Ve EU huachicol en Pemex y nexos con delincuencia en la CFE
Por. J. Jesús Lemus
Aunque no es menor, sí es menor el caso de Alfonso Romo y sus señalamientos de presunto lavado de dinero a favor de los Cárteles del Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. No es menor, porque con ello evidencia la relación de la 4T con el crimen organizado, pero es menor porque hay casos mayúsculos que refieren como desde el Estado se protege a la delincuencia.
En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mantiene en investigación las relaciones comerciales de dos entes oficiales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que muy pronto podrían ser referidos como aliados del crimen organizado.
El esquema comercial de Pemex, ya puesto sobre la mesa de los analistas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apunta hacia la sospecha de que la paraestatal está relacionada en un esquema mayúsculo de auto robo de combustibles hidrocarburos (Huachicol), que a la vez es comprado por el mismo Pemex.
En el esquema que analiza el personal de investigación del Departamento del Tesoro, se apunta a que la cabeza de la operación estaría a cargo de un grupo de militares que lideran las operaciones de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, la misma estructura que tiene como función evitar el robo del combustible.
Personal militar de la Gerencia de Seguridad, en alianza con células del Cártel de Santa Rosa, Cártel de Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación, serían los encargados de la extracción ilegal de gasolinas, Diesel y gas, mediante tomas clandestinas ubicadas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro.
El combustible extraído se vuelve a ingresar a Pemex, como si se tratar de combustible transportado entre refinerías, y en otras ocasiones, como si se tratara de combustible de importación, en donde intervienen funcionarios de las subdirecciones De Producción, De Petroquímica y Gas Natural, De Comercialización y de Comercio Internacional.
De acuerdo a la Investigación del Departamento del Tesoro, el que es conocido en México como Huachicol Fiscal, el combustible que se trae de Estados Unidos y se importa a nuestro país falseando documentos y manifestaciones para decir que se trata de aceites de desecho, es también incorporado al flujo oficial de combustibles que maneja Pemex.
La red de corrupción dentro de Pemex, que se revisa en Estados Unidos, se entiende a funcionarios federales y estatales en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán y Colima, en donde personal de Pemex vuelve a reincorporar el combustible ilegal, dejando pérdidas millonarias a la paraestatal.
La colusión entre empresas criminales y entes del Estado mexicano también se extiende a la Comisión Federal de Electricidad, en donde -según el Departamento del Tesoro- el crimen organizado mantiene grandes utilidades económicas, principalmente en la comercialización de carbón.
Lo que se sabe al respecto es que la CFE mantiene tratos comerciales con por lo menos tres grupos criminales que le suministran de carbón robado. Dicho carbón -necesario para la generación de electricidad- se coloca mediante empresas fantasmas, algunas de ellas supuestas subsidiarias de empresas formalmente establecidas dentro del ramo minero.
Los grupos delictivos a los que sin mayor cuestionamiento la CFE les compra carbón mineral, son el Cártel del Noreste, El Cártel de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, de la fracción del Mayo Zambada. Todos ellos con presencia en la zona carbonífera de Coahuila, en donde estos mismos cárteles están asociados con algunas empresas mineras.
La compra de carbón robado, por parte de la CFE, se viene haciendo -al menos así está documentado en el Departamento del Tesoro- desde que Manuel Bartlett Díaz asumió la dirección de la paraestatal, en el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde ese periodo data también el registro de la relación de la CFE con células del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, a las que se les encomendó la seguridad de diversas obras y megaproyectos que la CFE en sociedad con empresas extranjeras, como Trans Canadá, para que no sean saboteadas por defensores del territorio.
Resultado de esa relación, entre la CFE y grupo criminales, es el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado por oponerse a la consulta y a la construcción de la planta generadora de electricidad de Yecapixtla, en el estado de Morelos, la que esta consumiendo el agua de la zona norte de ese estado.
La corrupción y la colusión dentro de Pemex y la CFE, sin duda será un nuevo tema que la administración del presidente Donald Trump podría utilizar para ablandar la política del gobierno de la Cuarta Transformación, a fin de lograr una mayor participación comercial en México.
