A Trump no le interesa el Narcoterrorismo, quiere el agua y subsuelo de México
En realidad, al gobierno de Estados Unidos poco le interesa la seguridad extraterritorial que ha manifestado. Él va por el aseguramiento de los intereses económicos de la planta industrial trasnacional, con mayor participación de los capitales norteamericanos, que considera amenazada por la lucha que se ha iniciado en nuestro país por la conservación de nuestros recursos
La insistencia del gobierno norteamericano en calificar de terroristas a los grupos del narco que operan en México, no es tanto una cuestión de seguridad. Detrás de esto existe la intención económica de apropiarse del agua, el suelo y todo lo que hay debajo, para el beneficio de la planta industrial trasnacional.
Bajo el pretexto de la investigación del lamentable asesinato de un grupo de personas de la familia LeBarón, se ha encontrado la mejor excusa para satisfacer la ambición del gobierno norteamericano, que siempre ha tenido sobre los recursos naturales de México, mediante una injerencia directa en nuestro territorio.
En realidad, al gobierno de Estados Unidos poco le interesa la seguridad extraterritorial que ha manifestado. Él va por el aseguramiento de los intereses económicos de la planta industrial trasnacional, con mayor participación de los capitales norteamericanos, que considera amenazada por la lucha que se ha iniciado en nuestro país por la conservación de nuestros recursos.
El agua es uno de los recursos que más intensamente se ha comenzado a defender en todo el suelo mexicano, donde –de continuar la defensa a favor del suministro a la población- la planta industrial transnacional sufriría efectos económicos desfavorables, que podría obligar si no al cierre de empresas, por lo menos sí a la reducción de su acelerada producción agroindustrial, de manufacturas, automotriz, minera y textil.
El problema de la disputa por el agua en México no es nuevo. Tiene al menos una década que se comenzó agudizar, y se ha hecho visible gracias a los defensores de la tierra que han alzado la voz ante la invasora presencia de cientos de empresas trasnacionales instaladas en las zonas más marginadas del país.
El conflicto ha tenido escasa difusión en los grandes medios de comunicación tradicionales, sin embargo en los últimos tres años ha cobrado importancia gracias a la acción de colectivos y organizaciones con acceso a las redes sociales y a la difusión que han hecho periodistas independientes en blogs informativos.
Al igual que ocurre con los señalamientos sobre la devastación de la industria minera, que apenas alcanzan reducidos espacios en los grandes medios, el problema del despojo del agua también ha tenido poca atención de parte del gremio periodístico, lo que solo se entiende por los intereses económicos de los propios medios y de algunos periodistas que aspiran a conseguir o ya tienen convenios financieros a cambio del vergonzoso silencio.
Aunque el problema del despojo del agua se ha hecho más o menos visible gracias a la lucha de los ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los recursos naturales, aún no surte efectos sobre la esferas de gobierno en las que se encuentra la posibilidad de rectificación del marco jurídico para privilegiar el suministro de agua a la población sobre la planta industrial.
De manera tibia, sin ninguna posibilidad de que sus observaciones sean vinculantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la única instancia oficial dentro de la estructura del Estado mexicano que ha abordado el problema del desabasto de agua. La labor de la Comisión se ha quedado en la categoría de informe con alcances meramente expositivos, en espera de la buena voluntad de las instancias oficiales para alcanzar una solución.
En mayo de 2018, la CNDH emitió el “Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”.[1] Para las autoridades correspondientes significó una perspectiva más del conflicto por el desabasto de agua que viven millones de mexicanos. Sin embargo, tras el informe no hubo una sola reacción ni del legislativo federal y menos del ejecutivo, continuándose así con la política de entrega de concesiones de agua para fines industriales.
En su informe, la CNDH reconoció lo que ya se sabe: que el del agua es un tema complejo y de interés colectivo. Pero al menos asentó una preocupación por la forma en que ríos, lagos y acuíferos son sobreexplotados, contaminados y apropiados “por intereses particulares.
En el mismo documento con destino a todos y a nadie, la CNDH refiere que para abatir el estado de crisis en el que ha entrado la disputa por el agua, no solo es preciso un cambio en la distribución, sino que es necesario cambiar la visión que se tiene del líquido, al que hoy en día se considera “una mera mercancía al servicio de la industria, a costa de su contaminación y del deterioro de ecosistemas lacustres”.
“Es necesario —sigue el informe de la CNDH— ver el agua como un patrimonio colectivo sin vulnerar los derechos humanos y siendo responsables en su manejo sustentable”. Pero eso no es más que una quimérica propuesta, pues el agua se ha convertido en uno de los principales activos nacionales, superado solo por los yacimientos de hidrocarburos, metales y minerales, con los cuales el gobierno mexicano incentiva la atracción de inversiones.
Las mueve el agua
Muchas empresas trasnacionales se han instalado en nuestro país durante los últimos años con la intención de apropiarse del agua para sus procesos productivos. En cualquier otra parte del mundo estarían regulados de forma más estricta, pero aquí cuentan con las garantías del marco jurídico derivado de la reforma energética.
Tras un revisión al padrón de las 61 mil 693 empresas de capital extranjero que la Secretaría de Economía reconoce con operaciones en México, se puede ver que al menos 84% requieren grandes volúmenes de agua que sería difícil obtener en sus países de origen, por lo cual resulta equívoco su discurso de desarrollo mediante la creación de empleos.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), de 2008 a 2012, en Canadá se extrajeron 15 mil 387 millones de m3 de agua para alimentar las necesidades de la industria, en Estados Unidos fueron 12 mil 248 millones de m3, pero en México se llegó a la cantidad de 127 mil 403 millones de m3,[2] agua que en su mayoría fue para empresas de capital norteamericano y canadiense, principalmente del sector minero, de hidrocarburos y automotriz.
Por poner este dato en perspectiva, todo el volumen de agua que extrajo la industria de Canadá durante el periodo referido es apenas menor al que utilizan solo las plantas refresqueras y cerveceras en México, que se estima en 12 mil 410 millones de m3. Por su parte, el volumen de agua que Estados Unidos destinó al abasto de su planta industrial entre 2008 y 2013 es igual a toda el agua que las plantas mineras y cementeras establecidas en México utilizan en un año, cuyo volumen concesionado es de 11 mil millones 907 mil m3 de agua.
Relación fincada en el agua
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá deben ser los primeros interesados en mantener vigente el mayor tiempo posible el TLC, pues el acuerdo representa la posibilidad de suministro de agua a su planta productiva. El gobierno mexicano sigue otorgando las concesiones con una visión de desarrollo económico para el país, pero esto beneficia cada vez más a menos personas y no se refleja en las comunidades.
La codicia del gobierno norteamericano sobre el agua mexicana no es reciente. En 1944, ambos países firmaron el “Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos Colorado y Bravo”, uno de los 66 acuerdos de cooperación y económicos que siguen vigentes al día de hoy, y que han llevado a México a mantener el estatus de “amigo y socio de Estados Unidos”, que siempre sale a relucir en los discursos diplomáticos. Pero en ese Tratado no hay nada de amistad. Es un contrato leonino mediante el cual los estadounidenses tienen privilegios en la administración conjunta de los afluentes del río Colorado, en Tijuana, y del río Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, y nuestro país queda obligado a pagar cuotas de agua.
El Tratado, que se ha mantenido prácticamente sin revisión en los últimos 74 años, establece que en la administración conjunta de los dos principales ríos fronterizos, al gobierno de Estados Unidos le corresponde el derecho de uso sobre 431 millones 721 mil m3 de agua, en tanto que a México le toca disponer de hasta 2 mil 96 millones 931 mil m3 al año de las aguas de los ríos Colorado y Bravo. Hasta ahí todo va bien, porque en apariencia este tratado beneficia a México.
“Pero no es así, pues Estados Unidos siempre argumenta sequías en el desierto de Texas, Arizona y Nuevo México, uno de los puntos de excepción del tratado, en donde la contraparte se obliga a la entrega de volúmenes extraordinarios de agua para subsanar esa condición”, explica el doctor Federico Mancera Valencia, especialista en temas del agua del Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua. De esa forma el gobierno norteamericano siempre saca la mejor parte del acuerdo, sin ningún tipo de reticencia del gobierno mexicano.
Cada año, el argumento estadounidense apela a los bajos volúmenes de captación en los escurrimientos de los afluentes de los ríos Bravo y Colorado, lo cual se estableció en el acuerdo, aun a sabiendas de que esos alimentadores no aportaban gran cantidad de agua a los ríos fronterizos. Por apatía de los legisladores mexicanos, el Tratado nunca se ha sometido a revisión a pesar de que las comunidades afectadas por el desabasto de agua en la zona norte del país así lo han solicitado.
Para Federico Mancera, este es un tratado ventajoso para Estados Unidos “por el solo hecho de que la representación mexicana que lo firmó en 1944 no vislumbró los cambios climáticos que Estados Unidos, con el avance de su ciencia, ya pronosticaba, que han sucedido y se han agudizado en la forma prevista”.
Mancera, una de las mayores autoridades del país en materia de agua, considera que no solo es necesario revisar el tratado sobre la administración conjunta de las aguas de los ríos Bravo y Colorado, “sino que es urgente replantear el uso del agua de los dos principales ríos de la frontera norte”, a fin de evitar un colapso en las actividades agrícolas y urbanas de la zona norte de México.
Cada cinco años las dos partes que conforman la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) revisan los volúmenes de lluvias que caen en ambos lados de la frontera, para decidir el volumen de agua que cada país puede aprovechar, lo cual siempre deja saldos negativos para México.
Así, la deuda de agua de México con Estados Unidos se ha incrementado gradualmente desde 1992, luego de que las dos partes de la CILA reconocieron que durante el quinquenio 1992-1997 los escurrimientos en los ríos a los que tiene acceso Estados Unidos dentro de su territorio, y que alimentan a los ríos Colorado y Bravo, no permitieron al gobierno de esa nación acceder a los volúmenes de agua acordados en el Tratado.
La escasez de agua en Estados Unidos los quinquenios de 1992-1997 y 1998-2002, también conocidos como los periodos 25 y 26, hizo que México acumulara una deuda de agua a favor de Estados Unidos por un volumen estimado de 734 mil millones de m3, equivalentes a lo que en tres meses utiliza toda la planta industrial establecida en suelo mexicano. La deuda logró pagarse apenas en octubre de 2016.
En el quinquenio 2003-2007, el periodo 27, México terminó con un déficit tasado en 884 millones de m3 de agua. Para el quinquenio 2008-2012, el periodo 28, el gobierno de Estados Unidos volvió a argumentar una baja captación de agua en sus afluentes, y exigió al gobierno mexicano el pago de los volúmenes no obtenidos por lluvias, los cuales se tasaron en 324 millones de m3 de agua, y también se entregaron en octubre de 2016, con una consecuente reducción en los volúmenes de agua destinados a las poblaciones de la zona norte del país, principalmente de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
El balance de agua entre México y Estados Unidos correspondiente al quinquenio 2013-2017, el periodo 29, se tendría que revisar antes de que termine el primer trimestre de 2019.[A1] De acuerdo con los investigadores en el tema del agua, el resultado no será distinto al de los cuatro quinquenios anteriores y México podría seguir presentando deuda de agua al gobierno norteamericano.
En los últimos cinco años, las sequías han afectado severamente la zona sur de Estados Unidos y la zona norte de México, señala el doctor Damián Porras, director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien considera grave la desatención del gobierno mexicano para revisar cómo opera el tratado de aguas con Estados Unidos. Al menos durante la pasada legislatura, a pesar de que se presentaron varias iniciativas, el Senado de la Republica se negó a analizar las condiciones en las que se entrega el agua de los ríos Colorado y Bravo. ¿De qué tamaño será la presión del gobierno norteamericano para seguir haciendo uso de esas aguas mexicanas?
Iniciativa ahogada
La más reciente iniciativa la presentó Marco Antonio Blásquez Salinas el 25 de septiembre de 2017. El entonces senador del Partido del Trabajo planteó un punto de acuerdo para que el gobierno mexicano, a través de su canciller, se abstuviera de la ratificación de las concesiones amparadas en el tratado, donde resaltó que la entrega de agua al gobierno de Estados Unidos se estaba haciendo de manera indebida.
La iniciativa de Blásquez dice que como resultado del acta 323, complementaria del tratado, “de manera inexplicable, el gobierno mexicano ha consentido la venta de agua a los Estados Unidos, lo que no forma parte de la estipulaciones del tratado”, además de considerar que dicha venta implica un recorte al suministro de agua “que deteriora la ya de por sí precaria situación de los productores del Valle de Mexicali”.
Existen más de mil 500 pequeños productores agrícolas que a pesar de contar con un decreto presidencial que les garantiza el suministro de agua del río Colorado, nunca han recibido abasto para sus cultivos. Sus tierras solo se sostienen de las lluvias, que en esa región caen en promedio cuatro días al año, lo cual impacta negativamente en la producción de trigo, algodón, alfalfa y diversas hortalizas.
A pesar del argumento expuesto por el hoy ex senador Blásquez, para terminar con la entrega de agua a Estados Unidos, sea por venta o por cumplimiento de cuotas, la iniciativa no fue aprobada. El 7 de diciembre de 2017, la Comisión de Recursos Hidráulicos desechó la iniciativa al considerar de tajo que “el acta 323 no altera ni modifica los términos de las entregas de agua a México, y se continúan aplicando, tal como ha ocurrido desde 1944”.
El rechazo a la propuesta de terminar con la entrega de agua a Estados Unidos fue firmado por los entonces senadores priistas Aarón Irízar López, José Ascención Orihuela Bárcenas y Ernesto Gándara Camou, así como por la panista Silvia Guadalupe Garza Galván, el perredista Fernando Mayans Canabal y Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde. Los entones senadores Humberto Mayans Canabal y Patricio Martínez García, del PRI, y Luis Fernando Salazar Fernández, del PAN, prefirieron abstenerse en la votación.
Nexos extraños
La negativa del entonces presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Aarón Irízar, se entiende porque tiene intereses en el sector privado que podrían verse afectados con una decisión legislativa que priorice el uso del agua para la población y pequeños núcleos agrarios sobre los grandes corporativos.
Irízar, cuestionado de manera pública por la forma en que ha incrementado sus propiedades inmobiliarias, es uno de los muchos ejemplos de políticos mexicanos que desde sus cargos públicos cabildean para intereses particulares. El senador es socio de la firma JH Muñoz-Irízar & McBride, una consultoría que asesora empresas y gobiernos en inversiones, y hace gestiones ante diversas autoridades de México y el extranjero. Entre sus principales clientes se encuentran empresas de alto consumo de agua como Grupo Viz (propietario de SuKarne), Agrícola Best Farm y Desarrollo Urbano e Industrial La Primavera.
El ex senador Orihuela Bárcenas, quien también se negó a darle prioridad al uso de la población de las aguas nacionales en la zona norte del país, está vinculado con negocios que emplean el agua para fines industriales. Es socio accionista de Los Picachos del Oriente de Michoacán, una empresa de producción rural y ganadera, que además de beneficiarse con apoyos del programa Fomento Ganadero de la Sagarpa, tiene en concesión 155 mil 520 m3 de agua en Tuzantla, lo cual representa 10 veces más el volumen de agua que la Conagua permite extraer en los pozos de abasto para la población de ese municipio michoacano.
Por su parte, la ex senadora Ninfa Salina Sada es hija del potentado Ricardo Salinas Pliego, uno de los cuatro mexicanos —al lado de Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Baillères— que han hecho crecer su fortuna en la industria minera. Ricardo Salinas es dueño del Grupo Salinas, que es concesionario de 24 permisos de explotación minera en Chiapas y uno más en Baja California Sur, donde el empresario posee uno de los más grandes yacimientos de oro del país.
Tan solo en la mina Los Cardones, que intenta ponerse en marcha a pesar de la oposición de toda la población de La Paz, se pretende el abastecimiento de por lo menos un millón 200 mil m3 de agua mediante una planta desalinadora que causará efectos irreversibles a la salinidad de la porción inmediata del Mar de Cortés.
Al mismo tiempo, la filial Desarrollos Zapal gestiona la obtención de permisos para el suministro de dos pozos de agua con una capacidad de extracción anual de por lo menos 300 mil m3, que se ubican en el área natural protegida de la Sierra La Laguna.
Esa no fue la primera vez que la senadora Salinas se ponía del lado de los intereses económicos de su padre, utilizando su función como legisladora y representante de un partido que en teoría vela por los intereses ambientales del país. En diciembre de 2017, Salinas Sada gestionó reformas a la Ley General de Biodiversidad, con las cuales, además de establecer mayores dificultades administrativas para la creación de nuevas áreas naturales protegidas (ANP), liberó la restricción de explotación minera y de hidrocarburos en las zonas de amortiguamiento natural.
Las reformas a la Ley General de Biodiversidad aprobadas en el Senado, conocidas también como la “Ley Salinas”, llevaban una dedicatoria especial para el Grupo Salinas. El consorcio se benefició con creces al legalizarse de tajo la exploración minera que actualmente se realiza en 24 sitios dentro de las ANP de Chiapas, donde grupos ambientalistas se siguen oponiendo a los proyectos industriales de despojo.
El argumento de Salinas Sada al reformar la ley es que se trataba de un intento institucional para que las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos no disminuyeran “el potencial productivo para el desarrollo social”.
De acuerdo con el artículo 211 de la citada ley, basta con que el Ejecutivo federal decrete zonas de desarrollo integral sustentable dentro de las ANP, para que las empresas tengan pleno dominio sobre las áreas ecológicas a cambio de implementar programas que subsanen los ecosistemas afectados por las actividades productivas.
En ninguno de sus apartados la “Ley Salinas” prohíbe que las empresas con proyectos extractivos se establezcan dentro de los polígonos de vida silvestre protegida, pese a que en los últimos años estas industrias solo han dejado paisajes fragmentados que limitan o impiden el flujo de especies y el consumo del agua, afectando la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades originarias.
Las enmiendas a la Ley General de Biodiversidad fueron aprobadas por 88 senadores a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. La principal voz oponente a estas reformas fue la de la entonces senadora Silvia Garza, secretaria de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien solicitó incluir un impedimento expreso a la presencia de mineras en ANP, lo cual finalmente no sucedió porque trastocaba la esencia misma de las reformas.
Según datos de la Semarnat, en México existen 182 ANP que se extienden a lo largo de 90 millones de hectáreas, pero de esa superficie al menos 57 mil 255 hectáreas las ocupan proyectos mineros. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) refiere que los estados donde existen conflictos ambientales a causa de las concesiones mineras en ANP son Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Se estima que en esas entidades están vigentes al menos mil 968 concesiones para explorar y explotar yacimientos minerales.
La reforma que promovió la legisladora Salinas le dio luz verde a los proyectos extractivos de estas concesionarias, que acaso se verán obligadas a realizar trabajos de rehabilitación ambiental. Sin embargo, la ley no es suficientemente clara sobre el sentido de la reparación y tampoco define los tipos de asentamientos que quedan prohibidos dentro de las ANP.
Áreas naturales en oferta
Cabe recordar que hasta antes de la reforma actual, la Ley General de Biodiversidad establecía la obligación de que los recursos naturales obtenidos en ANP ostentaran un sello de garantía de sustentabilidad con el ambiente, expedido por la Semarnat, según lo señalaba el apartado V del artículo 179, pero dicho apartado fue derogado y el sello ya no es necesario.
Otro punto que beneficia a las empresas extractivas con concesiones para establecerse en ANP es el que se señala en el artículo 200, de nueva creación, que a la letra dice que “en las superficies aledañas a la poligonal de un área natural protegida que mantienen una estrecha interacción social económica y ecológica con ésta, la Secretaría promoverá la conservación y el manejo de su zona de influencia”, lo cual no parece viable debido a la exagerada cantidad de concesiones de agua que se han otorgado.
Con este artículo se permite que las empresas extractivas asentadas en los polígonos de vida silvestre sigan realizando sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que “la Secretaría”, en este caso la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determine para resarcir los daños ambientales, para lo cual las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del gobierno federal, sin restricción para acceder a los volúmenes de agua que consideren necesarios para su operatividad.
Otro punto que favorece a la industria extractiva en su intención de devastar la tierra y consumir el agua disponible se encuentra en el artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad, el cual señala que “El Ejecutivo Federal podrá decretar Zonas de Desarrollo Integral Sustentable en aquellas áreas afectadas por actividades productivas”, y refiere que se deberá especificar claramente superficie y ubicación de los daños, pero en ningún momento habla de suspender actividades a las empresas que afecten el entorno, el agua y la vida silvestre de las ANP.
En teoría, con las reformas a la Ley General de Biodiversidad, el Senado pretendía establecer “un marco legal e institucional que proteja la riqueza natural y biológica, basado en un enfoque de desarrollo sustentable con beneficios económicos y sociales”, como se señaló en un comunicado oficial. No obstante, la verdadera intención de la senadora Ninfa Salinas era beneficiar a las empresas de los cuatro grupos mineros nacionales preponderantes en el país.
Algunas de las empresas mineras del Grupo México, de Germán Larrea; Industrias Peñoles, de Alberto Baillères; Grupo Frisco, de Carlos Slim, y Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, han sido señaladas por movimientos ambientalistas y comunidades indígenas afectadas de realizar una voraz explotación de los recursos del subsuelo, incluida el agua, dentro de los polígonos de santuarios de vida silvestre.
El principal señalamiento que se le ha hecho a Grupo Frisco es sobre las operaciones de la mina Real de Ángeles, en el desierto de Baja California, en Mexicali. Ahí la minera explota un yacimiento de oro y plata que se encuentra en las inmediaciones de la Reserva de la biósfera Alto Golfo de California y Delta del río Colorado, y se ubica a menos de 30 kilómetros del Mar de Cortés, donde impactan los desechos tóxicos ricos en cianuro, además de la explotación irracional que hace del agua.
Grupo Frisco cuenta con el permiso del gobierno federal para hacer uso irrestricto de un volumen de 10 millones 251 mil m3 de agua al año[3], con los cuales hacen posible la explotación de sus cinco minas que operan mediante las filiales Santa María y Minera Cumobabi, en Sonora; Minera San Francisco del Oro, en Chihuahua; Minera Tayahua y Minera Real de Ángeles en Zacatecas. Todas invaden polígonos de ANP.
Otro beneficiario de la Ley de Biodiversidad de la senadora Ninfa Salinas fue el Grupo México. A la empresa de Germán Larrea se le señala de pretender poner en operación una mina de cobre en El Arco, Baja California, dentro de un polígono rico en biodiversidad y agua. En ese sitio espera operar durante 25 años una mina a cielo abierto que devastará el entorno ecológico y consumirá la poca agua que hay en la zona. Pero la joya de la corona de este imperio minero se ubica en Cananea, Sonora, con la mina Buenavista del Cobre.
Esta filial realiza una explotación autorizada de los mantos acuíferos por el orden de los 52 millones 119 mil 233 m3 de agua al año. Esta cantidad sería suficiente para suministrar agua a la población de esa localidad durante más de 20 años. En cambio, en este municipio del norte de Sonora hay desabasto de agua para 25% de sus más de 32 mil 500 habitantes.
Industrias Peñoles, de Alberto Baillères, es señalado por generar una devastación ecológica en los municipios de Cocula y Teloloapan, Guerrero, donde de la mano con la canadiense Torex Gold Resources, a través de las subsidiarias Media Luna y Minera Fresnillo, explota dos minas de oro. La contaminación que produce se resiente en una parte de las zonas ecológicas protegidas de esas localidades, principalmente por la sustracción de más de 5 millones de m3 de agua al año.
Tras la legislación, Industrias Peñoles ha evitado que les sean suspendidas sus explotaciones mineras a cielo abierto. La empresa opera no solo en Guerrero, sino en Zacatecas, por medio de Fresnillo PLC, y en Durango, por medio de Minera Mexicana de la Ciénega, cuyos polígonos concesionados tocan algunas partes de ANP, en donde se extraen más de 212 mil 840 m3 de agua al año.
Voces predicando en el desierto
El ex diputado Alex Le Barón González, quien fue integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, representante de Chihuahua, está convencido de que el Tratado de Aguas de 1944 debe revisarse para evitar que México siga otorgando sin razón aguas nacionales a Estados Unidos.
Aunque considera que algunas zonas agrícolas como la del Valle de Mexicali se han beneficiado con agua que proviene de Estados Unidos, Le Barón asegura que el tratado no ha dejado ningún beneficio para regiones como la de Chihuahua, que aporta volúmenes de agua considerables no solo a Estados Unidos, sino a otros estados como Sonora y Sinaloa. A cambio los habitantes de Chihuahua no reciben ningún beneficio o compensación económica por parte de la autoridad federal.
Le Barón reconoce que ha habido avances legislativos en el tema minero, pues ahora la federación obliga a la industria a aportar recursos a los municipios donde generan su riqueza. Sin embargo, dice el político chihuahuense, también debe avanzarse en ese sentido con leyes que favorezcan económicamente a los pobladores de las regiones que aportan agua, sea para el consumo nacional o para el pago de deuda de agua con Estados Unidos, rubro en el cual Chihuahua es el estado más importante.
La postura de Le Barón no es única. En todo el territorio nacional se han alzado voces para exigir a los legisladores federales que se dé prioridad al agua para la población, y no permitir que la Ley de Aguas Nacionales sea letra muerta.
Entre los puntos que no se cumplen de la actual Ley de Aguas está el artículo 20, que señala que “las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas”, y el artículo 22, donde se indica que “el otorgamiento de una concesión tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua”. A pesar de existir zonas con amplio desabasto, como ocurre en la región de Mazapil, en Zacatecas, las mineras ahí se hacen impunemente del agua.
El tercer párrafo del artículo 23 dice que “en ningún caso el titular de una concesión podrá disponer del agua en volúmenes mayores que los autorizados”, pero esto tampoco se respeta, pues la mayoría de las empresas que gozan del uso directo del agua potable no cuentan con supervisiones de medición del gasto por parte de la Conagua, por lo que siempre se deja a criterio de las mismas empresas la declaración anual del uso del agua.
Lo que más afecta a las poblaciones con este marco jurídico es lo que refiere el artículo 23 bis, donde se da paso a la posibilidad de que las empresas concesionarias del agua puedan suministrar a terceros el servicio, bastando para ello solo dar aviso a la autoridad federal, lo cual significa el inicio de la privatización.
Sobre lo señalado en este artículo es en lo que se ha fincado la lucha de diversos grupos ambientalistas, a fin de que se modifique para evitar que empresas privadas puedan tener el control directo del suministro y cobro del agua a la población.
En Zacatecas, la Minera Frisco ya ha comenzado a ofrecer sobrantes del agua concesionada a la población de Mazapil a precios más altos que los de la operadora de agua potable de ese municipio. En Baja California se han constituido empresas con concesiones de propiedad ya no con fines industriales, sino con la intención de suministrar ese líquido a la población en las zonas más apartadas de los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, que representan un mercado de 120 millones de pesos anuales.
Otro artículo de la ley cuya reforma han reclamado grupos ambientalistas es el 24, donde se dice que “el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales (hecho a empresas) no será menor de cinco ni mayor de treinta años”. Con esto se amplía la posibilidad de que los consorcios tengan un beneficio económico mediante el suministro a la población, con cargo directo a cada una de las familias que carecen del suministro de agua de su municipio.
El negocio del agua
La comercialización del agua es rentable. Mientras el gobierno federal vende cada metro cúbico de agua con fines industriales en 10 pesos, las empresas pueden venderla al precio que más les convenga, tomando como base la tarifa media nacional que es de 16 pesos.[4] Es decir, por cada metro cúbico de agua que una empresa privada pueda colocar en el mercado de su región, obtiene una utilidad de al menos seis pesos.
Si bien es cierto que a nivel nacional el precio del agua para uso doméstico se encuentra supeditado a las legislaciones municipales, el precio se incrementa por la demanda de agua industrial, lo que hace que las regiones más industrializadas, además de padecer la mayor carencia de agua para la comunidad, registren los precios más elevados para los reclamantes de uso doméstico.
En León, Guanajuato, por ejemplo, el precio del agua para uso doméstico es de 29 pesos con 22 centavos por cada metro cúbico. En Naucalpan, Estado de México, ese mismo volumen tiene un costo para la población de 25 pesos con 35 centavos, mientras que en Atizapán el precio de un metro cúbico de agua para consumo doméstico es de 24 pesos con 85 centavos. En Tijuana el costo del mismo volumen de agua para uso en el hogar es de 24 pesos con 57 centavos. En la Ciudad de México, el precio de un metro cúbico de agua para uso doméstico es de 23 pesos con 48 centavos.
En el caso de que comience la privatización del agua, como lo posibilita la Ley de Aguas Nacionales, una empresa de este sector tendría utilidades en función de la población que suministre: en León ganaría 19 pesos con 22 centavos por cada metro cúbico de agua entregado a la población, en Naucalpan la rentabilidad sería de 15 pesos con 35 centavos, en Tijuana de 14 pesos con 57 centavos, y en la Ciudad de México de 13 pesos con 48 centavos.
No en todos los municipios del país el precio del agua está por encima de los 16 pesos por cada metro cúbico. Hay sitios como Mérida, Yucatán, donde el precio es de 3 pesos con 90 centavos, o Mexicali, Baja California, donde el precio es de 6 pesos con 30 centavos, pero en esas localidades el precio del agua privatizada no podría estar por debajo de los 10 pesos por metro cúbico, que es el pago mínimo que hacen las empresas al gobierno federal por sus concesiones.
La privatización del agua se presenta también como una buena opción para la recaudación de recursos por parte del gobierno federal. Tal vez ahí se encuentre una de las razones de la inercia legislativa para entregar el recurso al sector privado. De acuerdo con cifras de la Conagua, en 2017 los ingresos de la federación por la entrega del uso y aprovechamiento industrial de las aguas nacionales fue del orden de los 12 mil 83 millones 31 pesos, mientras que por la entrega de agua para el suministro a los núcleos poblacionales apenas se recaudaron 4 mil 354 millones 810 mil pesos.
A la crisis de la posesión, el uso y la distribución del agua, también se suma el hecho de que cada vez es más difícil para la población acceder al agua, y la poca que consiguen tiene problemas de sanidad. En este contexto, la propia CNDH ha reconocido la necesidad de que en nuestro país se lleve a cabo una transformación de fondo al marco jurídico “a fin de que el uso del agua se logre en forma más adecuada y proporcional para los grupos poblacionales”.
El Cubo, un caso paradigmático
Léo Heller, el relator especial de Naciones Unidas, ha calificado como “un problema crónico” la crisis en la calidad y el acceso al agua en México. De acuerdo con la Conagua, en México hay 653 ríos y 731 cuencas hidrológicas que serían suficientes para solventar las necesidades la población. Sin embargo, esto no es posible debido a que 14.7% de las fuentes de agua se encuentran sobrexplotadas por la planta industrial. Hasta marzo de 2017, de las 1 384 fuentes de agua disponibles, al menos 105 acuíferos se encontraban en condición de sobreexplotación y 104 cuencas hidrológicas presentaban déficit de suministro.
De acuerdo con las cifras oficiales del anuario de Estadísticas del Agua en México de 2016, el mayor volumen de agua que se extrae del subsuelo se otorga en concesión para riego agrícola, generación de electricidad, actividad industrial y proyectos extractivos, por lo que la población urbana y rural solo tiene posibilidad de acceder a un muy bajo porcentaje del agua disponible en el país.
Como efecto de la política sobre el agua, en grandes núcleos poblacionales como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Hermosillo, se “ha recurrido a la construcción de megaproyectos, bajo un modelo de abastecimiento de agua que es sin duda insustentable en términos económicos, sociales y ambientales”, dice la CNDH en su informe de mayo de 2018.
Entre los cientos de casos documentados para este trabajo, destaca el caso de la comunidad de El Cubo, en Guanajuato, donde Endeavour Silver Corp. se ha apropiado de la mayor parte del agua de la que dispone esa localidad. Esta minera canadiense tiene permisos para generar hasta 43.3 m3 de agua contaminada por día, lo cual representa siete veces más la cantidad de aguas residuales que producen los usuarios domésticos. A causa del exceso de agua contaminada que genera Endeavour Silver Corp., en esta zona de Guanajuato han aumentado los casos de cáncer y las enfermedades de la piel, los riñones y gastrointestinales, principalmente en niños y adultos de la tercera edad.
Desde hace 2017 esta localidad de más de 17 mil habitantes padece escasez y contaminación del agua, “todo por culpa de la minera, que se ha apropiado de la mayor parte del agua, y la poca que llega a la población es de mala calidad”, dice Rubén Mendoza Moreno, quien conduce un movimiento que busca lograr la declaratoria de zona libre de minería para El Cubo.
Según Mendoza Moreno, que ha denunciado la impunidad con la que la minera se apropia del agua que le corresponde a la población, en la trasnacional se niegan a dar una respuesta al reclamo de compensación económica. La única respuesta que han tenido son algunos programas de sanidad del gobierno estatal, los cuales evidentemente no tienen costo para la minera.
Otra propuesta que han recibido los vecinos de la comunidad de El Cubo, como solución a los problemas de salud que se han disparado a causa de los niveles de desabasto de agua que ha generado la minera, es la que fue vertida a través de
Funcionarios del gobierno estatal propusieron la reubicación de las 150 familias de El Cubo en una zona donde tengan acceso al agua y la contaminación de la presa de jales no las afecte. La comunidad no ha aceptado el ofrecimiento y ha reclamado a la autoridad local que se gestione ante la federación la cancelación de la mina.
La petición parece imposible, pues la Endeavour Silver Corp. alega haber invertido más de más de 13.6 millones de dólares en la instalación de su planta productiva, recursos que de alguna manera estaría solicitando como indemnización.
Desde 2012, cuando se inició la extracción de oro y plata en El Cubo, la minera ha descubierto nuevos yacimientos de esos metales, de los que ya se ha apropiado mediante concesiones federales. Los trabajos de ampliación de la minera comenzaron en los predios V-Asunción, Dolores y Santa Cecilia, en donde se remueven de 1 300 a 1 450 toneladas de tierra en un día. Por cada tonelada se obtienen 135 gramos de plata y 1.5 gramos de oro, mientras que el uso de agua oscila entre 6 mil y 7 mil m3 de agua al año.
Para evitar que casos como el de El Cubo se sigan presentando en el país, la CNDH ha propuesto que el gobierno mexicano rectifique el marco jurídico de concesiones de agua a la industria, ampliando “los criterios de calidad del agua para determinar las fuentes de contaminación relacionadas con las actividades antropogénicas”. Al mismo tiempo, “establecer oportunamente acciones de saneamiento y cumplimiento de leyes en la materia, estableciendo responsabilidades a quienes corresponda. Esto implica el análisis sistemático en los cuerpos de agua y difusión pública de resultados”.
Sin dirigirse a nadie en particular, la CNDH también ha recomendado tomar en serio los estándares internacionales en materia de suministro de agua, lo cual llevaría a considerar el derecho al agua como una prerrogativa constitucional. Lejos de desalentarnos —dice la CNDH—, esto debería activar nuestra imaginación para buscar nuevas soluciones a esta problemática que amenaza con extenderse aún más en los próximos años en el país.
[1] cndh, “Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”, México, 2018.
[2] fao, Informe Aquastat, 2017-2018.
[3] CartoCrítica, Informe Concesiones de Agua para la Mineras, México, 2016.
[4] Conagua, Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable, 2018
[A1]¿Se podría ajustar la oración o hacer una actualización?
