Avanzó México en el ranking de los 10 países con más corrupción en el mundo
En materia de ausencia de corrupción, México está en el sótano. De 105 países evaluados, obtuvo el lugar 99, superando a países como Venezuela (105º), Haití (104º), Camerún (103º) y la República Democrática del Congo (102º) en el más reciente Índice de Estado de Derecho, del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project).
Alcanza una puntuación de apenas 0.27 en la escala de 1, que es ausencia total de corrupción, que la encabezan Dinamarca, Noruega y Finlandia. Países con democracias consolidadas y sólidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Entre los países latinoamericanos, Uruguay (26º, con 0.64) y Costa Rica (39º, con 0.51) se posicionan como los mejores evaluados en el rubro de ausencia de corrupción.
En cambio, Brasil (74º, con 0.37), Perú (85º, con 0.33) y Colombia (86º, con 0.33) se ubican a media tabla, mientras que México se encuentra hasta abajo a nivel regional, por encima de Venezuela y Haití.
El Índice del Estado de Derecho del WJP, Factor 2, evalúa tres formas principales de prácticas corruptas: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos o recursos gubernamentales.
La evaluación se centra en cinco instituciones fundamentales: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la policía y el ejército.
Cabe añadir que el Índice de Percepción de la Corrupción del 2002 al 2024, las ONG Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana colocaron a nuestro país en el peor lugar de su historia: 140 de 180 países evaluados, a la altura de Irak, Uganda y Nigeria.
Alcanzó 26 de 100 puntos de calificación otorgados a los países que mejor combaten a la corrupción.
Como lo publicamos en este espacio:
Hace un año, ese índice presentaba la tendencia de opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero y académicos respecto al alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y sobre el Poder Judicial.
El aumento de casos de corrupción a nivel estatal que involucraban al crimen organizado, el crecimiento de empresas fantasma o controladas por el crimen organizado que siguen siendo contratadas por los gobiernos.
Los bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas. Solo 281 casos de 3 mil 350 tuvieron sanción.
La impunidad de casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la llamada Estafa Maestra y Selgamex en los dos últimos años de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador siguen pendientes. 26 personas han sido vinculadas a proceso penal, pero ninguna había sido sentenciada.
En la más reciente publicación de World Justice Projec, México supera a regímenes autoritarios o con democracias frágiles como Uganda (95º), Nigeria (97º) o Pakistán (96º), lo que refleja la profundidad del problema de corrupción que enfrenta el Estado mexicano.
México enfrenta graves problemas de corrupción, pues lo sitúan en una posición crítica en el Índice Global de Estado de Derecho. El Proyecto de Justicia Mundial subraya que México ha experimentado un debilitamiento en el estado de derecho, con la corrupción como un factor significativo que afecta negativamente la gobernanza, la justicia y el desarrollo.
En México, funcionarios públicos utilizan sus cargos para beneficios privados
Respecto al Poder Ejecutivo, el subfactor 2.1 evalúa si los funcionarios utilizan sus cargos para obtener beneficios privados, mediante sobornos o asignaciones irregulares en procesos de licitación pública.
En México esta práctica sigue siendo común, lo que obstaculiza gravemente el desarrollo económico y la confianza ciudadana en las instituciones.
Jueces se venden al mejor postor
En el Poder Judicial, el subfactor 2.2, existen jueces y funcionarios que aceptan sobornos o ceden a presiones externas, ya sea del gobierno, intereses privados o incluso del crimen organizado. Esta debilidad mina el Estado de Derecho y limita el acceso a una justicia imparcial.
Polícia y fuerzas armadas cobran mordidas
La corrupción al interior de las fuerzas armadas, Ejército y Marina, y la policía (subfactor 2.3) está profundamente arraigada, de acuerdo con el informe de World Justice Project. El cobro de “mordidas” por parte de agentes para realizar funciones básicas de seguridad, así como la influencia de intereses criminales en operaciones estratégicas, son fenómenos que siguen afectando a buena parte del país.
Legisladores intercambian favores
En el Poder Legislativo mexicano ( evaluado con el subfactor 2.4) se intercambian favores políticos a cambio de votos o se usan indebidamente recursos públicos para beneficios personales o de partido.
El Factor 6 del WJP, que mide la eficacia del cumplimiento normativo, presenta una evaluación negativa para México, revelando deficiencias en la aplicación de regulaciones, procedimientos administrativos y respeto al debido proceso.
Opacidad en licitaciones públicas
Muestra que persisten altos niveles de pagos informales y adjudicaciones no transparentes en los contratos públicos. El subfactor 6.2, que evalúa si estas normas se aplican sin influencias indebidas, coincide en que tanto el Poder Judicial como los organismos reguladores carecen de autonomía efectiva.
Sobornos para agilizar trámites
El subfactor 6.3 señala la existencia de demoras injustificadas en procedimientos administrativos, muchas veces asociadas con sobornos para agilizar trámites. Mientras que el subfactor 6.4 evidencia un reiterado irrespeto al debido proceso en decisiones administrativas, afectando a ciudadanos y empresas por igual.
Expropiaciones sin garantía
Finalmente, el subfactor 6.5 expone la falta de garantías ante casos de expropiación, donde el gobierno no siempre cumple con los procedimientos legales ni proporciona compensaciones adecuadas. Este tipo de prácticas, además de erosionar la confianza inversionista, representan una violación sistemática a los derechos de propiedad.
