A 7 años de la Masacre, no llega la justicia para el pueblo de Arantepacua
Las células de los primeros grupos del narcotráfico en Michoacán desolaron las poblaciones indígenas de Santa Cruz Tanaco, Nahuatzen, Janitzio, Arantepacua, Comachuén, Quinceo, Paracho, Nurio, Comanja, Naranja, Cotija y Primo Tapia, donde los pobladores no sólo fueron sometidos al cobro de piso, sino que fueron obligados a entregar al Cártel el 50 por ciento de sus utilidades de actividad laboral. Cientos de indígenas de la meseta purépecha fueron puestos en condición de esclavitud por parte de las células criminales a cambio de no sufrir secuestros
Por. J. Jesús Lemus
Se cumplen ya siete años de la Masacre de Arantepacua, una masacre que ha quedado olvidada por el gobierno federal. Esta, a diferencia de otras muchas masacres que han ocurrido en México, ni siquiera está en el radar de las autoridades federales. Una vez sucedió, y fue todo. Nadie desde el gobierno propone justicia a esta comunidad indígena de Michoacán.
A lo más que se ha acercado el gobierno federal, el actual, es ofrecer que el caso se reabra y sea atraído por la Fiscalía General de la República, pero la inútil dependencia, igual que su fiscal, Alejandro Gertz Manero, ni por enterados del enojo de todo un pueblo que tienen que morderse el coraje cada 5 de abril cuando toca recordar a los muertos.
Para entender esta masacre hay que retroceder hasta 1994, cuando la comunidad de Arantepacua optó por el modelo de autogobierno, alejado de los Partidos Políticos y del eje central de gobernanza que significa el Gobierno Estatal. De esa forma los pobladores trataron de implementar una forma de gobierno que fuera más eficiente y atendiera sus necesidades más elementales, olvidadas hasta entonces, como la de seguridad pública.
En aquel 1994, los primeros grupos delictivos asociados al narcotráfico, que se habían asentado en el estado, de donde posteriormente nacería la Familia Michoacana, estaban generado una ola de violencia sin precedente en la zona de la Meseta Michoacana.
Las células de los primeros grupos del narcotráfico en Michoacán desolaron las poblaciones indígenas de Santa Cruz Tanaco, Nahuatzen, Janitzio, Arantepacua, Comachuén, Quinceo, Paracho, Nurio, Comanja, Naranja, Cotija y Primo Tapia, donde los pobladores no sólo fueron sometidos al cobro de piso, sino que fueron obligados a entregar al Cártel el 50 por ciento de sus utilidades de actividad laboral. Cientos de indígenas de la meseta purépecha fueron puestos en condición de esclavitud por parte de las células criminales a cambio de no sufrir secuestros.
Por eso la necesidad de un autogobierno. Desde entonces ─igual que hoy─ el gobierno michoacano manifestaba claramente que estaba comprometido con los intereses del narco. Ninguno de los problemas, sobretodo de inseguridad, que manifestaban los pobladores de Arantepacua ─igual que otras localidades de la zona indígena de Michoacán─ tenían la menor chance de ser solucionados por el gobierno estatal.
Uno de esos problemas que no se resolvían por el gobierno estatal y que eran alentados por grupos del narco, fue el despojo de la tierra y el agua. De la noche a la mañana, bajo diversos argumentos, los pobladores de Arantepacua fueron despojados de sus tierras y algunas reservas de agua, y estas fueron vendidas, por el narco, a otros productores agrícolas de otras comunidades indígenas aledañas.
El meollo de la historia
La disputa por la tierra y el agua, que se acentúa en otras partes del país, en Arantepacua toma una dimensión distinta, porque aquí es en donde esa disputa ha llegado a cobrar vidas. Solo en el 2017, cuatro defensores de la tierra fueron asesinados, los que ni siquiera fueron ejecutados por comandos de crimen organizado, sino que fueron abatidos por balas de la policía estatal del gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Los defensores de la tierra asesinados en Arantepacua, Michoacán, son José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre y Santiago Luna Crisanto, quienes cometieron como único delito oponerse a la decisión del gobierno estatal de invadir la comunidad con policías estatales, con el único fin de rescatar más de 20 vehículos de empresas de transporte público de pasaje de la línea Paraíso, Purhépecha y TAP, además de Bimbo, Sabritas, Coca-Cola y Barcel, que fueron retenidos por los comuneros de Arantepacua en reclamo de una solución definitiva al conflicto.
Hay que recordar que las comunidades de Arantepacua y Capácuaro, mantienen un diferendo a muerte desde hace 70 años por más de 520 hectáreas de suelo, en donde las administraciones estatales a veces se inclinan de un lado a veces de otro, sin ofrecer una solución real al conflicto, el que ha sido calificado de manera oficial como “un problema étnico de límites y colindancias”, sin reconocer que en él se haya en juego la sobrevivencia de la comunidad de Arantepacua por estar allí el principal suministro de agua.
Las 520 hectáreas de suelo y bosques que suministran de agua a la comunidad de Arantepacua se ubican dentro del territorio de esta localidad, pero un decreto presidencial emitido en 1984 por Miguel de la Madrid Hurtado, refiere que esas tierras son propiedad de los comuneros de Capácuaro, porque así lo estableció por su propia decisión el entonces secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña, lo que hizo que estas dos comunidades de la etnia purépecha se confrontaran a muerte.
La escalada del conflicto llegó a su cúspide el pasado 5 de abril del 2017, cuando en su legítimo reclamo a la propiedad de su territorio, los comuneros de Arantepacua secuestraron 20 vehículos de diversas empresas, a fin de presionar al gobierno estatal a gestionar la devolución de las 520 hectáreas de las que poco a poco se han ido haciendo los comuneros de Capácuaro. El movimiento de lucha lo encabezó José Carlos Jiménez Crisóstomo, quien fue el primero en caer ejecutado por un grupo de los 400 policías estatales que desplegó en esa localidad el gobernador Silvano Aureoles Conejo.
José Carlos Jiménez Crisóstomo formaba parte del colectivo que ha venido reclamando en forma insistente ante la CONAGUA el otorgamiento de nuevos permisos de perforación de pozos para el suministro de agua potable a la población, ya que a la fecha la única forma que tienen de abasto los más de 3 mil habitantes de Arantepacua es mediante la recolección de agua de lluvia o de los cada vez más escasos afluentes que bajan de la zona boscosa.
A la fecha, el municipio de Nahuatzen solo cuenta con cinco pozos de agua potable; tres que abastecen a la cabecera municipal con un gasto total de 347 mil 373 metros cúbicos de agua al año, otro que abastece a la comunidad de Turícuaro con un volumen de 164 mil 250 metros cúbicos al año y uno más que atiende a las necesidades de la población de Emiliano Zapata con 4 mil 664 metros cúbicos al año. La población de Arantepacua no cuenta con ningún pozo de agua potable, pues el que pretenden perforar se encuentra en las inmediaciones de los predios en conflicto.
Por esa razón fue la resistencia del pasado 5 de abril del 2017, en donde también perdieron la vida Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre y Santiago Luna Crisanto, miembros también de la comuna que de manera pública expuso en varias ocasiones ante el gobierno estatal de las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel, Víctor Manuel Tinoco Rubí, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa-Salvador Jara Guerrero, y después de Silvano Aureoles Conejo, la inconsistencia de que más de 3 mil habitantes de Arantepacua no tengan acceso al agua y hayan sido despojados de su suelo.
Silvano Aureoles, el primer señalado
Sobre los muertos que cayeron a raíz de este conflicto, no se han hecho más investigaciones. El caso ha sido sepultado. Ni la CNDH de Rosario Piedra ha querido reconocer a las víctimas de estos hechos. Lo único que prevalece es una recomendación de la CNDH de Enrique Peña Nieto, en donde se refiere que el principal culpable de los hechos es Silvano Aureoles Conejo, entonces gobernador de Michoacán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Peña Nieto, en su momento emitió una recomendación contra el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el Fiscal General de esta entidad, Adrián López Solís, a los que considera responsables de las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra pobladores de la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.
La recomendación 42VG/2020 de la CNDH, que se emitió a más de tres años y ocho meses de ocurridos los hechos, responsabiliza al gobernador y al fiscal de Michoacán, de haber ordenado a 300 elementos de la policía estatal que actuaran con exceso de fuerza contra la población indígena de Arantepacua para reprimir una manifestación social.
El resultado de la represión policial que fue autorizada por el gobernador en conjunto con el fiscal, dejó como saldo un policía y cuatro comuneros muertos, así como 23 personas lesionadas de gravedad, diez pobladores torturados, la detención de otras 38 personas con exceso de fuerza y 56 cateos ilegales, en hechos que ocurrieron el 5 de abril del 2017.
En esa misma recomendación también se establece la responsabilidad del entonces Secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona; del entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, quien actualmente se encuentra preso por tortura en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; así como de los funcionarios Armando Hurtado Arévalo y Víctor Lara Vidales.
La carga más pesada de la recomendación es la que refiere la responsabilidad de los funcionarios del gobierno en el homicidio de los comuneros José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Cohenete y Santiago Crisanto Luna, quienes fueron víctimas de ejecución, con pleno conocimiento del gobernador Silvano Aureoles.
Por estos hechos, según lo establece la recomendación de la CNDH, el propio Gobernador Silvano Aureoles y el Fiscal Adrián López, podrían ser sometidos a un proceso penal y/o administrativo, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha decidido presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, a fin de deslindar responsabilidades de los que cometieron y autorizaron las violaciones graves de los derechos humanos de los pobladores de Arantepacua.
Exigen una disculpa pública
Además, la CNDH está demandando del gobernador y del fiscal de Michoacán una comparecencia pública a fin de que estos funcionarios ofrezcan una “una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad, la cual deberá llevarse a cabo en un mismo acto de manera conjunta y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán”.
La disculpa pública a la que obliga la recomendación de la CNDH al gobernador y al fiscal de Michoacán, “deberá ser traducida al purépecha y emitida en una emisora radial con alcance en Arantepacua, siguiendo los estándares internacionales, además de incluir la publicación de la misma en medios locales y en la página web oficial del Gobierno del Estado por periodo de un año e incluir la traducción al purépecha”.
Sobre esta recomendación el gobierno estatal de Michoacán y la misma Fiscalía no han hecho ningún pronunciamiento, pese a que la recomendación en cuestión les fue informada desde el pasado 11 de diciembre del 2020, lo que ha hecho que los vecinos agraviados de la comunidad de Arantepacua y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos ya hayan lanzado pronunciamientos de doble victimización por parte del gobierno de Michoacán.
Una de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la comunidad de Arantepacua, que ha marcado una fuerte postura frente a este caso, es el colectivo Liquidámbar, el que a través de un comunicado ha expresado su indignación por el silencio guardo por el gobierno estatal sobre las recomendaciones hechas por la CNDH.
Postura de Liquidámbar
El colectivo de defensa de los derechos humanos, Liquidámbar, ha fustigado públicamente la actuación del gobernador y el fiscal de Michoacán, no solo por el silencio guardado ante la recomendación hecha por la CNDH, sino por haber ocasionado la violación de derechos elementales a más de mil personas en una población indígena que cuenta con poco más de 2 mil 700 habitantes.
Por eso este colectivo insiste en el “reconocimiento público por parte de Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís como principales responsables en la masacre, agresiones y vejaciones llevadas a cabo de manera artera, desproporcional e injustificada los días 4 y 5 de abril de 2017 en contra de la comunidad de Arantepacua”.
Ese sería el principio, de acuerdo a la vocería de Liquidámbar, para “el reconocimiento de la legítima lucha y protesta social que históricamente ha llevado a cabo la comunidad y que los funcionarios se retracten de sus pronunciamientos que estigmatizaron y criminalizaron a los habitantes de Arantepacua”.
En su reclamo, esta organización civil exige públicamente que la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atracción del caso, “puesto que el actual Fiscal General del Estado ─Adrián López Solís─ incurre en conflicto de intereses al ser instado para investigar la responsabilidad del entonces Secretario de Gobierno, es decir, que se investigue a sí mismo por múltiples delitos en contra de la comunidad”.
Desde el interior de la comunidad indígena de Arantepacua, también se ha manifestado la necesidad urgente de “Silvano Aureoles Conejo y Adrián López Solís reconozcan que las dependencias a su cargo han mentido y ocultado información deliberadamente para impedir el acceso a la justicia y la atención integral para las víctimas de la comunidad”.
Por ello, los vecinos afectados por las violaciones de derechos humanos que les ocasionó la administración del gobierno de Michoacán, exigen “el cumplimiento de todos los puntos recomendatorios emitidos por la CNDH: una reparación integral del daño colectiva e individual, pronta y expedita, así como una investigación y sanción por responsabilidades penales”.
Asimismo la comunidad ha reivindicado su derecho a la protesta social para exigir el cumplimiento a la Recomendación 42VG/2020 y de las demandas allí expresadas, además del compromiso oficial para evitar la repetición de hechos “tan lamentables y deplorables que atenten contra la dignidad de todas las personas y comunidades indígenas”.
