Como que sea, busca FGR clavar al “Güero Palma” en prisión

De quedar en libertad, el caso del Güero Palma sería un duro revés para la política de combate al narcotráfico del gobierno federal, revela un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que circuló a nivel cupular esta tarde. Esta sería la ocasión –revela el texto de inteligencia- en que la responsabilidad de liberar a un narcotraficante recaería en el ámbito de la jefe del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum

Palma

0 0 0 0 0 0 0 5/18/2023 11:44:16 PM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 482 540

El retorno del Güero Palma a México, tras una permanencia de años en Estados Unidos, se ha convertido en un problema para el gobierno mexicano: la Fiscalía General de la República (FGR) aun indaga en sus archivos sobre la posibilidad de buscar un proceso penal vivo que pueda mantener en la cárcel al reconocido narcotraficante.

Aunque viejo y pobre, Héctor Luis Palma Salazar es una preocupación nacional. Fuentes de la FGR dieron a conocer que la disposición oficial es buscar cualquier cosa, “hasta una multa de transito”, que permita al gobierno federal no dejar en libertad al principal socio y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De quedar en libertad, el caso del Güero Palma sería un duro revés para la política de combate al narcotráfico del gobierno federal, revela un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que circuló a nivel cupular esta tarde. Esta sería la ocasión –revela el texto de inteligencia- en que la responsabilidad de liberar a un narcotraficante recaería en el ámbito de la jefe del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

Por esa razón, el CISEN emitió una recomendación secreta, indicó una fuente de la FGR, en donde se plantea la necesidad de mantener en prisión al que fuera en su momento uno de los principales jefes del cartel de Sinaloa, además de ser uno de los principales introductores de cocaína hacía Estados Unidos.

En ocasión del caso del Güero Palma, el CISEN recordó –en el informe emitido la tarde de este martes-, la posible liberación del también narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien a pesar de que fue liberado en julio del 2013 por un tribunal colegiado, y se encuentra preso en espera de la extradición, la responsabilidad política del caso es atribuida a la presidencia de la república.

Por esa razón, la FGR ha instruido a todas sus delegaciones en el país la búsqueda en todos los juzgados de distrito, tanto federales como locales, de procesos penales abiertos en contra de Héctor Luis Palma Salazar, al que se le ha ubicado en por lo menos 22 procesos penales y en otras cuatro averiguaciones previas iniciadas por autoridades judiciales federales.

Averiguaciones desempolvadas

Una de las averiguaciones más sólidas que se han desempolvado para tratar de mantener al Güero Palma en prisión, es la marcada como A.P. 249/D95, iniciada por la delegación de la FGR en el estado de Nayarit, donde se le señala al indiciado como el principal responsable del tráfico de estupefacientes en esa entidad, con una red operativa que se pudo mantener activa hasta la fecha.

De la misma forma se intenta revivir la averiguación previa penal A.P. 1930/95, iniciada el 8 de diciembre de 1995, en la que al Güero Palma se le imputan actos delictivos en el estado de Jalisco, en una red de complicidades que lo ubican directamente con los hechos que desembocaron en el asesinato del cardenal Juan Jesus Posadas Ocampo, ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara el 24 de mayo de 1993.

Otra averiguación previa penal iniciada contra el Güero Palma, la que podría ser cuadrada por la federación para evitar que el narcotraficante quede en libertad, es la que está marcada con el numero A.P. 001/MPINCD/96, la que fue iniciada por el entonces Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, donde obra el oficio AD/155/97 de fecha 19 de marzo de 1997.

En esa averiguación, el propio Güero Palma hace una declaración sobre su responsabilidad en el manejo en forma de coparticipación del cartel de Sinaloa, el que no se ha desarticulado hasta el momento, de donde se desprenden diversos delitos que no han alcanzado los plazos de prescripción de la acción legal.

De la misma forma, también se revisa a fondo la averiguación previa penal número A.P.24/91, instruida en el juzgado penal de primer distrito de Hermosillo, Sonora, donde se le imputan delitos contra la salud en la modalidad de introducción ilegal al país, posesión, actos tendientes de sacar del país y tráfico del estupefaciente denominado cocaína.

De esta averiguación conoció el juez de la causa el 27 de enero de 1992, negándose a girar orden de aprehensión en contra de Héctor Luis Palma Salazar, bajo el argumento de la duda razonable de que el Güero Palma efectivamente sea un peligroso narcotraficante, como lo calificó el representante social.

Tras la negativa del juez, el agente del ministerio público se inconformó con la resolución, por lo que se interpuso el recurso de apelación en contra de dicho resolutivo. La inconformidad del ministerio público fue conocida por el tribunal de alzada, el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, dentro de la toca penal 60/92, el que con fecha del 4 de marzo de 1992 confirmó la negativa de otorgar la orden de aprehensión en contra del Güero Palma.

Otra de las cartas fuertes que baraja la PGR, con la intención de mantener al Güero Palma dentro de prisión, tras ser devuelto a México por parte del gobierno de Estados Unidos, es la averiguación A.P.393/96 por el delito de coalición de servidores públicos.

Dicha averiguación se encuentra archivada, y se desprende de la denuncia de hechos que hizo en su momento la directora de la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, de donde el Güero Palma intentó darse a la fuga, con la ayuda de los ex empleados de ese centro federal penitenciario Francisco Javier Lara Macías, Ignacio Hernández Gómez y José Guadalupe Palomares Hernández.

De acuerdo a la declaración de la entonces directora Celina Oseguera Parra, el Güero Palma intentó darse a la fuga de la cárcel federal, corrompiendo a diversos funcionarios de ese centro penitenciarios, así quedó asentado en la indagatoria que fue archivada el 9 de julio de 1999, pero que ahora está siendo revisada por el personal jurídico de la PGR, en busca de delitos supervivientes.

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