Ruffo y Cabeza de Vaca: los jefes detrás del Huachicol Azul
Los operativos, realizados por la SEDENA, Guardia Nacional, FGR, Marina, se llevaron a cabo hace una semana en dos puntos del estado de Coahuila: Ramos Arizpe y Saltillo. Ahí se localizaron 129 carrotanques ferroviarios cargados con combustibles que no contaban con documentación válida de origen ni traslado.
Por. Cenzontle400
El decomiso de más de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el huachicol. El dato es importante no solo por el volumen incautado -el más grande en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum-, sino por lo que representa:
La desarticulación de una red transnacional de robo y contrabando de hidrocarburos con conexiones políticas en México y Estados Unidos. Es la fuente financiadora de campañas y movilizaciones sociales.
En sus primeras declaraciones sobre el tema, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, fue contundente:
“Se trata de un robo al Estado mexicano, es una estructura criminal que involucra empresas fantasmas, cárteles y complicidades institucionales”.
Detrás de los 129 carrotanques asegurados, etiquetados con nombres de empresas como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, se esconde un modus operandi que combina permisionarios legales, socios políticos y una estructura de protección institucional tejida durante años.
En el centro de esa telaraña aparece un hilo revelador: la relación entre el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El decomiso que lo destapó todo
Los operativos, realizados por la SEDENA, Guardia Nacional, FGR, Marina, se llevaron a cabo hace una semana en dos puntos del estado de Coahuila: Ramos Arizpe y Saltillo. Ahí se localizaron 129 carrotanques ferroviarios cargados con combustibles que no contaban con documentación válida de origen ni traslado.
Lo incautado equivale a 15.48 millones de litros de hidrocarburos -gasolina, diésel y destilados de petróleo-. Los contenedores portaban sellos de Lambrucar, una empresa registrada en Houston, Texas, con sucursales en Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.
El pedimento aduanal presentado correspondía a Ingemar S.A. de C.V., una firma creada en 2018, y que en diciembre de 2023 obtuvo cuatro permisos federales para importar casi 500 millones de litros de combustibles desde Estados Unidos. La FGR investiga ahora si la empresa falsificó documentos y excedió por millones de litros lo permitido legalmente.
¿Quién está detrás?
Los socios de Ingemar incluyen a José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro, y al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
Además, el principal proveedor de Ingemar es la empresa Belar Fuels, con sede en Corpus Christi, Texas, señalada como facilitadora del ingreso de hidrocarburos vía la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las autoridades también han identificado a Industriales Fundentes, una empresa de Saltillo sin registros públicos visibles, como parte de la red logística.
Los investigadores sostienen que estas empresas formaron una estructura binacional para simular legalidad en la importación, camuflando el contrabando de huachicol fiscal a gran escala.
El hilo que une a Ruffo con Cabeza de Vaca
Aunque Ernesto Ruffo ha negado irregularidades y se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades, el caso se complica por un vínculo político de vieja data con Francisco García Cabeza de Vaca. Su relación se remonta al menos a 2012, cuando coincidieron como senadores de la República en la LXII Legislatura, ambos dentro del Grupo Parlamentario del PAN.
Tan estrecha fue su colaboración legislativa que compartieron tareas en la Comisión de Marina -donde Cabeza de Vaca fungió como secretario e integrante clave- y participaron en otras comisiones estratégicas como Energía, Defensa y Pesca.
Entre los documentos oficiales consta que suscribieron juntos diversos puntos de acuerdo, como aquel en el que exhortaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a incluir a la industria naval en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, promoviendo un marco jurídico y recursos para detonar el sector marítimo nacional.
La relación iba más allá del Senado. Ruffo Appel visitó en varias ocasiones Tamaulipas, siendo recibido por Ismael García Cabeza de Vaca -entonces secretario general del PAN estatal-, en eventos organizados con atención especial por parte del Comité Directivo Estatal, bajo instrucciones directas del entonces gobernador Cabeza de Vaca.
Esa cercanía no solo fue institucional, sino también personal. Una muestra clara de esa lealtad se manifestó años después, cuando en la sesión de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2021, el diputado Ernesto Ruffo Appel votó en contra del desafuero de su amigo Francisco García Cabeza de Vaca, en un gesto que más que político, pareció fraternal.
Hoy, esa relación cobra un nuevo significado: Ruffo, señalado por su participación en Ingemar; Cabeza de Vaca, como quien facilitaba condiciones desde el poder estatal; y ambos, desde sus respectivas posiciones, como artífices de una arquitectura política que dio forma a una estructura de poder con apariencia de legalidad, pero que hoy salen a relucir las relaciones criminales sobre saqueo energético y corrupción.
El rol de Tamaulipas: el verdadero laboratorio del huachicol
Durante su gobierno (2016–2022), Cabeza de Vaca convirtió a Tamaulipas en el epicentro del huachicol fronterizo. Bajo su administración se creó el CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios Tamaulipas), un cuerpo parapolicial que -según testimonios de exfuncionarios y denuncias documentadas- fue utilizado, además de muchas otras cosas, para:
• Resguardar las pipas cargadas con combustible robado
• Coaccionara y minimizar a la competencia
• Perseguir y callar a críticos que pudieran descubrir el contrabando
• Asegurar rutas de contrabando
Posteriormente, el CAIET fue transformado en los GOPEs, grupo acusado de múltiples violaciones a derechos humanos y vinculado a la protección de actividades ilegales disfrazadas de operativos de seguridad.
Exfuncionarios federales sostienen que los GOPEs abrían paso a camiones con pedimentos falsos, y que nadie podía inspeccionar esa carga sin enfrentar represalias.
“La consigna era clara: nadie toca las “patonas” (como se conocen las pipas que almacenan grandes cantidades de litros). Venían “arregladas desde arriba”, afirmó un exagente de inteligencia bajo condición de anonimato.
¿Coincidencia o pacto?
Los documentos y testimonios a los que tuvo acceso esta investigación apuntan a que el “huachicol azul” no fue un accidente administrativo, ni solo el resultado de corrupción a nivel operativo. Fue una estrategia estructurada, legislada, protegida y operada desde las más altas esferas del poder político panista, donde Ruffo y Cabeza de Vaca compartieron intereses, visión y -según los hallazgos- también ganancias.
Mientras uno abría la puerta legal desde el Congreso y la fachada empresarial, el otro garantizaba el paso físico desde el Estado y el aparato de seguridad.
El caso está abierto
La FGR ya abrió carpetas de investigación contra las empresas involucradas. Y aunque hasta ahora no se han girado órdenes de aprehensión contra personajes políticos, la presión mediática y las filtraciones dentro del gobierno federal apuntan a un endurecimiento de las acciones penales.
Fuentes consultadas en el entorno de la Secretaría de Seguridad sostienen que se prepara un expediente especial sobre “corrupción estructural en el sistema energético mexicano” y que el vínculo entre Ruffo e Ingemar, y entre Cabeza de Vaca y los cuerpos de seguridad estatales, será el eje de una investigación más amplia.
El negocio de la impunidad
El “huachicol azul” no opera en la clandestinidad. Se disfraza de legalidad, se ampara en reformas legislativas y se mueve en carrotanques rotulados y con pedimento en mano. Lo que lo hace posible no son solo los cárteles, sino la red de políticos que legislan, autorizan, operan y protegen el saqueo desde adentro.
Y si las autoridades realmente buscan cortar el flujo del robo de combustibles, no basta con detener carrotanques: hay que seguir el hilo, de aliados y ex compañeros legisladores que hoy son exgobernadores.
Porque detrás del robo al Estado, hay algo peor que un crimen: una estructura de poder que hizo del contrabando de hidrocarburos un negocio quizás más rentable y menos peligroso que el de las drogas.
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