El robo de recursos naturales, otra razón de la violencia en México
Todo el territorio nacional es un ensayo de esta práctica. No existe un solo estado en el país que no manifieste este fenómeno: de la mano a los proyectos de desarrollo de cualquier índole -principalmente extractivos o industriales que requieren del desmedido uso del agua-aparecen los grupos criminales, lo que en gran medida toman parte en los conflictos -contra la población- por las grandes utilidades económicas que ello representa
La ola de violencia que vive México no es fortuita. No toda es atribuible al tráfico de drogas, como lo pretende hacer ver el propio Estado mexicano; gran parte de la violencia generalizada que se padece en el país tiene su origen en la disputa por los recursos naturales, entre ellas la del suelo y particularmente la del agua.
Por eso tampoco es casualidad que los mayores focos de violencia se registren en aquellas regiones en donde se han asentado los más grandes proyectos de inversión, los que, como señala Dolores Rojas, de la fundación Heinrich Böll, son los principales atrayentes de los llamados poderes fácticos, que en la práctica no son otra cosa que los grupos de poder que se aprovechan de la debilidad del Estado para ejercer una función de autoridad a través de la violencia, mismos que son encabezados por las células del crimen organizado, asociados principalmente con cárteles del narcotráfico.
Todo el territorio nacional es un ensayo de esta práctica. No existe un solo estado en el país que no manifieste este fenómeno: de la mano a los proyectos de desarrollo de cualquier índole -principalmente extractivos o industriales que requieren del desmedido uso del agua-aparecen los grupos criminales, lo que en gran medida toman parte en los conflictos -contra la población- por las grandes utilidades económicas que ello representa.
Por citar solo un ejemplo de los cientos que ocurren en todo el país, miembros del cártel del Totonacapán, que se han asociado con algunas de las empresas que intentan instalar el fracking en la zona de la Sierra Norte de Puebla, reciben un pago promedio de entre 500 a 700 dólares mensuales por generar temor entre los activistas defensores del agua.
La labor encomendad a los integrantes del citado cártel del Totonacapan, de acuerdo a una fuente de esa organización criminal, “consiste en ubicar a los principales promotores de la resistencia civil contra la instalación de los proyectos extractivos. Luego de la ubicación, comienza la intimidación con amenazas de muerte y hostigamiento a los líderes y sus familias. Solo después de la orden, que casi siempre se hace a través de empleados de los gobiernos locales, es que se procede al asesinato”.
La expansión de los proyectos de inversión, propiciada en gran medida por la Reforma Energética, es lo que hace que actualmente México se encuentre considerado como el cuarto país más letal a nivel global y el tercero de América Latina para los defensores del medio ambiente, según lo establece la organización Global Witness, la que ubica a nuestro país con niveles de agresión contra ambientalistas apenas por debajo de países como Brasil y Colombia, mientras que a nivel mundial solo está por debajo de las cifras negras de Filipinas,[1] en donde también se encuentra en auge la expansión empresarial con base en el uso de los recursos naturales.
Periodistas, Víctimas Colaterales
La cantidad de agresiones mortales que encaran los defensores del suelo y del agua en México es casi igual de sangrienta a la proporción que se registra en el gremio periodístico: en el 2017 frente a las 17 víctimas mortales que registró el periodismo, se presentaron 15 ejecuciones de personas defensoras de derechos ambientales, mientras que hasta diciembre del 2018 ya se habían registrado ochos asesinatos de ambientalistas frente a 18 de periodistas.
En la lista de periodistas asesinados en nuestro país, sólo los registrados en el 2018, se ubican al menos seis de ellos que además de dar cobertura a temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción de la clase política, también fueron voceros en algún momento de su vida profesional de grupos poblacionales que denunciaron el arrebato de los recursos naturales por parte de las empresas con proyectos de inversión en zonas indígenas o comunidades rurales, cruzando la tenue línea que existe entre periodismo y activismo social.
Los periodistas ejecutados en el 2018, que en el registro de su actividad periodística dejaron plasmada la voz de protesta de algunas comunidades contra el arrebato del suelo, bosques y agua, son Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de enero; Leobardo Vásquez Atzin, ejecutado en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, el 21 de marzo; Juan Carlos Huerta Gutiérrez, acribillado al salir de su casa en el municipio de Centro, Tabasco, el 15 de Mayo; Héctor González Antonio, asesinado a golpes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 29 de mayo; Jose Guadalupe Chan, acribillado en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 1 de Julio 2018, Rubén Pat, también ejecutado a balazos en esa localidad el 24 de julio, y Jesús Alejandro Márquez Jiménez, ejecutado en Tepic, Nayarit la noche del 1 de diciembre del 2018.
En ninguno de estos casos las autoridades ministeriales locales y/o federales quisieron establecer como línea de investigación y posible móvil de su ejecución las denuncias públicas hechas a través de su trabajo periodístico contra los proyectos económicos en marcha. En la mejor de las situaciones se establecieron, como es en los asesinatos de Jose Guadalupe Chan, Leobardo Vásquez Atzin y Rubén Pat, líneas de investigación que apuntan a la participación de células criminales relacionadas con los cárteles de las drogas.
Pero en esas líneas de investigación ni siquiera por equívoco se menciona la posibilidad de que dichas células criminales hayan actuado bajo instrucciones de funcionarios locales o mandos corporativos de las firmas afectadas económicamente con la labor de denuncia de los periodistas, que de alguna manera señalaron la irregularidad con la que dichas empresas se estaban haciendo de la propiedad de los recursos naturales, principalmente el agua.
En las investigaciones de los asesinatos de Juan Carlos Huerta Gutiérrez, Carlos Domínguez y Héctor González Antonio, ni siquiera se siguieron líneas de investigación con relación a las células del crimen organizado, las principales hipótesis oficiales de estos asesinatos refieren “venganzas personales”, lo que puede que tenga algo de cierto, solo que al igual que en los otros casos no se presume siquiera cuáles fueron las razones de esas “venganzas”, pese a que es evidente que ellas pudieron haber sido con base en sus denuncias de despojo de recursos naturales.
¿A qué Precio?
La letalidad que persiste en nuestro país para aquellos que denuncian el despojo del suelo, los bosques y el agua, queda mejor demostrada con el informe “¿A Qué Precio? Negocios Irresponsables y el Asesinato de Personas Defensores de la Tierra y del Medio Ambiente en 2017” de Global Witness, en donde se reconoce que en México, como parte de los países que encabezan la lista de letalidad contra activistas, “los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas”.
El gobierno mexicano, al igual que el de otros 21 países de América Latina, Asia y África, en donde –sea dicho de paso- han encontrado sus nichos de inversión empresas de capital europeo, norteamericano y canadiense, contribuyó con su inacción “a que aumentaran los homicidios de personas que se manifestaban contra la agricultura a gran escala, a medida que crecía la fiebre mundial por acaparar la tierra”.[2]
El informe de Global Witness va más allá, refiere que la voluntad de los gobiernos, en donde se encuentra en boga la entrega del suelo y sus recursos a las grandes empresas, al hacerse de la “vista gorda” –como el caso de México-, “ha permitido la impunidad sistémica, que posibilita que los perpetradores (de los homicidios contra ambientalistas) estén casi seguros de que nunca serán llevados ante la justicia”, y resalta que de hecho “los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques”, revelando como parte de esta tesis “la gran cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria”.
Bajo ese contexto, se establece que así ocurrieron los asesinatos de los 15 defensores de la tierra y el agua que se registraron solo en el 2017, en donde a causa de su lucha perdieron la vida Marciano Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Benjamín Juárez José, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto, Miguel Ángel Vázquez Torres, Agustín Vázquez Torres, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, Pablo Andrés Jiménez, Gabriel Ramos Olivera y Felipe Ramírez.
De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), la proporcionalidad de agresiones contra los defensores de la tierra y el agua es diversa; la mayoría de esos atentados se registran en zonas donde los proyectos económicos corren por cuenta de la industria minera, las que generan conflictos intercomunitarios por la tenencia de la tierra, con la finalidad de dividir a la población.
La segunda proporción de asesinatos contra las personas defensoras de los derechos ambientales que se registra en nuestro país ocurre en aquellas regiones donde se pretenden los proyectos hidráulicos y de infraestructura; otros están relacionados con los proyectos inmobiliarios, con proyectos de energías renovables, con la lucha de la tala clandestina y con los proyectos turísticos. En todos estos casos va de por medio el control del agua y el arrebato de esta a la población.
Las estadísticas documentadas por el CEMDA revelan que el número de agresiones contra los defensores del ambiente ha ido en aumento en forma alarmante, pues solo de julio del 2016 a diciembre del 2017 se conoció de 88 atentados en 23 de las 32 entidades federativas, en donde resultaron finalmente 29 personas asesinadas a causa de su defensa del medio ambiente frente a los proyectos económicos alentados por la Reforma Energética.
De acuerdo a esos datos, los estados en donde se registró el mayor número de ataques son Estado de México con 10 casos; Oaxaca y Puebla con ocho casos en cada entidad, Chiapas y Sonora con seis agresiones, respectivamente; Ciudad de México y Yucatán, con 5 casos cada uno; Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas con 4 atentados cada uno de estos estados.
Aunque en menor proporción por casos de agresiones contra ambientalistas, también se mencionan en la lista del CEMDA los estados de Hidalgo con tres atentados, Baja California con dos, y Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa con sólo un caso en cada una de estas entidades.
A los datos que ofrecen las estadísticas del CEMDA se suman los que refiere el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, en donde se revela y se reconoce el grado de amenazas bajo el que trabajan en nuestro país los defensores del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, a tal grado es esto que para ello muchos defensores ambientalistas –igual que los periodistas- requieren de medidas de protección oficial, para preservar su vida y seguir en su actividad.
Según el Mecanismo Federal de Protección, en lo que va de este sexenio ya son 276 las personas que han solicitado medidas de protección para poder ejercer su labor de defensa del suelo y del agua, por considerar que está en riesgo su vida; la cifra resalta frente a las 81 personas periodistas que en ese mismo periodo reclamaron la protección del Estado para poder ejercer su trabajo; una situación que no ocurre en ninguna otra parte del mundo.
Las estadísticas oficiales del gobierno mexicano hablan por sí solas: la mayor cantidad de medidas oficiales de protección brindadas a los activistas se ubican en los estados en donde justamente se ha dado el mayor índice de inversión extranjera directa de los últimos seis años, materializada en proyectos de inversión que tienen que ver con la actividad extractiva y el uso de agua con fines industriales.
Así, las entidades con mayor inversión extranjera directa, las que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron casi el 67 por ciento de las empresas trasnacionales que decidieron asentarse en nuestro país, como en la Ciudad de México, Jalisco Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, son las que concentran el 85.9 por ciento de los ambientalistas amenazados por su labor, y que ahora son protegidos en su seguridad personal por instancias de la misma federación.
Solo en la Ciudad de México, a causa de la defensa del agua, se encuentran amenazados de muerte 78 ambientalistas, esto como resultado de la lucha social que han emprendido para que las reservas de agua en la capital del país sean destinadas al uso doméstico, y que no se privilegie con ese suministro a la planta industrial; en Jalisco son 43 hombres y mujeres activistas sobre los que pesan amenazas de muerte a causa de su lucha por el suelo y el agua, en Michoacán son 37, en Oaxaca 28, en Chiapas 21, en Guanajuato 20, en Querétaro 17, en Chihuahua y Estado de México son 16 por cada entidad, en tanto que en Hidalgo, Puebla y Veracruz son 13 activistas respectivamente con riesgo de muerte.
[1] Global Witness, ¿A qué Precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017, p.10, Londres, Inglaterra, 2018
[2] Ibídem, p.7
