Pese a suspensión definitiva, SEDENA construye hotel en Laguna de Bacalar
El pasado 07 de mayo el Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo concedió a los habitantes de Bacalar la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 241/2025 a las obras de construcción de un hotel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la zona federal de la Laguna Bacalar, porque pone en riesgo el medioambiente y la cultural del municipio, sin embargo, al día de hoy las fuerzas armadas continúan con el proyecto.
Desde mediados de marzo de 2025, ciudadanos y ambientalistas han realizado manifestaciones, bloqueos y clausuras simbólicas en la construcción del Fuerte de San Felipe, un monumento patrimonio histórico del estado de Quintana Roo, exigiendo a las autoridades federales frenarla de forma inmediata, ya que no se han otorgado los permisos ni se han presentado las evaluaciones correspondiente de impacto ambiental.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero no ha presentado los documentos que lo respalden.
La organizaciones Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. denunciaron que la Sedena no ha frenado la construcción irregular en Bacalar pese a que consiguieron una suspensión, primero provisional, y luego definitiva.
Además de que el proyecto hotelero de la Sedena arrancó desde enero sin contar con los permisos necesarios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni un proceso de consulta pública para la comunidad, por lo tanto, es ilegal.
Daños irreversibles a la laguna de los siete colores: Greenpeace
La organización Greenpeace asegura que “el proceso de dragado con maquinaria pesada podría ocasionar daños ambientales irreversibles a la laguna de los siete colores, además de las afectaciones propias de la construcción y uso del inmueble”, el hotel al lado de la Laguna Bacalar.
“Hacemos un llamado a la legalidad y la transparencia por parte de las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de la laguna y del medio ambiente. Es indispensable que se realice una revisión profunda sobre los impactos ambientales del proyecto, y que se garantice la participación informada de la comunidad.
Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Bacalar y con todas las personas que defienden el derecho a un ambiente sano en la región. Seguiremos atentos al proceso judicial y sumando voces para que este precedente se traduzca en justicia ecológica y respeto pleno a la legalidad y los derechos de las comunidades”, señaló Greepeace en un comunicado.
