México descompuesto; en Sinaloa, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, la violencia sin freno
El incendio que vive el país, en materia de inseguridad, se puede visualizar en cuatro estados que bien podrían representar un estudio de caso de poder entender lo que sucede en todo el territorio nacional, y comprender la razón por la que no puede cuajar el plan nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum
Por. J. Jesús Lemus
A causa de la corrupción de muchos de los gobiernos estatales, en donde se han tendido conexiones con los grupos del crimen organizado, escindidos de los cárteles de las drogas, el país entero se encuentra en llamas. Por eso no ha prendido la estrategia nacional de seguridad.
De acuerdo con fuentes consultadas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al día de hoy no existe un gobierno de cualquier entidad federativa en todo el país que se diga alejado del flagelo que significa el control de los grupos del crimen organizado sobre las estructuras policiales y de las fiscalías locales.
El incendio que vive el país, en materia de inseguridad, se puede visualizar en cuatro estados que bien podrían representar un estudio de caso de poder entender lo que sucede en todo el territorio nacional, y comprender la razón por la que no puede cuajar el plan nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y Michoacán son las cuatro entidades más violentas de todo el país. En esos cuatro estados se concentra el 35 por ciento de los asesinatos de todo el país, el 53 por ciento de los secuestros, el 33 por ciento de los robos a transporte, el 41 por ciento de las extorsiones y el 51 por ciento de los delitos de alto impacto atribuidos al crimen organizado.
De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y Michoacán, por el alto índice delictivo se ha desplegado una tercera parte de todos los elementos de seguridad federal destinados al combate a la delincuencia.
La medida no es menos si se considera que en Sinaloa interactúan por lo menos 12 cárteles de las drogas, en Veracruz son 17 organizaciones criminales, en Guanajuato operan siete y en Michoacán se rozan 20 cárteles de las drogas y 37 células de autodefensas.
Por increíble que parezca, según lo reconocen funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, cada uno de los grupos delictivos en los citados estados tienen conexión con funcionarios dentro de las estructuras de mandos policiales a nivel municipal y estatal y/o dentro de las fiscalías locales.
Sinaloa, pleitos de familia
En Sinaloa la descomposición social se evidencia no solo por la violenta confrontación que se da entre los cárteles de Los Mayos contra Los Chapos, que en los últimos seis meses ha dejado 2 mil 750 muertos. Allí también la ola de violencia se debe a los compromisos establecidos por el gobierno de Rubén Rocha Moya con los diversos grupos delictivos.
Por los compromisos adquiridos por el gobernador Rocha Moya, en Sinaloa tienen paso libre a la impunidad, los grupos delictivos Los Chapitos, Los Mayitos, Gente del Guano, Cartel del Chapo Isidro Meza, Gente del Azul, Grupo del Mochomito, La Gente del H, La Empresa, Cártel de Los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Salazar y Los Cabrera.
Mientras el gobierno estatal voltea a otro lado, todos los grupos referidos tienen confrontaciones constantes por el control del territorio para el trasiego y el cobro de piso, pero sobre todo por el control de la red de laboratorios que fabrican drogas sintéticas, la mayoría bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos.
La confrontación entre las familias de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García, los fundadores históricos del Cártel de Sinaloa es lo que mantiene en constante fricción a los grupos delictivos en la zona, bajo el pacto de efímeras alianzas que terminan por confrontarlos con mayor fiereza.
Veracruz, una vieja tradición
La violencia asentada en Veracruz, igual que en Sinaloa, no es otra cosa que el resultado de los añejos pactos de colaboración entre el crimen organizado y la clase política. Aquí no interesa que gobierne el PRI, el PAN o Morena. Los acuerdos de complicidad entre el Estado y el crimen siguen intocables.
La presencia de los grupos delictivos ha crecido en función de la expansión de la red de huachicol, la que va desde Tabasco, fuente de la extracción, hasta Tamaulipas, el paso obligado para llevar el combustible robado a Estados Unidos.
Las 15 organizaciones criminales que en Veracruz se disputan el jugoso negocio de robar combustible crudo de los ductos de Pemex, para llevarlo a reafirmar a Estados Unidos y regresarlo a México como gasolina o diésel -sin pagar impuestos- como huachicol fiscal, son encabezados por el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A esos cárteles se suman Los Talibanes, Sangre Nueva Zeta, Los Pelones, Grupo Operativo Zeta, Fuerzas Especiales Zeta, Los Metros, Los Escorpiones, Cártel del Noreste, Cartel de Sinaloa, Cártel del Totonacapan, Mando Sur Gente Nueva, Zetas Vieja Escuela, Los Bukanas, Los Piña, Cártel del Siglo, Los Ántrax y Grupo Sombra.
Este último -el Grupo Sombra- el es el que se considera el cártel más poderoso por afianzado con el gobierno estatal, desde que fue creado por el gobernador Fidel Herrera, quien lo heredó y se fortaleció en los gobiernos de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, Cuitláhuac García y ahora con el de Rocío Nahle.
Guanajuato, la herencia panista
En el estado de Guanajuato operan por lo menos siete cárteles con sus grupos delictivos, todos en el negocio del trasiego y fabricación de drogas sintéticas, así como en el robo de combustible, extorsión y cobro de piso, principalmente con el sector empresarial, sobre todo en el corredor Celaya-Salamanca-Irapuato-Silao-León.
Los siete cárteles que operan en Guanajuato, todos ellos asentados durante el gobierno local del panista Juan Manuel Oliva Ramírez, quien operó con Carlos Zamarripa -entonces coordinador de la policía Judicial del Estado- son Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de Santa Rosa de Lima, Cárteles Unidos y Cártel de Sinaloa, de la fracción de Los Mayos.
Estos grupos delictivos, que se mantienen en constante roce por el control de los ductos de Pemex -que se extienden desde Salamanca hacia todo el centro del estado-, también están inmersos en la industria criminal del secuestro, siendo su blanco el sector empresarial transnacional que se asienta en el corredor industrial de ese estado.
La industria del secuestro y de la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex fue el principal aliciente para que los siete referidos cárteles de las drogas se aliaron con el gobierno estatal, en una empresa criminal oficial y continuada que por lo menos se ha sostenido durante los gobiernos de los panistas Juan Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana, Miguel Márquez, y Diego Sinhue Rodríguez.
Michoacán, el desgobierno
En Michoacán, el crecimiento de la violencia en las últimas semanas solo es el resultado de la permisión de acciones de diversos cárteles de las drogas a cambio de soborno. La violencia en esta entidad no es nueva. Desde el 2006, el gobierno de los cárteles ante un sumiso gobierno estatal es lo que distingue a esta entidad.
La atracción que Michoacán ofrece a las empresas criminales, para que aquí se asienten, es la conexión que les representa el Puerto de Lázaro Cárdenas con el principal país productor de cocaína, Colombia.
El Puerto de Lázaro Cárdenas -y por eso es la violencia en repunte cada vez mayor- también es un atractivo para los grupos delictivos porque representa un punto de enlace con los mercados facilitadores de precursores químicos para la fabricación de anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo.
Los gobernadores de Michoacán de las últimas dos décadas supieron explotar lo anterior y por ello pudieron pactar acuerdos económicos, con los grupos del crimen organizado, para permitirles su presencia bajo la protección de las fuerzas de seguridad local, a cambio de dinero.
Al amparo de los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa (PRI), Jesús Reina García (PRI), Salvador Jara Guerrero (PRI), Silvano Aureoles Conejo (PRD) y Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), se asentaron en Michoacán 20 cárteles de las drogas y 37 grupos de autodefensas.
Los grupos criminales que hoy en Michoacán empujan la violencia al alza, al amparo del gobierno local, tratando de mantener el control del puerto Lázaro Cárdenas y algunas zonas productoras de drogas sintéticas, son encabezados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.
Otros carteles socios de funcionarios del gobierno local son Los Correa, La Nueva Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya, Los Viagra, Los Cárteles Unidos, Los Vengadores, Los Locos de la Sierra, Los Justicieros, La Vieja Guardia, Los H3, El Grupo del Metro, Los Caballeros de Élite, El Brazo de Oro, El Grupo de El Cenizo, Grupo Iris, Los Cinco del Cerro, El Cartel de Sinaloa (del grupo de Los Chapitos).
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