El pasado 22 de julio, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la casa de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fue allanada. Ante los hechos, el Centro denunció la ineptitud y el pésimo apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de las agencias de policía estatales y municipales.
La minería en México, de la forma en que actualmente se lleva a cabo, es considerada por diversas agrupaciones civiles como letal para las comunidades asentadas en las zonas ricas en minerales. Por eso no es fortuito que a lo largo de todo el territorio nacional no exista una sola mina en exploración o explotación que no conlleve un conflicto social de la mano, por mínimo que este sea.
Desde agosto de 2024, el líder ambientalista informó de amenazas de muerte al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación, manifestando “que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo”, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó la muerte del líder ambientalista, sin embargo, no cesa la violencia en el estado.
El atentado cometido tan solo unas horas después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el primero de octubre de 2024, ha sido ignorado por los medios de comunicación. El 31 de marzo, a casi seis meses del homicidio de seis migrantes a manos de elementos de la Sedena en Chiapas, la CNDH emitió la recomendación 175VG/2025, donde acredita la responsabilidad de, por lo menos, dos miembros de las Fuerzas Armadas en este delito, que representa una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
La propuesta de reforma en materia de desaparición enviada por Claudia Sheinbaum promete ser un avance en la resolución de miles de casos, sin embargo, la realidad es que representa un retroceso —por no decir un riesgo adicional— tanto para colectivos, familiares buscadores, activistas, periodistas y, en general, para toda la población. Existen múltiples razones para temer un mal uso de los datos recabados por la llamada Plataforma Única de Identidad.
Los peligros que rodean esta reforma son numerosos: desde el maquillaje de cifras hasta la fuga de datos y la posible persecución estatal. Entidades tan siniestras como el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) o la propia SEDENA tendrán acceso directo a la Plataforma sin necesidad de una orden judicial, y podrán solicitar información a empresas públicas o privadas sin justificación alguna. Esta reforma vulnera gravemente la privacidad y la seguridad de todos los mexicanos, especialmente de quienes integran el sector de defensa de los derechos humanos.
Esta sentencia es la primera relacionada con abusos cometidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, sin embargo, el general al mando, Miguel Ángel Ramírez Canchola, solo fue removido a las oficinas centrales de la Sedena, cuyo extitular, Luis Cresencio Sandoval, lo protegió, de acuerdo con el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, quien solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum presentarlo a la FGR además por la ejecución extrajudicial de cinco civiles en septiembre de 2021 en la colonia Nueva Era. Asimismo, los familiares de los cinco jóvenes asesinados piden a los integrantes del Poder Judicial ratificar la sentencia definitiva contra los cuatro militares, ya que todavía la pueden apelar, y para que casos como éste no se vuelvan a repetir. Este caso es consecuencia de la militarización de la seguridad pública impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado.
El Rancho Izaguirre era un sitio de confinamiento, entrenamiento y exterminio de jóvenes, entre ellos mujeres, quienes fueron engañados con falsas promesas de trabajo por el CJNG y, si no resistían o desobedecían, eran asesinados, desmembrados y calcinados. El reclutamiento “laboral” era en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque y en la Central de Autobuses de Zapopan.
En el surreal contexto actual donde el Estado mexicano negocia con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repatriar al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada con el objetivo de que libre la pena de muerte, en el ámbito doméstico, reforestar las calles con la siembra de árboles, a los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, una de las siete demarcaciones con mayor percepción de inseguridad de la Ciudad de México y mayor índice delictivo, los puede llevar a pisar el reclusorio, como le sucedió a Alfredo Carrillo, de 67 años.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas (CEAV), en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos preparar un proyecto que refuerce las acciones en materia de búsqueda de personas en la entidad, como contar con más vehículos, equipo tecnológico y personal especializado para optimizar los operativos de búsqueda y garantizar una respuesta eficiente.
Ciudad Victoria. – Con el objetivo de seguir avanzando en la protección de los derechos humanos, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2025 de la Coordinación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas. Durante la sesión, se establecieron acuerdos fundamentales para continuar…