En octubre los hallazgos no han parado. El primer reporte se dio el 3 de octubre con el hallazgo de dos bolsas más; posteriormente, el colectivo informó que para el 7 de octubre ya sumaban 85 bolsas, más otras cuatro encontradas el 8 de octubre.
Este martes, en el décimo día de labores, el colectivo informó que las búsquedas en el sitio continúan y afirmó: “seguiremos luchando y buscando, porque el amor por quienes nos faltan es más grande que cualquier obstáculo”.
Las cifras de detenidos-desaparecidos van en aumento, a nivel nacional hablamos de más de 131 mil personas, en tanto que, para Michoacán, más de 6 mil; pero si tomamos en cuenta que por cada desaparecido hay diez que no se denuncian y que al día desaparecen entre 10 y 13 personas, la magnitud es de cientos de miles
Comité de la ONU subraya que labor de las buscadoras es vital para el derecho a la verdad y la justicia. Por. Cristina Rubio/ AMEXI México expone a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas a la violencia y la impunidad, pese a que su labor es vital para el derecho a la verdad y la justicia, subrayó…
A pesar de existir una sentencia judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno federal se niega a realizar los actos de investigación correspondientes y se aferra a proteger a los perpetradores de este crimen.
Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le dolió la exhibición que un grupo de madres buscadoras hicieron de la realidad nacional, cuando se expuso que en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, operó durante años un centro de exterminio, bajo las instrucciones del Cártel Jalisco Nueva Generación
La propuesta de reforma en materia de desaparición enviada por Claudia Sheinbaum promete ser un avance en la resolución de miles de casos, sin embargo, la realidad es que representa un retroceso —por no decir un riesgo adicional— tanto para colectivos, familiares buscadores, activistas, periodistas y, en general, para toda la población. Existen múltiples razones para temer un mal uso de los datos recabados por la llamada Plataforma Única de Identidad.
Los peligros que rodean esta reforma son numerosos: desde el maquillaje de cifras hasta la fuga de datos y la posible persecución estatal. Entidades tan siniestras como el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) o la propia SEDENA tendrán acceso directo a la Plataforma sin necesidad de una orden judicial, y podrán solicitar información a empresas públicas o privadas sin justificación alguna. Esta reforma vulnera gravemente la privacidad y la seguridad de todos los mexicanos, especialmente de quienes integran el sector de defensa de los derechos humanos.
Una fiscalía estatal ausente que se presenta únicamente para minimizar las amenazas de las que ya había sido víctima Teresa González, miembro del colectivo Luz de Esperanza, asesinada por un disparo.
Aunque su labor de búsqueda ha sido sumamente importante, la fiscalía de Jalisco desechó inmediatamente la posibilidad de que el móvil del delito estuviera relacionado con su actividad como buscadora, pretextando que se trató de un robo.
Las agresiones contra los colectivos de búsqueda son una constante, y la ola de impunidad ha servido como caldo de cultivo para que atentados como el que le quitó la vida a Teresa se vuelvan una constante en el país.
El calor del sol vespertino del sábado no fue impedimento para que miles de personas se reunieran en toda la República en una jornada de luto y vigilia por el descubrimiento del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco.
En la Ciudad de México, el evento pacífico fue amedrentado por elementos del “extinto” cuerpo de granaderos, lo que provocó un ligero enfrentamiento avivado por la presencia de personas sospechosas.
Sumado al comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos familiares de víctimas de desaparición forzada de todo el país compartieron el horror que han vivido a raíz de la ausencia de sus seres queridos y denunciaron la violencia institucional y del crimen organizado a la que se exponen simplemente por buscarlos y hacer el trabajo de las ineptas fiscalías y comisiones del Estado.
El Rancho Izaguirre era un sitio de confinamiento, entrenamiento y exterminio de jóvenes, entre ellos mujeres, quienes fueron engañados con falsas promesas de trabajo por el CJNG y, si no resistían o desobedecían, eran asesinados, desmembrados y calcinados. El reclutamiento “laboral” era en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque y en la Central de Autobuses de Zapopan.