Ciudad de México.- La cultura política del parentesco en México tiene una larga y nefasta historia, sin embargo, no fue sino hasta 2018, que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso sancionar a los servidores públicos por motivo de nepotismo que significa, en términos cristianos: “aquellos servidores públicos, que valiéndose de sus atribuciones, contraten a sus familiares en las oficinas y centros de trabajo del gobierno”.
Hasta la fecha, desde que Morena asumió el gobierno, no se ha sabido de absolutamente nadie que haya sido investigado, sancionado o señalado como nepótico, al contrario, hemos vivido la transformación con familias como las Alcalde Luján, los Tadei, los Monreal, los Batres Guadarrama, los Sánchez Cordero, incrustados y privilegiados por su cercanía con los líderes de Morena y peor aún, por su participación monetaria como ofrenda para Andrés Manuel López Obrador, según cuenta Elena Chávez, en su libro “El rey del Cash”.
Hasta hoy, el nepotismo en México no ha pasado de ser un simple escándalo mediático que, a los días o meses, se olvida. Para entender las consecuencias de un gobierno nepótico, es necesaria la indignación ante los nombramientos estratégicos de parientes, amigos o recomendados, acompañados de corrupción, clientelismo y sobre todo abuso de poder, lo cual, pocas veces sucede y aunque suceda, pocas veces, el funcionario principal hace caso.
El nepotismo también es la dádiva de apoyos o concesiones a parientes y conocidos, dejando de lado el mérito o el mayor bien social. En las empresas de la iniciativa privada, por ejemplo, el nepotismo se mira de forma diferente, es decir, obviamente que el dueño de la empresa sí piensa en dejar su patrimonio en manos de sus hijos o de su cónyuge, porque nadie velará mejor por los intereses familiares que un miembro de la dinastía, pero para ello, prepara al heredero con años de anticipación, nunca llega una persona que no sepa o no conozca el negocio.
Desde la perspectiva laboral, la mayoría de los empresarios ni siquiera permiten, que se lleguen a dar relaciones de pareja o que terminen en matrimonio, en un mismo entorno laboral dentro de la empresa, una política común es despedir a uno de los involucrados (casi siempre es a la mujer), pero por razones de eficiencia, productividad e igualdad de condiciones, el nepotismo es evitado a toda costa en las áreas de trabajo y sobre todo en las posiciones de toma de decisiones.
Los gobiernos, en cambio, en México y en Morena sobre todo, han sido un claro ejemplo de instituciones tiránicas, cuya estructura está basada en redes familiares, compadrazgos, amiguismos y lealtades acérrimas. Si Claudia Sheinbaum realmente quiere empezar a implementar medidas que impidan el nepotismo y está empezando por no permitir a familiares de candidatos salientes postularse a cargos públicos en las elecciones intermedias de 2027, es una decisión plausible.
Empero, si se impulsara la iniciativa de reforma al artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual propone sancionar con procesos de investigación en contra de servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la Administración Pública Federal, los cuales desembocarán en la destitución, inhabilitación hasta por 10 años, sanciones económicas y resarcimiento del daño, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se quedará sin personal.
Más allá del hecho de privilegiar o favorecer a sus parientes, el problema del nepotismo radica en que los lugares de gobierno los ocupa el más allegado y no el más capaz, véase el ejemplo de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, una persona que jamás ha hecho política, que jamás ha militado en un partido político, que jamás ha tenido acercamiento con la gente, pero es hijo del expresidente y el partido es de ellos, así que ellos hacen lo que les da la gana.
La reforma constitucional que Claudia Sheinbaum propone en materia reelección y nepotismo electoral pretende establecer parámetros para que los aspirantes a cargos de elección popular no tengan vínculos de parentesco, matrimonio o concubinato con la persona que ocupa el cargo por el cual desean postularse.
Según ella, esta reforma permitirá una mayor transparencia e imparcialidad en los procesos electorales y fortalecerá la democracia y asegura que con esta medida se garantizará que los cargos de elección popular sean ocupados por personas con capacidad, evitando la concentración del poder en grupos específicos.
La reforma consiste principalmente en prohibir que un familiar directo de quien ocupe un cargo de elección popular, tanto en gubernaturas, alcaldías, cabildos y presidencias municipales, así como para diputados locales y federales, senadores y la Presidencia de la República; tanto por afinidad como por consanguineidad, sea candidato para sustituirlo en el siguiente periodo; sin embargo, podrán competir por el mismo puesto una vez que concluya el periodo siguiente al que concluyó su familiar. ¡Qué vacilada!
