Los datos biométricos, incluyendo el marco facial y la huella dactilar, en la nueva CURP, que incluye la Llave MX, y los de la credencial del INE, de 130 millones de personas que habitan o visitan el país, se concentrarán en una base masiva de datos establecidos por la Secretaría de Gobernación -Plataforma Única de Identidad-, a la cual tendrán acceso los tres niveles de gobierno, de acuerdo con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, aprobada el día de ayer por el Senado de la República.
Con 75 votos a favor y 37 en contra, los senadores aprobaron en lo general la nueva ley que obliga el uso de Llave MX a todos los mexicanos, una herramienta digital vinculada a la CURP biométrica, con el pretexto de simplificar trámites ante la Federación, estados y municipios y todas las instituciones, incluidas las autónomas.
Solo falta que sea ratificada por el Ejecutivo Federal, aunque fue una iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum enviada al Congreso, por lo que puede decirse que ya fue aprobada.
Sedena, fiscalías, CNI y fiscalías tendrán libre acceso a los datos personales de todos los mexicanos
La aprobación de esa legislación se da en el contexto también de las modificaciones a Ley de la Guardia Nacional para que militares realicen labores de inteligencia e investigación como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para combatir la delincuencia.
Por lo que, a nivel constitucional, sin orden judicial de por medio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá acceso directo toda la información personal de todos los mexicanos, incluyendo TODAS nuestras actividades en Internet, concentradas en la Plataforma Única de Identidad.
Bajo la lógica de que “toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas” se le permita el “acceso irrestricto y consulta inmediata a sus registros, bases de datos o sistemas de información” como las Fiscalías, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las autoridades que integran el “Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal”, incluyendo a las fuerzas armadas, “atenta contra la privacidad y la seguridad de todas las personas”, advirtió desde meses atrás la organización R3D por los Derechos Digitales.
“Este acceso sin restricciones, límites, transparencia o cualquier salvaguarda contra abusos representa una grave atentado a la privacidad y la seguridad de todas las personas en el país, sobre todo con los antecedentes de frecuente colusión entre autoridades y la delincuencia, así como el abuso sistemático e impune de las instituciones de seguridad y sus sistemas tecnológicos para la vigilancia de la población”, asegura la ONG.
Ciberdelincuencia al acecho
Defensores de derechos humanos y de derechos digitales han advertido desde meses atrás sobre los riesgos de vigilancia y control excesivo del Estado, que tiende al autoritarismo, sobre la población y los inminentes riesgos de vulneración de nuestros datos por parte de la ciberdelincuencia.
El oficialismo defiende su eficiencia y modernización para evitar trabas burocráticas y terminar con la corrupción.
“Se producen incentivos para ser vulnerada a través de ataques informáticos u otros métodos, ya que la recompensa por acceder exitosamente a una sola base de datos es invaluable”, asegura la R3D por los Derechos Digitales.
Además, al ser obligatorio el uso de la CURP como único requisito para hacer trámites burocráticos y privados con información biométrica, “se impide que las personas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación informativa y hace inescapables las consecuencias de una vulneración.”
Debido a la naturaleza biométrica de los datos –es decir, al estar ligados a características físicas o fisiológicas de una persona y ser únicos e insustituibles– las consecuencias de una vulneración tendrían efectos permanentes o muy difíciles de remediar, como exponer a las personas a suplantaciones de identidad, discriminación u otras secuelas, incluso, por el resto de sus vidas.
Y pesar de que las iniciativas establecen que se solicitará “autorización” y “consentimiento” del titular tanto para las transferencias como el registro directo de sus datos biométricos, “eso es una farsa”, asegura la ONG, pues las personas se verán se verán condicionadas a “autorizar” o “consentir” el tratamiento de sus datos biométricos bajo coerción para el ejercicio de derechos, lo cual vulnera el principio de consentimiento.
Excluirá a poblaciones vulnerables
Ya se ha documentado en países que han establecido sistemas similares, como la India, que el condicionamiento del acceso a servicios públicos y programas sociales a la identificación biométrica puede llevar a la exclusión de poblaciones en situaciones vulnerables, “como las personas migrantes, personas sin acceso a una vivienda, poblaciones rurales, entre otras, con consecuencias incluso fatales“.
Así, que ahora en México para cualquier acceso al algún Programa del Bienestar del segundo piso de la Cuarta Transformación se tiene que tener sí o sí registrados los datos de los mexicanos en la Plataforma Única de Identidad.
“La identificación biométrica puede excluir especialmente a personas como las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas trans, personas que hacen algunos tipos de trabajo manual intenso, entre otras, cuyas características físicas pueden cambiar e imposibilitar o dificultar la identificación biométrica y, con ello, su acceso a derechos”, consideran los expertos.
Datos de defensores y buscadores aún más en riesgo
La propuesta de reforma en materia de desaparición forzada enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso en abril pasado prometía ser un avance en la resolución de miles de casos, incluyendo los datos tanto de los colectivos de familiares buscadores, activistas y defensores de derechos humanos en la Plataforma Única de Identidad.
Sin embargo, el recabar esos datos de estas personas para ponerlos en manos del Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) o la propia Sedena los vulnera todavía más porque pueden caer en manos de organizaciones criminales colulidas con las fuerzas armadas o autoridades policíacas, así como maquillar cifras de víctimas de desaparición forzada, como lo plantea el periodista Luis Calderón en su artículo publicado en este espacio:
