La corrupción de Alfonso Romo se hermanó con García Luna: eran socios en lavado de dinero
Con el señalamiento del gobierno norteamericano sobre el lavado de dinero que facilitó Alfonso Romo a la red de empresas de García Luna, queda en evidencia que algunos funcionarios de la Cuarta Transformación son parte del mismo régimen de corrupción contra el que supuestamente lucha el lópezobradorismo pero que en el fondo son lo mismo.
En el entramado de corrupción y lavado de dinero que a través de sus bancos creó el ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, ha brotado el nombre de Genaro García Luna, el exsecretario federal de Seguridad que en el tiempo de Felipe Calderón se asoció con el narco.
De acuerdo a información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la casa de bolsa Vector, de Alfonso Romo, habría lavado al menos 40 millones de dólares a favor de Genaro García Luna, mediante pagos realizados a proveedores de algunas de sus empresas.
El hecho denunciado por el gobierno de Estados Unidos es un duro golpe a la honorabilidad del régimen de la Cuarta Transformación, dado que Alfonso Romo, a demás de ser uno de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador, también fue el enlace entre la la 4T y el sector empresarial.
Cabe recordar que García Luna, hoy sentenciado a 38 años de prisión, fue el secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y se coludió con diversos cárteles de las drogas, a los que les vendió protección con fuerzas publicas del Estado mexicano, haciendo que los grupos criminales se expandieran.
Siempre García Luna fue el blanco favorito del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el que constantemente utilizó la figura y el nombre del secretario de seguridad de Calderón para referir ejemplarmente la corrupción en el régimen neoliberal, aludiendo las asolaciones criminales al amparo del poder.
Con el señalamiento del gobierno norteamericano sobre el lavado de dinero que facilitó Alfonso Romo a la red de empresas de García Luna, queda en evidencia que algunos funcionarios de la Cuarta Transformación son parte del mismo régimen de corrupción contra el que supuestamente lucha el lópezobradorismo pero que en el fondo son lo mismo.
Al menos cinco empresas
Según lo ha referido el departamento del Tesoro de Estados Unidos, al menor serían tres empresas de la red de corrupción diseñada por Genaro García Luna, las que dentro del sistema financiero de Alfonso Romo habrían lavado sus activos provenientes de actividades ilícitas.
Las empresas de García Luna de las que existe certeza que movieron sus dineros sucios dentro de los bancos de Alfonso Romo, para legalizar sus ingresos, son Nunvav Inc. S.A., Nunvav Technologies Inc. S.A. y Gull Holding Enterprise Inc. S.A., las que habrían pagado a diversas empresas de proveedores a través de Vector Casa de Bolsa S.A.
Otras dos empresas de García Luna que también utilizaron la casa de bolsa Vector de Alfonso Romo, para pagar a sus proveedores -en apariencia empresas fantasmas-, son Glac Security Consulting, Technology, Risk Management S.C. y el conglomerado que integra a las firmas South Street LLC, Reynolds LLC, Century LLC, Sigb LLC y Pen II LLC.
Entre los beneficiados con el lavado de dinero que posibilitó Alfonso Romo, se encuentran los principales socios de dichas empresas, parte de la red criminal de Genaro García Luna, entre los que se encuentran Linda Cristina Pereyra, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto.
AMLO siempre lo supo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encontró la conexión García Luna – Alfonso Romo tras seguir la pista a 20 millones de dólares que fue el monto del dinero pagado a la empresa Nunvav Inc., por parte del gobierno mexicano en el periodo de Enrique peña Nieto, por un contrato con el sistema federal de prisiones.
El contrato que fue la punta de la madeja para encontrar la siniestra conexión es el que amparaba la compra e instalación de un sistema de circuito cerrado para el Centro Federal de Readaptación Social No. 7, en Durango. Ese contrato se formalizó el 18 de octubre de 2016.
Después hubo otro contrato, el que también llamó la atención del departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese se formalizó el 6 de junio del 2017, y consistió en el suministro de “un sistema de inteligencia” en el Centro Federal de Readaptación Social y Psicológica, en Morelos.
Por dicho contrato la empresa Nunvav Inc., recibió del gobierno federal la cantidad de 6 millones 850 mil dólares, los que fueron dispersos a través del sistema financiero de Alfonso Romo, a trave del cual se pagó a diversos socios y empresas de proveedores.
Sobre estos dos contratos, que fueron los que llamaron la atención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para iniciar las investigaciones, cabe decir que sus movimientos eran conocidos por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. De esos movimientos se habló en diversas Conferencias mañaneras.
Recientemente, todavía la presidenta Claudia Sheinbaum -vía Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera- informó sobre la red de corrupción que permeó las actividades financieras de Genaro García Luna y varios de sus allegados, estableciendo que el gobierno de la 4T siempre supo de las acciones de lavado de dinero que hacía el sistema financiero de Alfonso Romo.
La Investigacipon, abierta
Pese a que no se ha tenido ninguna reacción del gobierno mexicano, con respecto a los servicios de lavado de dinero que Alfonso Romo ofreció a diversas agrupaciones criminales, tanto en la DEA como en el FBI se ha retomado el caso, en busca de evidencias que puedan recaer en el ámbito de investigaciones conexas.
Una de esas investigaciones, que han derivado de la exposición de la red de lavado de dinero de Alfonso Romo, toca a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la que el gobierno norteamericano sospecha encubrimiento, al no haber advertido lo obvio que eran las transacciones financieras ilegales.
El caso de Alfonso Romo y sus señalamientos de presunto “lavado de dinero” a favor de los Cárteles del Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. No es menor, porque con ello evidencia la relación de la 4T con el crimen organizado, pero es menor porque hay casos mayúsculos que refieren como desde el Estado se protege a la delincuencia.
En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mantiene en investigación las relaciones comerciales de dos entes oficiales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que muy pronto podrían ser referidos como aliados del crimen organizado.
El esquema comercial de Pemex, ya puesto sobre la mesa de los analistas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apunta hacia la sospecha de que la paraestatal está relacionada en un esquema mayúsculo de auto robo de combustibles hidrocarburos (Huachicol), que a la vez es comprado por el mismo Pemex.
En el esquema que analiza el personal de investigación del Departamento del Tesoro, se apunta a que la cabeza de la operación estaría a cargo de un grupo de militares que lideran las operaciones de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, la misma estructura que tiene como función evitar el robo del combustible.
Personal militar de la Gerencia de Seguridad, en alianza con células del Cártel de Santa Rosa, Cártel de Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación, serían los encargados de la extracción ilegal de gasolinas, Diesel y gas, mediante tomas clandestinas ubicadas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro.
El combustible extraído se vuelve a ingresar a Pemex, como si se tratar de combustible transportado entre refinerías, y en otras ocasiones, como si se tratara de combustible de importación, en donde intervienen funcionarios de las subdirecciones De Producción, De Petroquímica y Gas Natural, De Comercialización y de Comercio Internacional.
De acuerdo a la Investigación del Departamento del Tesoro, el que es conocido en México como Huachicol Fiscal, el combustible que se trae de Estados Unidos y se importa a nuestro país falseando documentos y manifestaciones para decir que se trata de aceites de desecho, es también incorporado al flujo oficial de combustibles que maneja Pemex.
La red de corrupción dentro de Pemex, que se revisa en Estados Unidos, se entiende a funcionarios federales y estatales en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Michoacán y Colima, en donde personal de Pemex vuelve a reincorporar el combustible ilegal, dejando pérdidas millonarias a la paraestatal.
La colusión entre empresas criminales y entes del Estado mexicano también se extiende a la Comisión Federal de Electricidad, en donde -según el Departamento del Tesoro- el crimen organizado mantiene grandes utilidades económicas, principalmente en la comercialización de carbón.
Lo que se sabe al respecto es que la CFE mantiene tratos comerciales con por lo menos tres grupos criminales que le suministran de carbón robado. Dicho carbón -necesario para la generación de electricidad- se coloca mediante empresas fantasmas, algunas de ellas supuestas subsidiarias de empresas formalmente establecidas dentro del ramo minero.
Los grupos delictivos a los que sin mayor cuestionamiento la CFE les compra carbón mineral, son el Cártel del Noreste, El Cártel de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, de la fracción del Mayo Zambada. Todos ellos con presencia en la zona carbonífera de Coahuila, en donde estos mismos cárteles están asociados con algunas empresas mineras.
La compra de carbón robado, por parte de la CFE, se viene haciendo -al menos así está documentado en el Departamento del Tesoro- desde que Manuel Bartlett Díaz asumió la dirección de la paraestatal, en el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde ese periodo data también el registro de la relación de la CFE con células del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, a las que se les encomendó la seguridad de diversas obras y megaproyectos que la CFE en sociedad con empresas extranjeras, como Trans Canadá, para que no sean saboteadas por defensores del territorio.
Resultado de esa relación, entre la CFE y grupo criminales, es el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado por oponerse a la consulta y a la construcción de la planta generadora de electricidad de Yecapixtla, en el estado de Morelos, la que esta consumiendo el agua de la zona norte de ese estado.
La corrupción y la colusión dentro de Pemex y la CFE, sin duda será un nuevo tema que la administración del presidente Donald Trump podría utilizar para ablandar la política del gobierno de la Cuarta Transformación, a fin de lograr una mayor participación comercial en México.
La estrategia ya comenzó con la debilidad del sistema manifiesta en la corrupción de Alfonso Romo, y sin duda continuará…
