Puebla, Michoacán, Campeche… la 4T va por el exterminio del periodismo
Por. J. Jesús Lemus
No hay ocasión en que -al hablar de la prensa- la presidenta Claudia Sheinbaum, o cualquiera de la élite gobernante que hable a nombre de la Cuarta Transformación, reitere que ya no son los tiempos de antes. Que ya no se persigue a nadie por sus ideas. Que ahora se garantiza el ejercicio periodístico.
Lo acaba de refrendar en los mismos términos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez: a pregunta expresa, ha dicho que este régimen, el que fincó López Obrador en el reciclamiento de las ideas populistas del Echeverriato y del Lópezportillismo, respeta sobre todo la libertad para hacer periodismo, y ha señalado que la libertad es una de las premisas de la 4T.
Sin duda el discurso es hermoso, sublime, pero choca con la realidad. En nuestra vida nacional nunca -sobre todo en los últimos cuarenta años- como ahora el periodismo se había enfrentado a la posibilidad del silencio, de su aniquilamiento. Ni en los tiempos más violentos del Calderonato se había asomado ese escenario.
Si bien es cierto que en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, pasando por los de Zedillo, Calderón y Fox, hubo graves violaciones a la libertad de expresión y al derecho de ejercer el libre periodismo, también es cierto que nunca se había llegado al extremo como lo encaminó el gobierno de López Obrador y ahora lo ejecuta el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La memoria no es débil. Bien recordamos los asesinatos, las desapariciones, los encarcelamientos, los desplazamientos y las amenazas de muerte cometidos contra periodistas críticos de todo el régimen neoliberal. Eso atenta contra el periodismo y por eso se repudia.
Pero no se debe dejar de reconocer una realidad: que esas amenazas, asesinatos, encarcelamientos y otras agresiones contra periodistas, aun cuando fueron cometidos, autorizados o ignorados por los presidentes en turno, en realidad solo fueron actos de un particular, de una persona que, si bien era el presidente, no dejaba de ser una conducta individual.
En el auge del neoliberalismo, las agresiones a los periodistas solo tuvieron esa intención, aniquilar al periodista -como ente particular-. Nunca se observó un método sistemático, un mecanismo político, ni siquiera una política de gobernanza que buscara aniquilar al periodismo en su totalidad, como ahora resalta.
Sí. En la Cuarta Transformación no hay agresiones oficiales, desde el poder, por parte de los administradores del Estado mexicano, para agredir a algún periodista en particular. Pero lo que sí se observa -y por ello existe-, es un método sistemático para aniquilar el periodismo en su totalidad, desde su raíz.
Arrancar de tajo al periodismo y dejar de lado las nimiedades de agredir a un periodista en particular, es la estrategia manifiesta de la Cuarta Transformación. Es un plan bien definido para mantener el control absoluto del país. Por eso Andrés Manuel López Obrador azuzó a sus huestes contra los periodistas.
Por eso los retrocesos democráticos que apuntan hacia la opacidad y el oscurantismo. Por eso las reformas dictadas desde la presidencia de la República. Porque la intención es terminar con el único contrapeso que le queda al poder absoluto que pretende la nueva y voraz clase gobernante.
Por eso no es fortuito que Claudia Sheinbaum enviara una iniciativa de ley para modificar las telecomunicaciones y facultar a un ente del Estado para retirar plataformas digitales, concesiones de radio y televisión que fueran incómodas al sistema.
No fue una inocentada lo que hizo Sheinbaum al azuzar a políticos menores, en los estados y municipios, a decretar el veto sobre la manifestación de ideas expuestas en los corridos alterados. De tal nivel fue el impacto que algunos gobernadores -como Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán- fueron más allá.
El gobernador de Michoacán, con especial dedicatoria para los comunicadores, reporteros y periodistas, modificó el Código Penal Local, para que a partir de ya, todo aquel que haga alusión a grupos del narco o sus líderes, sea sometido a proceso penal, con una pena de hasta 3 años de prisión.
La ignominia la copió también el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Siguiendo a la fanaticada, ordenó que se modificara el código penal, para agregar un artículo, el que establece una sanción de hasta seis años de prisión al que cometa “Ciber Asedio”, catalogada así la conducta de publicar insistentemente algo sobre alguien. En periodismo sería el seguimiento de la información.
La ley sobre “Ciber Asedio” o contra el periodismo fue avalada por la mayoría de Morena en Puebla. La promotora detrás de esta ley es la diputada Laura Artemisa García Chávez, una esquirol de la vida política poblana, la que en otros tiempos ha estado del lado del PAN y del PRI.
En tanto eso pasa en Puebla y Michoacán, en Campeche la jueza Guadalupe Martínez Taboada, a petición de la gobernadora Layda Sansores, ordenó al periodista Jorge Luis González Valdez que se retire del periodismo. Eso fue como sanción al culpar al periodista de “haber armado una campaña de desprestigio contra la gobernadora”, cuando el comunicador solamente le dio seguimiento a un tema de corrupción de Layda Sansores.
Es evidente que el periodismo, que no los periodistas, le es incómodo al poder. Por eso el poder de la 4T hace todo lo necesario para arrancar de tajo el árbol del periodismo, a fin de que sus frutos, que son la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, ya no sean probados por las nuevas generaciones.
