Códigos penales y sentencias judiciales, amenazan al libre periodismo
Felipe Calderón mandó a desaparecer periodistas, a encarcelarlos, a asesinarlos. Solamente era un sujeto atacando al libre ejercicio del periodismo, ahora es una clase política agrediendo desde las leyes, para que se recurra a la autocensura y que México siga aumentando las zonas de silencio, donde los habitantes pierdan el derecho a la información libre de propaganda y complacencias al régimen
Si bien a finales de abril la presidenta Claudia Sheibaum pidió al Senado modificar o eliminar el Artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones que otorga a la Agencia Digital la facultad retirar concesiones de radio y televisión, bloquear páginas web de periódicos independientes y cuentas en redes sociales que soliciten las autoridades competentes al determinar que un contenido o una acción es ilegal o grave -sin justificarlo y sin una orden judicial de por medio-, los gobiernos estatales encontraron el camino para lograrlo: instrumentalizar el derecho penal con fines de control político, modificando sus leyes y recurriendo a jueces para silenciar a periodistas que los incomoden.
En Michoacán, hasta seis años de cárcel a quien mencione a narcos
El pasado 28 de mayo, el Congreso de Michoacán aprobó las reformas al Código Penal en materia de apología del delito en los términos propuestos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).
A partir de ese día en Michoacán se imponen de tres a seis meses de prisión y multas de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a quien “por cualquier medio haga alusión de personas o grupos delictivos“.
El contexto estatal en que se dieron dichos cambios al Código Penal comenzó cuando Ramírez Bedolla firmó un decreto el 16 de abril para prohibir los temas musicales que hagan apología al delito (como los narcocorridos) en eventos públicos.
Se indicó que esta medida busca prohibir la interpretación y/o reproducción de música que fomente actividades ilícitas o violentas, como sucede con los llamados narcocorridos, sin embargo, la modificación al Código Penal de finales de finales de mayo va dirigida a reporteros comunicadores y periodistas que aludan o mencionen con nombres y apellidos a líderes de cárteles del narcotráfico que operan en Michoacán.
En ese sentido, “la cobertura informativa sobre violencia, crimen organizado y seguridad pública quedaría sujeta a persecución penal, atentando contra el derecho a la información de la sociedad y generando un clima de autocensura en un contexto ya de por sí adverso para la prensa; resulta violatorio de derechos y atentan contra el ejercicio periodístico en esta entidad criminalizando al periodismo”, advirtieron ONGs defensoras de la libertad de expresión antes de que se aprobarán las modificaciones al Artículo 19 del Código Penal de Michoacán.
Y por supuesto que no se informe sobre las relaciones del gobernador de Michoacán y altos funcionarios de su gabinete con líderes del crimen organizado, que tienen sumida a la entidad en una espiral de violencia, por lo que desde hace tres años está dentro de los primeros cuatro estados con mayores índices de homicidios dolosos.
Menos que se mencione que Ramírez Bedolla, además de los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, están bajo sospecha de diversos delitos relacionados al tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo en agravio del pueblo y gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con una investigación judicial de la coordinación con agentes de las agencias antidrogas (DEA), del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
En Puebla, tres años de prisión a quienes “insulten” en redes sociales
El periódico oficial de Puebla el pasado viernes publicó la Ley de Ciberseguridad propuesta por el gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena), creándose el delito de “ciberasedio”.
A partir del 13 de junio en ese estado a través del Artículo 380 de dicha ley se sanciona con multas de cinco mil a 30 mil pesos y 11 meses a tres años de cárcel a
“quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
El Congreso de Puebla también aprobó cambios con la finalidad de tipificar el delito de usurpación de identidad y espionaje digital.
La Ley de Ciberseguridad, llamada “Ley Censura”, se aprobó luego de la confrontación entre el gobernador morenista Alejandro Armenta y diversos periodistas independientes.
Exigió a la Fiscalía poblana actuar contra usuarios de redes sociales que lo criticaron por la contratación de artistas para eventos oficiales.
En sus conferencias, Armenta ha señalado a cuentas como La Aldea Poblana en la red X, exigiendo públicamente que se identifique a sus administradores.
A principios de abril, Armenta Mier llamó canalla, cobarde al director del portal e-Consulta, Rodolfo Ruiz, y lo acusó de liderar una red de ciberdelincuentes y de publicaciones no realizadas.
El mandatario pidió a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación contra el periodista bajo los cargos de violencia de género y difamación, y que sus comentarios fomentaron hostigamiento a través de redes sociales.
Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla indicaron que los delitos incorporados “incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”.
En Campeche, a petición de Layda, jueza prohíbe ejercer a periodista
El pasado viernes, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada resolvió en audiencia que el periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años de edad y exdirector del periódico “Tribuna” de Campeche, no podrá ejercer el periodismo durante dos años y deberá pagar dos millones de pesos, presuntamente por cometer los delitos de calumnias y discurso de odio contra la gobernadora de ese estado, Layda Sansores San Román, de Morena.
Aunque el periodista ya no tiene relación laboral con el medio de comunicación desde 2016, de acuerdo con la jueza, es responsable de las supuestas agresiones contra Layda Sansores.
En entrevista para Proceso, Martínez Taboada presentó como prueba el documento de su liquidación desde 2017 del periódico Tribuna.
A la Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V. , Tribuna Campeche, la jueza le ordenó desaparecer el sitio web, que empleaba a al menos 30 personas.
“Si amanezco muerto mañana, no me maté, no tengo intenciones de matarme”, declaró el periodista con 50 años de trayectoria, pues acusa que la gobernadora Layda Sansores tiene a sus órdenes a las autoridades judiciales.
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) inició la carpeta de investigación CI-2-2025-24 luego de la denuncia de Sansores San Román.
La persecución contra Jorge Luis González Valdez y su ejercicio periodístico y libertad de expresión lleva años: en el 2022 fue demandado por el sobrino de Layda Sansores, Gerardo Sanchez Sansores, conocido como “Ceso Loco”, y por el vocero de comunicación del estado, Walther David Patrón Bacab.
De acuerdo con el periodista, policías estatales y patrullas lo vigilan, por lo que teme por su seguridad.
Además, informó que hay otros colegas periodistas de Campeche que ya fueron amenazados con ser demandados por el mismo delito del que le acusaron, de acuerdo con Proceso.
La 4T mata al periodismo modificando las leyes
Nunca como ahora el periodismo independiente en México está bajo amenaza. La labor tanto de reporteros, como comunicadores y periodistas de difundir lo que no quieren que se conozca, cuestionar al poder para generar la conciencia crítica de la sociedad, está en riesgo.
El derecho a la libertad de expresión y a ejercer el libre periodismo está amenazado, con lo que se viola el derecho a la información de los mexicanos, recalcó este lunes el periodista J.Jesús Lemus, autor del libro “Los Días de la Ira”.
“En los gobiernos del PRI y el PAN, Peña Nieto mandó a asesinar, a reprimir periodistas; Felipe Calderón mandó a desaparecer periodistas, a encarcelarlos, a asesinarlos. Solamente era un sujeto para atacar al libre ejercicio del periodismo, ahora es una clase política atacando al libre ejercicio periodístico desde las leyes”, subrayó.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum tienen toda la razón al decir que “no encarcelan, no matan, no persiguen, pues se dieron cuenta que no era el camino. Si mataban al periodismo vivo, más voces seguían alzándose. En la Cuarta Transformación el camino para matar al periodismo es con las leyes, haciendo zonas de silencio”, remata J. Jesús Lemus.
