Datos de periodistas y defensores de Derechos Humanos, la SSP podría usarlos para criminalizarlos: Amnistía Internacional
El 18 de febrero, a través de sus redes sociales, la organización especializada en derechos humanos Amnistía Internacional expresó su preocupación respecto al Artículo 8, fracción III, de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, la cual fue enviada al Congreso de la Unión para su análisis el pasado 11 de febrero.
De acuerdo con la organización, esta disposición permitiría que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México solicite datos sensibles a instituciones públicas y privadas, como registros telefónicos, datos vehiculares, datos biométricos, registros de inmuebles, registros de armas de fuego, entre otros. Amnistía Internacional afirma que estos datos podrían utilizarse para espiar y criminalizar a periodistas, así como a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, haciendo especial énfasis en quienes critican al gobierno
El impacto de esta iniciativa en las personas defensoras de derechos humanos podría obstaculizar su trabajo y el acceso a recursos, además de generar afectaciones psicológicas, estigmatización, criminalización, una disminución en las denuncias sobre violaciones a derechos humanos y un aumento en la impunidad.
En la conferencia matutina del 11 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de representantes del Gabinete de Seguridad, firmó dos iniciativas de ley con el fin de establecer las bases para la ejecución y el “éxito” de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre ellas el decreto para la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
En esta ley se especifica la creación de una nueva plataforma tecnológica coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que permitirá mejorar la interconexión con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como con otras dependencias y entidades:
“…para que su información, sus bases de datos y registros, puedan ser aprovechados en la investigación estratégica de delitos a partir de productos de inteligencia…”
Comunicado de la Secretaría de Gobernación
Aunque el gobierno afirma que estos elementos serán utilizados con fines de seguridad pública, el anuncio enciende alarmas, pues, como señala Amnistía Internacional, esto podría suponer una nueva herramienta opresiva al servicio del Estado mexicano que se utilice en contra de activistas, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y autónomas, así como periodistas y medios de comunicación incómodos para el régimen en el poder, ya que no sería la primera vez que se usan con este propósito.
Espionaje al servicio del Ejército
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en su investigación Ejército Espía, documentó desde 2022 múltiples casos de espionaje ilegal durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, confirmó la adquisición, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de un Servicio de Monitoreo Remoto de Información para el entonces secreto Centro Militar de Inteligencia.
La Sedena adquirió este servicio a través de contratos firmados con Comercializadora Antsua, empresa que posee los derechos exclusivos para la venta del malware conocido como Pegasus, utilizado a nivel mundial en el espionaje de periodistas y activistas por parte de gobiernos e instituciones de seguridad.
En el informe, la R3D señala el espionaje realizado al defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Raymundo Ramos, quien recibió una notificación en su teléfono enviada por la empresa Apple, en la que se advertía que su equipo estaba siendo objeto de “atacantes patrocinados por el Estado que están intentando comprometer remotamente el iPhone asociado a tu Apple ID”, según rezaba el mensaje.
Posteriormente, un análisis forense realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto al equipo de Raymundo confirmó que este había sido infectado con el malware espía Pegasus debido a sus actividades relacionadas con el caso del asesinato de tres jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en julio de 2020.
Asimismo, la organización documenta que el caso de Raymundo no es el único, ya que existen al menos otras cuatro personas víctimas de Pegasus durante el sexenio de López Obrador: el analista político Ricardo Raphael, un periodista del medio Animal Político y dos personas defensoras de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El Estado contra los defensores
La misma Amnistía Internacional, en su informe Perseguidas publicado en 2024, denuncia el uso del mecanismo estatal para espiar y disuadir a periodistas y defensores de derechos humanos que investigan casos graves de delitos cometidos contra la población, como lo fue la persecución y criminalización de la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes trabajaban en el esclarecimiento de las masacres de San Fernando.
Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti investigaban tanto el hallazgo en 2010 de 72 cuerpos de migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica —quienes, según las autoridades, fueron secuestrados y ejecutados por el grupo criminal de Los Zetas al negarse a trabajar para el cártel— como el descubrimiento de 196 cuerpos en 48 fosas clandestinas en abril de 2011 —según las indagatorias de la Procuraduría General de la República, los restos correspondían a personas desaparecidas y asesinadas por Los Zetas en colusión con policías municipales—, ambos casos ocurridos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Según lo detallado por Amnistía Internacional, el 29 de enero de 2016, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), en secreto y como parte de la investigación del caso de la masacre de San Fernando, inició acciones de investigación contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes.
Fue el 4 de febrero de 2016 cuando la SEIDO, sin una orden judicial, solicitó por primera vez información sobre llamadas y geolocalización de Ana Lorena y Marcela a compañías privadas de telefonía celular, bajo el carácter de “extra urgente y confidencial”. Las empresas a las que se les ordenó el registro de llamadas fueron Pegaso PCS SA de CV y Radiomóvil Dipsa SA de CV (Telcel), según la SEIDO, ya que “se investiga la comisión de delitos de secuestro y delincuencia organizada”
Esta acción fue solo una de las muchas que se cometieron en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, ya que la criminalización continuó y, hasta la fecha, se desconoce si aún son víctimas de espionaje. Además, no hay ningún detenido relacionado con el caso, a pesar de que el reclamo está registrado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
