Suman 4 mil desaparecidos, en primeros 100 días del segundo piso de la 4T

Ciudad de México.- Al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México obtuvo la cifra más alta de personas desaparecidas en toda su historia (y eso, que fueron ellos mismos, el ex presidente y quienes conforman la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quienes idearon una fórmula para contarlos), porque, a decir del informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos, publicado por el colectivo Causa en común, ni los hallazgos de las madres buscadoras, ni de los colectivos de desaparecidos, hicieron eco, ni en el gobierno federal, ni en la CNB.

La fórmula de conteo y resultados funciona de la siguiente manera: la CNB es la única instancia que administra al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Registro de desaparecidos), este registro se alimenta a partir de reportes y denuncias recabadas por las Comisiones de Búsqueda y fiscalías estatales y federales que integran el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).

El Registro de desaparecidos es una base de datos que cuenta con los nombres y datos de las personas reportadas como desaparecidas en México, desde 1952, hasta la actualidad. También cuenta con los datos de aquellas personas que fueron encontradas.

De acuerdo con el informe de Causa en común, hasta el 31 de diciembre de 2024, había un total de 344 mil 592 registros, de los cuales el 65% corresponde a personas que ya han sido localizadas y el 35% a personas que continúan desaparecidas y reporta que tan solo entre 2006 y 2024, el Registro acumuló un total de 107,024 reportes sobre personas desaparecidas.

Sabemos que la estrategia que utilizó López Obrador para adelgazar esta cifra, sin tener que buscarles, fue solicitar un “censo” que pudiera modificar el discurso, creando tres categorías más: la primera fue “personas ubicadas”, la segunda “personas sin datos suficientes para identificar” y la tercera “personas sin indicios para su búsqueda”, por lo que la cifra oficial de reportes de desaparecidos en su sexenio pasó de 110 mil 964 desapariciones a tan sólo 12 mil 377.

Ya de por sí, las instituciones creadas por el estado para la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, el Sistema Nacional de Búsqueda que depende de otras instancias como las fiscalías estatales, federales y municipales, siempre han sido deficientes y se han caracterizado por la ineptitud de sus funcionarios y servidores públicos, durante el gobierno de la transformación, estas instancias fueron solo una pantalla, un adorno en el discurso.

Presupuestos precarios e inadecuados mecanismos de procuración de justicia, han sido el talón de Aquiles de las fiscalías y unidades especializadas en derechos humanos, desde que existen. ¡Imaginemos ahora sin presupuesto, porque la austeridad republicana lo ha recortado aún más!, la Fiscalía General de la República (FGR), siendo la más capaz instancia para la búsqueda de los desaparecidos, ha disminuido en un 40 por ciento, desde el 2014 a la fecha, el presupuesto designado para este rubro.

La investigación y búsqueda de personas desaparecidas no es una prioridad para el gobierno de la cuarta transformación. En 2025, Claudia Sheinbaum Pardo destinó tan solo 24 millones de pesos (mdp) de presupuesto para la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, mientras que, para investigar delitos electorales, por ejemplo, destinó 205 mdp o para investigar delitos cometidos por personas servidoras públicas y contra la administración de justicia, se destinaron 35 mdp o para esclarecer delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, se destinaron 30 mdp.

Desde finales de 2019, en el pleno del SNB se aprobó la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), organismo multidisciplinario para la identificación y devolución de restos a sus familiares, al día de hoy, el MEIF carece de lineamientos y de recursos para su operación, aunque el presupuesto fue asignado, no se sabe con exactitud cómo ha sido ejercido.

No obstante, en 2022, la CNB creó el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), otra instancia cuyos lineamientos para su funcionamiento no han sido elaborados, ni se le ha asignado algún presupuesto, de forma muy extraña a finales de 2024, la CNB informó que el CNIH había recolectado 3 mil 749 muestras para la elaboración de perfiles genéticos y que había analizado 4 mil 23 perfiles de personas fallecidas, pero que, a pesar de tan titánica tarea, únicamente se habían identificado a 15 personas.

Según el portal gubernamental Nómina Transparente, el director general del Centro Nacional de Identificación Humana es José Muñoz Gómez y percibe un salario neto de 95 mil 878.73 pesos; el director del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Sergio Arturo Sierra Sánchez, percibe una remuneración de 64 mil 505.04 pesos netos mensuales; la titular de la comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, recibe 114 mil 901.57 pesos al mes y eso no es todo, en la Comisión Nacional de Búsqueda hay un director General de Vinculación de Políticas Públicas, Xasni Pliego Granillo, quien es fundadora del partido Morena cuyo salario asciende a 104 mil 821.29 pesos.

Según el citado reporte de Causa en común, no existe inversión de gobiernos estatales para el desarrollo de sus comisiones de búsqueda, no existe un diagnóstico de la problemática que enfrenta cada estado de la República. Claudia Sheinbaum es indiferente ante el deterioro, a pesar de que, tan solo en los primeros días del segundo piso de la transformación, Claudia Sheinbaum acumuló más de 4 mil personas desaparecidas.