Con la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, se legalizó que los militares intervengan las comunicaciones, realicen operaciones encubiertas, utilizando “usuarios simulados” y accedan a datos georreferenciados para procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional.
Además que elementos de las fuerzas armadas puedan solicitar licencias para postularse a cargos de elección popular u ocupar puestos como funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno.
Aunque 349 diputados de Morena votaron a favor, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, admitió que se revisará la ley, porque no debe de ser de militares en funciones.
Esas reformas eliminan “el carácter civil al cuerpo policíaco”, si es que alguna vez lo tuvo desde que se creó en 2019, para convertirla en Fuerza Armada Permanente dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien controlará totalmente sus funciones administrativas y operativas de 131 mil 858 efectivos.
No obstante, la diputada de Morena Dolores Padierna aseguró que “las fuerzas armadas están al mando de la presidenta de la República, no se mandan solas y la Presidenta es un mando civil, de tal manera que lo de militarismo solo caben el desgarriate que tenían los anteriores gobiernos en materia de seguridad”.
Oposición débil ante la militarización del país
Lo anterior ante los señalamientos de la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano (MC), quien pidió detener la discusión de la Ley de la Guardia Nacional por considerar que las reformas contenidas en el dictamen:
“Consolidan la militarización de la seguridad pública del país, y no solo eso, consolida la militarización de la vida pública de México”. No se detuvo la discusión. La legisladora sostuvo que su bancada presentará un amparo.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, no se pronunció por las consecuencias que traería la legalización del espionaje contra la población civil por parte del Ejército, sino solo abogó por su bancada, asegurando que con las reformas en materia de seguridad y de telecomunicaciones, el gobierno federal busca espiar a la oposición, porque “Morena quiere una dictadura como nunca había visto este país”.
No están claras las atribuciones del Ejército en materia de “inteligencia”
En un comunicado las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 México y Centroamérica y Social TIC alertan que las modificaciones al Artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta a la Ley de la Guardia Nacional NO ACLARA SI SE REQUIERE AUTORIZACIÓN JUDICIAL “para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil (teléfonos celulares) en tiempo real”, lo que genera confusión.
Además de que “esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos” de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras, que de por sí han sido espiados ilegalmente durante décadas como documentó la investigación Ejército Espía.
Ya que las reciente reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia Desaparición Forzada “imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real”. Como lo publicamos en este espacio:
Aunado “al contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales” refieren las ONGs, al haber desaparecido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México (INAI).
Mientras no se aclare la redacción de ese artículo en las leyes secundarias de la Guardia Nacional, el Ejército podrá pedir a las empresas de telefonía y servicios de Internet, sin orden judicial de por medio, nuestros teléfonos, direcciones, conversaciones y toda nuestra actividad en la web. Datos concentrados a su vez en la Plataforma Única de Identidad, que tendrá nuestra CURP con datos biométricos y Llave MX.
Por lo que piden al Congreso de la Unión desechar esas reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum de intentar la “legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército. Es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas”.
Para AMLO, el militarismo de México sí fue “solución”
Uno de los patrones conductuales que seguimos padeciendo los mexicanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador es su amnesia narcisista, caracterizada por la dificultad para reconocer sus propios errores o fallas y culpando a otros de sus fracasos.
Durante 18 años rechazó la militarización del país en la Guerra contra el narco y su continuación en los sexenios de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) y durante su campaña por la Presidencia de la República ofreció que de ganar las elecciones, sacaría al Ejército de las calles en seis meses.
Delineando una estrategia de mando único policíaco y reorganización de los cuerpos de seguridad, pero sin descuidar la política social. En 2019 creó la Guardia Nacional con carácter civil policíaco. Promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.
En 2020 admitió que “no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles”.
No solo no los regresó a sus cuarteles, les otorgó funciones inéditas para civiles como las construcciones de un aeropuerto internacional, el AIFA; un sistema ferroviario, el Tren Maya, y mil 600 sucursales Bancos del Bienestar, hospitales y un largo etcétera.
AMLO creó las empresas del ejército.
No conforme con otorgarle el mayor presupuesto de la historia del país a la Sedena y 50 contratos de adjudicación directa para la construcción de aeropuertos, trenes, bancos del Bienestar, hoteles y hasta museos, a 15 días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un decreto a la Cámara de Diputados para que el dinero recaudado del turismo internacional engrose las empresas controladas por el Ejército. Como publicamos en este espacio:
Parte de esos recursos del turismo internacional ya eran destinados a la construcción del Tren Maya y, ahora, de aprobarse el decreto de AMLO, ese dinero se destinará a la administración, desarrollo y construcción de los proyectos de empresas militares concentrados en el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM).
Una vez en el poder a López Obrador se le olvidó que demandó investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas como en la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.
“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explicó a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola en 2020. A cinco años todo es distinto. Por el contrario, AMLO depositó toda su confianza en ellas.
Fortalecida, presencia de las fuerzas armadas en la vida pública
Desde que Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar en la década de los cuarenta (1940-1946), su gobierno fue un puente entre la era de los caudillos militares y la consolidación de un sistema político civil en México.
De ahí en adelante la presencia de los militares fue discreta, aunque son otro Estado dentro del Estado, durante todo el siglo XX y principios del XXI salía a relucir su “heroismo” en casos de desastres naturales en la esfera pública.
En la actualidad el papel del Ejército en la vida pública se ha ido fortaleciendo. Cabe recordar la presencia de militares en el Instituto Nacional Electoral (INE) a cuadro en televisión nacional el pasado 1 de junio al cierre de las elecciones judicial.
Como nunca antes se ha observado presencia militar en eventos públicos de secretarías de Estado: como la SEP, la Secretaría del Bienestar, de Salud, por ejemplo.
“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señaló en entrevista a la BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia en 2020.
“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia.
“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, aseguró el entonces jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, durante el sexenio de López Obrador.
Quizá ahora con la modificación a la Guardia Nacional, le atraiga postularse a cargos de elección popular u ocupar puestos como funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno. Y tengamos un militar de presidente como en el periodo posrevolucionario con el nacimiento del PRI.
