abril
de 2024, cuando ella recibió la denuncia.
“Nos escuchó muy atenta, hizo algunas preguntas sobre el caso y quedó de analizar y, en su momento,
responder la demanda”, asegura.
Rojas dice que la FGR tiene una resistencia a acерtar casos como ese, que son complejos y difíciles de
investigar, pero también es posible que al conocer la denuncia haya tomado “una decisión que puede obedecer a motivos políticos por la relación entre el gobierno de México y el de Venezuela, o por los propios empresarios mexicanos que están involucrados”.
Aclara: “No tenemos evidencia, pero cuando vemos que hay una inactividad procesal persistente en casos
como este, exploramos la posibilidad de que la Fiscalía haya decidido por razones extrajurídicas que algunos
casos permanezcan en la impunidad”.
Recompensa millonaria
El 7 de agosto último la fiscal estadunidense Pam Bondi anunció un aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, al que acusó de utilizar grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa “para introducir drogas letales y violencia” a Estados Unidos.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no tiene pruebas de que Maduro tenga vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Como siempre decimos: si tienen alguna prueba, que la muestren”, dijo la mandataria. La directora de la Fundación para el Debido Proceso, Katya Salazar, dice que la denuncia de hechos presentada en México por Transparencia Venezuela y Provea es un referente jurídico importante porque ejemplifica el impacto de la corrupción en los derechos humanos.
Históricamente, explica, la corrupción se ha visto como un delito “sin víctimas” que sólo afecta a los Estados, pero la realidad es distinta, porque puede afectar los derechos de las personas, en este caso de millones de venezolanos en situación de vulnerabilidad que fueron defraudados con las cajas CLAP del gobierno de Maduro.
La presión estadunidense contra Maduro aumentó el 13 de agosto último, cuando la fiscal Bondi anunció que
Estados Unidos confiscó a Nicolás Maduro bienes por más de 700 millones de dólares (entre ellos, dos aviones privados, residencias en Florida y en República Dominicana, una granja de caballos, nueve
vehículos, joyas y dinero en efectivo) debido a que fueron adquiridos con dinero de procedencia ilícita.
