FGR va por jueza que justificó compra de Pegasus
La FGR apelará la resolución de la jueza Alejandra Domínguez Santos de que la compra del malware Pegasus -usado para espiar a activistas, defensores y periodistas a través de sus teléfonos y computadoras- fue legal, al rechazar vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por haberla autorizado, porque causó daño a las finanzas públicas por más de 460 millones de pesos cuando no había necesidad de adquirirlo.
La compra del software de espionaje Pegasus por 460 millones 196 mil 383.64 pesos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (PRI), en 2014, fue legal, determinó este martes la jueza Alejandra Domínguez Santos, quien rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Funcionaria que lo autorizó.
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la decisión de la jueza Alejandra Domínguez Santos de no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, imputada por los delitos:
Uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, porque supuestamente permitió la compra de equipos de espionaje sin la necesidad de hacerlo, generando un millonario daño al erario.
“En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”, se lee en el comunicado de la FGR.
En su cuenta de “X”, la FGR señaló que después de dos años de retraso ilegal (para celebrar la audiencia), a pesar de todas las pruebas ofrecidas por la FGR, la Jueza Federal de Control, Alejandra Domínguez Santos, decidió no vincular a Judith “G”, probable responsable de la adquisición ilegal de equipos de espionaje #PEGASUS en 2014. 1/2″.
Asimismo, la FGR iniciará de inmediato a la jueza de Control Alejandra Domínguez Santos una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia.
Domínguez Santos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, celebró una audiencia este martes donde sostuvo:
“Resulta evidente que la adquisición se encuentra relacionada con actividades sustantivas, la adquisición no puede considerarse indebida”.
En el caso de la compra del malware Pegasus, la FGR también implicó a Vidal Díazleal Ochoa, exdirector del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) por los mismos cuatro delitos que se señala a Judith Aracely Gómez Molano.
Sin embargo, la jueza federal sólo lo vinculó a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Le impuso la obligación de presentarse cada 15 días a firmar asistencia y le prohibió salir del país.
Impunes, funcionarios de Peña Nieto
La compra de Pegasus por la que la FGR inició esta investigación fue realizada el 29 de octubre de 2014 y el contrato de compra a la empresa israelí NSO Group lo firmó Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Díazleal Ochoa y Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre Actividades Delictivas del Cenapi.
Zerón de Lucio, cerebro de la verdad histórica
del caso Ayotzinapa, huyó a Israel el 13 de agosto de 2019 y es reclamado desde 2021 por México para que responda por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos.
Las autoridades israelíes respondieron en ese entonces al Gobierno mexicano que al encontrarse en guerra con Palestina se les había complicado
avanzar en el proceso de extradición del funcionario clave del expresidente Enrique Peña Nieto. A cuatro años, el caso de la extradición de Zerón de Lucio sigue empantanado.
Malware para espiar a defensores, activistas y periodistas
De acuerdo con la investigación “Ejército Espía”, de la Red de Derechos Digitales (R3D), Social Tic y Artículo 19 México, desde 2016 a la fecha se documentó y denunció el uso de Pegasus para espiar a activistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas a través de sus teléfonos celulares o equipos de cómputo durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y AMLO.
Se pueden contar por miles los casos de teléfonos intervenidos por Pegasus para espiar a mexicanos que los régimenes del PRI, PAN y Morena consideran incómodos. Los más conocidos son de defensores de derechos humanos del Centro Prodh, de los periodistas Ricardo Raphael y Carmen Aristegui, periodistas de Animal Político y del defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos. Así como de personas adscritas al Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal.
Se pudo acreditar que diversas instancias “del Estado mexicano habían adquirido esa tecnología; también se acreditó, gracias a los análisis periciales de Citizen Lab de la Escuela Munk de la Universidad de Toronto, que los teléfonos de varias personas habían sido vulnerados. Y aunque en ese mismo sexenio -de Peña Nieto- se presentaron las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la impunidad prevaleció”.
Aunque investigaciones periodísticas revelan que con Pegasus ya se intervenían teléfonos desde el 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, según un reportaje de The New York Times, fue hasta el 2015 que se supo que la PGR y el Ejército lo usaban para espiar a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Amnistía Internacional en 2016 y 2017 reportó que en México al menos se habían intervenido 15 mil números de teléfono celular con Pegasus, luego de que el Ejército mexicano lo comprara durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Estando todavía en la oposición, AMLO lo criticó y prometió que de llegar a la Presidencia de la República, se castigaría a los responsables de usar Pegasus para espiar a políticos de oposición, a periodistas, defensores y activistas, sin embargo, la Sedena a su mando también lo adquirió.
Así ataca Pegasus
Pegasus es un software de espionaje producido por la empresa israelí NSO Group. Debido a su licencia de exportación, únicamente puede ser vendido a gobiernos, militares y agencias de seguridad.
Las capacidades tecnológicas de Pegasus han crecido en los últimos años, advierte Ejército Espía. El malware aprovecha vulnerabilidades inéditas ─es decir, no conocidas por el fabricante del dispositivo atacado─ para atacar, infectar y obtener control de un equipo.
Mientras la versión de Pegasus documentada en 2017 requería la interacción del usuario, las versiones más recientes utilizan vulnerabilidades de clic-cero (zero-clic) para sus ataques.
Esto implica que ya no es necesario que el objetivo interactúe de ninguna manera ─como hacer clic en un enlace o abrir un archivo─ para lograr una infección del dispositivo.
En los últimos años se ha documentado que Pegasus ha aprovechado vulnerabilidades en aplicaciones móviles como WhatsApp (2019) para infectar teléfonos solo con una videollamada perdida. En 2021 se descubrió que Pegasus utilizó una vulnerabilidad en iMessage para obtener acceso a equipos de la marca Apple.
Una vez que Pegasus logra infectar un dispositivo, puede acceder a prácticamente todo: los mensajes de texto, llamadas, aplicaciones de mensajería instantánea (incluso cifradas, como WhatsApp o Signal), libreta de contactos, correos electrónicos, notas, fotografías y, en general, archivos almacenados en el equipo.
Pegasus al servicio del Ejército con AMLO; 456 números intervenidos en 2019
Ejército Espía documentó desde 2022 múltiples casos de espionaje ilegal durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, confirmó la adquisición, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de un Servicio de Monitoreo Remoto de Información para el entonces secreto Centro Militar de Inteligencia, como publicó en este espacio Luis Calderón:
La Sedena adquirió este servicio a través de contratos firmados con Comercializadora Antsua, empresa que posee los derechos exclusivos para la venta del malware conocido como Pegasus, utilizado a nivel mundial en el espionaje de periodistas y activistas por parte de gobiernos e instituciones de seguridad.
R3D señala el espionaje realizado al defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Raymundo Ramos, quien recibió una notificación en su teléfono enviada por la empresa Apple, en la que se advertía que su equipo estaba siendo objeto de “atacantes patrocinados por el Estado que están intentando comprometer remotamente el iPhone asociado a tu Apple ID”, según rezaba el mensaje.
Posteriormente, un análisis forense realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto al equipo de Raymundo confirmó que éste había sido infectado con el malware espía Pegasus debido a sus actividades relacionadas con el caso del asesinato de tres jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en julio de 2020.
Desde octubre de 2019 existe una demanda de WhatsApp contra NSO Group, la empresa israelí que lo vende. La investigación reveló que al inició del sexenio de AMLO se espiaron 456 números -en teléfonos con sistema Android- en México a través de Pegasus.
Los registros de mensajes que se presentaron en la corte del distrito norte de California revelaron que entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019 fueron intervenidos con el malware dicha cantidad de teléfonos celulares, de acuerdo con la R3D.
Cabe añadir que la apelación de la resolución de la jueza de que la compra de Pegasus fue legal, la FGR la hará por un daño millonario al erario, no porque el malware haya espiado ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
