Entre las principales razones que motivan el llamado Desplazamiento Forzado Inerno se encuentran los conflictos armados, la violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos, las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y en último lugar se consideran las que generan los proyectos de desarrollo,[1] en donde se ubican las que tienen que ver con la escasez del agua
Mientras comunidades indígenas de Chiapas, Michoacán y Chihuahua piden al Gobierno federal que los proteja de la violencia que ejercen los cárteles del narcotráfico en sus territorios, el general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, aseguró que no está en manos del Ejército terminar con la violencia en Culiacán, Sinaloa, sino de que los grupos armados se dejen de confrontar, luego de 9 días de enfrentamientos armados en la región y los habitantes no puedan pisar las calles.
Aunque el Ejecutivo federal afirma que la inseguridad ha disminuido en el país, el estado de Chiapas ha sido la excepción, ya que el crimen organizado ha provocado una oleada de violencia y desplazamientos, arrebatando la tranquilidad a la población.
Esta no es la primera ocasión que en Zacatecas una empresa minera obliga al desplazamiento de la población; en el 2016 los pobladores de Salaverna también fueron desplazados por la empresa Frisco, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., por oponerse a los proyectos de extracción en la mina de cobre de ese lugar
Los estados que sólo en el 2023 registraron la mayor cantidad de desplazados en grupo, en donde se habrá de registrar el fenómeno de la abstinencia electoral forzada, son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Sonora y Baja California, en donde es evidente la expansión de los carteles de las drogas.