Caso Samir Flores, evidencia que la 4T litiga a favor de trasnacionales
el gobierno de la Cuarta Transformación ha dado claras evidencias. Una de ellas es el silencio del Estado mexicano ante la creciente ola de agresiones contra los defensores de la tierra y sus recursos. Además, también habla por si sola la indolencia oficial para la puntual investigación de las agresiones cometidas contra los defensores de la tierra
Por. J. Jesús Lemus
A la presidenta Claudia Sheinbaum le molesta la realidad. Es intolerante cuando se trata de hacer una revisión a los temas más escabrosos, que siguen intocados -como en los peores momentos de lo que ella llama El Neoliberalismo-, como es el caso de la complicidad del Estado con las empresas trasnacionales que siempre conlleva un alto grado de violencia.
La semana que concluye el periodista Julio Astillero, en uso de la palabra durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, cuestionó a la presidenta Sheinbaum sobre su postura en torno a una realidad insoslayable: la asociación del Estado mexicano con empresas extractivas trasnacionales para arrebatar los recursos naturales del subsuelo a los pueblos originarios.
La reacción a la presidenta, colérica como siempre, refiriendo una posición de intolerancia, al recalcar que no iba a permitir que se dijera -justo como es la realidad- que la secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena, litigaba a favor de empresas trasnacionales para despojar de sus recursos a los pueblos naturales.
La postura de la presidenta Sheinbaum reveló una realidad ya señalada desde diversas trincheras informativas: que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene ninguna intención en un cambio de políticas de acceso libre a los grandes corporativos extractivistas que ambicionan la riqueza del subsuelo mexicano.
Así es y así ha sido: el gobierno mexicano, sin importar la ideología política del partido en el poder, ahora como siempre ha priorizado la Inversión Extranjera Directa (IED) frente a la mejoría de las condiciones de vida de los núcleos poblacionales más marginados, los que aún conservan la idiosincrasia elemental de la conservación del suelo como parte de la identidad social.
De lo anterior, el gobierno de la Cuarta Transformación ha dado claras evidencias. Una de ellas es el silencio del Estado mexicano ante la creciente ola de agresiones contra los defensores de la tierra y sus recursos. Además, también habla por si sola la indolencia oficial para la puntual investigación de las agresiones cometidas contra los defensores de la tierra.
Solo desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2018, hasta el cierre del primer cuatrimestre del gobierno del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por Claudia Sheinbaum, en México ya habían sido ejecutados un total de 148 activistas y defensores de Derechos Humanos y medio ambiente.
Hasta el día de hoy, de todos esos asesinatos, solo en cinco casos se logró procesar y sentenciar al o los responsables de la letal agresión. En los otros 143 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, no se tiene ni siquiera una pista de quien o quienes son los responsables de dicha agresión.
Samir, el caso más emblemático
De todos los activistas que lucharon contra trasnacionales y que terminaron asesinados, es el de Samir Flores Soberanes el que mejor evidencia la indolencia del Estado Mexicano. A Samir le arreciaron las amenazas de muerte hasta que hizo eco de sus protestas a través de la radio comunitaria de su localidad.
Hasta antes, Samir solo era visto por el gobierno local del estado de Morelos, como un activista más y “un facineroso, opositor a los proyectos de desarrollo propuestos por la federación”, según lo describió un informe interno de la Secretaría de Gobierno fechado en enero del 2015, en la administración de Graco Ramírez Abreu.
Hasta antes del 2016, fecha en la que Samir Flores arreció sus protestas a través de la estación de radio comunitaria que él mismo fundó, sus protestas por la defensa del agua y el territorio, principalmente las relacionadas a inocuidad de la agricultura, solo la manifestaba a través de marchas y plantones frente a instancias del gobierno local.
Con la radio como herramienta de denuncia social, fue cuando comenzó a ser más observado por el gobierno estatal.
Fue contra la CFE
Aun cuando de origen Samir Flores fincó su lucha social en la protección de la agricultura y el cuidado del agua para el suministro a los cultivos a baja escala, tras el anuncio del gobierno federal para poner en marcha el llamado Proyecto Integral Morelos, consistente en la construcción de un gasoducto y dos plantas termoeléctricas, fue que inició una movilización permanente no solo contra las empresas españolas Abengoa y Elecnor, inversoras del proyecto, sino contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del gobierno federal y el estatal de Morelos, gestoras del mismo.
La movilización de Samir, que despertó la conciencia de todos los habitantes del norte de Morelos y sur de Puebla y Tlaxcala para evitar que se construyera el gasoducto y se pusiera en operación la planta termoeléctrica de Yecapixtla, donde se hizo una inversión de 25 millones de pesos, fue lo que le colocó en la mira de sus asesinos, pues desde su estación de radio, Amiltzinko 100.7 FM, comenzó a organizar a todas las poblaciones de la zona, para levantar un cerco de resistencia contra el proyecto.
La lucha de Samir Flores, la que arreció desde la radio contra el Proyecto Integral Morelos no fue solo “un capricho”, como lo calificó en alguna ocasión el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Tenía fundamentos:
desde su espacio público denunció que el Proyecto Integral Morelos significaba el arrebato de más de 172 kilómetros de suelo -por el paso del gasoducto- en 39 comunidades rurales de nueve municipios de Tlaxcala, 10 de puebla y cinco de Morelos.
Pero además, representa el arrebato de 157 veces el agua que pudiera caber dentro del estadio Azteca, en un año, lo que dejaría sin abasto de líquido para la zona agrícola de los municipios de Jantetelco, Temoac, Jonacatepec, Cuautla y Yecapixtla.
Si bien es cierto que la sola presencia de Samir en reuniones de resistencia vecinal las convertía en verdaderos mítines políticos, también es de señalar que su presencia mediática, a través de la radio, lo hizo potencializar exponencialmente su movimiento, convirtiéndose en un verdadero líder ubicuo, que al mismo tiempo dialogaba y organizaba las protestas, a través de su programación, con vecinos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, lo que lo convirtió en un hombre potencialmente “peligroso” a los intereses económicos de la CFE, las empresas inversoras y para el propio gobierno federal y estatal de Morelos, empecinados en el proyecto.
El mayor grado de “peligrosidad” lo alcanzó Samir Flores cuando comenzó a manifestar su rechazo a la consulta popular que pretendía –y luego lanzó con resultados poco confiables- el gobierno del residente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció someter a la consulta de la gente la viabilidad de continuar o no con el Proyecto Integral Morelos.
Samir Comenzó a organizar a su pueblo para rechazar la consulta, y en caso de que se llevará a cabo –como finalmente ocurrió- manifestar un rotundo no al proyecto.
Las mentiras de un presidente
El resultado de la consulta, donde increíblemente ganó el “sí” al proyecto, ya no lo pudo conocer Samir Flores Soberanes; a él lo asesinaros dos días antes que se llevara a cabo la dichosa votación.
Ya no pudo conocer las cifras oficiales que orgulloso cantó el propio presidente de la República desde su púlpito mañanero, desde donde anunció que el 59.5 por ciento de los que votaron se dijeron a favor de la puesta en operación de la obra, mientras que el 40.1 por ciento se dijo en contra.
Según las cifras presidenciales en la consulta participaron un total de 55 mil 715 personas, de las que 7 mil 558 son del estado de Puebla, 43 mil 176 votantes lo hicieron en el estado de Morelos, en tanto que otros 4 mil 951 son del estado de Tlaxcala.
Pero para que esos resultados se dieran sin ninguna oposición, a Samir Flores lo tuvieron que asesinar. De este asesinato, el que oficialmente es atribuido al crimen organizado, el propio gobierno federal se desmarcó solícitamente al asegurar que “este gobierno (el de López Obrador) se caracteriza por la no violencia como estrategia para la solución de los problemas”, agradeciendo de paso “a todos los que participaron en esta consulta”.
El terrible asesinato
A Samir Flores Soberanes lo asesinaron la mañana del 20 de febrero del 2019, justo cuando salía de su domicilio en la comunidad de Amiltzingo, del municipio de Temoac.
Fue encontrado por un grupo armado que le disparó en cuatro ocasiones, acertándole dos balas en la cabeza y otras dos en el tórax.
Lo ejecutaron un día después de que organizó una protesta para rechazar públicamente la puesta en operación de Termoeléctrica, la que –insistió en señalar- solo beneficiaría a la planta minera e industrial de Morelos, a la que se suministraría de energía eléctrica a bajo costo, con cargo al despojo del agua y el territorio de las comunidades indígenas de Morelos.
El activista, de 30 años de edad y de origen náhuatl, todavía se reunió -un día antes de su muerte- con el súper delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Erik Flores, el que trató de convencer al grupo que encabezaba Samir Flores Soberanes para que en la consulta todos fueran a favor del llamado Proyecto Integral Morelos.
En la reunión el hoy asesinado cuestionó severamente la postura oficial de pleno apoyo del presidente López Obrador a la puesta en operación de del proyecto, por el daño que ocasionara al territorio y el agua de la zona.
Por esa razón el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) estima que este fue un asesinato de Estado, pero aun así reclamó al gobierno federal una rápida y puntual investigación sobre los hechos, no sin recordar que el propio presidente López Obrador generó con su discurso un encono contra los opositores a la termoeléctrica, al cuestionar y descalificar el movimiento encabezado por Samir Flores, lo que de alguna forma pudo haber contribuido en el asesinato.
El esclarecimiento del homicidio de Samir Flores, que al cierre de este trabajo aún se encontraba sin avances debido a que la Fiscalía del Estado de Morelos “extravió” algunas de las pruebas base de la investigación, se asimila en mucho al del periodista Rafael Murúa Manríquez, asesinado en el municipio de Santa Rosalía, Baja California Sur, el 20 de enero del 2019, por el solo hecho de que algunas pruebas han sido “extraviadas” por la Procuraduría General de Justicia de ese estado, como si se tratara de un guión oficial preestablecido para no llegar al esclarecimiento.
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