Preocupa a la CIDH estigmatización de la prensa desde el Gobierno mexicano

Por: Nora Villegas

Ciudad de México.- En el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2024, se analiza y da cuenta de las agresiones a medios y periodistas en todo el mundo, así como de las recomendaciones hechas a cada país para disminuir la violencia y garantizar el derecho humano a la libertad de expresión.

Aunque no pasan de ser recomendaciones, los Estados firmantes de los acuerdos convenidos en la Asamblea, se comprometen a cumplir con los acuerdos tomados que resultan del monitoreo y promoción del derecho de acceso a la información pública y la promoción de una cultura de responsabilidad e integridad pública.

En el marco de la Cumbre de las Américas, celebrada en Perú, en 2018, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron el compromiso de “Gobernabilidad democrática frente a la Corrupción”, en el cual se comprometieron a robustecer las medidas anticorrupción, tales como el fortalecimiento de los órganos de transparencia y acceso a la información pública y la protección a denunciantes y periodistas en contra de las represalias por investigar o informar actos de corrupción.

En el Informe de 2024, la RELE describe el contexto de violencia letal contra los periodistas en México y agrega a su preocupación la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como la oficialización de las agresiones diarias y sistemáticas hacia la prensa desde el propio gobierno.

Durante 2024, la RELE tomó conocimiento de los asesinatos de periodistas como Roberto Carlos Figueroa Bustos, conductor del programa “Acá el show”, asesinado en Morelos; el locutor Martín Antonio Olivier Rodríguez, locutor del programa “La que más suena”, asesinado en Puebla; Víctor Alfonso Culebro Morales, editor del portal “Realidades”, asesinado en Chiapas; Enrique Hernández Avilés, asesinado en Guerrero; Mauricio Cruz Solís y Patricia Ramírez González, reporteros asesinados en distintos municipios de Michoacán y Adriano Bachega, asesinado en Monterrey, entre otros.

En México continúan los ataques violentos y atentados en contra de la prensa, admeás de la impunidad y negligencia absoluta ante autoridades de todos los niveles de gobierno que siguen amedrentando y censurando el trabajo periodístico y el derecho a la información, es el caso del atentado contra el periodista Alberto Amaro Jordan, director de La Prensa en Tlaxcala, quien a pesar de ser beneficiario del Mecanismo de Protección Federal, él y su escolta fueron blanco de una persecución por elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala y amenazados con un arma de fuego.

Yolanda Caballero, periodista en Tijuana, Baja California, vio cómo se incendiaba su vehículo, luego de que la alcaldesa de Tijuana cuestionara por redes sociales la labor de la periodista “sugiriendo que su interés era económico y no periodístico”, afirma la RELE.

La reportera Perla Aguilar Figueroa fue agredida físicamente y su equipo le fue arrebatado por una funcionaria del gobierno municipal de Tlaltizapán, mientras cubría una protesta de policías despedidos. Los reporteros Víctor Castillo, Dante Álvarez y Carlos Pérez que fueron detenidos por Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México durante una manifestación en contra de la colocación del memorial de Carlos Hank González en el Paseo Tollocan en Toluca.

Vehículos baleados, suspensión de coberturas por falta de seguridad y condiciones para ejercer la labor periodística, encapuchados en motocicleta disparando contra las fachadas de los diarios “Adiscusión” y “El Debate” en Culiacán, Sinaloa; además del secuestro de uno de los repartidores de periódico, Sergio Cárdenas Cervantes.

Agresiones armadas, secuestros, interrogatorios y amenazas configuran el contexto en el que diariamente se desempeña el trabajo periodístico en México, esto aunado, según el análisis internacional de la RELE, a los ataques que, desde el sexenio pasado, sufre la prensa desde el gobierno.

A partir de la presunta filtración de datos personales como credenciales de elector, pasaportes, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y correos electrónicos de periodistas que asistieron a la conferencia mañanera, la RELE recomendó al Estado Mexicano tomar contacto con los afectados y ponderar el riesgo que esto pueda representar, dar cuenta de lo sucedido, indicar medidas para evitar que se repita e investigar y sancionar a los responsables, de todas estas recomendaciones, el gobierno de México no realizó ninguna.

Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el responsable de intervenir ilegalmente las comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos a través del malware Pegasus, fue absuelto y liberado por la autoridad judicial y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacer públicos los contratos relacionados con Pegasus, estos no se difundieron completos.

Funcionarios y actores políticos que estigmatizan y desacreditan a los miembros de la prensa, como el caso del alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, quien llamó “pseudo periodistas” a reporteros que cubrían los hechos de violencia que vivieron 12 trabajadores de limpieza del municipio, o el caso Rocío Nahle y su esposo, quienes llamaron mentiroso al reportero Fidel Pérez de Latinus, por hacer una nota sobre las propiedades de la funcionaria y fueron secundados por el ex presidente, quien acusó todos los días un “nado sincronizado”, “guerra sucia” “calumnias” de Latinus en su contra de su gobierno.

Escenas como la de Andrés Manuel López Obrador pidiendo a Radio Fórmula que “controle al periodista Ciro Gómez Leyva”, o calificar a Loret de Mola de corrupto en la conferencia mañanera. La RELE da cuenta de haber recibido reportes durante el 2024, de que la prensa en México es tratada de “falsa, mentirosa, facha, no objetiva, no profesional y calumniosa, de tener nexos con la oligarquía y hacer manipulación mediática”.

En el informe 2024, la RELE reconoce un avance respecto de las resoluciones judiciales relacionadas con procesos iniciados por periodistas por señalamientos y declaraciones de altos funcionarios del gobierno en contra de la prensa y pone de ejemplo el amparo definitivo obtenido por Raymundo Riva Palacio, en contra de las declaraciones del expresidente durante la conferencia mañanera.

Si bien hablamos de libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende la necesidad, en una sociedad democrática, de que las autoridades se pronuncien sobre cuestiones de interés público, sin embargo, estas sí deben ceñirse a ciertas limitaciones en función del alcance y efectos que puedan producir, es decir, si el gobierno mismo ataca a ciertos periodistas, esta influencia puede aumentar el riesgo de sufrir agresiones por otros actores de la sociedad, lo cual obstaculiza, impide y agrava las condiciones para ejercer libremente el derecho humano a la libertad de expresión.