Mienten Sheinbaum y Gertz, EUA nunca reconoció a Cienfuegos como un preso inocente

La presidenta Claudia Sheinbaum y el Fiscak General de la Republica, Alejnadro Gertz Manero, mienten. En el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, él nunca fue exhonerado por la Fiscalìa de Estados Unidos sobre las acusaciones que se le imputaron, por su relación protección con el Cartel del H2, el liderado por Francisco Patrón Sánchez yt Dàmaso López Nuñez, El Lic.

Aquí está la investigación que conminó publicamente la presidenta Claudia Sheinbaum para que el gremio informativo la hiciera pública. Parte de este texto está contenido en el libro “El Fiscal Imperial” (Harper Collins 2022), autorìa del que esto escribe.

Ese arrojo con que Alejandro Gertz Manero llevó la venganza contra la familia de su hermano Federico también se le ha visto, pero a la inversa, en otros casos, en los que, valiéndose de su papel de procurador de justicia, ha puesto todo su empeño para que su postura personal esté por encima del marco jurídico. Así ocurrió en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, al que contra viento y marea el fiscal defendió para hacerlo pasar como inocente, a pesar de que los indicios históricos apuntan en otra dirección y a pesar de la indignación nacional.

Al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Estados Unidos lo señaló penalmente en junio de 2019, a partir de la acusación que le hizo la Administración de Control de Drogas (DEA), por los delitos de asociación delictuosa internacional para fabricar, importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, y de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero proveniente de la venta de drogas.[1] Dichos delitos dieron pie para que el 15 de octubre de 2020 el general Cienfuegos fuera de tenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

Tras un mes y tres días de estar detenido en una prisión de Estados Unidos, el 18 de noviembre de 2020 el general Salvador Cienfuegos fue liberado de los cargos que le imputó el gobierno estadounidense. Eso fue posible gracias a las negociaciones que al más alto nivel de los gobiernos de México y Estados Unidos se llevaron a cabo por instrucciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Las negociaciones para que Estados Unidos desestimara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuegos fueron a propuesta del presidente López Obrador, quien se vio presionado para ello por un grupo de 43 generales que mantienen el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que —a manera de hermandad— se cuidan y se protegen entre ellos, aun de las propias disposiciones del presidente de la República.

La cofradía de generales que mantiene bajo su control la Sedena es un secreto a voces. Desde la administración del presidente Calderón ya se sabía que en México, aun cuando constitucionalmente el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, quienes en realidad tienen el control del aparato de guerra son un grupo de generales. Ellos son quienes ponen sobre la mesa —en cada cambio de gobierno— al que será el titular de la Sedena. Allí no hay ideologías políticas. No importa quién sea el presidente, ni qué partido político esté al mando de la nación. Son los generales integrados en el “Grupo de los 43” los que toman las determinaciones que afectan a la seguridad del país. Ellos son los de que deciden lo que pasa dentro de la Sedena y con los militares que la integran. Bajo esa directriz, el mando civil sólo se toma en consideración para efectos protocolarios.

Esa cofradía militar, si bien ha estado presente dentro del gobierno federal desde hace décadas, ha cobrado fuerza en las últimas tres administraciones bajo el signo del beneficio económico… Con el presidente Felipe Calderón, el “Grupo de los 43” logró que las Fuerzas Armadas se posicionaran como un aparato de seguridad pública a través de la llamada Guerra Contra el Narco, los militares empujaron esa política de la guerra. Con el presidente Enrique Peña Nieto, el Ejército se consolidó como el principal instrumento de seguridad interna mediante la Estrategia de Paz, que no fue otra cosa que la continuación de la Guerra Contra el Narco en su versión 2.0. En tanto que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cúpula militar logró lo impensable, que las Fuerzas Armadas transitaran de la rectoría de la seguridad pública del país a mantener presencia en diversos ámbitos de competencia civil.

Como nunca, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cúpula militar del Grupo de los 43 logró posicionarse social y económicamente, pues además de que lograron elevar a rango constitucional La Guerra Contra el Narco, al modificarse la ley para que La Guardia Nacional, la Marina y el Ejército se perpetuaran en el control de la seguridad interna del país, también lograron tareas civiles como la conducción de una empresa turística, denominada Olmeca-Maya-Mexica, a través de la cual se beneficiarán económicamente con la construcción, explotación, administración y operación de obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Andrés Manuel López Obrador también habilitó a los militares para concentrar más poder económico a través de la operación 240 tareas que corresponderían a otras dependencias civiles, la operación de la aerolínea Mexicana de Aviación, y control del sistema ferroviario para la transportación de pasajeros, así como diversas obras de construcción y vigilancia de bienes nacionales.

Así, siempre bajo la posibilidad del beneficio económico, los militares del “Grupo de los 43” ha buscado expandir su influencia social más allá de los cuarteles. Esa situación ha quedado más que demostrada con el grado de control que sobre el país han alcanzado las Fuerzas Armadas en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pasaron de combatir a la delincuencia organizada, en la continuación de la guerra contra el narco, a realizar labores consideradas exclusivas de dependencias civiles, que van desde administrar puertos marítimos hasta construir aeropuertos y remodelar hospitales.

Al cierre de este trabajo las Fuerzas Armadas, producto de la influencia transexenal del “Grupo de los 43”, ya no sólo tenían preponderancia en el control de la seguridad pública, sino que también estaban participando en al menos cuatro áreas estratégicas de los programas de gobierno: construían obras públicas, daban capacitación policial, intervenían en los programas de desarrollo social y eran pilar fundamental en la estrategia nacional de vacunación para enfrentar la pandemia por Covid19.

Producto de la presión que ejercieron los 43 generales de la Sedena frente al presidente López Obrador, a las Fuerzas Armadas se les encomendó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y se les cedió la concesión de construcción de dos tramos de la obra insignia de la Cuarta Transformación: el Tren Maya. Además, las Fuerzas Armadas hasta hoy han sido responsables de la remodelación de 32 hospitales inconclusos heredados de administraciones pasadas, en donde su intervención ha sido una especie de muestra de combate a la corrupción.

Bajo el argumento de una mayor eficiencia operativa, las Fuerzas Armadas también se han encargado, en el gobierno de López Obrador, del programa de combate al robo de combustible (huachicoleo) que afecta a Pemex y de custodiar las pipas de esta empresa que lo transportan. Otras tareas que han asumido las Fuerzas Armadas son el plan de seguridad en las fronteras norte y sur del país para frenar el flujo de migrantes indocumentados. Asimismo, a su cargo corrió la construcción de 127 cuarteles para la Guardia Nacional, el apoyo logístico para el programa de siembra de árboles frutales denominado Sembrando Vidas, el diseño y ejecución del programa de becas de trabajo Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de Distribución Gratuita de Fertilizantes y la supervisión de la entrega de recursos económicos para los diversos programas sociales.

Entre los generales visibles que en el interior de la Sedena se mencionan como integrantes del “Grupo de los 43”, se encuentran Cresencio Sandoval González, Agustín Radilla Suástegui, Gabriel García Rincón, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Ricardo Trevilla Trejo, Eufemio Alberto Ibarra Flores, Foullon Van Lissum y José Gerardo Vega Rivera, todos miembros de la Plana Mayor de la Sedena en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también se mencionan como miembros de ese club selecto los generales Gerardo Clemente Ricardo Vega García, Guillermo Galván, Salvador Cienfuegos, Arturo Granados Gallardo, Eduardo Emilio Zárate Landero, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Alejandro Saavedra Hernández y Miguel Enrique Vallín Osuna.

A estos militares, a excepción del indiciado Salvador Cienfuegos Zepeda, se les atribuye haberse apersonado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para que, a través de la vía diplomática, se gestionara la liberación y entrega del general Salvador Cienfuegos por parte del gobierno estadounidense al gobierno mexicano. Una fuente cercana a la Presidencia de la República indica que el presidente López Obrador no tuvo opción. Lo que menos necesitaba la Cuarta Transformación, en la cauda de problemas que ya encaraba, era un rompimiento con los mandos militares.

Por esa razón se instruyó al canciller Marcelo Ebrard para que realizara negociaciones al más alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, a fin de que dejara de señalar al general Cienfuegos como un vil narcotraficante y fuera repatriado a México. La negociación entre el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, surtió efecto: se acordó que el fiscal Alejandro Gertz Manero y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, entraran en diálogo para concertar la entrega del general.

Gertz el negociador

Las negociaciones entre Gertz Manero y William Barr no fueron ásperas. Se llevaron en los mejores términos. Después de todo, los dos fiscales habían entablado buenas relaciones a partir de dos reuniones previas que habían tenido, una el 19 de diciembre de 2019 y otra el 5 de enero de 2020, en las que habían acordado trabajar conjuntamente para combatir a los cárteles mexicanos de las drogas, con la permanente premisa del respeto a la soberanía nacional de México que antepuso el fiscal Gertz Manero frente a su homólogo estadounidense.

De esa forma fue que, gracias a la negociación de Gertz Manero, el miércoles 18 de noviembre de 2020, la jueza Carol B. Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, desestimó los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, recurriendo para ello a la figura jurídica de “moción de despido”,[2] un recoveco legal que permite repatriar a un inculpado de violar las leyes estadounidenses, a cambio de que sea juzgado en su país de origen, siempre y cuando se corrobore que existen elementos y obren las pruebas suficientes para ser juzgado en su país por violación a las leyes locales. Los cargos nunca fueron reconocidos como falsos.

Bajo ese entendido, el gobierno mexicano logró la repatriación del general Salvador Cienfuegos a suelo mexicano. El gobierno de Estados Unidos entregó al acusado a la Fiscalía General de la República y además aportó el contenido del expediente penal en el que estaba demostrada la responsabilidad del general en hechos de protección al cártel de Francisco Patrón Sánchez, el H2, un subalterno de Héctor Beltrán Leyva, miembro del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que mantenía el control en el trasiego de drogas desde Nayarit hasta Estados Unidos.

El expediente que la DEA logró integrar con el material acusatorio contra el general Cienfuegos fue una incidencia que resultó de la investigación que en Estados Unidos se le seguía desde 2013 tanto a Francisco Patrón Sánchez como a su sobrino y socio Daniel Isaac Silva Garate, conocido como el H9. Según explicó el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea, en la carta que le envió al canciller Marcelo Ebrard, “en esta investigación, la DEA nunca tuvo como objetivo directo a ningún funcionario de México, tampoco estuvo vigilando o investigando las actividades de Cienfuegos Zepeda dentro del territorio nacional mexicano, ni influyó en la decisión de viajar de Cienfuegos Zepeda a los Estados Unidos, siendo esto último lo que condujo a su detención”.[3]

Así que la acusación en la que el general Cienfuegos resultó involucrado se originó en 2013, cuando “la DEA empezó una investigación teniendo como objetivo a unos distribuidores minoristas de heroína situados en Las Vegas, Nevada, de quienes se creía eran abastecidos por la organización de tráfico de drogas de Juan Francisco Patrón Sánchez, situada en el estado de Nayarit, México. La investigación se basó en unas interceptaciones [sic] electrónicas, autorizadas previamente por una Corte estadounidense [sic], a unos dispositivos de comunicación utilizados por los distribuidores de Las Vegas”, agrega la carta de Timothy J. Shea.

En ese mismo documento se señala, a manera de justificación, que el gobierno estadounidense no esperaba encontrar a un general de tan alto rango involucrado en actividades de narcotráfico: “la investigación siguió su curso y en 2015 la DEA estableció que había algunos vínculos entre Patrón Sánchez y la investigación local que se estaba realizando en Estados Unidos. Posteriormente, la DEA presentó estas pruebas a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y, a su vez, esta oficina aceptó la investigación con fines de un enjuiciamiento federal. En 2016, la DEA obtuvo el permiso para realizar unas interceptaciones [sic] electrónicas del fuero federal en Estados Unidos, cuyo objetivo principal era Daniel [Isaac] Silva Garate. No hubo interceptaciones [sic] electrónicas hechas en territorio nacional mexicano. Las interceptaciones [sic] fueron hechas a unos dispositivos de comunicaciones y aplicaciones que Silva Garate usaba para comunicarse con Patrón Sánchez sobre una persona, quien fue identificada más adelante como el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos Zepeda”.[4]

Entre las pruebas que el gobierno de Estados Unidos aportó a la Fiscalía General de la República para que el general Cienfuegos fuera sometido a investigación en suelo mexicano, bajo las leyes de los mexicanos, se encuentra un legajo de 748 hojas en el cual se citan detalladamente las comunicaciones que sostuvo Daniel Silva Garate, el H9, con el general Cienfuegos y Francisco Patrón Sánchez, el H2, en las que no queda ninguna duda de los nexos de complicidad entre el titular de la Sedena y el cártel de Francisco Patrón para formar una empresa criminal de trasiego de drogas, con la protección del Ejército.

En las comunicaciones interceptadas por el gobierno de Estados Unidos —que se le entregaron al fiscal Alejandro Gertz Manero como pruebas para enjuiciar al ex titular de la Sedena— se establece que el general Salvador Cienfuegos Zepeda era identificado bajo los nombres clave de “El Padrino” y/o “Zepeda”, en tanto que Daniel Silva, el H9, utilizaba como nombre clave el de “Samanta” cuando se comunicaba con “El Padrino”. A su vez, Francisco Patrón Sánchez, el H2, utilizaba la clave “Spartacus”. Así están registrados en todas las comunicaciones que sostuvieron a partir del 9 de diciembre de 2015.

De acuerdo con la investigación del gobierno estadounidense, que Alejandro Gertz Manero desestimó y desechó, fue el general Salvador Cienfuegos quien motivó la asociación criminal entre la Sedena y el cártel de Francisco Patrón Sánchez. En un mensaje de texto —con evidentes errores gramaticales y de sintaxis— enviado por Cienfuegos a Daniel Silva, le advirtió: “hijo en verdad si usted no se arrima a GDL [Guadalajara] para que lo traigan a conocerme ya no lo invitare [sic] porque ya son muchos pretextos yo lo seguiré queriendo igual pero si no ay [sic] confianza que quiere que hagamos yo boy [sic] hacer cosas muy grandes si me toca verlos a uno de los 2”.[5] A lo que Daniel Silva respondió en ese mismo hilo de la conversación: “no como [sic] cree ya saldrá mi camión no le fallaré mi tío ya me mandó para con usted”.[6]

En la misma conversación, el general Salvador Cienfuegos le respondió a su contacto Daniel Silva dando algunas instrucciones: “Ok me avisa cuando llegue no se asuste yo mandare [sic] 5 camionetas o 3 para quedarme con 2 donde lo boy [sic] a esperar las camionetas serán [sic] negras con vidrios oscuros y con los códigos [sic] prendidos…”.[7]

Después de esa conversación, se presume que quedaron establecidos los nexos de complicidad entre la Sedena de Cienfuegos y el cártel de Francisco Patrón Sánchez. Eso se desprende del mensaje que le hizo llegar Daniel Silva a su tío Francisco Patrón, en el que le refiere la aceptación del general Cienfuegos para brindarle protección: “que a usted jamás se lo van a chingar con marinos ni con militares y que a partir de mañana tampoco con PFP [Policía Federal Preventiva]”,[8] le escribió.

A lo largo del expediente criminal que la DEA entregó al fiscal Alejandro Gertz Manero existen decenas de referencias, en las comunicaciones interceptadas, que hablan de las buenas relaciones entre el cártel de Francisco Patrón Sánchez y el general Salvador Cienfuegos, quien en múltiples ocasiones resalta que dicha organización criminal habría de contar siempre con la ayuda de la Sedena a su cargo, y hasta le expresa que se puede dar cuenta de que, desde que comenzaron las comunicaciones entre ellos, ya no se presentaron operativos militares en la zona de Nayarit, que era la base de operaciones de ese grupo delictivo.

A pesar de toda esa evidencia, a la que se agregaron fotografías de vehículos, personas e inmuebles vinculados con la actividad del Cártel H2, que actuó en colusión con el general Cienfuegos para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el fiscal Alejandro Gertz Manero fue omiso. En escasos dos meses, desde el 18 de noviembre de 2020 hasta el 13 de enero de 2021, la FGR tiró la investigación que, sin escatimar recursos, le llevó años a la DEA realizar. El 13 de enero de 2021, a través del comunicado de prensa número FGR013/21, la dependencia bajo el mando de Gertz anunció la decisión del no ejercicio penal en contra del general Salvador Cienfuegos.

La razón de tal decisión, según la versión pública emitida por la FGR, fue que, “del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades estadounidenses; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”.[9]

En ese mismo comunicado, el fiscal Gertz Manero añadió que, “del análisis de su situación patrimonial [del general Salvador Cienfuegos] y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”,[10] y concluyó que “por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda”.[11]

Otra vez, el no ejercicio

El no ejercicio de la acción penal, del cual se valió el fiscal Gertz para exonerar a su amigo Salvador Cienfuegos, está contemplado en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en donde se faculta al agente del Ministerio Público, previa autorización del procurador, en este caso del fiscal, para decretar el sobreseimiento de cualquier investigación penal, siempre y cuando hubiere una o varias de las siguientes causales: que el hecho imputado no se cometió, que el hecho cometido no constituya un delito, que se aprecie claramente la inocencia del imputado, que el imputado esté exento de responsabilidad penal, que no se cuenten con los elementos suficientes para fundar la acusación y/o que se haya extinguido la acción penal por cualquiera de las siguientes razones: que se haya derogado el delito, que el delito del que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que hubiera sentencia firme respecto del imputado y/o que el imputado haya muerto.

Por supuesto que cualquiera con dos dedos de frente, y tomando en cuenta lo que se refiere en el expediente criminal de Salvador Cienfuegos que integró la DEA, se puede dar cuenta de que ninguna de esas causales de sobreseimiento caben en el caso en cuestión. Sin embargo, por decisión de Alejandro Gertz Manero, y sin rendirle cuentas a nadie, la exoneración se hizo por la vía rápida. No sólo eso. También con base en lo establecido en el citado artículo 255 del CNPP, se cerró cualquier posibilidad de que en el futuro sea reabierto el mismo caso de Cienfuegos en territorio nacional por cualquier instancia judicial.

La discrecionalidad con que actuó la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, en el caso de la investigación contra el general Cienfuegos, es más que evidente. Resalta el hecho de que, de todas las diligencias ministeriales que se realizaron, que suman por lo menos 68 acciones de agentes del Ministerio Público y peritos criminalistas, en ninguna de ellas se consideraron, al menos ni para desestimar, las declaraciones de otros miembros de la red criminal del cártel de Francisco Patrón Sánchez, que se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos, tales como Édgar Veytia, el ex fiscal de Nayarit, o los líderes del Cártel de los Dámaso: Dámaso López Núñez y Dámaso López Serrano, que contribuyeron con declaraciones y aportación de datos a la investigación inicial que la DEA llevó a cabo contra Cienfuegos.

La investigación que el fiscal Alejandro Gertz Manero ordenó que se hiciera sobre el general Salvador Cienfuegos, a fin de cumplir el acuerdo establecido con el gobierno de Estados Unidos, estuvo viciada desde el principio: la investigación comenzó en México el día 3 de noviembre de 2020, cuando aún ni siquiera se resolvía si el gobierno de Estados Unidos entregaría al general Cienfuegos al gobierno mexicano, lo cual sucedió hasta el 18 de noviembre de ese mismo año. Es decir, desde 15 días antes de que la jueza Carol B. Amon diera a conocer su decisión de repatriar al general Cienfuegos, en la FGR ya se sabía que eso ocurriría y se comenzó a trabajar para lograr a toda costa su exoneración.

Llama la atención, dentro de la averiguación que efectuó la FGR, que aun cuando el gobierno de Estados Unidos entregó pruebas suficientes para demostrar que las comunicaciones entre el general Cienfuegos y el narcotraficante Daniel Silva se iniciaron el 9 de diciembre de 2015 y se mantuvieron constantes —en relación con el arreglo de protección— hasta el 11 de enero de 2017, la FGR únicamente centró sus trabajos de investigación en los hechos ocurridos el día 1 de enero de 2016, cuando supuestamente se entrevistaron el general Cienfuegos y Daniel Silva para la entrega de uno de los muchos sobornos que se le pagaron al titular de la Sedena por parte del cártel de Francisco Patrón Sánchez, el H2.

A lo largo de un año con un mes y dos días, el general Cienfuegos y Daniel Silva intercambiaron 743 mensajes de texto a través de sus teléfonos celulares. En ellos hablaron de dinero, reuniones, pagos, protección y alertas para el Cártel H2. Sin embargo, como ya se mencionó, la FGR, bajo la instrucción de Alejandro Gertz Manero, decidió sólo investigar el supuesto encuentro del día 1 de enero de 2016, fecha en la que no está registrado ningún mensaje de texto, luego de que ambas partes decidieron guardar silencio en sus telecomunicaciones desde el 10 de diciembre de 2015 y no las reanudaron sino hasta el 8 de enero de 2016, según obra en el expediente penal que integró la DEA.

Con base en la carpeta de investigación que integró la FGR —todavía autorreconocida como Procuraduría General de la República (PGR)—, marcada con el número FED/SEIDO/UEITANAY/00008212020 e iniciada el 3 de noviembre de 2020, de la que se dio a conocer una versión pública testada en el 98 por ciento de sus partes, se establece que los delitos objeto de la investigación, atribuidos inicialmente en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos Zepeda, son: contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita.[12] Pero, en México, la FGR le agregó al general otro delito por investigar: el de acopio y tráfico de armas, que el gobierno estadounidense nunca le imputó al general Cienfuegos.

Las cosas a modo

¿Por qué la FGR agregó el delito de acopio y tráfico de armas al general Cienfuegos, cuando inicialmente el gobierno de Estados Unidos jamás lo culpó de este ilícito? Por una razón simple: para poder dar parte de la investigación a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA), cuyos mandos están integrados en su mayoría por personal militar de la Sedena adscrito a la FGR, muchos de los cuales fueron colocados en la entonces PGR por recomendación del general Salvador Cienfuegos cuando fue titular de dicha secretaría.

De esa forma fue más fácil que, por lealtad al general Cienfuegos, los agentes de la UEITATA encomendados a la investigación pudieran tergiversar las pesquisas a fin de conseguir sin mayor problema la exoneración del inculpado, como sucedió al término de los trabajos de la investigación relámpago, la cual llegó a la conclusión de que en ese sentido —del acopio y tráfico de armas— no había delito que perseguir, lo que consecuentemente derrumbó toda la hipótesis planteada por el gobierno de Estados Unidos, de colusión del titular de la Sedena con el Cártel H2.

Con tal antecedente, en el inicio de la citada carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITANAY/00008212020 la FGR refirió como origen del caso que “(testado [Salvador Cienfuegos Zepeda]) ha sido acusado (testado [en Estados Unidos]) por delitos relacionados con narcotráfico y según lo comunicado (testado [por Timothy J. Shea]), en oficio remitido, esta descubrió durante el curso de unas investigaciones independientes de gran relevancia, información que reflejaba su actividad delictiva, y de acuerdo con esa versión, al final se obtuvieron las pruebas que condujeran a la acusación que se ha presentado en su contra en aquel país”,[13] por lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero instruyó al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, llevar a cabo las investigaciones del caso.

Desde el momento en que el fiscal Gertz Manero ordenó que la investigación del general Cienfuegos fuera turnada a la SEIDO se nota también la intención de una rápida exoneración, pasando por encima del marco jurídico, pues no hay que olvidar que Alfredo Higuera Bernal es un hombre del sistema, muy cercano al general Salvador Cienfuegos. El subprocurador Higuera Bernal trabajó muy de cerca con él entre 2012 y 2014, cuando fue coordinador de Asesores del procurador Jesús Murillo Karam, en la administración de Enrique Peña Nieto, mientras Salvador Cienfuegos era titular de la Sedena. Su relación se centró en la coordinación de acciones entre la PGR y la Sedena para la organización, entre ambas dependencias federales, de operativos contra la delincuencia.

Tampoco hay que perder de vista que Alfredo Higuera Bernal es hermano de Gilberto Higuera Bernal, el actual fiscal del estado de Puebla, quien sigue teniendo una gran influencia dentro de la FGR, ya que fue subprocurador general de la PGR entre 2000 y 2006, cuando Alejandro Gertz Manero era secretario de Seguridad Pública en la administración del presidente Vicente Fox, el mismo periodo en que Genaro García Luna se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR y el general Salvador Cienfuegos Zepeda fue comandante de las Regiones Militares V y IX, así como jefe de la 15/a . Zona Militar, en donde tuvo a su mando, entre otras cosas, el combate al tráfico de drogas en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Guerrero.

Entre 2005 y 2007 Alfredo Higuera Bernal fue subprocurador de Justicia del Estado de Sinaloa, pasando después, entre 2007 y 2008, a ser secretario ejecutivo de la Secretaría de Gobierno de la misma entidad. Entre 2008 y 2010, con el aval de Genaro García Luna, ya para entonces poderoso secretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón, Alfredo Higuera Bernal se convirtió en procurador de Justicia del Estado de Sinaloa, y fue por ese tiempo cuando se relacionó con el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en ese momento ya era comandante de las Regiones Militares I y VII, con influencia total en los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, cuyos activos militares también participaron en operaciones contra el narco en Sinaloa.

Como se relató antes, la relación entre Alfredo Higuera Bernal y el general Cienfuegos se estrechó entre 2012 y 2014, mientras Alfredo Higuera era coordinador de Asesores del procurador Jesús Murillo Karam y el general Salvador Cienfuegos Zepeda era el secretario de la Defensa Nacional. Este último, entre 2015 y 2018, tuvo también una estrecha relación de colaboración con Gilberto Higuera Bernal, el hermano de Alfredo, quien en la última parte del gobierno de Peña Nieto fue titular de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la PGR, un área vital para el combate o protección de los grupos delictivos.

En 2015, mientras Gilberto Higuera Bernal ocupaba dicho cargo y apoyaba al general Cienfuegos para enfrentar o auxiliar a los cárteles de las drogas, su hermano Alfredo Higuera Bernal fue encumbrado como director de Averiguaciones Previas de la PGR, siendo la procuradora Arely Gómez González, desde donde también se respaldaron las decisiones oficiales del secretario de la Defensa Nacional en relación con sus intereses personales en la supuesta lucha contra el narco.

Tan turbio fue el desempeño de Gilberto Higuera Bernal en su paso por la PGR, que en enero de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero realizar una investigación sobre los nexos que este funcionario tuvo en su momento con el secretario Genaro García. El fiscal acató la orden e inocente o alevosamente encargó los trabajos de dicha investigación al hermano del investigado, Alfredo Higuera Bernal, quien —obviamente—, tras cuatro meses de investigaciones, concluyó que su hermano Gilberto no tenía nexos incriminatorios con Genaro García Luna.

Tan limpio salió Gilberto Higuera Bernal de la investigación que sobre él hizo la FGR de Gertz Manero, a través del titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, que luego de que se dio por concluida el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, invitó a Gilberto Higuera a encargarse del despacho de la fiscalía de ese estado, y el 26 de febrero de 2020 el pleno del Congreso de Puebla decidió mayoritariamente, con 38 votos a favor y uno en contra, que Gilberto Higuera Bernal fuera nombrado fiscal general de la entidad, cargo que desempeñará hasta 2027.

A pesar de los antecedentes —o precisamente porque existían tal vez—, el fiscal Alejandro Gertz Manero no tuvo ningún empacho en encomendarle a su titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, llevar a cabo la investigación contra su amigo el general Salvador Cienfuegos, centrando toda la exploración judicial en dos tópicos: los posibles hechos constitutivos de delitos que, según la DEA, se suscitaron en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde se habrían reunido, el 1 de enero de 2016, el general Cienfuegos y el brazo operador del Cártel H2, David Silva Garate. Y el asesinato de Francisco Patrón Sánchez, el H2, ocurrido en Tepic, Nayarit, el 10 de febrero de 2017, atribuido por la DEA a una especie de “operación limpieza” que efectuó el secretario de la Defensa Nacional para no dejar rastros vivientes de su relación con el Cártel H2

De acuerdo con la versión pública de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre de 2020 y que concluyó el 14 de enero de 2021, contenida en 4 mil 765 fojas, que integran dos tomos y 11 anexos divididos en 114 partes, en donde se establece que no hubo ningún aporte testimonial,[14] los agentes del Ministerio Público, en casi la mitad de todas las fojas, se dedican a realizar una férrea defensa de la honorabilidad del general Cienfuegos, aportando como pruebas su intachable expediente militar, en el cual resaltan sus condecoraciones y los ascensos en su carrera, siempre de vocación al servicio de la Patria, dentro del Ejército mexicano . En ninguna de las fojas contenidas en la carpeta de investigación se da crédito a lo señalado por los agentes de investigación del gobierno de Estados Unidos.

En un total de mil 700 fojas de los hallazgos que lograron los agentes adscritos a la investigación del general Cienfuegos, sólo aparecen loas al indiciado, haciendo siempre referencia a su expediente de servicio militar, que se integró en la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 23 de enero de 1964 hasta la culminación de su gestión como titular de la Sedena, el 30 de noviembre de 2018. Por ello, la FGR, al término de esa investigación, concluyó que no había elementos para fincar responsabilidad al general Cienfuegos sobre los delitos atribuidos tanto en la instancia judicial de Estados Unidos como en la correspondiente del gobierno mexicano, decretándose el no ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, sobrevive el hecho de que no se agotaron todas las líneas de investigación que aportó el fiscal estadounidense Seth D. DuCharme, quien se resignó a la entrega del general Cienfuegos a la fiscalía mexicana, tras considerar que “para el gobierno de los Estados Unidos es más delicado y superior el interés de llevar una buena política exterior [en este caso con México] que seguir adelante con la acusación del imputado”. La omisión de diversas líneas de investigación en el caso de Cienfuegos fue una decisión que sólo recayó en el ámbito de responsabilidades del fiscal Alejandro Gertz Manero, que se aceptó —como dijo el fiscal Seth D. DuCharme— por “reconocimiento a la estrecha cooperación entre Estados Unidos y México en investigaciones bilaterales de aplicación de la ley […], las que son tendientes a aumentar la seguridad de los ciudadanos de ambos países”.

El que para México, con la omisa investigación ordenada así por Alejandro Gertz Manero, haya quedado cerrado el capítulo de la presunta corrupción del general Salvador Cienfuegos no significa que para el gobierno estadounidense también. En Estados Unidos, donde la acción ominosa de la FGR significó una traición a la confianza de las relaciones bilaterales en materia de combate al narcotráfico, hasta el cierre de este trabajo no se quitaba el dedo del renglón: la DEA continuaba haciendo trabajos de investigación sobre la relación de Cienfuegos con el Cártel H2, con la posibilidad de reabrir el caso en suelo estadounidense.

Una fuente de la DEA confirmó, para este trabajo, que en esa agencia “sigue viva la sospecha” de que el general Salvador Cienfuegos fue cómplice del narcotraficante Francisco Patrón Sánchez en la expansión del cártel que en su momento fue un brazo de los cárteles de Sinaloa, de los hermanos Beltrán Leyva y de los Dámaso. “En la DEA se tiene sospecha razonable de que Cienfuegos ayudó a que el Cártel H2 se posicionara en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Morelos”.

Dicha sospecha, que en la DEA se sigue trabajando para convertirla en hipótesis criminal, se finca en los cuantiosos sobornos que el general Salvador Cienfuegos recibió del H2 —según la fuente— a cambio de llevar a cabo operaciones militares contra las organizaciones rivales de ese grupo del narcotráfico, y además ayudar a los miembros de la organización de Francisco Patrón Sánchez a conseguir transporte marítimo para cargamentos de drogas desde las costas de Nayarit hacia Estados Unidos.

De la misma forma, en la DEA se da como un hecho que el general Cienfuegos presentó a los principales líderes del Cártel H2 a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano, los que también estuvieron dispuestos a ayudar al trasiego de drogas a cambio de sobornos. Con esos pagos, Cienfuegos fue un informante certero del Cártel H2; “siempre mantuvo informado a Francisco Patrón Sánchez sobre las investigaciones en curso que realizaban las fuerzas del orden público de Estados Unidos sobre esa organización criminal”, refiere la fuente.

Entre las razones por las que en Estados Unidos no se puede zanjar el asunto de la exoneración de Cienfuegos por parte del fiscal Gertz Manero, destaca la que refiere que, al informar el secretario de la Sedena sobre los operativos de inteligencia que realizaba el gobierno estadounidense contra el cártel de Francisco Patrón Sánchez, se contribuyó al asesinato de algunos miembros del propio cártel que colaboraban con la DEA en calidad de informantes, cosa que no quiso conocer el fiscal mexicano.

De la misma forma, en la investigación a modo que se le hizo al general Cienfuegos, el fiscal Alejandro Gertz tampoco quiso ahondar en las versiones del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes Villa, quien fue colaborador cercano de Joaquín Guzmán Loera y que dijo a la DEA que “un general de la nación” daba protección a la fracción del Cártel de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva que estaba encabezada por el H2. Por instrucciones de la fiscalía de Estados Unidos y de la DEA, Alex Cifuentes nunca mencionó al general Cienfuegos por su nombre, a fin de no entorpecer el inicio de la investigación. Por eso siempre se refirió a él como “un general de la nación”, del que se aseguró que se negó a recibir un soborno de 10 millones de dólares, pero sí aceptó incontables fiestas pagadas por el Cártel de Sinaloa. Esta versión ni siquiera fue tocada a lo largo de la investigación oficial de la FGR.

Otro punto que desestimó el fiscal Gertz dentro de la investigación es el que refiere que la alianza entre el general Salvador Cienfuegos y Francisco Patrón Sánchez está ligada a Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, y Dámaso López Núñez, jefe del Cártel de los Dámaso, quienes se asociaron con el H2 en 2004, en el gobierno de Vicente Fox, cuando Salvador Cienfuegos era el jefe de la 15/a. Zona Militar, con sede en Zapopan, Jalisco, y Alejandro Gertz Manero todavía era secretario de Seguridad Pública del gobierno federal.

La hipótesis de la DEA plantea que, desde los primeros meses de 2004, Salvador Cienfuegos permitió que el Cártel H2 se extendiera desde Nayarit hacia la zona central del estado de Jalisco. En 2005, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Clemente Ricardo Vega García, ascendió al general Cienfuegos a jefe de la Quinta Región Militar, el Cártel H2 expandió sus operaciones delictivas en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Después, como jefe de la Novena Región Militar, a donde el general Cienfuegos fue trasladado por orden del presidente Vicente Fox, entre junio de 2005 y enero de 2007 —ya en el gobierno de Felipe Calderón— se permitió que el Cártel H2 afianzara su presencia en el estado de Guerreo, posibilitando el control del trasiego de heroína desde la Montaña de Guerrero con destino a las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas, así como a diversos puntos de los estados de Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, en el vecino país del norte.

En versión de un miembro activo del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva que habló para este trabajo, se sabe que, “a cambio de millonarios pagos por parte de Francisco Patrón Sánchez, el general Cienfuegos también abrió el territorio [sic] del Distrito Federal y de los estados de México, Hidalgo y Morelos a las acciones del narcotráfico”. En dichos estados Salvador Cienfuegos tuvo amplia influencia al ser comandante de la Primera Región Militar, entre enero de 2007 y diciembre de 2009, donde coordinó, al lado de Genaro García Luna, titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la supuesta lucha contra el narcotráfico, la cual hoy se sabe que fue solamente una simulación.

Además, de enero de 2010 a mayo de 2011, al general Cienfuegos, por instrucción del presidente Felipe Calderón, se le trasladó a la comandancia de la Séptima Región Militar, lo que permitió al cártel de Francisco Patrón Sánchez extender sus actividades delictivas a los estados de Chiapas y Tabasco, refiere la fuente del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva . La fuente añade que, como oficial mayor de la Sedena, entre enero y noviembre de 2012, el general Cienfuegos no sólo prosiguió con la protección al Cártel H2, sino que asignó a diversos grupos miliares a las labores de apoyo en el trasiego de drogas, que ya realizaba desde diversos puntos del territorio nacional el grupo delictivo de Francisco Patrón Sánchez, a fin de atender el mercado de las drogas de Estados Unidos.

También con base en la fuente de la DEA, puede establecerse que como secretario de la Defensa Nacional, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 y septiembre de 2016 el general Cienfuegos Zepeda apoyó en labores de esa organización criminal para posibilitar el lavado de dinero, “cuyas sumas podrían ascender a poco más de 200 millones de dólares”.

De acuerdo con otra fuente en el interior del narco, dentro del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2016 se rompió la sociedad que mantenían Francisco Patrón Sánchez y el general Cienfuegos. La causa del distanciamiento fue la detención de Clara Elena Laborín Archuleta, esposa de Héctor Beltrán Leyva, alias el H, quien era socia del H2 y estaba al frente del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, luego de la captura de su esposo, ocurrida en octubre de 2014. Tras el rompimiento del H2 y el general Cienfuegos, la Sedena y la SSP de García Luna lanzaron una cacería contra Francisco Patrón Sánchez y los otros miembros del Cártel H2, entre ellos Édgar Veytia, conocido como el Diablo; Dámaso López Núñez, el Lic, y su hijo Dámaso López Serrano, el Minilic, a fin de disolver cualquier posibilidad de que estos hablaran de la relación que el cártel mantenía con el secretario de la Defensa Nacional.

Francisco Patrón Sánchez fue asesinado en medio de un supuesto operativo de captura que tuvo lugar en Tepic, el 10 de febrero de 2017. Dámaso López Núñez, el Lic, fue capturado en un operativo militar en la Ciudad de México, el 2 de mayo de 2017; el gobierno de Estados Unidos le salvó la vida, ya que lo solicitó en extradición y actualmente se encuentra preso, con sentencia de cadena perpetua. Ante la cacería a muerte que lanzó el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, contra la cúpula del Cártel H2, el que fuera fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, decidió entregarse al gobierno estadounidense, el 29 de mayo de 2017. En enero del 2024, tras haber recibido una sentencia de 20 años, dictada en el 2017, a Veytia ya solo le quedaban por cumplir 10 años de prisión, dado que el gobierno federal le redujo 3 años a su condena por haber deposado en contra de Genaro García Luna y haber contribuido a la investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

También Dámaso López Serrano, el Minilic, se entregó al gobierno de Estados Unidos, el 28 de julio de 2017. En enero del 2024 ya se encontraba en libertad luego de haber cumplido la sentencia de seis años que a finales del 2017 le dictó un juez federal de Estados Unidos. El Minilic fue tratado suavemente por la justicia norteamericana gracias a su colaboración para integrar la averiguación previa en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda y del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

En todo esto, el fiscal Alejandro Gertz Manero no ha querido ahondar. Ha optado por la comodidad de la omisión y la mentira

[1] Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Timothy J. Shea, Carta de Notificación Oficial del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno Mexicano sobre el Enjuiciamiento del General Salvador Cienfuegos, Washington, D.C., 29 de octubre de 2020.

[2] Departamento de Justicia de Estados Unidos, moción de despido núm. 2018R01833, Nueva York, 17 de noviembre de 2020.

[3] Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Timothy J. Shea, Carta de Notificación Oficial del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno Mexicano sobre el Enjuiciamiento del General Salvador Cienfuegos, Washington, D.C., 29 de octubre de 2020.

[4] Ídem.

[5] DEA, Expediente Criminal Salvador Cienfuegos Zepeda, foja núm. 7.

[6] Ibídem, foja núm. 8.

[7] Ibídem, foja núm. 9.

[8] Ibídem, foja anexa.

[9] FGR, comunicado de prensa FGR013/21, Ciudad de México, 14 de enero de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicadofgr01321fgrinforma.

[10] Ídem

[11] Ídem.

[12] Procuraduría General de la República, Agencia Sexta Investigadora UIETATA, versión pública de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITANAY/00008212020, Ciudad de México, 3 de noviembre de 2020.

[13] Ídem.

[14] Fiscalía General de la República, respuesta a la Solicitud de Información núm. 0001700016721, Ciudad de México, 10 de febrero de 2021.